No se puede seguir argumentando que los problemas de la economía española son consecuencia de la crisis financiera internacional
La OCDE acaba de echar por tierra uno de los grandes mensajes económicos del presidente del Gobierno. En el pasado, Zapatero ha exhibido con orgullo que la economía española crecía por encima de la media de la Unión Europea para defenderse de las críticas hacia su inexistente política económica. Ahora seguía insistiendo en el mismo mensaje para acallar las críticas por la falta de respuesta del Ejecutivo a la crisis económica y a la gravedad de la misma. La OCDE, sin embargo, acaba de dejarle sin argumentario.
Lo que dice la OCDE, que España crecerá por primera vez por debajo de la Eurozona, que lo hará el 1,5 por ciento este año y el 1,3 por ciento el próximo, tiene mucha importancia. Este organismo multilateral, un club de las economías más industrializadas del planeta, jamás emite un informe sin que previamente su contenido haya sido consultado con los respectivos gobiernos afectados, los cuales pueden sugerir matices y modificaciones. Pues ni con esas el Ejecutivo ha conseguido que los cálculos de la OCDE respalden el mensaje de Zapatero, cálculos que, por otra parte, están en consonancia con los de la Comisión Europea. Bruselas no solo prevé que la economía española crezca por debajo del promedio de la UE sino que, además, constata que esto ya está sucediendo, después de publicar el martes las cifras de crecimiento económico de los 27 Estados miembros, entre los cuales la tasa española es la cuarta más baja de todas.
La lectura de semejantes datos tiene tres implicaciones fundamentales.
La OCDE acaba de echar por tierra uno de los grandes mensajes económicos del presidente del Gobierno. En el pasado, Zapatero ha exhibido con orgullo que la economía española crecía por encima de la media de la Unión Europea para defenderse de las críticas hacia su inexistente política económica. Ahora seguía insistiendo en el mismo mensaje para acallar las críticas por la falta de respuesta del Ejecutivo a la crisis económica y a la gravedad de la misma. La OCDE, sin embargo, acaba de dejarle sin argumentario.
Lo que dice la OCDE, que España crecerá por primera vez por debajo de la Eurozona, que lo hará el 1,5 por ciento este año y el 1,3 por ciento el próximo, tiene mucha importancia. Este organismo multilateral, un club de las economías más industrializadas del planeta, jamás emite un informe sin que previamente su contenido haya sido consultado con los respectivos gobiernos afectados, los cuales pueden sugerir matices y modificaciones. Pues ni con esas el Ejecutivo ha conseguido que los cálculos de la OCDE respalden el mensaje de Zapatero, cálculos que, por otra parte, están en consonancia con los de la Comisión Europea. Bruselas no solo prevé que la economía española crezca por debajo del promedio de la UE sino que, además, constata que esto ya está sucediendo, después de publicar el martes las cifras de crecimiento económico de los 27 Estados miembros, entre los cuales la tasa española es la cuarta más baja de todas.
La lectura de semejantes datos tiene tres implicaciones fundamentales.
*.- La primera de ellas es que ya no se puede seguir argumentando que los problemas de la economía española son consecuencia de la crisis financiera internacional.
Esta, por supuesto, influye, aquí y en el resto de Europa. Pero si solo fuera por eso, las cifras de nuestro país, tanto las del primer trimestre como las previsiones, serían mucho mejores y estarían en consonancia con el resto de la UE.
La diferencia estriba en que aquí, además de la crisis financiera internacional, hay factores propios, como el estallido de la burbuja inmobiliaria, la mayor dependencia del petróleo, la ausencia de alternativas a la construcción como motor del crecimiento, el diferencial de inflación, el alto déficit exterior, que ya ronda el 10 por ciento del PIB, o la ausencia de política económica y reformas estructurales en los últimos años.
Ahí reside la verdadera naturaleza de nuestros problemas, que son propios, no importados, y no en la crisis financiera, que no deja de ser un factor más dentro de la crisis, pero no el único ni el más importante.
*.- La derivada de todo lo anterior, que es la segunda implicación, es que ha dejado en papel mojado la última rebaja de las previsiones económicas que acaba de realizar el Gobierno.
