Rosa Díez habla alto y claro sobre la exclusión del castellano.

El Mundo: AGUSTIN YANEL .- «Excluir el castellano del espacio público atenta contra la libertad y la igualdad». 5 de junio de 2008
Rosa Díez, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), acusó ayer al Gobierno socialista de no hacer nada contra «la discriminación que sufren miles de familias» que no pueden educar a sus hijos en lengua castellana en varias comunidades autónomas.

«Cuando se llama política lingüística a excluir el castellano, la lengua del Estado, de todo espacio público, eso es una discriminación», indicó Díez. «Es un atentado contra la libertad y contra la igualdad», añadió.

Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas, le respondió que no pretenda erigirse en la máxima intérprete de la Constitución y situarse «por encima del Tribunal Constitucional».

Ayer, en el Pleno del Congreso, cuando la diputada de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, preguntó qué va a hacer el Gobierno para garantizar la igualdad y evitar la discriminación lingüística, la ministra respondió que el Ejecutivo sigue trabajando por la igualdad y protege los derechos de la ciudadanía, entre ellos el referido a la lengua, «de acuerdo con nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».

La diputada contraatacó: «No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor gobierno que el que está empeñado en gobernar contra la realidad».

Para sustentar su tesis de que la lengua castellana está siendo discriminada, Rosa Díez recordó, como ejemplo, que un aspirante a algunos puestos de trabajo públicos en el País Vasco recibe 24 puntos si tiene el título superior de euskara, pero sólo le dan dos o cuatro por un máster o una especialidad para ser médico.

Esto es una discriminación a los ciudadanos que, exigiendo su libertad y su derecho, quieren que sus hijos se eduquen en la lengua castellana y quieren también, porque tienen derecho, poderse expresar en el espacio público en esa lengua», añadió.

La ministra de Administraciones Públicas dijo a la diputada Díez que «la Constitución, los estatutos [de autonomía] y las leyes aprobadas por este Congreso» son las normas que establecen el modelo lingüístico que se aplica en España. «Y no caben interpretaciones de los poderes públicos que vacíen de contenido las competencias de las comunidades autónomas en esta materia».

Dicho con otras palabras: que el Gobierno aplica las leyes, en las que se establece que el castellano es la lengua oficial del Estado pero que también son oficiales otras lenguas de varias comunidades.

«Desde los poderes públicos no nos dedicamos a restaurar ningún significado constitucional», añadió la ministra Salgado, «nos dedicamos a hacer efectivo el derecho lingüístico, aplicando la ley y lo que el Tribunal Constitucional decide».

Elena Salgado aclaró que existe mucha jurisprudencia en la que quedan bien claras tanto las competencias que tienen las comunidades autónomas en esta materia como «la presencia adecuada de las lenguas en los planes de estudio», y que eso lo aplica el Gobierno.«Espero que esté de acuerdo conmigo y que no pretenda usted erigirse en la máxima intérprete de la Constitución, por encima del Tribunal Constitucional», indicó la ministra a Rosa Díez.

La diputada de UPyD puso tanto énfasis en su intervención, incluso elevando el tono de voz más de lo habitual, que provocó algunos comentarios entre sus antiguos compañeros del PSOE. El presidente del Congreso, José Bono, les pidió silencio.

Ella dijo: «Sólo tengo dos minutos y medio, tranquilícense un poco, hombre. Les rogaría que me permitieran...». Pero nadie pudo permitirle nada, porque se le agotó el tiempo establecido para las preguntas al Gobierno. Después, cuando salió del Hemiciclo, los fotógrafos se abalanzaron sobre ella porque les llamó la atención la camiseta que llevaba con la imagen de James Dean.

Abucheo socialista a la igualdad
Carlos Martínez Gorriarán (de su blog)
5 de junio de 2008
Ayer Rosa Díez remató nuestra lucida semana parlamentaria con una pregunta oral al Gobierno sobre la cuestión de la discriminación lingüística.

Se inquiría al Gobierno sobre qué medidas piensa adoptar para garantizar que la cooficialidad de las lenguas en las Comunidades Autónomas bilingües sea eso que significa exactamente “cooficialidad”, y que expone con razonable claridad –aunque no sin algún traspiés- la Constitución de 1978.

