Editorial de ABC: Reforzar la lengua común
LA lengua española vive una época de plenitud. Consolidada hace tiempo como el segundo idioma de comunicación internacional, casi 440 millones de personas garantizan la pujanza de un producto cultural que constituye un verdadero tesoro para sus hablantes, y no sólo en el terreno literario, sino también en los planos social y económico: recientes estudios de la máxima solvencia analizan su impacto en estos ámbitos a través de una cartografía del español y su influencia en la industria y el mercado, reales y potenciales. Se ha dicho gráficamente que la lengua es nuestro petróleo y, en este sentido, es exigible que los poderes públicos practiquen una política integral de promoción del español a través del Instituto Cervantes y de otros instrumentos de acción cultural. Dadas las circunstancias, resulta sorprendente que haya que defender al castellano en algunas comunidades autónomas que hacen todo lo posible por degradarlo a una posición secundario y en nombre de una ficticia «normalización» lingüística. Sin embargo, todos somos conscientes de que en Cataluña, País Vasco, Galicia, y ahora también Baleares, se producen agresiones -en diferentes niveles- a la presencia en el espacio público y en el sistema educativo de la lengua que hablamos todos los españoles.
Por unas u otras razones, el Gobierno hace la vista gorda, presumiendo de un oportunismo que sólo pretende complacer a los socios radicales del Partido Socialista. En este contexto, merece una valoración muy positiva el «Manifiesto por la Lengua Común», firmado por un grupo de escritores e intelectuales de diversas ideologías y especialidades. Es muy cierto que en el sistema democrático las libertades individuales deben primar sobre los derechos imaginarios de ciertos territorios, y que es elemental la exigencia de que los padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano en cualquier lugar de España. La Constitución regula con claridad este asunto en su artículo 3, estableciendo que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar la lengua oficial del Estado. No hay en ello ninguna minusvaloración de las demás lenguas españolas, que merecen el máximo respeto e impulso como prueba de nuestra riqueza cultural. En cambio, cualquier tipo de exclusión o imposición resulta intolerable, no sólo por atentar contra los derechos fundamentales, sino porque, además, empobrece la formación humana y cultural de las generaciones futuras. Hablar castellano en la escuela, rotular los comercios como prefiera cada empresario o utilizar con naturalidad una u otra lengua en las relaciones con la administración autonómica son principios irrenunciables que, por desgracia, no se cumplen en la vida cotidiana. Los partidos políticos deben ser sensibles a una reclamación a la que ha puesto voz el manifiesto antes citado, pero que lleva tiempo siendo destacada por el Partido Popular en sus programas y declaraciones públicas. De hecho, Mariano Rajoy insistió el pasado martes, en el Foro ABC, sobre la conveniencia de una ley orgánica que garantice el uso del castellano en toda España. Es llamativo que justo cuando esta lengua juega un papel vertebrador en la comunidad iberoamericana de naciones y se configura como segundo idioma extranjero en los principales países del mundo, resulte imprescindible seguir luchando en favor del sentido común ante la pasividad de un Ejecutivo que sólo atiende a sus intereses particulares.
El manifiesto, la ley orgánica propuesta por el PP o la denuncia diaria de muchas asociaciones de defensa del castellano son la mejor prueba de la vitalidad de una sociedad que no está dispuesta a dejarse dominar por criterios localistas que resultan absurdos y anacrónicos en la era global. Nadie tiene legitimidad para apropiarse en exclusiva de una reivindicación que se mantiene viva desde hace mucho tiempo. En este sentido, son incontables los editoriales y artículos de opinión publicados en ABC en defensa de nuestra lengua común. Es muy positivo que se incorporen a esta tarea más personas valiosas y de reconocido prestigio.
