lunes, 31 de enero de 2011

Liberticida Ley Antitabaco

Juan Ramón Rallo
Aclaremos conceptos. La nueva Ley Antitabaco no es una agresión a los derechos de los fumadores. Los fumadores no tienen el más mínimo derecho, por la sencilla razón de que no son sujetos de derecho con entidad propia; son personas, y como tales sí poseen derechos, pero entre ellos no se incluye, por motivos que no deberían merecer mayor comentario, el de fumar allí donde les plazca.
Y ahora, la denuncia: la Ley Antitabaco constituye una agresión en toda regla al derecho de propiedad de los dueños de los locales abiertos al público. En concreto, y para no andarnos con medias tintas, estamos ante la nacionalización de su potestad para decidir si en su propiedad puede fumarse o no. En este sentido, la normativa es radicalmente liberticida, del mismo modo en que lo es toda nacionalización. Luego podrán salir algunos liberales haciendo de su capa un sayo y aireando argumentos rocambolescos para justificarla, al tiempo que defienden que el Estado no meta sus narices en las relaciones laborales o denuncian que los fríe a impuestos; pero ni eso volverá liberal la norma... ni antiliberales en todo lo demás a los susodichos personajes.
Lo peor de esta ley, siendo gravísimo este ataque a la propiedad privada, no es tanto que el Estado nos arrebate nuestros derechos –una vez más– como la sumisa, complaciente y jolgoriosa actitud que han adoptado muchos españoles. Lo peor, pues, no es que los políticos nos quieran robar, atracar y subyugar –es lo suyo–, sino que nosotros, por conveniencia o por estar sometidos a la tiranía del Síndrome de Estocolmo, justifiquemos a nuestros verdugos.
En primer lugar, los hay que nunca van a un bar y que piensan que esto no va con ellos: "Que hagan lo que quieran, a mí no me afecta". Pensamiento ingenuo que cree poder desentenderse del voraz intervencionismo del Estado del que es ciudadano. La estructura jurídica –y económica– de la sociedad nos afecta a todos, y la expropiación de una parte de los derechos de propiedad nos concierne a todos del mismo modo que la nacionalización de cualquier industria –aun cuando no guardemos relación con ella– o la abolición de la libertad de prensa –aun cuando no leamos periódicos–. Por desgracia, no hay búnkeres en los que resguardarse del Estado: los ha nacionalizado todos.
En segundo lugar, nos encontramos con propietarios de locales... ¡encantados con la ley! No, no se trata de enfermos de esquizofrenia, sino, más bien, de productores ineficientes que buscan quitarse de encima a la competencia. No hay duda de que a muchos propietarios les molestaba que se fumara en sus establecimientos. Como propietarios poseían, hasta hace un mes, la potestad de permitir fumar o de prohibirlo; pero si optaban por esta segunda opción, que era más compatible con sus preferencias, perdían demasiada clientela a favor de una competencia que sí permitía fumar, lo que erosionaba gravemente su cuenta de resultados. Tenemos aquí un caso paradigmático de lo que significa la soberanía del consumidor: aunque el propietario era soberano en sus dominios, no lo era para decidir cómo ganar dinero: eso era cosa del consumidor. Pero con la prohibición global a fumar, las cosas han dejado de ser así: ahora, el consumidor no pinta nada.
El caso que acabamos de ver no se diferencia demasiado de este otro: un productor con costes altísimos que presiona al gobierno para que decrete unos precios mínimos, esto es, para que le prohíba a su competencia vender a precios más bajos que los suyos. Empresarios así de codiciosos y prepotentes los habrá siempre en un mercado libre; la cuestión es si un gobierno debiera plegarse a sus deseos. Lo grave aquí no es que esos propietarios ventajistas renuncien voluntariamente a sus derechos de propiedad, sino que consigan que el Estado arrebate a sus competidores los suyos.
Luego nos topamos con los fumadores que consideran la norma un incentivo para abandonar su hábito: "No tengo fuerza de voluntad para dejar de fumar, así que necesito que el gobierno me ponga trabas". El punto flaco de esta justificación es que, como señalábamos al principio, la ley no limita los derechos de los fumadores que quieran ver restringidos sus derechos para que así tengan más fácil el dejar de fumar, sino los de los propietarios de los locales abiertos al público. El discurso es tan ridículo como lo sería desear que prohíban la venta de alcohol para curar a los alcohólicos, las prácticas sexuales para combatir la ninfomanía o las enfermedades de transmisión sexual, los casinos para prevenir la ludopatía y los centros comerciales para frenar el consumismo. Sólo el mayor de los desprecios a los derechos individuales puede llevar a la defensa de su violación para corregir malos hábitos, combatir adicciones o refrenar vicios.
Por último, toca la ineludible mención a los no fumadores, cuyos derechos se pretende defender con la nueva norma. Si los fumadores no tienen derechos en cuanto tales, los no fumadores tampoco; de ahí que sea del todo falso eso de que la ley restablece sus derechos. Todo lo contrario: esta ley no hace sino sancionar la violación de unos derechos, los de los propietarios de los locales en que se impide fumar. En este asunto no había colisión alguna de derechos que el Estado hubiera de arbitrar; aquí lo único que se ha hecho ha sido aplastar el derecho de propiedad de unos ciudadanos muy concretos, de un modo similar a cómo se violarían los derechos de propiedad de mi casa si me impidieran fumar en ella en presencia de mis invitados o si me forzaran a corregir la decoración de mi residencia para no irritar o dañar la sensibilidad estética de mis huéspedes.
El derecho de los no fumadores a no respirar el humo de los locales abiertos al público estaba perfectamente protegido desde el momento en que no se les obligaba a entrar en ninguno de ellos. Habrá quien considere que el penetrar en la propiedad de un tercero sin imponer a éste sus preferencias supone una violación de sus derechos como cliente. Pero ¿qué derechos son esos? Dejémonos de cabriolas y piruetas éticas para intentar justificar un atropello: no existe derecho alguno a entrar en un local, ni a imponer a nadie los propios caprichos, ni a disfrutar de la vida en bares y restaurantes. En caso contrario, los dueños de locales no tendrían derechos, serían nuestros esclavos. Demasiada inconsistencia, en fin, en un razonamiento cuyo corolario, además, sólo puede ser que el Estado garantice nuestro derecho al ocio asegurando una correcta provisión del mismo en todas las villas, aldeas, pedanías, pueblos, barrios y ciudades de España. Un derecho de tercera o cuarta generación, tan disparatado como el derecho al paisaje, a la cultura o a una vivienda digna.
Es más sencillo y decoroso llamar a las cosas por su nombre: hemos asistido a una nacionalización parcial de los derechos de propiedad. Sin más. Luego podremos revestir esa indiscutible agresión con el ropaje de la defensa de los derechos de los no fumadores o alguna otra barrabasada, del mismo modo que se habla con tanta soltura de justicia social o de solidaridad intergeneracional cuando se trata de robar a unos para contentar a otros, o de derechos históricos para justificar otras agresiones abiertas a la libertad individual y la propiedad privada, pero las cosas seguirán siendo como son. Lo peor sería no tener presente que aquí se está reprimiendo la libertad, y que el mal ejemplo puede extenderse a otros ámbitos de la vida.
Por cierto: ni fumo, ni soy propietario de un local abierto al público ni tengo particular interés en que se fume en mi presencia. Por si alguien, a la muy marxista manera, pensaba que sólo estaba racionalizando mis explotadores intereses de clase capitalista y fumadora.

Quizás

Quizá ZP es capaz de mantener el tipo en la situación de debacle que vive su partido gracias no solo a su frialdad de témpano y a su afabilidad natural sino porque él más que nadie es consciente de qué sima rescató al PSOE hace tan sólo unos años.

En 2004 consiguió romper el ciclo electoral que ya paladeaba el PP y sigue en Moncloa con el apoyo parlamentario del PNV y CC. Es posible que ahora esté llevando al PSOE a la derrota mayor de su historia pero es cierto que hace tan sólo unos años su partido estaba enfangado en las cloacas del poder, terrorismo de Estado incluido.
Pero lo que a mí me ha sorprendido más no ha sido la eficacia electoralista que ha demostrado el PSOE durante estos años de pérdida del prestigio de la socialdemocracia sino su audacia para predicar el izquierdismo en campos como la cultura, la moral, la justicia, la educación…
Así que la burbuja inmobiliaria no sólo permitió a los españolitos llevar un tren de vida disparatado sino hacer la exaltación del mínimo esfuerzo en los estudios, odiar la excelencia, despreciar las diferencias sexuales, liquidar la institución matrimonial, perseguir la lengua materna, negar la nación común, romper el mercado y la unidad de jurisdicciones, reivindicar la eutanasia…
Se diría que el fracaso del horroroso modelo económico que arrastrábamos desde el franquismo con la ayuda de los sindicatos ha sido el castigo no sólo al PSOE sino al sistema mismo de partidos. A todos. A unos como protagonistas y a todos por cobardía moral y cultural. ZP iba sin freno a la revolución de las costumbres y lo habría conseguido de no haber estallado la nueva gran Depresión en Estados Unidos. Con ZP la izquierda estaba persuadida de que tener muy merecidamente un plus democrático frente a los conservadores (¿o quizá derechistas e incluso fachas?) En esas circunstancias ¿por qué habría que actuar rápidamente frente a la «crisis»? (Cesar Alonso de los Ríos)

La gran pregunta, ¿se presenta, no se presenta?, no tiene ya importancia. Si no se presenta, malo; si se presenta, peor.