*.- La derivada de todo lo anterior, que es la segunda implicación, es que ha dejado en papel mojado la última rebaja de las previsiones económicas que acaba de realizar el Gobierno.
Los cálculos de la OCDE, como los de la Comisión Europea, no solo ponen en entredicho las cuentas que realiza el equipo de Pedro Solbes. Es que, además de desmentirlas, aumenta la desconfianza sobre la economía española y el Gobierno, un Ejecutivo incapaz de reconocer la realidad.
Todo esto lo tienen en cuenta los inversores internacionales, no solo los financieros sino también todos aquellos que se plantean abrir fábricas y oficinas fuera de su país de origen. España viene perdiendo desde hace algunos años puestos en la clasificación internacional de países más atractivos para la inversión extranjera. Con esta política de tratar de ocultar la realidad de la crisis y su posterior desmentido por los organismos internacionales, perderá más puestos aún porque el mensaje que están percibiendo los inversores internacionales es que aquí las autoridades no dicen la verdad, lo que constituye un factor de riesgo para las inversiones.
*.- La tercera implicación es que por primera vez, después de quince años avanzando en la convergencia real con la UE, o sea, acercándonos en nivel de renta, España va a empezar a perder terreno. Y lo malo no es que lo pierda durante un ejercicio o dos; lo malo es que puede estar haciéndolo durante bastante tiempo y ahora ya no tenemos tanta ayuda de la Unión Europea como en los últimos veinte años para conseguir acortar esas distancias con tasas de crecimiento superiores al promedio comunitario.
*.- La tercera implicación es que por primera vez, después de quince años avanzando en la convergencia real con la UE, o sea, acercándonos en nivel de renta, España va a empezar a perder terreno. Y lo malo no es que lo pierda durante un ejercicio o dos; lo malo es que puede estar haciéndolo durante bastante tiempo y ahora ya no tenemos tanta ayuda de la Unión Europea como en los últimos veinte años para conseguir acortar esas distancias con tasas de crecimiento superiores al promedio comunitario.
Esos fondos son menos, porque tras las dos últimas ampliaciones son muchos más países, y mucho más necesitados que España, los que entran en el reparto de la tarta, y también porque los niveles de convergencia alcanzados en el pasado reciente han hecho que, de acuerdo con las normas de los fondos estructurales y el fondo de cohesión, España pierda el derecho a seguir percibiendo tanto dinero como antes de ellos.
Todo ello debería suscitar un profundo ejercicio de reflexión en el seno del Gobierno acerca de los mensajes oficiales sobre la crisis y las medidas que debe tomar para afrontarla. Ya no vale seguir negando la realidad porque hay otros que se encargan de sacarla a la luz, ya no vale seguir diciendo que creceremos más que la UE porque no es verdad, ya no vale culpar a la crisis financiera internacional o al petróleo de nuestros problemas porque nuestros problemas son eso, nuestros.
Todo ello debería suscitar un profundo ejercicio de reflexión en el seno del Gobierno acerca de los mensajes oficiales sobre la crisis y las medidas que debe tomar para afrontarla. Ya no vale seguir negando la realidad porque hay otros que se encargan de sacarla a la luz, ya no vale seguir diciendo que creceremos más que la UE porque no es verdad, ya no vale culpar a la crisis financiera internacional o al petróleo de nuestros problemas porque nuestros problemas son eso, nuestros.
Aquí ya solo vale admitir las cosas como son y empezar a trabajar seriamente en resolverlas, haciendo lo que hay que hacer. Lo que no sirve es mandar mensajes de supuesto optimismo en medio de la tormenta, ni anunciar medidas por anunciar medidas; lo que sirve es empezar a actuar mediante las reformas estructurales que necesita la economía española. Es el único camino para salir de la que se nos está viniendo encima.
Crisis
La subida a máximos históricos que está registrando el Euribor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas y su revisión, augura nuevas dificultades para la economía española. El movimiento al alza que viene registrando a lo largo de los últimos días está anticipando un escenario de inflación, como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo y los alimentos, que va a obligar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. De hecho, el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, ha anunciado recientemente que en julio empezará a subir los tipos.
