Castellano

En defensa del castellano
DISPONE el artículo 3 de la Constitución que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y añade que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Es evidente, por desgracia, que en determinadas comunidades autónomas se produce un trato discriminatorio hacia la lengua común en nombre de una falsa «normalización» lingüística.
A los casos ya conocidos de Cataluña, País Vasco y Galicia, se suma en los últimos tiempos una política sin sentido en la Comunidad balear que ha provocado denuncias con notable eco en la opinión pública. Lo más sorprendente es que mientras la influencia y el prestigio de la lengua española crecen en todo el mundo, algunos sectores minoritarios pretenden erradicarla dentro del territorio nacional. El español es vehículo de una cultura de alcance universal y se ha convertido en un auténtico tesoro para nuestro país por su aportación al PIB y por el hecho indiscutible de que ha superado ya en todas partes al francés o al alemán como segunda lengua extranjera. Es lamentable que los intereses minúsculos de ciertos grupos nacionalistas pongan en peligro este legado cultural que los españoles compartidos con más de cuatrocientos millones de hablantes en todo el mundo. Es una prueba más de la estrechez de miras y el egoísmo localista que deberían ser incompatibles con el desafío global que plantea el siglo XXI.
Por razones estrictamente partidistas, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y prefiere negar la evidencia de que son los propios socialistas los que alientan -o al menos consienten- esta minusvaloración de la lengua común. De este modo, el Gobierno hace dejación de una obligación constitucional de máxima relevancia en nuestro Estado autonómico. En efecto, según el artículo 149.1, en su apartado primero, de la Norma Fundamental, el Estado debe garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Éste sería un ámbito muy apropiado para que el Ejecutivo desplegara esa tendencia a promover la igualdad que ahora mismo se malgasta por medio de un Ministerio innecesario, cuyas primeras ocurrencias no han podido ser menos afortunadas. Los muchos miles de personas que desean vivir en castellano en algunas comunidades autónomas que cuentan con alguna otra lengua oficial sufren una discriminación injustificada. En los centros de enseñanza, en las relaciones con la Administración autonómica o en el rótulo de los comercios, por poner sólo algunos ejemplos, quienes desean utilizar su propio idioma de alcance universal se ven postergados y a veces coaccionados. Cuando se denuncian los excesos más aparentes, la respuesta es el silencio o, peor todavía, la acusación de ser un extraño en la comunidad como si hablaran la lengua de un país ajeno. Es una falsedad intolerable desde el punto de vista histórico y sociológico, pero sería absurdo ignorar que funciona cada vez más en la realidad cotidiana.
ABC informa hoy sobre la estrategia común que pretenden poner en marcha las diversas asociaciones en defensa del castellano que han ido surgiendo en distintos lugares donde la amenaza no sólo está en las páginas del Boletín Oficial, sino también en la práctica diaria. Estas asociaciones merecen el máximo apoyo desde la perspectiva de una defensa eficaz de la Constitución vigente y de las libertades democráticas. Aunque le resulten incómodas, el Gobierno no puede ignorar su existencia y los argumentos muy sólidos que aportan en favor de un bilingüismo efectivo. La fortaleza del castellano como vehículo de comunicación global contrasta con el aislamiento social que sufre en algunas zonas de España. No sólo hay que hacer que se cumpla la ley, sino sobre todo que se imponga el sentido común para evitar que en el futuro muchos niños españoles se vean privados de una de sus grandes bazas culturales por causa de una absurda mezcla de dogmatismo y oportunismo.

Los fanáticos de Montilla
EDURNE URIARTE
Uno de los asuntos incomprensibles de la política española es que José Montilla mantenga la imagen de hombre moderado, centrista e integrador. Y no porque él mismo no lo sea sino porque su respaldo a los fanatismos lingüísticos merecería una revisión acelerada de esa imagen.
