jueves, 12 de junio de 2008

Igualdad, legalidad, sentido común y coherencia




La decisión del Gobierno balear de imponer el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza pública en educación infantil, primaria y secundaria es un nuevo ejemplo del sectarismo con el que el PSOE se desenvuelve allá donde le haga falta para satisfacer las veleidades de los nacionalistas.

En este caso, la cesión ante el pancatalanismo del variopinto Bloc que sustenta a Francesc Antich -PSM, IU, Los Verdes y ERC- ofrece a la ministra de Igualdad un motivo real, no de cartón piedra, para dotar de algún contenido a su departamento porque, sencillamente, se va a hurtar a miles de niños el derecho a estudiar en castellano.
El modelo lingüístico impuesto no va dirigido al fomento de la pluralidad que pregona el PSOE con tanto ahínco como cinismo, sino a la identificación de los alumnos desde su más temprana edad con los postulados de un nacionalismo discriminatorio y excluyente.
Al marginar el castellano, el Gobierno balear no sólo rehúye aquí un mandato constitucional; también atenta contra las más elementales normas del sentido común.

El tripartito ofrece clases de rumano mientras no aplica la tercera hora en castellano
Rumano, «amazig», quechua e incluso urdú. El gobierno catalán no muestra reparo al dispensar atenciones a estas lenguas pero se cierra en banda a la hora de impartir la tercera hora de castellano en los colegios.
Apenas veinticuatro horas después de que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, lanzara públicamente la advertencia a Cataluña de que debe cumplir con los mínimos de enseñanza del español, la Generalitat ratificó ayer su apuesta por el multilingüismo y se comprometió a enseñar rumano en los colegios, aunque fuera del horario lectivo.

Convenio de colaboración.
Lo acordó formalmente el consejero de Educación del gobierno catalán, Ernest Maragall, con la embajadora de Rumanía en España, María Ligor. Este convenio de colaboración se enmarca en el Proyecto de Enseñanza de la Lengua y la Cultura Rumana, impulsado por el departamento que dirige Maragall.
Un total de 179 alumnos se han inscrito ya en estas clases, aunque la intención de la Generalitat es que «todos los que lo deseen puedan apuntarse». La iniciativa pretende, según explicó el consejero socialista, reforzar los vínculos de estos estudiantes inmigrantes con su lengua materna.
«Se trata de que estos jóvenes que estarán en nuestras escuelas y que obviamente harán el proceso de aprendizaje en catalán, tengan la posibilidad de trabajar en su propia lengua y cultura en horario no lectivo», explicó el consejero socialista.
«Mantener sus raíces».
Añadió que «estos alumnos deben mantener sus raíces y las identidades y eso facilita que estos alumnos se sientan más en casa y que sepan que Cataluña es tierra de acogida en el sentido más amplio de la palabra».
Convivencia Cívica coincide plenamente con esta declaración. Por este mismo motivo, denuncia la falta de consideración hacia el alumnado castellanohablante, «no sólo porque está demostrado con los informes de los centros de que no se cumple con los mínimos de castellano, sino porque, además, han decidido por razones estrictamente políticas retrasar un año su aplicación», indicó en declaró Francisco Caja.

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