LA lengua española vive una época de plenitud. Consolidada hace tiempo como el segundo idioma de comunicación internacional, casi 440 millones de personas garantizan la pujanza de un producto cultural que constituye un verdadero tesoro para sus hablantes, y no sólo en el terreno literario, sino también en los planos social y económico: recientes estudios de la máxima solvencia analizan su impacto en estos ámbitos a través de una cartografía del español y su influencia en la industria y el mercado, reales y potenciales. Se ha dicho gráficamente que la lengua es nuestro petróleo y, en este sentido, es exigible que los poderes públicos practiquen una política integral de promoción del español a través del Instituto Cervantes y de otros instrumentos de acción cultural. Dadas las circunstancias, resulta sorprendente que haya que defender al castellano en algunas comunidades autónomas que hacen todo lo posible por degradarlo a una posición secundario y en nombre de una ficticia «normalización» lingüística. Sin embargo, todos somos conscientes de que en Cataluña, País Vasco, Galicia, y ahora también Baleares, se producen agresiones -en diferentes niveles- a la presencia en el espacio público y en el sistema educativo de la lengua que hablamos todos los españoles.
Por unas u otras razones, el Gobierno hace la vista gorda, presumiendo de un oportunismo que sólo pretende complacer a los socios radicales del Partido Socialista. En este contexto, merece una valoración muy positiva el «Manifiesto por la Lengua Común», firmado por un grupo de escritores e intelectuales de diversas ideologías y especialidades. Es muy cierto que en el sistema democrático las libertades individuales deben primar sobre los derechos imaginarios de ciertos territorios, y que es elemental la exigencia de que los padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano en cualquier lugar de España. La Constitución regula con claridad este asunto en su artículo 3, estableciendo que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar la lengua oficial del Estado. No hay en ello ninguna minusvaloración de las demás lenguas españolas, que merecen el máximo respeto e impulso como prueba de nuestra riqueza cultural. En cambio, cualquier tipo de exclusión o imposición resulta intolerable, no sólo por atentar contra los derechos fundamentales, sino porque, además, empobrece la formación humana y cultural de las generaciones futuras. Hablar castellano en la escuela, rotular los comercios como prefiera cada empresario o utilizar con naturalidad una u otra lengua en las relaciones con la administración autonómica son principios irrenunciables que, por desgracia, no se cumplen en la vida cotidiana. Los partidos políticos deben ser sensibles a una reclamación a la que ha puesto voz el manifiesto antes citado, pero que lleva tiempo siendo destacada por el Partido Popular en sus programas y declaraciones públicas. De hecho, Mariano Rajoy insistió el pasado martes, en el Foro ABC, sobre la conveniencia de una ley orgánica que garantice el uso del castellano en toda España. Es llamativo que justo cuando esta lengua juega un papel vertebrador en la comunidad iberoamericana de naciones y se configura como segundo idioma extranjero en los principales países del mundo, resulte imprescindible seguir luchando en favor del sentido común ante la pasividad de un Ejecutivo que sólo atiende a sus intereses particulares.
El manifiesto, la ley orgánica propuesta por el PP o la denuncia diaria de muchas asociaciones de defensa del castellano son la mejor prueba de la vitalidad de una sociedad que no está dispuesta a dejarse dominar por criterios localistas que resultan absurdos y anacrónicos en la era global. Nadie tiene legitimidad para apropiarse en exclusiva de una reivindicación que se mantiene viva desde hace mucho tiempo. En este sentido, son incontables los editoriales y artículos de opinión publicados en ABC en defensa de nuestra lengua común. Es muy positivo que se incorporen a esta tarea más personas valiosas y de reconocido prestigio.
Irene Lozano se pregunta: ¿Dónde hay que firmar?
No son Mario Vargas Llosa, Fernando Savater o Carmen Iglesias gente inclinada a solemnizar lo obvio. Que lo hagan respecto a la lengua española da idea del penoso estado mental en que nos han sumido tres décadas de dominio lingüístico nacionalista. En un país normal, el manifiesto en defensa de la lengua común -la arriba firmante lo suscribe en su integridad- constituiría un repertorio de obviedades de tal calibre que cualquier intelectual se sentiría abochornado de pronunciarlas con cierto énfasis. En un país normalizado lingüísticamente, como éste, hay que reunir un batallón para afirmar, atención, que la lengua común de España es el español. Aquí hace falta vestirse de armadura para criticar a la Generalitat de turno que manda a Murcia un papel incomprensible en nombre de la defensa de la «lengua propia», ese engendrito; y hay que guarecerse en una almena antes de señalar que las consejerías autonómicas no practican la inmersión, sino el ahogo lingüístico.