SUELE decirse que para que le alaben a uno en España, antes tiene que morirse.
A juzgar por los elogios, loas, ditirambos y panegíricos dedicados a Zapatero en el congreso de su partido en Zaragoza, tendría que estar muerto y bien muerto.
Pero que no lo está lo demostró apareciendo ante sus compañeros para confortarles con sus vaguedades y chistecitos de taco de calendario sobre el PP.
Políticamente, sin embargo, tiene más pinta de cadáver que de otra cosa.
Un gobernante con más de un 20 por ciento de parados, con un millón de familias sin otro ingreso que el de la caridad y vigilado de cerca por las instancias internacionales, no es un gobernante, es un rehén de los acontecimientos.
De ahí que el piropo de Blanco, «no conozco a un socialista mejor», sonara a responso, y el de Marcelino Iglesias, «tienes nuestro apoyo para las elecciones de 2012», a cachondeo.
La gran pregunta hasta hace poco, ¿se presenta, no se presenta?, no tiene ya importancia.
Si no se presenta, malo; si se presenta, peor.
Algo parecido ocurre con su posible sucesor, ¿Rubalcaba, Blanco, Chacón? ¿Qué más da, si todos ellos han participado en la política más disparatada, más frívola, más alicorta, más antisocial de nuestra democracia? Todos han sido cómplices de ella, y si antes sólo acertaban cuando se equivocaban, ahora se equivocan incluso cuando quieren hacer las cosas bien, quiero decir, cuando siguen les instrucciones que les llegan de fuera.
Tomen el ejemplo de las pensiones: con toda la necesidad de su reforma, empezará en 2013 y terminará en 2027, que sabe Dios cómo estaremos.
Lo mismo ocurre con la reforma del mercado laboral. ¿De qué ha servido? Para crear empleo, desde luego, no, pues hay más parados que nunca, y nos dicen que para que su número empiece a decrecer se necesitará que nuestra economía crezca un 2,5 por ciento, algo que ni los más optimistas vaticinan.
¿Va a pasar lo mismo con la reforma financiera? Pues, sinceramente, no lo sé, como no lo sabe nadie, ya que en el universo de Zapatero, todo es fluido, nada acaba de cristalizar, y si el diseño es tierno como los dibujos de los niños, cuando se plasman en realidades se convierten en pinturas negras. Ahí tienen su alianza de civilizaciones, con más conflictos que nunca, o su cruzada contra la violencia machistas, con el aumento de mujeres asesinadas por sus parejas.
Y, encima, dándoselas de patriota. El que decía que la nación era un concepto discutido y discutible, llamaba a Otegui «un hombre de paz» y buscaba alianzas con los que no se sienten españoles. Bueno, también llamó a Ángela Merkel «una fracasada», y se dispone a servirla de alfombra para que acepte a jóvenes españoles en paro. Aunque ni Alemania podría emplearlos a todos. (Jose María Carrascal, ABC).

Los impuestos del tabaco dan para cubrir los gastos de Fomento, Sanidad e Industria

 Estado ingresó en el pasado año 9.842 millones, el 1% del PIB.
La polémica y la enorme repercusión mediática que ha tenido la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco tiene ahora un nuevo frente abierto: el dinero que recauda el Estado cada año en impuestos al tabaco, y que muchos fumadores y hosteleros que se sienten perseguidos por la Administración han decidido tomar como arma contra la prohibición.
El Estado recaudó el pasado año 9.842,3 millones de euros a través de impuestos del tabaco, cifra nada desdeñable pues representa casi el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y equivale al gasto conjunto presupuestado para 2011 de los ministerios de Fomento, Industria y Sanidad, según los Presupuestos Generales del Estado. Del total recaudado en 2010 por este concepto, 7.966,1 millones de euros correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, mientras que los 1.876,2 millones restantes eran de IVA.

Récord de ingresos

Así, en el hipotético caso de que los once millones de personas que fuman en nuestro país decidiesen dejar el tabaco, las cuentas estatales se verían enormemente mermadas ante la falta de unos ingresos que en 2010 marcaron un nuevo récord histórico, al elevarse el 4,19% respecto al año anterior, según datos facilitados por el Club de Fumadores por la Tolerancia.

Cabe destacar que, mientras en los últimos cinco años las ventas de tabaco han caído un 28,09%, la recaudación por impuestos del tabaco se ha elevado un 30,03%. De esta forma, el Estado ha ingresado más de 115.000 millones de euros procedentes de los fumadores en los últimos veinte años –fecha desde la cual la Administración ha multiplicado por seis sus ingresos por este concepto–, si bien la cifra se ha disparado un 30% en los últimos cinco años.

El Club de Fumadores por la Tolerancia califica de «hipócrita» la actitud del Gobierno que, «al tiempo que hace caja a costa de los fumadores, cercena los derechos de once millones de fumadores adultos que viven en España», mientras continúa recogiendo apoyos en contra de la ley antitabaco desde su plataforma web. «Los fumadores pagan cada año más impuestos mientras el Ministerio de Sanidad les vacía completamente de derechos con la aprobación de la ley antitabaco», se quejan desde la asociación.
La importancia que estos ingresos tienen en las cuentas públicas no ha pasado desapercibida para uno de los grupos que mayor presión está ejerciendo contra la nueva normativa, los hosteleros. El sector ha visto en los impuestos al tabaco un punto débil por donde atacar al Ejecutivo para que dé marcha atrás con la prohibición, y parece decidido a darle al Estado donde más duele, en la cartera.

Hace apenas un par de semanas, los hosteleros castellonenses acordaron retirar de sus establecimientos las máquinas expendedoras de tabaco durante el mes de febrero como medida de protesta contra la norma. Esta directriz ha sido seguida también por otros empresarios del sector, que han realizado un llamamiento a nivel nacional para extender el pulso a la Administración a la mayoría de los locales de hostelería y restauración del país. «No van a ganar más dinero a nuestra costa», afirma José Eugenio Arias, propietario del Asador Guadalmina de Marbella, primer insumiso de España contra la ley antitabaco. De hecho, casi la mitad de los autónomos de la hostelería, el 46,6%, deja muy claro en una encuesta realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que piensa prescindir de la máquina expendedora, hecho que perjudicará a la Agencia Tributaria desde el punto de vista recaudatorio.

Cabe recordar que el 80% del precio de una cajetilla de tabaco corresponde a impuestos, siendo éste el producto de venta legal que mayor fiscalidad soporta. El 20% restante se reparte entre el estanquero –el 8,5%– y el fabricante, cuyo margen asciende al 11,5% del precio del producto. Así, en una cajetilla de precio medio –3,65 euros–, 2,90 euros corresponderían a impuestos. El pasado mes de diciembre, el Gobierno elevó un 24% los impuestos al tabaco, siendo ésta la segunda subida en poco más de un año.

Al impacto económico en las cuentas estatales de la pérdida de los ingresos por tabaco habría que sumar el coste de las terapias para dejar de fumar, gasto que la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, propuso financiar inicialmente con dinero público, para más tarde dar marcha atrás en la propuesta. El motivo es el elevado gasto que esto supondría y que podría alcanzar hasta 3.300 millones de euros, si tenemos en cuenta que las terapias actuales cuestan entre 250 y 300 euros por paciente.

No obstante, si bien el presupuesto estatal podría temblar ante la sola idea de perder los ingresos derivados de los impuestos al tabaco, este hecho podría compensarse gracias a los menores gastos sanitarios que lleva aparejado el tabaco, que consume el 15% del presupuesto sanitario de nuestro país. Según cálculos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Sanidad destina anualmente 15.000 millones de euros al diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco. Esta cifra representa el 1,5% del PIB y no incluye los 530 millones de euros de gasto que se estima que provoca el tabaquismo pasivo al año.

Inversión inútil

Asimismo, el tabaco genera enormes costes para las empresas, tanto públicas como privadas y que superan los 7.500 millones de euros anuales. Estos gastos, fruto del mayor absentismo laboral por causas de salud, menor productividad en que se traducen las ausencias por salir a fumar a la calle o los costes de limpieza y conservación de las instalaciones, especialmente en el sector de la hostelería, suponen una elevada factura para nuestras empresas. No obstante, éstas invirtieron un total de 924 millones de euros en habilitar espacios aislados para fumadores, según figuraba en la anterior ley antitabaco de 2006. Gasto que ahora, tan sólo cinco años después de su aprobación, se antoja inútil con la nueva normativa, y sin ninguna posibilidad de verse resarcidos por la imprevisión del Ejecutivo.