Este endurecimiento de la política monetaria viene en un mal momento para la economía europea y, sobre todo, para la española. El crecimiento económico en la UE apenas se sostiene mientras España probablemente ya está en recesión, de acuerdo con los últimos datos económicos y con el informe al respecto que acaba de publicar el banco de negocios suizo UBS. Una subida de tipos de interés en estos momentos provocará, con toda probabilidad, nuevas caídas del crecimiento o, en el caso español, una profundización todavía mayor de la crisis económica. Por ello, el Fondo Monetario Internacional recomendó recientemente al BCE que no subiera los tipos. Pero una cosa son los buenos deseos y otra la realidad, y la realidad es que la Unión Europea empieza a tener problemas de inflación, que no van a desaparecer de la noche a la mañana, lo cual exige incrementar el precio del dinero para evitar males todavía mayores.
Lo malo de estos movimientos del Euribor, y del cambio de sesgo en la política monetaria del BCE, no es sólo que vengan en unos momentos de debilidad del crecimiento económico; es, también, que se producen cuando la crisis financiera internacional todavía está vivita y coleando y, en consecuencia, el crédito sigue siendo escaso en los mercados internacionales, lo que está dificultando la financiación de la economía y repercutiendo de forma negativa en el crecimiento y el empleo. La subida del Euribor, como la que va a seguir de los tipos del BCE, va a echar todavía más leña al fuego. Y es que estamos en una situación, sobre todo en España, en la que todo lo que puede ir mal va mal, o incluso peor, sin que nadie dé una respuesta política al respecto.
Pocas cosas podrían ser peores para la economía española. Si la crisis ya está golpeando aquí con bastante más dureza e intensidad que en el resto de la UE, la debilidad estructural de nuestra economía va a hacer que el impacto de esos incrementos de tipos sea mucho más importante por estos pagos que en otros Estados miembros de la UE. Aquí las familias ya están con el agua al cuello para llegar a fin de mes y lo único que anticipa el Euribor es que lo van a pasar todavía peor con el pago de su hipoteca, a lo que hay que añadir la subida de la luz, del petróleo, de los alimentos y de todo cuanto se está encareciendo como consecuencia de ello. Con las empresas va a empezar a ocurrir tres cuartos de lo mismo, todo lo cual provocará más caídas del crecimiento y más aumentos del paro, deteriorando aún más si cabe los presupuestos públicos, llevándolos al déficit.
La situación de nuestra economía, por tanto, se complica cada vez más y de forma muy grave, no solo por la naturaleza de la crisis sino porque varios años de parálisis en la política económica no han preparado a nuestro país para afrontar lo que en parte se veía venir –el estallido de la burbuja inmobiliaria, el encarecimiento del petróleo– y lo que en parte nos ha cogido por sorpresa –la crisis de las hipotecas subprime, la subida de los alimentos–. Lo que no sé es dónde van a encontrar agujeros los españoles para seguir apretándose el cinturón, porque a muchos ya no les quedan.
Adiós al superávit
Cuando el Gobierno es parte del problema En el mejor de los casos la pasividad del Ejecutivo es total y, en el peor, surgen de él propuestas y declaraciones contrarias a la realidad.
La crisis que está viviendo la economía española tiene características muy particulares respecto de crisis anteriores. Por primera vez no se puede devaluar para resolver los problemas de fuerte déficit exterior, que va a más en lugar de menguar, como es propio en los tiempos de dificultades y de pérdida de competitividad. Tampoco se trata de una crisis cíclica, sino que viene precedida del estallido de la burbuja inmobiliaria, con todas sus consecuencias negativas sobre el crecimiento y el empleo. Asimismo, por primera vez, mientras la economía se encamina a pasos agigantados hacia la recesión, la inflación va a más, como consecuencia, entre otras razones, del crecimiento de los precios internacionales de la energía y los alimentos, cuando en otras circunstancias tendría que reducirse a causa de la fuerte caída que está experimentando el consumo. Los tipos de interés, en lugar de estar a punto de tocar techo, o empezar a bajar, más bien apuntan hacia todo lo contrario. Todas estas circunstancias, que alguien ha calificado ya como "la tormenta perfecta", hacen que la crisis actual sea única. Pero lo más llamativo de todos los aspectos diferenciales con relación a crisis anteriores es que el Gobierno se ha convertido en parte de la misma.