Y lo peor es que, después de tomar todas estas precauciones, todavía sale algún zote criticando el manifiesto porque, según dice, el español no está amenazado en ninguna Comunidad Autónoma. Que no, hombre, que la salud del español la garantiza América, que los amenazados son los niños que no aprenderán el castellano culto porque sus padres no pueden permitirse un colegio de pago. Qué paciencia...
Se comprende, en estas circunstancias, que hayan sido necesarios treinta años para formar una corriente de opinión contraria a la dejación del Estado central en materia educativa. A ver si cuando celebremos en diciembre los treinta años de la Constitución, en vez de jalear los besamanos de costumbre, afrontamos de una vez que en ella está el error de origen. Nunca una obviedad despertó en mí tanta simpatía.
Los padres aplauden el manifiesto del castellano, pero seguirán su propia lucha
BLANCA TORQUEMADA. MADRID.
El Manifiesto por la Lengua Común promovido por un destacado grupo de intelectuales y apuntalado en estos últimos días por adhesiones de relieve como la del escritor Miguel Delibes o la del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido recibido con satisfacción por las plataformas de padres y profesores de varias Comunidades Autónomas que vienen reivindicando desde hace unos meses el derecho a la escolaridad en castellano, pero no «fagocitará» sus propias acciones conjuntas para exigir medidas inmediatas y concretas con el fin de que «el Estado ataje la conculcación de un derecho que no es ni de las Comunidades Autónomas ni de los padres, sino de los niños», según fuentes de estas entidades.
Representantes de estos grupos cívicos se reunirán el próximo sábado en Madrid y proseguirán su «puesta en común» para perfilar su estrategia, en la duda ahora de si lanzarán de forma inmediata un manifiesto específico acorde con sus demandas, como tenían previsto, o si de momento suscribirán el que han lanzado los intelectuales y dejarán en compás de espera el debate de su propio texto.
La dirección de la catalana Asociación por la Tolerancia, reunida ayer, acordó respaldar el texto presentado públicamente el lunes por el filósofo Fernando Savater y, en palabras de su portavoz, Marita Rodríguez, «quizá no sea necesario después de esto salir a la palestra con otro manifiesto, pero eso no obsta para que sigamos decididos a unir nuestras fuerzas en próximas movilizaciones». Así, las entidades prevén convocar una concentración en Madrid en septiembre, con motivo del comienzo del curso escolar, ante la sede del Ministerio de Educación.
«Más pragmatismo»
Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, formada por tres mil padres de familia vascos, explica que «nos parece magnífico el manifiesto de los intelectuales, pero nuestras reivindicaciones van más a lo pragmático, a lo inmediato. Creo por tanto que la elaboración de nuestro propio manifiesto mantiene todo su sentido». Y explica por qué: «En el borrador que los padres vascos hemos entregado a todas las asociaciones proponemos medidas aplicables a corto plazo, consistentes en solicitar que en todas las autonomías con dos lenguas se aplique el sistema que ha regido hasta ahora en el País Vasco, el de los tres modelos, y en el que también se pide instar a que se modifique el sistema de conciertos, para que la financiación pública se dé directamente a los padres y no a los centros. Con esa medida se evitaría lo que está ocurriendo ahora: que los colegios, en sintonía con la Consejería de turno y para garantizarse las subvenciones, niegan la existencia de la demanda de enseñanza en castellano».
Para Gay-Pobes, el manifiesto de los intelectuales, «que hemos difundido entre nuestros asociados para que cada cual, libremente y si lo desea, pueda firmarlo», es un instrumento «encomiable, pero demasiado genérico cuando el problema ya lo tienes planteado en la vida diaria, como nos sucede a nosotros». De modo que «una petición de reforma de la Constitución está muy bien, pero no es una solución a corto plazo». Por eso, indica, «nosotros nos lo hemos currado en nuestro borrador para demostrar que la ley nos da ya la razón hoy y ahora y que, en consecuencia, hay que aplicarla».