Montilla no opone la menor dificultad a la erradicación del español de la escuela catalana. Más bien aporta su complacido respaldo. Y eso que ha afirmado alguna vez que la diferencia entre el catalanismo del PSC y el nacionalismo es que los catalanistas están con España y no contra España. Si tal diferencia existió, se ha extinguido completamente con este tripartito. No hay forma de encontrar un catalanista-socialista que defienda el derecho a estudiar en español.
Montilla, que conoce muy bien el nacionalismo, sabe que la intolerancia lingüística y el independentismo son los dos elementos que el socialismo no puede facilitar ni apoyar. Pero lo hace en Cataluña y también en Baleares. Mientras fomenta el rumano, el chino, el árabe, el quechua y el urdú.
El problema no está en el rumano ni en el resto de lenguas que el tripartito se propone incorporar a la escuela. El problema está en que esa generosidad hacia las lenguas de los inmigrantes se acompañe de intolerancia radical hacia una de las dos lenguas de los catalanes. Que el español esté siendo expulsado de la escuela catalana mientras se introduce el rumano. Y que los socialistas asuman y promocionen el núcleo étnico actual del nacionalismo: la construcción de un pueblo a través de la imposición lingüística. Y bajo la coacción de las instituciones democráticas.
En un interesente artículo publicado en la revista Claves, los politólogos Julián Santamaría y Henar Criado calculan que alrededor de 700.000 votantes del PSOE en 2004 se pasaron al PP el pasado marzo. Y se preguntan por qué, por qué tan sustancioso sector de votantes centristas ha abandonado el PSOE para apostar por el PP. Sugiero una respuesta que no está en el artículo. Porque esos votantes centristas no pueden entender qué hace el PSOE apoyando los fanatismos nacionalistas. El lingüístico, por ejemplo.

En defensa del castellano lanzarán un manifiesto y se movilizarán en otoño
BLANCA TORQUEMADA. MADRID.
La articulación de un movimiento cívico de ámbito nacional para reivindicar que la lengua común de los españoles no quede definitivamente proscrita en las escuelas de Cataluña, País Vasco y Galicia está en marcha y avanza imparable. Representantes de plataformas ciudadanas de estas comunidades autónomas y de Baleares, donde la imposición del catalán se acaba de aprobar por decreto, trabajan para ensamblar una contestación sólida y efectiva a un estado de cosas «de gravísima y manifiesta vulneración de las libertades», por lo que auguran que su demanda de «Justicia, de respeto a la Constitución y a las leyes y de sentido común» marcará la legislatura que acaba de arrancar.
Como primer paso, después de varias reuniones preliminares para intercambiar información, portavoces de estos grupos cívicos (compuestos fundamentalmente por padres de familia) se han citado de nuevo el día 28 de este mes en un lugar aún por concretar para una nueva puesta en común, ya más avanzada, en la que se debatirá el borrador de un manifiesto común que, una vez consensuado por todos, se hará público y servirá de preludio para movilizaciones de ámbito nacional.
Según han informado a ABC fuentes de las plataformas de Cataluña y del País Vasco, el texto base ya existe y no se preven graves obstáculos para alcanzar un acuerdo, pero aún hay que concretar la estrategia sobre cuándo lanzar a la opinión pública esa reivindicación conjunta. Las líneas básicas del borrador giran sobre dos ejes: el primero, instar a que se establezca en las comunidades con dos lenguas una oferta con tres modelos educativos (como la que ha existido hasta ahora en el País Vasco), para que los padres puedan optar por clases para sus hijos en español, en la lengua autonómica o por una enseñanza mixta. El segundo eje consistirá en solicitar que se modifique el actual sistema de conciertos para que la financiación pública de la enseñanza vaya directamente a los padres (no a los centros), porque los grupos promotores de la iniciativa creen que de esta forma no se podrá enmascarar (como ocurre ahora) la existencia de demanda de enseñanza en castellano. «Sería una especie de «cheque escolar» -explican las fuentes consultadas-, aunque no queremos usurpar ese término».