En el pasado, cuando llegaban los tiempos de dificultades, los Gobiernos las afrontaban, con más o menos acierto, pero las afrontaban. De la crisis de 1993, por ejemplo, resultó el primer intentó de reforma laboral y del gasto público. La de 1986 fue el resultado de la necesaria reconversión industrial y de la agricultura para ser miembros de la Unión Europea y para permitir que la economía española pudiera sobrevivir en el mundo de la globalización. La de finales de los 70 fue la consecuencia de no haber hecho prácticamente nada durante los últimos años del franquismo para lidiar con la primera crisis del petróleo, pero, por lo menos, se firmaron los Pactos de La Moncloa para tratar de evitar que los males fueran a más mientras se completaba la transición hacia la democracia. Incluso en aquellos tiempos tan difíciles el Gobierno, cuya principal prioridad era la salida pacífica de la dictadura hacia un régimen de libertades, a la cual se sacrificó la economía, tomó medidas para tratar de atajar los problemas. Ahora, en cambio, en el mejor de los casos la pasividad del Ejecutivo es total y, en el peor, surgen de él propuestas y declaraciones contrarias a la realidad.
Los precios son un asunto del nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene mucho que decir porque él conserva las competencias en materia de comercio. Todo el mundo, empezando por la propia Comisión Europea, coincide en señalar la necesidad de inyectar nuevas dosis de competencia en el sector comercial para contener o moderar el impacto inflacionista de la subida de los precios de los alimentos.
Sebastián, en cambio, no solo no dice ni hace nada al respecto sino que se contenta con señalar que el diferencial de precios con la UE se mantiene en un punto, cuando, en realidad, está creciendo. Pero es que, aunque se mantuviera constante, está deteriorando nuestra competitividad, como puso de manifiesto un estudio reciente de Caixa de Catalunya, lo que explica, en parte, que el déficit exterior vaya a más y que la economía española no tenga por ahora una alternativa como motor de crecimiento al maltrecho sector de la construcción.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha admitido la necesidad urgente de poner en marcha un plan de choque para afrontar el problema del desempleo, para decir a continuación que había que pensarlo despacio.
Hay que hacer una reforma laboral, que debía haberse hecho en la pasada legislatura, en un momento difícil, en plena crisis, cuando ni los sindicatos ni la sociedad aceptarán los sacrificios que dicha reforma impone a corto plazo para que las cosas, después, mejoren sensiblemente.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, jamás dice aquí cómo están las cosas, pese a que lo sabe perfectamente, y hay que esperar a que le entreviste un medio extranjero, Le Nouvel Observateur, para que reconozca que, probablemente, en 2009 habrá déficit público. De su departamento no sale una sola medida para afrontar la que está cayendo ni, por desgracia, tiene preparado plan alguno pese a que sabía desde hace más de un año la que se nos venía encima.
Zapatero debería estar liderando y respaldando una política económica para afrontar una crisis que tiene, en parte, una naturaleza coyuntural y, en parte también, un origen estructural. Sin embargo, Zapatero no está por la labor, sino todo lo contrario.
Sigue pretendiendo que estamos en el país de las maravillas, diciendo que vamos a crecer por encima de la media de la Unión Europea –habrá que verlo– y sigue prometiendo más y más gasto público cuando los ingresos presupuestarios se han desplomado; algo que, de llevarse a cabo, agravará todavía más las cosas.
La última encuesta del CIS señala que la principal preocupación de los españoles es la situación económica. No es para menos. Con un Gobierno que no toma medidas, con unos ministros que se contradicen unos a otros y niegan la existencia de la crisis y su propia naturaleza, y con un presidente que, lejos de liderar una estrategia para superar pronto los problemas y de la mejor manera posible, se dedica a hacer propuestas irreales e irrealizables, no es de extrañar que la confianza de los consumidores y las empresas esté bajo mínimos. Y es que, en este caso, el Gobierno se ha convertido en parte de la crisis, lo cual es inaudito. (recensión tomando como base artículos de Emilio J. González)
Crisis
La subida a máximos históricos que está registrando el Euribor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas y su revisión, augura nuevas dificultades para la economía española. El movimiento al alza que viene registrando a lo largo de los últimos días está anticipando un escenario de inflación, como consecuencia del encarecimiento del precio del petróleo y los alimentos, que va a obligar al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. De hecho, el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, ha anunciado recientemente que en julio empezará a subir los tipos.
