Descentralización territorial asimétrica y desarrollo económico

Crisis económica y Descentralización Territorial asimétrica del Estado. Luis Sastre, Profesor Titular de Macroeconomía.10 de junio de 2008
Estamos viviendo, en España, la conjunción de un proceso político de reorganización territorial de corte confederal asimétrico que coincide con la aparición, en sus primeras fases, de una crisis económica que se plasma, entre otros indicadores, en reducciones en las tasas de crecimiento del PIB y aumento del desempleo acompañados de una elevada tasa de inflación (en términos absolutos y relativos) en relación con nuestros socios y competidores de la zona euro.

Nuestros políticos preeminentes han establecido correlaciones, a nuestro entender espurias, entre descentralización y desarrollo económico.

Reflexionemos sobre este proceso amenaza con introducir al sistema económico de nuestro país en un circulo vicioso de recesión, paro e inflación, con el agravante de una organización territorial del poder político que, en lugar de ayudar a superar la crisis, colabore a mantenerla y ampliarla.

Desde una perspectiva económica, la descentralización del gasto público tiene su lado positivo en la proximidad con los problemas de los gestores del mismo, lo que mejoraría su eficiencia. Su lado negativo descansaría en el hecho de que el aumento en el número de gestores, genera tensiones entre los mismos por aumentar el volumen que cada uno controla.

En el caso español, con una distribución asimétrica entre comunidades de las competencias políticas y los recursos económicos, la capacidad de gasto se convierte en el último ratio que el político presenta a sus electores como prueba de la eficacia de su gestión, dificultando el control y primando la presión política y en algunos casos la violencia para su distribución.

Esto convierte la asignación del gasto público en un juego en el que los agentes que intervienen obtienen beneficios del incumplimiento de las reglas, por lo que el juego no tiene solución matemática de equilibrio.

La única política posible del gobierno central consiste en aumentar el volumen de gasto y la promesa de cambio de las normas a favor de los más conflictivos para conseguir diluir el problema en el tiempo.
Los últimos cuatro años tuvieron elevadas tasas de crecimiento del PIB con un proceso de descentralización territorial asimétrica que se plasmó en la revisión y modificación de numerosos estatutos de autonomía (a pesar de la escasa participación electoral e interés que despertaron entre los votantes en aquellos casos en los que, por Ley, debían ser refrendados por votación popular)

Estos dos hechos juntos han servido para afianzar la idea de que todo proceso de descentralización es positivo desde la perspectiva del crecimiento económico.
Pero el desarrollo económico ha tenido poco que ver con la organización territorial del Estado y sí con la incorporación de nuestro país a la zona euro, con la devaluación de facto que sufrió la peseta (efecto-precios del euro y disminución del poder adquisitivo de la renta disponible de las familias en la primera etapa de la nueva moneda), seguida de una reducción de los tipos de interés nominales debido a la mayor confianza que generaba la nueva moneda, fundamentalmente por la presencia de Alemania en el grupo y la fortaleza del marco.

Dado que la incorporación de España a la zona euro, se realizó con un diferencial de inflación elevada que se ha mantenido en el tiempo, incluida la última legislatura, los tipos de interés reales llegaron a ser negativos, lo que propició un elevado incremento de la demanda interna que al no poder ser satisfecha por la oferta interior, generó un déficit exterior elevadísimo (superior al de USA en porcentaje sobre PIB).

Esta situación podría asimilarse, con las lógicas diferencias, al caso de una familia cuyos gastos superan con mucho a sus ingresos pero que, al vivir en una zona de renta alta y con amigos solventes (zona euro), consigue con facilidad que los bancos financien sus excesos pensando que al crecer sus ingresos, aunque en proporción inferior a sus gastos, estos terminarán por pagar la deuda y los intereses.

Cuando la crisis financiera internacional estalla, nuestro país, en contra de la opinión de la mayoría de políticos y expertos, se encuentra en peor situación que el resto de los países de la zona euro para enfrentarla:

*.- con una elevada necesidad de financiación;

*.- un elevadísimo déficit exterior;

*.- un diferencial de inflación persistente

*.- y un crecimiento basado, sobre todo, en un sector de la construcción que, entre otras características, es muy dependiente de la financiación bancaria.