Para este padre vasco, la situación creada «viene de dejaciones que se pueden evitar y el Estado muestra voluntad de hacerlo. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que ya refrenda que, a lo sumo y como máximo, la comunidad autónoma vasca puede obligar a que se impartan en euskera el 30 por ciento de las clases y no más. Y luego está el factor de la desactivación de la Alta Inspección educativa, que es competencia estatal en exclusiva y no se está utilizando».
Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, formada por tres mil padres de familia vascos, explica que «nos parece magnífico el manifiesto de los intelectuales, pero nuestras reivindicaciones van más a lo pragmático, a lo inmediato. Creo por tanto que la elaboración de nuestro propio manifiesto mantiene todo su sentido». Y explica por qué: «En el borrador que los padres vascos hemos entregado a todas las asociaciones proponemos medidas aplicables a corto plazo, consistentes en solicitar que en todas las autonomías con dos lenguas se aplique el sistema que ha regido hasta ahora en el País Vasco, el de los tres modelos, y en el que también se pide instar a que se modifique el sistema de conciertos, para que la financiación pública se dé directamente a los padres y no a los centros. Con esa medida se evitaría lo que está ocurriendo ahora: que los colegios, en sintonía con la Consejería de turno y para garantizarse las subvenciones, niegan la existencia de la demanda de enseñanza en castellano».
Para Gay-Pobes, el manifiesto de los intelectuales, «que hemos difundido entre nuestros asociados para que cada cual, libremente y si lo desea, pueda firmarlo», es un instrumento «encomiable, pero demasiado genérico cuando el problema ya lo tienes planteado en la vida diaria, como nos sucede a nosotros». De modo que «una petición de reforma de la Constitución está muy bien, pero no es una solución a corto plazo». Por eso, indica, «nosotros nos lo hemos currado en nuestro borrador para demostrar que la ley nos da ya la razón hoy y ahora y que, en consecuencia, hay que aplicarla».
Para este padre vasco, la situación creada «viene de dejaciones que se pueden evitar y el Estado muestra voluntad de hacerlo. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que ya refrenda que, a lo sumo y como máximo, la comunidad autónoma vasca puede obligar a que se impartan en euskera el 30 por ciento de las clases y no más. Y luego está el factor de la desactivación de la Alta Inspección educativa, que es competencia estatal en exclusiva y no se está utilizando».
Modelos educativos
En el caso del País Vasco, los tres modelos A, B y D (educación en castellano, mixta y en euskera) han quedado liquidados por el decreto 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe de desarrollo del currículo de las enseñanzas básicas. Algo parecido ha sucedido en Galicia con el decreto autonómico 124/2007. Son, en opinión de los padres, «gateras» legales por las que se va colando la imposición de la lengua autonómica y ante las que hay que aplicar un «cortafuegos» efectivo.
A la reunión que se celebrará este fin de semana, coordinada por el Foro de Ermua, están convocadas, entre otras entidades, la Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica (ambas de Cataluña), Galicia Bilingüe, Círculo Balear y la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco. Fuentes del Foro han indicado que la cita «es preliminar, pues aún queda mucho por debatir».
En el caso del País Vasco, los tres modelos A, B y D (educación en castellano, mixta y en euskera) han quedado liquidados por el decreto 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe de desarrollo del currículo de las enseñanzas básicas. Algo parecido ha sucedido en Galicia con el decreto autonómico 124/2007. Son, en opinión de los padres, «gateras» legales por las que se va colando la imposición de la lengua autonómica y ante las que hay que aplicar un «cortafuegos» efectivo.
A la reunión que se celebrará este fin de semana, coordinada por el Foro de Ermua, están convocadas, entre otras entidades, la Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica (ambas de Cataluña), Galicia Bilingüe, Círculo Balear y la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco. Fuentes del Foro han indicado que la cita «es preliminar, pues aún queda mucho por debatir».
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