Aragón, la tierra de los 800 gobiernos

En Aragón hay cinco administraciones: las del Gobierno central, el autonómico, ayuntamientos, diputaciones y comarcas

Con alrededor de un millón trescientos mil habitantes —algo más de la mitad concentrados en Zaragoza capital y su entorno inmediato de influencia—, en Aragón conviven cinco niveles distintos de Administración pública: el del Estado, el de la Comunidad autónoma, el de las diputaciones provinciales, el de los ayuntamientos y el de las comarcas. Cada uno de ellos cuentan con sus correspondientes gobiernos y plenarios, integrados por políticos electos que, en muchos casos, compaginan su presencia en más de una institución pública. Por ejemplo, hay alcaldes que son senadores o diputados en el Congreso; otros que son alcaldes o concejales y, a su vez, diputados provinciales o miembros de los consejos o de los gobiernos comarcales. En total, en Aragón hay casi 800 gobiernos distintos: los de sus 730 ayuntamientos, los de las 32 comarcas que hay constituidas, los de las tres diputaciones provinciales (Zaragoza, Huesca y Teruel) y el de la Comunidad autónoma.
Hace diez años, todos los partidos políticos sin excepción se pusieron de acuerdo en Aragón en crear las instituciones comarcales. Primero se habían puesto de acuerdo, de forma unánime en las Cortes regionales, para crear las leyes marco de la comarcalización. Y, después, una a una se fueron aprobando, igualmente por consenso entre todos los grupos parlamentarios, las leyes para la creación de cada comarca, 32 en total hasta la fecha, las 32 que hay constituidas.
Así nació este nuevo nivel administrativo que, ahora, algunos partidos abogan por revisar, si bien ninguno apunta a su desaparición por considerar que, en un territorio tan extenso como Aragón, los gobiernos comarcales contribuyen a gestionar mejor, desde la cercanía, el dinero público que reciben del Gobierno aragonés para las competencias que tienen asumidas.

Ayer en Zaragoza

«Nosotros queremos una economía competitiva, no de subvención. Eso es la  socialdemocracia. Queremos crear riqueza pero redistribuirla». Y se preguntó en voz alta qué es más de izquierdas, dejar que quebrara el sistema de pensiones abriendo con ello las puertas a un sistema de capitalización privada, o reformar el sistema trabajando todos dos años más, hasta los 67, y con unas pensiones que serán en el futuro «superiores» a las actuales. (Zapatero)

Les asegura (a los suyos) que el pueblo español es «sensato» y no pasará factura al PSOE el 22-M. «Sí, tenemos elecciones pero es más importante llegar a acuerdos»

«Ya sé que hay debates a veces difíciles y que nosotros mismos complicamos, pero hay un partido sólido detrás del Gobierno, de su secretario general, apoyando firmemente sus políticas». (Marcelino Iglesias)

«Hubiese preferido que Zapatero siguiera». Frase que merecería un estudio freudiano, pues si el subjuntivo es el modo verbal con el que se expresa una realidad vista a través de las emociones o juicios de valor de quien lo enuncia, el empleo del pretérito imperfecto en combinación con el pluscuamperfecto le añade una connotación cruel: Chaves no sólo afirma como cosa hecha que Zapatero no va a seguir, sino que además, se refiere a esa cosa hecha con una anterioridad a la cosa misma («hubiese preferido»), omitiendo lo que prefiere ahora, una vez que la decisión ha sido tomada. Y la omisión de su preferencia actual denota que es de naturaleza distinta a su preferencia pasada, lo que es tanto como decir: «Hubiese preferido que Zapatero siguiera; pero, puesto que no va a seguir, prefiero que no lo haga». (Chaves).


Dos grandes estadistas.

En su despedida como ministro tuvo grandes elogios para el presidente del Gobierno, aludiendo a sus dotes de gran estadista...
—Desde luego, sigo manteniendo que es un gran estadista. Aprendí mucha de política exterior con él. Me ayudó mucho a tener una visión de los grandes cambios que se están produciendo en la comunidad internacional. Le he visto actuar en reuniones internacionales, tomar la palabra y comprometerse en las grandes causas del siglo XXI, y mantengo mi admiración y mis elogios a su labor. (Moratinos)

domingo, 30 de enero de 2011

Alemania

Alemania y España son la cara y la cruz de la eurozona.
Alemania creció el pasado año nada menos que en un 3,6%; España perdió un 0,2% de su riqueza en 2010.
Lo que más contrasta es que Alemania venía en 2009 de vivir un desplome de su PIB del 4,7%, superior incluso al de España, cuya economía cayó un 3,6%.

De nuevo hay que creer en el milagro alemán, que en un año ha dado un giro copernicano a su economía.
España no puede decir lo mismo.
Del -3,6% se pasará a un -0,2%, aunque, eso sí, después de haber logrado invertir la tendencia en los dos primeros trimestres del año y volver al estancamiento entre julio y septiembre.

Para el presente año, Alemania tiene previsto crecer un 2,3% y reducir el número de parados en 300.000, hasta situar la cifra absoluta en 2,94 millones.
Sus exportaciones aumentarán un 6,5%, por encima de sus compras en el exterior, y la demanda interna tendrá un comportamiento más modesto, con un crecimiento del 2%.
El conjunto de estas cifras permitirá reducir el déficit al 2,5%, medio punto por debajo de la cifra que España ha comprometido para el año 2013.
La economía española cerrará 2010 con unas pérdidas equivalentes al 9,2% del PIB, algo así como 90.000 millones de euros.

La insoportable ausencia de Marta


La familia y todo un barrio esperan desde 2009 a que los acusados de su violación y muerte digan dónde esta el cuerpo.

sábado, 29 de enero de 2011

Rubalcaba admite que la reforma garantiza sus jubilaciones sólo a los que hoy tienen más de 35 años

La reforma de las pensiones pactada entre el Gobierno y los sindicatos nace con fecha de caducidad.
Cinco años después de que alcance su velocidad de crucero, tras un largo período transitorio desde 2013 a 2027, los agentes sociales y el Ejecutivo tendrán vía libre para subir de nuevo la edad de jubilación y las carreras de cotización, con el fin de adaptarlas a la esperanza de vida del momento.


Si se tiene en cuenta que la esperanza de vida aumenta un año cada década, en 2032 los españoles vivirán tres años más respecto a enero de 2011.
Por tanto, las diversas edades de jubilación pactadas ahora (61, 63, 65 y 67 años), al igual que las carreras de cotización para generar el derecho a cobrar la pensión a esas edades,crecerán en proporción a los tres años en los que subirá la esperanza de vida en 2032.
De hecho, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer que la reforma pactada con las centrales garantiza las jubilaciones de los trabajadores que hoy en día tienen 35, 40 y 45 años. Es decir que deberá ser de nuevo reformado el sistema público de la Seguridad Social para garantizar que la población que ahora tiene menos de 35 años cobren su pensión en un futuro. Pese a conocer de antemano este escenario, el Gobierno y los sindicatos han optado por posponer a 2032 ese necesario incremento de la edad de jubilación.
Esta revisión del sistema será posible gracias a que el principio de acuerdo de pensiones incluye un elemento denominado «factor de sostenibilidad», que entrará en vigor en 2027, fecha a partir de la cual la reforma se aplicará ya en toda su plenitud. Este «factor de sostenibilidad» permitirá cada cinco años retocar los parámetros básicos y fundamentales para percibir una pensión en función de la esperanza de vida del momento. Por tanto, será en 2032 cuando los sindicatos y el Ejecutivo de entonces afronten los primeros cambios del modelo.
A partir de 2027 convivirán en España diversas edades de jubilación. Los trabajadores que sean despidos podrán seguir jubilándose a los 61 años, al igual que los que comenzaron a cotizar antes de enero de 1967. En estos momentos, de este colectivo tan sólo quedan por retirarse 100.000 personas, que lo harán en los próximos tres años. Además, las empresas que presenten un expediente de regulación de empleo estarán obligadas a cotizar por sus trabajadores desde los 55 años, a los que se aumenta la edad de prejubilación, hasta los 63, a los que se establece la jubilación anticipada.
La reforma implanta por primera vez el derecho de los cotizantes de la Seguridad Social a retirarse anticipadamente a los 63 años, si se ha cotizado 33. Para el cálculo de su pensión, se les aplicará un coeficiente reductor del 7,5% por cada año adelantado. Los que hayan cotizado 38,5 años podrán salir del mercado laboral con el cien por cien de la prestación a los 65 años y los que hayan cotizado 37 a los 67 años. Además, se bonificará a aquellos que sigan trabajando más allá de los 67 años.
La reforma no se aplicará de golpe, sino que tendrá un aterrizaje suave. Así, durante sus primeros catorce años de entrada en vigor desde enero de 2013 se subirá seis meses cada dos años la cotización de los 35 años que dan derecho a percibir ahora el cien por cien de la jubilación a los 65 años. Es decir, en 2014, habrá que haber cotizado 35 años más seis meses para retirarse a los 65. Mientras, subirá un mes el período de cotización y la edad de jubilación los seis primeros años de la reforma y dos meses los nueve años siguientes para llegar a los 37 años cotizados y a los 67 años de jubilación. El período para calcular la pensión pasará de los 15 años actuales a 25.