La duda está ahora entre si el manifiesto se lanzará de forma inmediata, en julio, o se esperará a septiembre, momento en el que «habrá aún más sensibilidad sobre estas cuestiones por el comienzo del curso escolar». Lo que parece ya fuera de discusión es que la difusión del manifiesto servirá de pistoletazo de salida para una serie de movilizaciones. La primera de ellas, probablemente, será una concentración ante el Ministerio de Educación a mediados de septiembre.
Variedad de situaciones
Antes de dar el primer paso, estos grupos cívicos han tenido que llevar a cabo un intenso intercambio de información para poder hacer un diagnóstico y ser capaces de dar una respuesta única, dado que, aunque el problema esencial es el mismo (no hay manera de escolarizar a los hijos en castellano) son variados los trucos legales y fórmulas más o menos sibilinas o subrepticias que han utilizado los Gobiernos autonómicos para liquidar la libertad de las familias y laminar la presencia del español en los colegios e institutos. Por ejemplo, en el País Vasco, el decreto de desarrollo del currículo 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe acaba de condenar a muerte el modelo educativo «de las tres líneas» (A, en castellano, B mixto de las dos lenguas y D en vasco), para instaurar el «euskera only», mientras que en Cataluña el Gobierno tripartito remacha ahora la imposición del catalán como lengua vehicular con continuas dilaciones de la obligación legal derivada del decreto de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación de una tercera hora de enseñanza semanal del castellano, que no se está impartiendo.
La portavoz de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, plantea la situación -«gravísima», asegura- en toda su crudeza: «Nos sentimos inermes porque una de las lenguas oficiales está proscrita en Cataluña. Sencillamente, está prohibida la enseñanza en español». En esta dictadura lingüística perfectamente equiparable a la que estableció el franquismo con respecto al catalán, el hostigamiento al castellano va en aumento, a veces «a través del incumplimiento de las leyes», como está sucediendo ahora con la tercera hora de la lengua común de España. «La Generalitat aduce -explica Rodríguez- que hay que esperar a lo que vayan decidiendo los claustros para aplicar esa hora. ¿Desde cuándo los claustros son los que deciden si se cumple o no una ley? Esto es subversión. Es abrir la veda para que las leyes se respeten o no a gusto del consumidor».
Pablo Gay-Pobes, de la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco, reitera que su entidad, que agrupa ya a tres mil familias, confía en que «la unión hará la fuerza». Entretanto, este grupo tiene abiertos varios frentes de lucha y ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo. Sobre las negociaciones para el gran manifiesto nacional, estima Gay-Pobes que «están muy avanzadas, pero tampoco queremos hacer las cosas atropelladamente. Es mejor ser flexibles para aunar más voluntades». Denuncia, entretanto, que la última estratagema del Ejecutivo de Ibarretxe para imponer el euskera a todos los escolares «es la de ocultar que hay demanda de enseñanza en castellano. Las tres líneas de enseñanza daban respuesta a una realidad social, y ahora las han liquidado».

Imitación de Cataluña
Coincide por ello Gay-Pobes con Francisco Caja, de Convivencia Cívica Catalana, en que la implantación de esa fórmula de tres líneas podría ser una solución única para las Comunidades con lengua cooficial y por eso en el borrador del manifiesto nacional las reivindicaciones van por ese camino. Pese a las bondades de ese sistema que ha propiciado muchos años de «paz lingüística» en la escuela vasca, dice Caja, lo que se está generalizando ahora va por el camino opuesto: «Lo que tratan de imitar otros gobiernos autonómicos es el modelo catalán de inmersión, que comenzó en 1993 y se consolidó en 1998, pese a que en 1994 el Tribunal Constitucional lo que avaló fue la «conjunción lingüística» o bilingüismo integral».
Cree Caja también que los mimbres están ya bastante trenzados y que la reivindicación nacional de padres y profesores puede llegar a prosperar «si sabemos encontrar instrumentos adecuados. La Unesco reconoce desde 1953 el derecho de los niños a educarse en su lengua materna». Así que confía en los resultados, «basados siempre en la razón y en la ley» de este próximo «otoño caliente».