Las dificultades de financiación, provocan en una economía tan dependiente como la nuestra una reducción drástica de todos los indicadores de crecimiento económico.
Las perspectivas que se presentan para la economía en el 2008 son bastante sombrías. Siendo optimistas, podemos esperar un crecimiento del PIB entorno al 1 por ciento en tasa interanual a finales del año, situándose la media anual esperada para este año en torno al 1.5 por ciento.

La caída de la actividad irá acompañada de un nuevo repunte de la inflación, que probablemente superará las tasas del 5 por ciento para el mes de agosto, reduciéndose suavemente a partir de esta fecha como consecuencia de la caída en la demanda interna.

La reducción de la actividad provocará la expulsión del mercado de trabajo de población ocupada y, aunque el endurecimiento de las condiciones del mercado de trabajo provocará una ligera contracción de las tasas de actividad, las nuevas incorporaciones y las migraciones exteriores harán que la población activa total aumente, lo que elevará significativamente la tasa de paro.

La caída del PIB inducirá una reducción de los ingresos fiscales, aumentando a su vez significativamente los gastos sociales, fundamentalmente por el aumento del desempleo, lo que reducirá el superávit público hasta tornarlo en déficit. La conjunción de un déficit del sector público con un elevadísimo endeudamiento del sector privado se plasmará en un aumento del déficit del sector exterior.

Es decir, la economía española puede entrar en un círculo vicioso de depresión, inflación y paro. Ante estas perspectivas, podemos preguntarnos qué están haciendo los gestores públicos para que la economía española no entre en el círculo vicioso anteriormente descrito.

Dado que España se encuentra integrada en la zona euro, las decisiones sobre el tipo de interés están en manos del Banco Central Europeo y el tipo de cambio depende, a su vez, del tipo de interés y de las balanzas por corriente agregadas de los países que componen el grupo: las únicas políticas económicas que el Gobierno puede manejar son las de carácter microeconómico, mejorando la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, así como la política fiscal a través de los presupuestos y sus decisiones sobre los ingresos y gastos públicos.

El Gobierno ha decidido, ante el elevado endeudamiento de las familias, y para mantener su capacidad de consumo, en lugar de reducir la presión fiscal (lo que le obligaría a reducir el gasto público para mantener un cierto equilibrio presupuestario), repartir una dádiva de 400 euros, lo que le aseguraba una posición más cómoda en la contienda electoral pero que, como describe la Teoría Económica, los consumidores no incorporan como renta permanente, por lo que su efecto sobre el consumo de las familias será inapreciable. Sin embargo, con toda seguridad, deteriorará seriamente las cuentas públicas.
En cambio, las políticas dirigidas a mejorar la eficiencia de los mercados y la competitividad de la economía española se han frustrado por el impulso de una política territorial de revisión estatuaria dirigida, fundamentalmente, a satisfacer unas elites políticas deseosas de aumentar el gasto y liberarse de los posibles controles que pudiera ejercer el gobierno central en su gestión, con el resultado de aumentar las barreras geográficas a la movilidad de los trabajadores y en algunos casos de los servicios.

La competitividad de la economía española ha quedado finalmente lastrada para el futuro cuando su mejor instrumento, el sistema educativo, se ha fragmentado en diecisiete compartimentos estancos. Además, la inmersión lingüística en algunas comunidades asegura a parte de las capas más desfavorecidas de su población un elevado porcentaje de fracaso escolar, con los correspondientes efectos sobre la equidad y la productividad a largo plazo.
Podemos concluir que, para la sociedad española, la conjunción de crisis económica y descentralización territorial asimétrica del Estado puede tener un coste económico y social elevadísimo, introduciéndonos en un círculo vicioso en el que se conjuguen un crecimiento casi nulo con inflación, situación de la que nos costará mucho salir.