Lo malo del ignorante es que ignora lo que ignora y por eso cree que lo sabe todo.


Editorial de ELPAIS.com: La depresión continúa
La EPA confirma que la caída de la ocupación no ha terminado y que en 2011 se creará poco empleo
La evolución del empleo durante el cuarto trimestre de 2010 ha venido a ratificar que el mercado laboral español sigue en una situación alarmante y que 2010 no ha sido precisamente el año en el que comenzaría a apreciarse una cierta recuperación del empleo, como pretendían los cálculos optimistas del Gobierno.
Por el contrario, el panorama del mercado de trabajo sigue siendo desolador.
Durante 2010 el número de parados aumentó en 370.000, hasta situar el número total en casi 4,7 millones, el mayor número de personas sin trabajo desde 1976.
La tasa de paro ha aumentado en el cuarto trimestre hasta el 20,33% y la ocupación ha descendido en 237.000 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre.
No es, como dicen las descripciones más complacientes del Gobierno, que el mercado laboral se recupere con mayor lentitud de lo previsto; es que permanece sumido en una depresión de la que probablemente no saldrá hasta finales de 2011, y eso tan solo si atisba una recuperación de la actividad económica a partir del segundo trimestre.
Porque, con ser mala, la del crecimiento del paro no es la peor de las noticias. Todo apunta a que la ocupación seguirá cayendo en los primeros meses de 2011 hasta alcanzar el mínimo de todo el ciclo recesivo a finales del primer trimestre. Y, aunque la ocupación no caiga más a partir de marzo, lo cierto es que durante 2011 la creación de empleo, si acaso existe, será inapreciable. No hay una senda de recuperación económica clara, que es la condición imprescindible para crear empleo. Sea cual sea el ritmo de aumento del PIB este año, resultará insuficiente para cambiar el signo del empleo.

Cuando se analizan los números de la EPA aparecen indicios de desequilibrios graves. Aumenta de nuevo el número de hogares que tienen en paro a todas las personas que los componen (1,3 millones, sobre un total de algo más de 17); la tasa de paro juvenil sigue siendo escandalosamente alta para los estándares europeos (afecta al 38,4% en los jóvenes de entre 20 y 24 años y el 25,9% en las edades comprendidas entre 25 y 29 años); y, en fin, los parados de larga duración amenazan con convertirse en un problema social. Hay más de dos millones de personas que no han encontrado empleo en el último año o más.
A la luz de este diagnóstico, resulta evidente que la reforma laboral no está sirviendo aún para crear empleo. La creación de puestos de trabajo depende en primera instancia de la tasa de actividad económica; el cambio en las condiciones laborales solo es útil para facilitar la recuperación económica, puesto que favorecerá la contratación (cuando la haya) y mitigará el efecto inflacionista procedente de los salarios. Por el momento, la única virtud que cabe atribuir a la reforma laboral es un tímido descenso de la temporalidad. Los asalariados con contrato temporal han descendido en casi 150.000 y los que tienen contrato fijo han aumentado en 7.400.
Todo lo anterior dibuja un perfil macroeconómico y laboral conocido.
Ya en 2009 se advirtió que la recesión española sería duradera y que la sociedad española tendría que soportar tasas muy elevadas de paro al menos hasta finales de 2011; la predicción se está cumpliendo.
Se argumentó que sólo con tasas de crecimiento superiores al 2% empezaría a crearse empleo neto y la evolución del PIB y de la EPA durante 2011 confirmará la exactitud de tal relación.
Los planes parciales para incentivar la contratación han fracasado. Aunque desde el Gobierno se celebre con entusiasmo cualquier décima de crecimiento intertrimestral, la sociedad española no podrá hablar de recuperación económica hasta que se cree empleo neto.

Mil parados más cada día de 2010 y ZP mirando hacia otro lado y silabando,

La tasa de desempleo se sitúa en el 20,33%, la más alta desde 1997, y el número de parados alcanza un nuevo récord: 4,696 millones



La encuesta de población activa (EPA) del último trimestre de 2010 ha confirmado los pronósticos y ha elevado la tasa del paro hasta el 20,33%, la más alta registrada en nuestro país desde hace 13 años (segundo trimestre de 1997).
El número de desempleados subió entre septiembre y diciembre en 121.900, por lo que 2010 cerró con 4.696.600 parados, lo que supone un nuevo récord histórico. El año pasado se quedaron sin trabajo 370.100 personas, lo que supone que cada día se fueron al paro 1.014 ciudadanos.


Desde el Gobierno, sin embargo, quisieron restar importancia a estos datos. Es más, hace semanas diseñaron la estrategia de fijar el día 28 de enero como fecha para que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de la reforma de las pensiones, coincidiendo curiosamente con la publicación de estos datos del paro. Cabe recordar que la fecha de publicación de la EPA se anuncia con muchos meses de antelación.


El portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer que estas cifras «estaban en las previsiones del Gobierno».
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tras reconocer que se trataba de una «pésima noticia», afirmó que se confirmaba una «lenta mejoría». El ministro se refería seguramente a que el incremento del número de parados en 2010 (370.100) ha sido muy inferior al registrado en 2009 (1.118.600) y más aún de los que hubo en 2008 (1.280.300).


El incremento del desempleo en el último trimestre de 2010 afectó en mayor medida a los varones (65.100 más) que a las mujeres (56.800).
La tasa de paro masculina al acabar 2010 fue del 19,95% y la femenina del 20,79%. Se mantiene así la composición del paro observada desde 2008.
Por nacionalidades, el aumento del paro afecta en mayor medida a los españoles en este trimestre, con 105.000 parados españoles más frente a 16.900 parados extranjeros más. La tasa de paro de la población extranjera vuelve a superar el 30% y está a casi 12 puntos de la que tienen la población española.


Por sectores, el desempleo se reduce entre septiembre y diciembre pasados en agricultura (23.200), construcción (22.000) e industria (13.400).
Sin embargo, el número de parados en servicios sube en 25.000 y el número de parados que perdieron su empleo hace más de un año aumenta en 177.200 personas. Esta última es la categoría que presenta la mayor subida en el último año (572.000), a gran distancia de las restantes.
El desempleo decrece en 21.700 entre los que buscan su primer empleo.


 El empleo disminuyó en 138.600 personas en el cuarto trimestre del año, hasta 18.408.200.
A lo largo del año pasado se han perdido 237.800 empleos, es decir, más de 650 cada día.
Del total, 178.400 son asalariadas y 85.900 tienen contrato temporal. Prácticamente el total de la destrucción interanual de empleo se da entre los hombres (los ocupados bajan en 231.000, mientras que las mujeres ocupadas lo hacen en 6.800).



Por edades, el incremento de la ocupación se observa entre los 35 y 44 años y entre las personas mayores de 54, mientras que los menores de 35 concentran los descensos de ocupación de este trimestre.
Las mujeres presentan mejor evolución que los varones en todos los grupos de edad.


Por sectores, los incrementos observados en agricultura (50.500 ocupados más) y en industria (22.200) no son suficientes para compensar la disminución de empleo del sector servicios y construcción, que presentan descensos de 115.800 y 95.600 ocupados, respectivamente.


El número de asalariados disminuye en 142.100. Esta cifra es el balance de un aumento de 7.400 asalariados con contrato indefinido y un descenso de 149.600 con contrato temporal. La tasa de temporalidad se reduce, en consecuencia, hasta el 24,82%, lo que supone 72 centésimas menos que en el trimestre precedente.
El empleo a tiempo parcial aumenta este trimestre en 102.500 personas, mientras que los ocupados a tiempo completo descienden en 241.200. El porcentaje de personas que trabaja a tiempo parcial se eleva al 13,44%.


La región madrileña presenta el mayor incremento de la ocupación en el último trimestre (28.000).
Desde el Gobierno de Esperanza Aguirre destacan que Madrid ya lleva tres trimestres consecutivos creando empleo, lo que ha permitido a la región cerrar 2010 con más trabajadores ocupados que en 2009.