Porque la cooficialidad debe entenderse como la posibilidad fehaciente de relacionarse con la Administración bilingüe en cualquiera de las dos lenguas oficiales; como la obligación de redactar los avisos y comunicaciones públicas oficiales, en cualquier soporte, en ambas lenguas (de los rótulos de los viales a los formularios electrónicos); de que sea posible estudiar en ambas lenguas y aprender ambas correctamente en los centros escolares públicos y concertados, y un etcétera bastante preciso y concreto. Como todo el mundo sabe, esa cooficialidad está desapareciendo, o ha desaparecido ya, de la mayoría de Comunidades Autónomas oficialmente bilingües.

No es una opinión subjetiva, sino un hecho documentado y absolutamente constatable.

El Gobierno encomendó la respuesta a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. Y el nutrido grupo socialista, a una emisión semivocal de sus señorías: un abucheo que convirtió el Parlamento en establo.

Ayer Rosa Díez fue abucheada por sus señorías socialistas por hablar de la realidad y llevarla a un sitio donde suele ser mal acogida, el Congreso de los Diputados. Del mismo modo en que los socialistas se niegan a hablar de trasvases, de crisis económica o de impunidad de la “trama civil” de ETA en los ayuntamientos vascos y navarros a donde los devolvió su extremada incompetencia y horror ante la realidad, los socialistas también se niegan a que se hable de un fenómeno que cada vez inquieta y moviliza a más gente en las regiones afectadas: la discriminación lingüística, consecuencia de una política compuesta de mitomanía nacionalista, ingeniería social y rapacidad presupuestaria.

En Cataluña sólo se puede matricular a un chaval en centros que imponen la “inmersión lingüística”, pasando absolutamente de las preferencias y derechos de padres y afectados; en el País Vasco, que quiere imitar esa brutalidad, un título de euskera se valora hasta seis veces más que un doctorado en medicina en un concurso para cubrir plazas sanitarias; y en Baleares, el pentapartito actual ha lanzado una feroz campaña para desterrar el castellano de los espacios públicos, desde los formularios de la burocracia hasta las rotulaciones de autopistas y aeropuertos.

Pero aunque éstas y otras tropelías son públicas, notorias y documentadas, no se pueden citar en el Congreso de los Diputados sin que sus señorías culiparlantes de la bancada socialista prorrumpan en abucheos. No es que ellos no quieran hablar de esto, es que tampoco quieren dejar a otros que lo hagamos. Y le llaman democracia a eso…Muy en su papel de jefa de la burocracia, Elena Salgado trató de replicar negando a Rosa Díez, y a cualquiera de paso, capacidad racional para interpretar la Constitución; esta tarde no pasará a los anales del Congreso como de triunfo de la recta razón: "No pretenda erigirse como máxima interprete de la Constitución en materia de lenguas, por encima incluso del Tribunal Constitucional" –dijo. ¿Cómo que no?

Interpretar es una actividad no sólo característica e inevitable de los animales racionales auténticos, sino un requisito de la cognición y una consecuencia de la inteligencia.

Si Elena Salgado y sus huestes han renunciado a la interpretación del sentido y significado de la Constitución –que no tiene nada que ver, en cuanto a los efectos pragmáticos, con la interpretación jurídica monopolio del TC-, allá ellos, aunque lo prudente sería retirarlos ordenadamente del Congreso de los Diputados por las mismas razones en que nadie aceptaría ser operado por un cirujano que desprecia la cirujía, ignora la asepsia y abuchea a quien le habla de los riesgos de la anestesia. En manos así estamos.

Semejantes a las de los acémilas voluntarios que se ataron ellos mismos al coche de Fernando VII cuando entraba triunfal Madrid, gritando aquello de “¡vivan las caenas!” El abucheo de ayer es, símplemente, un abucheo al principio de igualdad democrática, que exige un combate permanente contra la discriminación, cualquiera que sea la razón que se invoque para tratar de justificarla.

La discriminación lingüística, en ascenso en las comunidades presididas por nacionalistas o por coaliciones PSOE-IU-nacionalistas, es una agresión en toda regla a la igualdad de los ciudadanos, convertidos en sujetos de segunda clase en su propio país si no cumplen los requisitos de una legislación arbitraria y coercitiva.

Pero hace ya mucho tiempo que los socialistas españoles y sus asociados se decican, sobre todo, a combatir la realidad y hacer de la democracia un penoso simulacro. Pues se van a quedar afónicos abucheando, pero no nos vamos a callar.