Este endurecimiento de la política monetaria viene en un mal momento para la economía europea y, sobre todo, para la española. El crecimiento económico en la UE apenas se sostiene mientras España probablemente ya está en recesión, de acuerdo con los últimos datos económicos y con el informe al respecto que acaba de publicar el banco de negocios suizo UBS. Una subida de tipos de interés en estos momentos provocará, con toda probabilidad, nuevas caídas del crecimiento o, en el caso español, una profundización todavía mayor de la crisis económica. Por ello, el Fondo Monetario Internacional recomendó recientemente al BCE que no subiera los tipos. Pero una cosa son los buenos deseos y otra la realidad, y la realidad es que la Unión Europea empieza a tener problemas de inflación, que no van a desaparecer de la noche a la mañana, lo cual exige incrementar el precio del dinero para evitar males todavía mayores.
Lo malo de estos movimientos del Euribor, y del cambio de sesgo en la política monetaria del BCE, no es sólo que vengan en unos momentos de debilidad del crecimiento económico; es, también, que se producen cuando la crisis financiera internacional todavía está vivita y coleando y, en consecuencia, el crédito sigue siendo escaso en los mercados internacionales, lo que está dificultando la financiación de la economía y repercutiendo de forma negativa en el crecimiento y el empleo. La subida del Euribor, como la que va a seguir de los tipos del BCE, va a echar todavía más leña al fuego. Y es que estamos en una situación, sobre todo en España, en la que todo lo que puede ir mal va mal, o incluso peor, sin que nadie dé una respuesta política al respecto.
Pocas cosas podrían ser peores para la economía española. Si la crisis ya está golpeando aquí con bastante más dureza e intensidad que en el resto de la UE, la debilidad estructural de nuestra economía va a hacer que el impacto de esos incrementos de tipos sea mucho más importante por estos pagos que en otros Estados miembros de la UE. Aquí las familias ya están con el agua al cuello para llegar a fin de mes y lo único que anticipa el Euribor es que lo van a pasar todavía peor con el pago de su hipoteca, a lo que hay que añadir la subida de la luz, del petróleo, de los alimentos y de todo cuanto se está encareciendo como consecuencia de ello. Con las empresas va a empezar a ocurrir tres cuartos de lo mismo, todo lo cual provocará más caídas del crecimiento y más aumentos del paro, deteriorando aún más si cabe los presupuestos públicos, llevándolos al déficit.
La situación de nuestra economía, por tanto, se complica cada vez más y de forma muy grave, no solo por la naturaleza de la crisis sino porque varios años de parálisis en la política económica no han preparado a nuestro país para afrontar lo que en parte se veía venir –el estallido de la burbuja inmobiliaria, el encarecimiento del petróleo– y lo que en parte nos ha cogido por sorpresa –la crisis de las hipotecas subprime, la subida de los alimentos–. Lo que no sé es dónde van a encontrar agujeros los españoles para seguir apretándose el cinturón, porque a muchos ya no les quedan.
Adiós al superávit
Cuando el Gobierno es parte del problema En el mejor de los casos la pasividad del Ejecutivo es total y, en el peor, surgen de él propuestas y declaraciones contrarias a la realidad.
La crisis que está viviendo la economía española tiene características muy particulares respecto de crisis anteriores. Por primera vez no se puede devaluar para resolver los problemas de fuerte déficit exterior, que va a más en lugar de menguar, como es propio en los tiempos de dificultades y de pérdida de competitividad. Tampoco se trata de una crisis cíclica, sino que viene precedida del estallido de la burbuja inmobiliaria, con todas sus consecuencias negativas sobre el crecimiento y el empleo. Asimismo, por primera vez, mientras la economía se encamina a pasos agigantados hacia la recesión, la inflación va a más, como consecuencia, entre otras razones, del crecimiento de los precios internacionales de la energía y los alimentos, cuando en otras circunstancias tendría que reducirse a causa de la fuerte caída que está experimentando el consumo. Los tipos de interés, en lugar de estar a punto de tocar techo, o empezar a bajar, más bien apuntan hacia todo lo contrario. Todas estas circunstancias, que alguien ha calificado ya como "la tormenta perfecta", hacen que la crisis actual sea única. Pero lo más llamativo de todos los aspectos diferenciales con relación a crisis anteriores es que el Gobierno se ha convertido en parte de la misma.
