Por nuestra lengua común HERMANN TERTSCH. ABC
QUIZÁS ahora puedan cambiar algo las cosas después de estos años que ha sufrido España de daños insólitos en tiempos de paz a la convivencia, a la lógica y al sentido común. Quizás ahora no sean muchos los que se atrevan ahora a llamar franquistas y fascistas, nazis o nacionalcatólicos a Mario Vargas Llosa, José Antonio José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Francisco Sosa Wagner, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Álvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa y Fernando Savater. Son éstas las firmas que encabezan un manifiesto que clama por acabar en España con el suicidio colectivo cultural que supone la pasividad ante la persecución que sufre la lengua castellana en gran parte de España. Emociona pensar que dentro de unos meses sean tantos millones los que firmen esta iniciativa por la dignidad, igualdad y ciudadanía que acaben obligando a los dos grandes partidos nacionales, si siguen siéndolo, a asumir la que es probablemente su mayor responsabilidad para con el futuro de las nuevas generaciones de españoles. Carmen Iglesias y Fernando Savater marcaron ayer en el Ateneo de Madrid el punto de partida para una ofensiva en la recuperación de las libertades de los españoles. En nuestra lengua común.
Son muchas las circunstancias españolas que pueden calificarse como anormales en nuestro entorno político y cultural por ser de imposible homologación o incluso impensables en el resto de Europa. La más cruel de todas es sin duda la subsistencia del terrorismo. La más tragicómica el pensamiento político del presidente del Gobierno y su corte de trovadores tercermundistas. Pero la más grave, la más triste y peligrosa anomalía española está sin duda en la persecución de la lengua común de todos los españoles, tolerada por el Gobierno central y auspiciada por las instituciones en diversas regiones. El hecho de que en Cataluña y en Baleares ya sea imposible cursar los estudios primarios y de secundaria en castellano, que en el País Vasco tal situación se vaya a imponer de forma inminente y que en Galicia sea el objetivo manifiesto del gobierno autonómico supone el peor escándalo de nuestra historia reciente. Las consecuencias del abismal desafuero serán terribles si no se pone coto primero y se revierte esta disparatada deriva. En medios educativos e intelectuales europeos no pueden dar crédito a las noticias que les llegan sobre la sistemática, contumaz y obsesiva persecución a que es sometida la lengua común de los españoles, hablada por más de 450 millones de habitantes de este mundo, una de las que goza de mayor crecimiento y prestigio fuera de nuestras fronteras. Nadie entiende que, en aras de ideologías etnicistas o tribales decimonónicas, en la España del siglo XXI se haya desatado un insólito pogromo contra la lengua española, organizado por instituciones del Estado y financiado con dinero público. Es imposible de explicar fuera de Carpetovetonia que en dichas regiones españoles operen -engullendo millones de euros del erario público- inmensos aparatos integrados por maestros, profesores, funcionarios, comisarios lingüísticos, policías mediáticos y cancerberos ideológicos cuyo objetivo máximo es desterrar en su zona de influencia todo vestigio de la lengua común. Resulta incomprensible ese afán por arrebatar a las nuevas generaciones la lengua más útil para su desarrollo personal y profesional en un mundo globalizado. Más lo es si cabe la escasa resistencia habida hasta ahora ante esta masiva violación de los derechos humanos y culturales. Muy pocos se han atrevido a protestar porque late la amenaza de represalias, profesionales, civiles o incluso violentas. El llamamiento de ayer es quizás el mejor acicate para una revuelta civil en defensa de nuestros derechos ciudadanos y del futuro de nuestros hijos y nietos. Bendito sería este punto de inflexión en nuestra historia reciente.
QUIZÁS ahora puedan cambiar algo las cosas después de estos años que ha sufrido España de daños insólitos en tiempos de paz a la convivencia, a la lógica y al sentido común. Quizás ahora no sean muchos los que se atrevan ahora a llamar franquistas y fascistas, nazis o nacionalcatólicos a Mario Vargas Llosa, José Antonio José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Francisco Sosa Wagner, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Álvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa y Fernando Savater. Son éstas las firmas que encabezan un manifiesto que clama por acabar en España con el suicidio colectivo cultural que supone la pasividad ante la persecución que sufre la lengua castellana en gran parte de España. Emociona pensar que dentro de unos meses sean tantos millones los que firmen esta iniciativa por la dignidad, igualdad y ciudadanía que acaben obligando a los dos grandes partidos nacionales, si siguen siéndolo, a asumir la que es probablemente su mayor responsabilidad para con el futuro de las nuevas generaciones de españoles. Carmen Iglesias y Fernando Savater marcaron ayer en el Ateneo de Madrid el punto de partida para una ofensiva en la recuperación de las libertades de los españoles. En nuestra lengua común.
Son muchas las circunstancias españolas que pueden calificarse como anormales en nuestro entorno político y cultural por ser de imposible homologación o incluso impensables en el resto de Europa. La más cruel de todas es sin duda la subsistencia del terrorismo. La más tragicómica el pensamiento político del presidente del Gobierno y su corte de trovadores tercermundistas. Pero la más grave, la más triste y peligrosa anomalía española está sin duda en la persecución de la lengua común de todos los españoles, tolerada por el Gobierno central y auspiciada por las instituciones en diversas regiones. El hecho de que en Cataluña y en Baleares ya sea imposible cursar los estudios primarios y de secundaria en castellano, que en el País Vasco tal situación se vaya a imponer de forma inminente y que en Galicia sea el objetivo manifiesto del gobierno autonómico supone el peor escándalo de nuestra historia reciente. Las consecuencias del abismal desafuero serán terribles si no se pone coto primero y se revierte esta disparatada deriva. En medios educativos e intelectuales europeos no pueden dar crédito a las noticias que les llegan sobre la sistemática, contumaz y obsesiva persecución a que es sometida la lengua común de los españoles, hablada por más de 450 millones de habitantes de este mundo, una de las que goza de mayor crecimiento y prestigio fuera de nuestras fronteras. Nadie entiende que, en aras de ideologías etnicistas o tribales decimonónicas, en la España del siglo XXI se haya desatado un insólito pogromo contra la lengua española, organizado por instituciones del Estado y financiado con dinero público. Es imposible de explicar fuera de Carpetovetonia que en dichas regiones españoles operen -engullendo millones de euros del erario público- inmensos aparatos integrados por maestros, profesores, funcionarios, comisarios lingüísticos, policías mediáticos y cancerberos ideológicos cuyo objetivo máximo es desterrar en su zona de influencia todo vestigio de la lengua común. Resulta incomprensible ese afán por arrebatar a las nuevas generaciones la lengua más útil para su desarrollo personal y profesional en un mundo globalizado. Más lo es si cabe la escasa resistencia habida hasta ahora ante esta masiva violación de los derechos humanos y culturales. Muy pocos se han atrevido a protestar porque late la amenaza de represalias, profesionales, civiles o incluso violentas. El llamamiento de ayer es quizás el mejor acicate para una revuelta civil en defensa de nuestros derechos ciudadanos y del futuro de nuestros hijos y nietos. Bendito sería este punto de inflexión en nuestra historia reciente.
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