En cuanto al paro, las comunidades que presentan los mayores aumentos trimestrales son Baleares (24.100) y Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón (más de 15.000 cada una).
El descenso más significativo se da en la Comunidad Valenciana, con 13.000 parados menos.


Entre las reacciones que se produjeron ayer, cabe destacar las del presidente de Agett (Asociación de Grandes Empresas de Empleo Temporal), Francisco Aranda, quien manifestó que «ha sido un trimestre muy negativo para el empleo porque ha sido muy duro para las empresas, especialmente para las pymes y para los autónomos. Igualmente, será malo el primer trimestre de este año, dada la desfavorable estacionalidad en lo que a empleo se refiere. Y, a menos que en 2011 el PIB crezca por encima del 1%, no veremos en los próximos trimestres creación significativa de empleo neto, a pesar de las oscilaciones estacionales».


Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) insistió en la conveniencia de mantener la moderación salarial en la negociación colectiva para «dar una oportunidad» al empleo. La patronal de los empresarios considera que España debe continuar con las reformas estructurales ya iniciadas porque, a su juicio, es lo que necesita la economía española para «volver a la senda de crecimiento económico y creación de empleo». Asimismo, la CEOE destaca que el ajuste del mercado laboral «está llegando gradualmente a su fin».

viernes, 28 de enero de 2011

Jubilación y no hay dinero

El espectáculo de los pinganillos en el Senado español es único en toda Europa.
Por ejemplo, en el Parlamento de Francia se debate en lengua francesa sin costosos sistemas de traducción al catalán, vascuence o bretón.
Los diputados de Italia utilizan la lengua que entienden todos, el italiano, incluidos los que hablan sardo y corso.
Y en la Cámara de los Comunes de Reino Unido se utiliza el inglés sin necesidad de pinganillos en galés, irlandés o escocés.
Allí donde existe un idioma oficial entendido por todos, lo lógico para ahorrar costes y por sentido práctico es utilizar esa lengua de entendimiento.
El show del Senado de ponerse y quitarse los pinganillos es un teatro absurdo, innecesario y costoso que no se da en ningún otro país de nuestro entorno.
Juan Lozano Oliva. Madrid.

Brotan la indignación ciudadana y las cartas de protesta, también en este medio.
¿El motivo, esta vez?.
El coste que supone la utilización de pinganillos en el Senado español, donde sus señorías ya pueden hablar en catalán, euskera y gallego.
Alguno incluso critica que los traductores han pedido aumento de sueldo para realizar su trabajo, que se lleva un raquítico 1% del total del presupuesto de la Cámara alta.
Lo que no sé, y este es el motivo de mi carta, es si los lectores anteriormente citados están igual de indignados con la compra por parte del Ministerio de Defensa de tanques Leopard presupuestados en más de 100 millones de euros, o con los nueve millones de euros asignados a la Casa Real en 2009 o con los "retiros dorados" por valor de más de 80.000 euros anuales que van a disfrutar los expresidentes José María Aznar y Felipe González.
Yo sí. Y mucho más que con el gasto que suponen los dichosos pinganillos, una inversión, por otro lado, altamente rentable si ayuda a cohesionar un poco al Estado, aunque sea con este simple guiño a las nacionalidades históricas y sus lenguas propias y cooficiales, reconocidas como tales en la Constitución. Victor Galdeazabal. Basauri, Vitoria

Pinganillos

Portada del Diario Público
El montaje superfluo de los pinganillos retrata la trivialidad de la agenda política y el papel postizo del Senado
IGNACIO CAMACHO.
NO se trata del dinero, que también, sino de la trivialidad. Los pinganillos del Senado no son tanto un despilfarro —que objetivamente sí lo son, en tanto que suponen gastar miles de euros en un montaje accesorio— como una demostración del ensimismamiento estéril de nuestra clase política, cuya agenda de prioridades está dominada por la tendencia al histrionismo infantil y a la gestualidad anecdótica. Son el penúltimo símbolo de desarraigo de un colectivo dirigente desanclado de la realidad, una especie de oligarquía enajenada en su burbuja de caprichoso y carísimo celofán de privilegios.
Esa propensión escenográfica, fronteriza con la payasada, no representa a la España plural sino a la España irreal que reside en el imaginario de nuestra dirigencia, un grupo incapaz de entender y de representar los anhelos de la gente que les paga el sueldo y les costea sus extravagancias. En un país en el que las lenguas autóctonas están perfectamente protegidas y fomentadas en sus respectivos ámbitos, gozando de plena vigencia normal y de oficialidad casi unívoca en las instituciones y parlamentos territoriales, el dispositivo de traducción simultánea en una Cámara nacional cuyos miembros son todos sin excepción perfectamente capaces de expresarse en el idioma común resulta una farsa extravagante, un chusco alarde de ostentación artificiosa. Los mismos tipos que se colocan los auriculares con afectada solemnidad en la sala de Plenos hablan en los pasillos el castellano que desdeñan para complacerse en la pose de una oficialidad multilingüe, y ese desajuste retrata el cartón truquista de su impostura, la flagrante superchería de esa representación redundante y tramposa. Se trata de un ejercicio literal de doble lenguaje, una metáfora transparente del engañoso trampantojo dibujado por la política española como telón de fondo de su insustancialidad y su falta de realismo. Frente a la situación límite en que la crisis ha situado al Estado autonómico, colapsado financieramente por su insostenible hipertrofia, los nacionalistas y sus inestimables aliados socialdemócratas imponen una irritante escenografía de insensato derroche simbólico. Un peldaño más en la escala de desapego enajenado que separa a los ciudadanos de su sistema de representación pública.


En realidad, el tingladillo de intérpretes del Senado no viene a ser más que la muestra cristalina de la inutilidad de esa Cámara a la que nadie logra encontrar un papel ni un sentido en el mapa institucional de la democracia. Funciona como una caja hueca y cara, un dispendio ornamental y vacío, un engorroso y disfuncional juguete. Reducido a un escenario de simulación, a una pantomima sin guión ni sustancia, es la caricatura de un Parlamento postizo al que el artificio de los pinganillos desnuda su carácter huero, superficial, sintético. Sencillamente superfluo.

Realidades

Educación

Igualdad, aquí te espero.





 Hacia donde Miro

¿Quién sabe?