En el pasado, cuando llegaban los tiempos de dificultades, los Gobiernos las afrontaban, con más o menos acierto, pero las afrontaban. De la crisis de 1993, por ejemplo, resultó el primer intentó de reforma laboral y del gasto público. La de 1986 fue el resultado de la necesaria reconversión industrial y de la agricultura para ser miembros de la Unión Europea y para permitir que la economía española pudiera sobrevivir en el mundo de la globalización. La de finales de los 70 fue la consecuencia de no haber hecho prácticamente nada durante los últimos años del franquismo para lidiar con la primera crisis del petróleo, pero, por lo menos, se firmaron los Pactos de La Moncloa para tratar de evitar que los males fueran a más mientras se completaba la transición hacia la democracia. Incluso en aquellos tiempos tan difíciles el Gobierno, cuya principal prioridad era la salida pacífica de la dictadura hacia un régimen de libertades, a la cual se sacrificó la economía, tomó medidas para tratar de atajar los problemas. Ahora, en cambio, en el mejor de los casos la pasividad del Ejecutivo es total y, en el peor, surgen de él propuestas y declaraciones contrarias a la realidad.
Los precios son un asunto del nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene mucho que decir porque él conserva las competencias en materia de comercio. Todo el mundo, empezando por la propia Comisión Europea, coincide en señalar la necesidad de inyectar nuevas dosis de competencia en el sector comercial para contener o moderar el impacto inflacionista de la subida de los precios de los alimentos.
Sebastián, en cambio, no solo no dice ni hace nada al respecto sino que se contenta con señalar que el diferencial de precios con la UE se mantiene en un punto, cuando, en realidad, está creciendo. Pero es que, aunque se mantuviera constante, está deteriorando nuestra competitividad, como puso de manifiesto un estudio reciente de Caixa de Catalunya, lo que explica, en parte, que el déficit exterior vaya a más y que la economía española no tenga por ahora una alternativa como motor de crecimiento al maltrecho sector de la construcción.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha admitido la necesidad urgente de poner en marcha un plan de choque para afrontar el problema del desempleo, para decir a continuación que había que pensarlo despacio.
Hay que hacer una reforma laboral, que debía haberse hecho en la pasada legislatura, en un momento difícil, en plena crisis, cuando ni los sindicatos ni la sociedad aceptarán los sacrificios que dicha reforma impone a corto plazo para que las cosas, después, mejoren sensiblemente.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, jamás dice aquí cómo están las cosas, pese a que lo sabe perfectamente, y hay que esperar a que le entreviste un medio extranjero, Le Nouvel Observateur, para que reconozca que, probablemente, en 2009 habrá déficit público. De su departamento no sale una sola medida para afrontar la que está cayendo ni, por desgracia, tiene preparado plan alguno pese a que sabía desde hace más de un año la que se nos venía encima.
Zapatero debería estar liderando y respaldando una política económica para afrontar una crisis que tiene, en parte, una naturaleza coyuntural y, en parte también, un origen estructural. Sin embargo, Zapatero no está por la labor, sino todo lo contrario.
Sigue pretendiendo que estamos en el país de las maravillas, diciendo que vamos a crecer por encima de la media de la Unión Europea –habrá que verlo– y sigue prometiendo más y más gasto público cuando los ingresos presupuestarios se han desplomado; algo que, de llevarse a cabo, agravará todavía más las cosas.
La última encuesta del CIS señala que la principal preocupación de los españoles es la situación económica. No es para menos. Con un Gobierno que no toma medidas, con unos ministros que se contradicen unos a otros y niegan la existencia de la crisis y su propia naturaleza, y con un presidente que, lejos de liderar una estrategia para superar pronto los problemas y de la mejor manera posible, se dedica a hacer propuestas irreales e irrealizables, no es de extrañar que la confianza de los consumidores y las empresas esté bajo mínimos. Y es que, en este caso, el Gobierno se ha convertido en parte de la crisis, lo cual es inaudito. (recensión tomando como base artículos de Emilio J. González)
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