Dos Editoriales de ABC:La Academia y la realidad social
LA defensa de la lengua común de todos los españoles es un deber constitucional que incumbe a muchos organismos culturales y a todos los poderes públicos. En ocasiones, la promoción del castellano constituye la razón de ser de una institución, como es el caso evidente de la Real Academia Española. Más allá de cuestiones gramaticales y lingüísticas, la seña de identidad de esta venerable corporación es el impulso del tesoro cultural que compartimos más de 440 millones de personas en todo el mundo. «Fija, limpia y da esplendor» es sin duda un excelente programa de actuación que no se reduce a la sintaxis o a la literatura, sino también a la defensa social del idioma con toda la firmeza que exige una causa tan noble. Resulta sorprendente por ello la falta de sensibilidad de ciertas instancias académicas ante la propuesta de un pronunciamiento razonable y ponderado de la institución sobre las dificultades que sufre la lengua común en el ámbito educativo y en el espacio público de determinadas comunidades autónomas. No es lógico, en efecto, que asuntos que preocupan a una gran mayoría de ciudadanos y que tienen eco con frecuencia en los medios de comunicación no sean motivo de acuerdos corporativos por parte de quienes tienen la máxima responsabilidad en este terreno. Víctor García de la Concha, director de la docta institución, tiene una ocasión de oro para explicar las circunstancias que han dado lugar a esta pasividad, que no resulta fácil de comprender.
Bajo la falacia de la «normalización» lingüística se esconde con frecuencia la pura y simple persecución del castellano y sus hablantes. Hoy publica ABC un reportaje muy significativo acerca de los problemas reales que sufren muchos ciudadanos españoles que sólo pretenden que se cumpla la Constitución y que no se ofenda al sentido común. No son problemas teóricos ni de pura interpretación jurídica, sino abusos que cometen ciertos gobiernos autonómicos ante los cuales la gente se siente indefensa. Es inaceptable la situación del niño obligado a realizar una tutoría en catalán o del padre que debe enviar a sus hijos a otra localidad en el País Vasco para ejercer la opción por la enseñanza en castellano. Galicia también se ha sumado a este acoso a quienes pretenden vivir en la plenitud de derechos que corresponde a una democracia constitucional y no se dejan amedrentar por el dogmatismo de unos y el oportunismo de otros. El Gobierno mira para otro lado con tal de no molestar a esos socios radicales que permiten a los socialistas gobernar en Cataluña, Galicia o Baleares o a determinados sectores de votantes que pueden decidir las próximas elecciones vascas. Entre el activismo sectario de unos cuantos y la pasividad cómplice de otros muchos, la realidad confirma las peores expectativas: la lengua de dimensión universal que es común a todos los españoles sufre discriminación en algunas zonas -cada vez más amplias- del territorio nacional.
Las cosas no pueden seguir así. Un ley orgánica de defensa del castellano en desarrollo de los derechos fundamentales en el plano social y educativo sería una solución razonable, si bien -por desgracia- es del todo improbable que Rodríguez Zapatero asuma esta propuesta del PP. A su vez, la RAE debe reconsiderar su postura y cumplir sin restricciones con los deberes inherentes a su alta responsabilidad institucional, poniendo en el empeño todo el prestigio que le reconoce la sociedad española. Los ciudadanos somos iguales en cualquier parte del territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y con la única interpretación acorde con la naturaleza de nuestro Estado democrático de Derecho. Por ello, vivir en castellano en cualquier parte de España es una opción que los poderes públicos tienen el deber de garantizar sin merma alguna para el respeto y reconocimiento debido a las demás lenguas españolas, que enriquecen nuestro patrimonio cultural.
El CIS desnuda al Gobierno
El dato hecho público por el CIS, según el cual el índice de preocupación de los españoles por el calado de la crisis y por las cifras del paro se ha triplicado en un año, no es baladí y debería inquietar al Gobierno más de lo que aparentemente lo hace. Los mensajes tranquilizadores ya no sirven de nada porque los españoles saben cómo cada mes que pasa se resienten más sus bolsillos. Hace un año, la situación económica era la principal preocupación para el 15,5 por ciento de los españoles; en mayo -fecha de la encuesta del CIS- lo era para el 52, cifra casi idéntica a quienes perciben en la creciente tasa de desempleo su gran temor. Y prácticamente la mitad de los españoles cree además que la coyuntura económica empeorará en los próximos meses. Es más, si la encuesta del CIS se hubiese realizado en junio, muy probablemente esos porcentajes habrían sido aún mayores porque el deterioro de nuestra economía avanza a pasos agigantados. Buena prueba de ello son los pésimos datos conocidos en las últimas fechas sobre la significativa caída del consumo de los hogares y el incremento del IPC. La preocupación que muestra de modo más o menos reservado el mundo de las finanzas en España, tal como hoy publica ABC, es otro dato que no ha de caer en saco roto. Es indudable que las propagandísticas medidas adoptadas por el Gobierno contra la crisis se están revelando ineficaces. Incluso, ha tenido que echar mano del superávit de las cuentas públicas para tratar de sacudirse la presión. Y esa es la peor señal posible.
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