El chiste del elefante y la cuestión catalana

Les avanzo la respuesta: el título del alemán sería Fundamentos epistemológicos del estudio de los mamíferos ungulados; el del inglés, Teoría y práctica del mamífero proboscídeo; el del francés, El grado cero del lenguaje del elefante; el del italiano, La estética del elefante; y el del catalán, El elefante y la cuestión nacional catalana.
Una broma, pero menos. Y es que el chiste, si de algo peca, suele ser de exceso de realismo.
Por eso, el doctor Freud, en El chiste y su relación con el inconsciente, indicó que la burla o la ocurrencia son la expresión verbal de, por ejemplo, una frustración u obsesión latente.
El chiste del elefante —esa obsesión identitaria del nacionalismo catalán, ese distinguirse de lo español por sistema y a cualquier precio, ese valorar la existencia en función de la llamada cuestión nacional catalana— sirve para descifrar el porqué del Estatuto, para entender la reacción frente a la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional, para conjeturar cuál puede ser la política nacionalista catalana en el futuro inmediato. A la letra y la música me remito: «El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquella, dan origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat».
Suma y sigue: «El pueblo de Cataluña ha mantenido a lo largo de los siglos una vocación constante de autogobierno», «el Parlamento de Cataluña ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación» y el Estatuto se acoge al «ejercicio del derecho inalienable de Cataluña al autogobierno».
La apelación a los derechos históricos del pueblo catalán, la reivindicación de la vocación secular de autogobierno, el reconocimiento de la posición singular de la Generalitat, así como la definición nacional de una Cataluña que poseería el inalienable derecho al autogobierno, todo ello pone en evidencia la obsesión identitaria que impregna el texto estatutario.
De esa obsesión por la excepcionalidad, esa pulsión preconstitucional que afirma la diferencia, se concreta en un texto que aúna lo simbólico y lo prosaico.
Lo simbólico: la bandera, la fiesta, el himno o la lengua nacionales.
Lo prosaico: la bilateralidad, las competencias, la financiación o la Justicia.
El detalle que retener: aquí, lo prosaico es también simbólico.
En la Cataluña nacionalista de cada día todo se vincula —el chiste del elefante— con la llamada cuestión nacional catalana.
Si Cataluña debe relacionarse de tú a tú con España, si debe tener competencias exclusivas en determinadas materias, si debe negociar la financiación directamente con el Estado, si todo ello debe ser así, es porque Cataluña es —otra vez el ser que distingue y separa— una nación y, en consecuencia, tiene derecho a reclamar lo que le pertenece.
¿Qué reacción ante la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional?.
La lógica nacionalista del elefante —multiplicada por tres— resurge cuando se habla de la ruptura del pacto político firmado entre Cataluña y España, cuando se aduce que la sentencia está falta de legitimidad al corregir la voluntad emanada de las instituciones y el pueblo catalán, cuando se afirma la existencia de un choque de legitimidades entre Cataluña y España.
Nada de ello es de recibo: no se ha roto ningún pacto político entre Cataluña y España, porque tal pacto —solo posible entre entidades soberanas— no existe; la sentencia es legítima, porque el Tribunal Constitucional es el legislador negativo que excluye aquellas leyes o artículos que rompen las reglas constitucionales del juego, dándose el caso, por lo demás, de que nadie ni nada está por encima de la Constitución y Cataluña no tiene poder constituyente; no existe un choque de legitimidades entre Cataluña y España, sino un conflicto entre la política y el político por un lado y el derecho por otro.
Todo eso tanto da, porque el nacionalismo catalán —por convicción o interés, según imponga la coyuntura— necesita alimentar permanentemente el conflicto llegando, incluso, a la insumisión.
¿Alguien se imagina algo parecido en las democracias occidentales?.
¿Alguien se imagina que el Estado —la Generalitat de Cataluña es Estado en Cataluña— se niegue a sí mismo amotinándose contra sí mismo?
¿Qué puede ocurrir en Cataluña a corto o medio plazo? Mucho populismo y mucho tacticismo.
El populismo —uso y abuso de la palabra, invención de la verdad, movilización a la carta, fustigación sistemática de un supuesto enemigo exterior, cuestionamiento de las instituciones estatales— de un nacionalismo que habla de un Estado español que no admite la pluralidad, de una Cataluña maltratada que no puede decidir su futuro, de un pueblo humillado que no puede escoger su destino.
El tacticismo de unos partidos nacionalistas que necesitan marcar perfil soberanista —lean independentista— para autoafirmarse y agitar la conciencia y sentimientos de militantes y simpatizantes previamente recalentados.
El detalle que remarcar: este tacticismo altamente ideologizado conviene con otro de carácter prosaico, preocupado por la política de las cosas —la crisis, la sanidad o la educación—, que va dirigido a los ciudadanos no enojados —la mayoría— por la relación Cataluña-España.
En todo ello hay mucho teatro. Hay mucho movimiento, mucho grito, mucho ruido y mucho farol. Mucho histrionismo, si se quiere.
De acuerdo. Pero hay algo más.
Reaparece el chiste del elefante en su versión banal. Y es que el populismo y el tacticismo nacionalistas pretenden convertir la llamada realidad nacional catalana en un referente ordinario que podría dar su fruto. Así, se normaliza la nación rotulando —bajo amenaza de multa, por cierto— bares y restaurantes en catalán, o traduciendo —también bajo amenaza de multa— películas al catalán, o limitando la información meteorológica al ámbito geográfico propio. Así —el fruto del cual hablábamos— se elogia una economía de la secesión que haría de Cataluña —cosa falsa— la cuarta potencia económica de la Unión Europea. El objetivo: el nacionalismo catalán —paso a paso— va en busca y captura de una mayoría social independentista antes de convocar un referéndum de autodeterminación.
El nacionalismo catalán administra el tiempo consciente de que la impaciencia —ahí están los referendos de Quebec o el Plan Ibarretxe— conduce al fracaso.
La relajación de fronteras, la dilución identitaria, la interdependencia propia de la globalización, ¿resolverán o disolverán la llamada cuestión nacional catalana?.
Un imposible, si tenemos en cuenta que el nacionalismo catalán necesita una cuestión nacional catalana no resuelta para continuar existiendo.
¿Qué futuro? O se rompe la hegemonía discursiva y política nacionalista —ese Partido Único Catalán, de derecha e izquierda, instalado en las instituciones— en beneficio de una colaboración leal en el marco del proyecto constitucional común de la España liberal-democrática, o Cataluña seguirá dando pasos adelante en el proceso de desvinculación —afectiva primero y política después— de España.
¿Cómo reconducir la situación? La conllevancia, dicen. Pero los prejuicios identitarios e ideológicos raramente se desactivan, las fantasías difícilmente de desvanecen y los intereses pocas veces desaparecen. Parafraseando al filósofo francés Alain, no se puede razonar con quien defiende ciegamente sus verdades. Quizá habría que preguntar al español qué título pondría a su ensayo sobre el elefante. Vayan pensando.
MIQUEL PORTA PERALES ES CRÍTICO Y ESCRITOR

Se levanta el telón...

El espectáculo de los pinganillos en el Senado español es único en toda Europa.
Por ejemplo, en el Parlamento de Francia se debate en lengua francesa sin costosos sistemas de traducción al catalán, vascuence o bretón.
Los diputados de Italia utilizan la lengua que entienden todos, el italiano, incluidos los que hablan sardo y corso.
Y en la Cámara de los Comunes de Reino Unido se utiliza el inglés sin necesidad de pinganillos en galés, irlandés o escocés.
Allí donde existe un idioma oficial entendido por todos, lo lógico para ahorrar costes y por sentido práctico es utilizar esa lengua de entendimiento.
El show del Senado de ponerse y quitarse los pinganillos es un teatro absurdo, innecesario y costoso que no se da en ningún otro país de nuestro entorno.
Juan Lozano Oliva. Madrid.

Brotan la indignación ciudadana y las cartas de protesta, también en este medio.
¿El motivo, esta vez?.
El coste que supone la utilización de pinganillos en el Senado español, donde sus señorías ya pueden hablar en catalán, euskera y gallego.
Alguno incluso critica que los traductores han pedido aumento de sueldo para realizar su trabajo, que se lleva un raquítico 1% del total del presupuesto de la Cámara alta.
Lo que no sé, y este es el motivo de mi carta, es si los lectores anteriormente citados están igual de indignados con la compra por parte del Ministerio de Defensa de tanques Leopard presupuestados en más de 100 millones de euros, o con los nueve millones de euros asignados a la Casa Real en 2009 o con los "retiros dorados" por valor de más de 80.000 euros anuales que van a disfrutar los expresidentes José María Aznar y Felipe González.
Yo sí. Y mucho más que con el gasto que suponen los dichosos pinganillos, una inversión, por otro lado, altamente rentable si ayuda a cohesionar un poco al Estado, aunque sea con este simple guiño a las nacionalidades históricas y sus lenguas propias y cooficiales, reconocidas como tales en la Constitución. Victor Galdeazabal. Basauri, Vitoria

jueves, 27 de enero de 2011

¿Es viable el Estado de las autonomías?

Desde la aprobación de la Constitución, el desarrollo del Estado de las autonomías ha estado sometido a análisis críticos desde todos los ámbitos posibles: el derecho, la economía financiera, el mundo empresarial y sindical, el político.
Críticas propias de las consecuencias visibles y los efectos de un proceso de construcción de un nuevo Estado descentralizado, que han servido, en muchísimas ocasiones, para adoptar reformas y medidas necesarias y convenientes, y modular su evolución en la dirección adecuada. Hasta llegar a un punto en que la conclusión general, o casi al parecer, es que el Estado de las autonomías ha sido un éxito en términos generales, con determinados problemas pendientes y otros que van surgiendo de su propia evolución y del transcurso del tiempo.
Cada cierto tiempo, sin embargo, y recurrentemente, alguien -siempre los mismos- eleva el tono y aprovechando cualquier motivo de mayor o menor cuantía va inoculando informaciones interesadas que generan dudas y reservas sobre las autonomías, su funcionamiento y sus efectos sobre el futuro de España. Primero se denuncian duplicidades de todo tipo, despilfarros masivos, burocracia mastodóntica, sueldos exorbitantes, proyectos faraónicos, clientelismo; con o sin base real según los casos, y aportando datos más que discutibles y en la mayoría de los casos exagerados. Para, inmediatamente, concluir: o España se rompe, o avanza hacia el caos, o el mercado interior está roto, o nuestra estructura territorial es inviable. Por la solemnidad de las declaraciones, la conclusión perece revestida de infalibilidad; por su gravedad, parece reflejar una situación de emergencia. Para acabar concluyendo la inevitabilidad de replantearse nuestro Estado de las autonomías.
No parece influir en el estado de ánimo de estos hackers autonómicos que ninguna de sus agoreras predicciones se haya siquiera vislumbrado en el horizonte, ni que el propio Estado haya afrontado con éxito situaciones delicadas porque tiene, y ha usado, los instrumentos necesarios para abordar los problemas que van surgiendo. Inasequibles al desaliento, una y otra vez intentan el asalto, lo que refleja una convicción ideológica profunda que añora la España centralista y reniega de la diversidad y la pluralidad de la sociedad española y de la necesidad de su articulación desde el respeto y reconocimiento mutuo.
Sin embargo, hasta ahora, y nada permite concluir que no ocurra en el futuro, nuestro Estado ha ido abordando y solucionando los problemas que han surgido en un proceso de por sí complejo y que se ha demostrado muy eficiente porque ha contribuido sustancialmente a la modernización y el progreso de España en todos los ámbitos.
Si alguien pretende que cada uno nos pongamos de cada lado de una línea divisoria, muchos lo tenemos claro: defenderemos el Estado de las autonomías porque creemos que es la mejor solución para esta España diversa que ha buscado durante demasiado tiempo convivir en libertad; porque creemos que democracia y autonomía territorial son y deben ser ya inseparables porque fortalecen el proyecto de unidad.
A partir de ahí, discutamos los problemas existentes y busquemos soluciones. Pero cada problema en su cesta, cada solución pactada y cada uno asumiendo su responsabilidad. Estas son las reglas del juego y la responsabilidad de respeto con todos. Porque, y con frecuencia se ignora, el poder público está en nuestro país profundamente distribuido, territorial y también ideológicamente. Los dos grandes partidos de ámbito nacional, los nacionalistas, los regionalistas y otros han gobernado y gobiernan en el ámbito autonómico. Todos, por tanto tienen su cuota de responsabilidad en el pasado y en el futuro del Estado de las autonomías. Incluso, en muchos ámbitos, mayor que el Gobierno de España de cada momento. Y también en la gestión diaria de los Gobiernos autónomos, buena o mala, y en sus efectos sobre el conjunto del Estado, en su lealtad al mismo y en su actitud de colaboración, afortunadamente podríamos concluir. Por tanto, la responsabilidad es compartida. No vale achacar esa responsabilidad en exclusiva al Gobierno estatal de turno, buscando una rentabilidad política que será injusta e incluso irresponsable.
En estos momentos, se cuestiona la capacidad del Estado de controlar el gasto público autonómico. Está en vigor un sistema de financiación autonómica que, sustancialmente, permite a las comunidades disponer de unos ingresos en función del rendimiento de los grandes impuestos que pagamos todos. Incluso tienen la facultad de modificar algunos elementos de estos impuestos, y de crear o suprimir otros, en función de sus necesidades y prioridades. Sus gastos deben acomodarse a esos ingresos.
Y, ahora, cuando se han resentido los ingresos fiscales, a nadie debe sorprender que las comunidades deban ajustar sus gastos a los ingresos, mermados sustancialmente. Con el mismo automatismo con que sus ingresos crecían en épocas de bonanza. Y aquí acaba el problema, al menos institucionalmente. El resto es gestión, que por cierto muchas comunidades están haciendo con lealtad y responsabilidad en estos momentos.
¿Y quién controla este proceso de ajuste? Ante todo, las propias instituciones autonómicas, sus Parlamentos, sus órganos de control, y finalmente sus ciudadanos, debidamente informados, que periódicamente exigirán cuentas de su gestión a los responsables autonómicos. Y, como parece el caso, cuando la situación pueda afectar al sistema financiero español en su conjunto, en uso de sus atribuciones constitucionales, al Estado. No nos rasguemos las vestiduras ni, en la confusión, tratemos de sacar provecho político.
Por tanto, suenan a vacías, a huida hacia delante, a mirar hacia otro lado, las actitudes de echar la culpa a otros o de dar por inviable el sistema autonómico por prejuicios ideológicos. No debe extrañar por tanto que afirmaciones como la de recuperar competencias, o recortarlas, o hacer una ley no se sabe muy bien para qué, se interpreten como actitudes de desconfianza o rechazo a un sistema de convivencia que tanto nos ha costado y nos está costando construir. Aunque, por decirlo todo, más llamativo aún es el silencio clamoroso de responsables autonómicos que debe también interpretarse, lejos de conformidad con sus responsables nacionales, de profunda discrepancia. ¿O no? Es exigible una mayor transparencia también en este punto, al menos para saber a qué atenernos.
Este ruido oculta, finalmente, una evidencia. Naturalmente que existen problemas, y serios, en la estructura territorial del Estado. Muchos, yo mismo desde la responsabilidad de presidente del Senado, los venimos explicitando públicamente desde hace mucho tiempo. Si algo le falta al Estado de las autonomías es, de un lado, una gran dosis de lealtad, de cooperación y colaboración, tal como se entiende en los Estados federales, y la consecuente asunción de responsabilidades de cada cual en su ámbito, y de otro, la reforma y adecuación de algunas instituciones estatales, el Senado el primero, a la realidad de la España autonómica de hoy y del futuro. Asumo la crítica y exijo que la reforma se lleve a cabo, su demora no se justifica. Muchos de los problemas tendrían un cauce institucional más participativo, transparente, sereno y democrático para ser abordados. Sin alarmismos, sin estridencias que no llevan más que a justificar el victimismo nacionalista.
No insistiré esta vez en ello. Pero cada vez que surgen estos problemas, se evidencia la irresponsabilidad de mantener congeladas estas cuestiones pendientes que miran hacia delante, no hacia atrás. Y sin argumentos de entidad, pero que sirven de cobertura para concluir que el sistema es inviable. Ahora bien, insisto, si lo que se quiere es trazar una raya y que cada uno se sitúe a un lado de la misma, muchos, la mayoría, sabemos desde de qué lado estamos. Ni con separatistas, ni tampoco con separadores.
Javier Rojo es presidente del Senado.

miércoles, 26 de enero de 2011

España es viable

Hay que evitar el choque de nacionalismos en un estéril debate sobre el Estado autonómico
El choque de grandilocuencias nacionalistas en torno al futuro del Estado autonómico produce un discurso falso y estéril. Ni España está "en estado de disolución", ni se arrastra "al límite del Estado constitucionalmente fallido", ni mucho menos es "inviable" o "marginal", como pretende el ex presidente del Gobierno José María Aznar. El PP cometería un grave error si incorpora ese discurso a su praxis política, como se insinúa en el Congreso "popular" de Sevilla. Porque la realidad política e histórica es justamente la contraria. El único modelo inviable sería un Estado sin autonomías. En la historia de España, autonomía territorial y democracia parlamentaria son dos caras de la misma moneda. Como lo son centralismo y dictadura.
Por similares motivos, tienen que archivarse los excesos verbales del nacionalismo catalán conservador. No hay una "embestida" de España contra Cataluña, como pretende el portavoz de la Generalitat, ni una loapa en ciernes, ni una cruzada recentralizadora. La elección como presidente del Tribunal Constitucional del candidato más autonomista o el estreno del régimen plurilingüístico en el Senado dicen lo contrario. Sobran las amenazas de Artur Mas sobre un "punto sin retorno" en las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado o las de Duran i Lleida: "si Cataluña se va a pique, España también". No hay, por tanto, ningún motivo real, político o jurídico para replantear el Estado de las autonomías, cuya impronta es irreversible, dado su anclaje en la ciudadanía.
La discusión necesaria es decidir cómo un Estado compuesto y complejo debe asegurar la máxima funcionalidad en la toma de decisiones durante la actual crisis. ¿Cómo tienen que cumplir las distintas Administraciones los deberes de austeridad acordados, que no dictados, por la UE? Pues con responsabilidad y respeto a las normas. El Gobierno ha recorrido un largo trecho en la reducción de su déficit. Las autonomías deben acompañarle mejor en esa tarea. El Gobierno no puede ni debe renunciar a su función de celador de la deuda externa. Debe prohibir ese recurso a quienes se excedan en el déficit. Pero debe también cumplir su compromiso de dotar a las autonomías con el Fondo de Competitividad.
Las normas existentes hoy son en general suficientes. Pero conviene mejorar y ampliar la cooperación. Había que aumentar la frecuencia de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y replantear la función del Senado. Hay disfunciones en el gasto autonómico que solo pueden resolver con eficacia la concertación y las presiones de la opinión pública y el mercado, como sucedió con el gasto sanitario. La vía del decreto abriría la del filibusterismo. También por acuerdo político cabría repensar el ritmo en el descenso del déficit autonómico: pasar de un objetivo del 2,4% en 2010 a otro del 1,3% en 2011, un recorte de casi la mitad, parece poco realista si no se cercenan el gasto sanitario y educativo a niveles socialmente digeribles.

Profesión: progresista

Los progresistas, hijo, decís todos que sois agnósticos o ateos, pero gracias a vuestro carné vivís como Dios


ANTONIO BURGOS. ABC.
En esta España de la titulitis, donde la Universidad es una fábrica de parados, pero, eso sí, con muchas diplomaturas, licenciaturas, doctorados y másteres, han debido de poner una Facultad de Ciencias del Progreso y yo no me he enterado.
No veas la cantidad de progresistas que van por ahí presumiendo de serlo y viviendo de ello. Y perdonando la vida y llamando facha a todo el que no tiene la inmensa dicha de pertenecer a ese cuerpo de privilegiados que en nuestra nación detentan (que no ostentan) el poder, el prestigio, la razón y además el dinero, de trincar la tela arrimándose al perol.
Son progresistas con carné. Un carné maravilloso, porque no es por puntos, como el de conducir, y no te lo quitan si eres un baranda que le das una subvención a la empresa de tu hija o metes la mano en el cajón o en la cal viva.
Bueno, les pasa como a los fachas con carné, también sin puntos, pero a la inversa. Si eres un facha con carné y, por ejemplo, sacas a España de la ruina en la que la dejaron los progresistas, enderezas la economía, creas millones de empleos y logras el respeto internacional, como hizo Aznar, el carné de facha no te lo quita nadie.
Digo todo esto por ese anexo del Gobierno al que llaman Tribunal Constitucional.
Los progresistas con carné han echado las campanas al vuelo (campanas laicas, naturalmente) porque han elegido como presidente a uno de los suyos, que los titulares de los periódicos pregonaban así: «Pascual Sala, juez progresista».
Hasta ahora había jueces de Primera Instancia, jueces de Instrucción, jueces de Menores, jueces de Familia, jueces de lo Social, jueces de Paz. Hasta Jueces de Línea había. Pero ahora existen los Jueces de Bingo: los jueces progresistas, que se llevan los mejores puestos, los más rápidos ascensos, las grandes mamelas.
Lo que más me extraña es que sé que hay oposiciones para juez de entrada, pero no me consta que existan para juez progresista. No he escuchado a nadie que diga:
—Mi hijo está preparando oposiciones a juez progresista...
Pero evidentemente, en la judicatura y en la comunicación, en la enseñanza y en la medicina, progresista en España es hoy una especialización, una profesión como otra cualquiera. Progresista suena a profesión. Como escayolista, economista, taxista, anestesista, documentalista, ebanista, pianista o futbolista: progresista. De ahí que España se haya llenado de progresistas profesionales, que le sacan una pasta al oficio.
En esta tesitura de volverán encuestas victoriosas y de hambre y sed de justicia, digo, de urnas, me encontré el otro día con un profesional de éstos, que me dijo:
—Yo no puedo votar al PP, porque soy progresista.
Vamos, como el militar que te dice que no puede afiliarse a un partido porque es comandante.
Y le pregunté:
¿Y qué es ser progresista, hijo mío?.
¿Decir que de los 4 millones de parados tienen la culpa la Banca y el PP?.
¿Estar en contra de la pena de muerte... en China, pero a favor del aborto y la eutanasia en España?.
¿Decir a cada paso esa imbecilidad de «ciudadanos y ciudadanas»?.
¿Defender la dictadura de Cuba?.
¿Quitar los crucifijos?.
¿Prohibir los toros?.
Ah, y se me olvidaba lo principal: ¿negar la religión... católica, que no el Islam?.
Porque los progresistas, hijo, decís todos que sois agnósticos o ateos, pero gracias a vuestro carné vivís como Dios.

Pujol: «No hay otro camino para Cataluña: o independencia o rendición»

El ex presidente catalán contempla por primera vez de manera abierta la independencia del territorio


El ex presidente catalán Jordi Pujol ha contemplado este martes, por primera vez de manera abierta, la independencia de Cataluña como una posible "alternativa" ante "la marginación y el ahogo" al que se quiere someter a los catalanes en la España actual, y ha dicho que no ve argumentos para oponerse a un Estado propio.
Pujol, que hasta ahora siempre se había mostrado extremadamente comedido a la hora de hablar de la opción independentista, ha sido más explícito que nunca en su último editorial, en el boletín electrónico del Centro de Estudios Jordi Pujol, titulado "Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por el Quebec".
"Durante muchos años el nacionalismo catalán mayoritario no ha sido independentista. Ha jugado la carta de un autonomismo que garantizase políticamente y administrativamente un techo alto, económicamente viable y con garantía identitaria", ha recordado. Este nacionalismo mayoritario, encarnado por la CiU que él mismo lideró durante más de dos décadas, "rechazaba los requerimientos que algunos sectores le hacían para que se adhiriese al independentismo. Tenía argumentos para hacerlo. Ahora ya no los tiene", ha añadido.

Tras subrayar que económicamente "una Cataluña independiente es viable", Pujol ha admitido que aún se podría objetar que no hay que "poner en peligro la cohesión interna catalana" con planteamientos independentistas, un argumento que a menudo utiliza Artur Mas para enfriar las expectativas de un referéndum de autodeterminación."Pero incluso este (argumento) pierde peso a medida que se acentúa tanto el trato económico discriminatorio, con repercusiones sociales y humanas. Ahora no tiene argumentos políticos y cada vez menos argumentos sentimentales. O económicos", ha agregado.

La alternativa española equivales a «rendirse», dice PujolAunque ha reconocido que la "opción independentista es de difícil realización", Pujol ha advertido de que la otra alternativa es la que "impone" España y que "equivale a rendirse" y a "aceptar la marginación y el ahogo de Cataluña". Esta última opción sería el "final colectivo" de Cataluña, por lo que, "llegado el caso, gente que nunca habría soñado con hacerlo, votaría independencia", ha afirmado.

«Autogobierno muy limitado»
Según el ex presidente de la Generalitat, "habría habido una manera de evitar esto: que se hubiese aceptado que Cataluña es un pueblo con personalidad propia, con derecho a ser respetado y considerado como tal. Y esto era posible dentro de España". A su juicio, "hace unos años" parecía que se podría evitar que Cataluña se viese ante la disyuntiva de elegir entre "la España que el Tribunal Constitucional ha dibujado" o la independencia.
«La alternativa ya solo puede ser la independencia»Para Pujol, antes "parecía viable" una "evolución favorable de la interpretación de la Constitución", con el "reconocimiento de la personalidad propia y diferenciada de Cataluña", que comportaría una "contribución leal y a fondo por parte de Cataluña al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España". "Esto ha fracasado. Desde hace unos años se ha ido consolidando un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo, es decir, de autogobierno muy limitado y sometido a un creciente ahogo financiero", ha denunciado.
Pero en este momento, según Pujol, "es ingenuo pensar que se podrá frenar el proceso de ir atornillando la autonomía y, de hecho, la identidad, el autogobierno, la economía de Cataluña, con nuevas negociaciones, como pretenden aún algunos socialistas catalanes". "Si algún cambio puede haber de momento, más fácil es que sea por mal que por bien. Por lo tanto, la alternativa a esto ahora ya sólo podría ser la independencia", ha sentenciado.
"Mientras esperamos el día de un hipotético referéndum oficial y vinculante, los catalanes un objetivo claro sí que tenemos: reforzarnos internamente", ha concluido.

Puf

El último remedio para las cajas revela el enésimo error de cálculo del Gobierno y su improvisación en un sector estratégico para salir de la depresión


El Gobierno ha decidido apretar las tuercas de las cajas de ahorros una vez demostradas las carencias de la última Ley de Órganos Rectores (LORCA), aprobada en julio a instancias del propio sector. Las presiones del Banco de España para propiciar las llamadas «fusiones frías» de las cajas solo sirvieron como coartada legal en la financiación de los casi 12.000 millones aportados a estas entidades financieras por parte del Estado a través del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB).
Sin embargo, las cajas han empleado estos recursos para ajustar sus estructuras laborales, pero no han culminado el saneamiento de sus balances, lo que ha obligado al Ministerio de Economía a una nueva actuación a la desesperada con el fin de cumplir los requisitos impuestos por Alemania y el resto de la Unión Europea.
Las nuevas medidas de recapitalización anunciadas por Elena Salgado suponen un coste añadido para el erario público que medios oficiales estiman en no más de 20.000 millones, aun cuando todos los analistas internacionales aseguran que el agujero inmobiliario de las cajas de ahorros es mucho mayor. En realidad, el Gobierno no pretende tapar de golpe todos los activos dudosos acumulados durante la era de la abundancia en el sector del ladrillo, sino, más bien, asegurar los niveles de capital adecuados para que las cajas puedan restaurar el crédito a las empresas y a las familias.

Zapatero trata así de dar un golpe en la mesa que resuene en Bruselas, poniendo de relieve la necesidad urgente de alcanzar niveles de solvencia en un sistema financiero que él mismo definió no hace tanto tiempo como el mejor del mundo occidental, craso y enésimo error de cálculo que evidencia la improvisación de la política económica en uno de los sectores estratégicos para salir de la depresión económica que padece España.
Ahora habrá que actuar deprisa y corriendo para salvar a las cajas con nuevos recursos públicos, lo que dará lugar a su nacionalización efectiva y al consiguiente enfrentamiento con los diferentes gobiernos regionales afectados.
Quizá por eso el Gobierno socialista haya ampliado el margen de actuación hasta septiembre, para no interferir en el actual proceso electoral de comunidades autónomas y ayuntamientos. Una vez más, la búsqueda de soluciones a la crisis, por muy grave que se presente la situación, queda supeditada al calendario político.