jueves, 28 de febrero de 2013

Cuento para un charnego


MAYTE ALCARAZ

Navarro, Chacón, Montilla y Maragall endulzaron sus carreras a cambio de vender el puño, la rosa y hasta el rosario socialista


Para preparar este artículo tengo entre mis manos un documento que encendería las alarmas en cualquier hogar de Cunit o de Segur de Calafell, en las comarcas charnegas de Tarragona, donde se habla el castellano, se vibra con la selección, se aplaude al Rey cuando inaugura una fábrica y hasta ayer se votaba PSC con los ojos cerrados. El papel muestra las cuentas de Cataluña en tiempos de otro charnego, José Montilla, que rindió tributo a la bancarrota y puso los lunes al sol nacionalista a sus electores: socialistas, antiburgueses y españoles de toda la vida.
Volvamos a ese hogar tarraconés. Allí vive una pareja, ambos hijos de inmigrantes, ella andaluza y él murciano, que en un alarde de generosidad y lealtad a sus «pares» ya muertos, han seguido engordando la desatendida bolsa de votos del PSC en el cinturón industrial de Cataluña. Allí se vivió con indignación no solo los 35.000 millones de deuda que llegó a contraer el de Iznájar abocando al abismo a la Comunidad, sino las sanciones que el socialista impuso a muchos tenderos del pueblo por colocar letreros comerciales en castellano.
Desde 1978, cuando el PSC se fusionaba con la federación catalana del PSOE, tras el llamado «Pacto del Betis», en esa casa de inmigrantes en Cataluña nunca se vio con buenos ojos cómo la burguesía catalana, encabezada por gente como Maragall, educado en la escuela Virtelia junto a Miguel Roca, se hacía con el poder en el PSC.
«Es la gauche divine», se quejaban esos votantes andaluces, murcianos o extremeños que llegaron con una maleta de cartón en el último tercio del siglo XX y que vivieron en minipisos de 40 metros cuadrados.
Pero ese suelo de electores entregados a la causa socialista resistió al coqueteo obsceno de una pretendida izquierda con la más rancia y xenófoba derecha: la que representa el nacionalismo excluyente.
Hoy, más de un cuarto de siglo después, aquel aparato del PSC, que se autollamaba «los capitanes», ha perdido la guerra.
Su sueño proletario y social se ha diluido como un azucarillo en el café con el que Pere Navarro y antes Carme Chacón y antes Montilla y antes Maragall han endulzado sus carreras políticas a cambio de vender el puño, la rosa y hasta el rosario socialista al irresponsable secesionismo, alimentado durante treinta años de adoctrinamiento en las escuelas y florecido en dos generaciones de odio a España. 
En este hogar catalán solo creían, hasta ahora, en santos laicos: el del trabajo, la solidaridad, el compromiso, el reparto equitativo de la riqueza y la democracia. Mientras Dios parecía dormido, en sugerente reflexión del Papa, el PSC traicionó a los «pares», se encamó con mafiosos, saqueó Ayuntamientos y pegó un micrófono en la tumba del PSOE. Por si resucitaba

miércoles, 27 de febrero de 2013

Alfonso Guerra suma seguidores a su propuesta de romper con el PSC






Alfonso Guerra suma seguidores a su propuesta de romper con el PSC
La exsecretaria de Estado Consuelo Rumí sigue la línea del exvicepresidente del Gobierno para romper relaciones con los socialistas catalanes. Fernández Vara también está dispuesto
La exsecretaria de Estado de Inmigración y Función Pública, la andaluza Consuelo Rumí, ha puesto este martes de relieve que son ya «muchos» los desencuentros que el PSOE y el PSC han mantenido en los últimos años y no ha puesto peros a la posibilidad planteada por el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Alfonso Guerra, de romper relaciones.
La socialista Rumí ha sido una de las numerosas voces que ayer tomaron la palabra durante la reunión del Grupo Socialista en el Congreso después de que el PSC anunciara su intención de romper la disciplina de voto al apoyar las propuestas de resolución sobre la consulta soberanista en Cataluña.
Pese a que el más contundente en su intervención contra la postura de sus compañeros catalanes ha sido Guerra, fuentes socialistas recalcaron a Europa Press que también Rumí pronunció un discurso duro en relación con las discrepancias que PSOE y PSC vienen manteniendo, sobre todo desde el tripartito catalán.

Por la mañana, Alfredo Pérez Rubalcaba anunciaba que «revisará el acuerdo PSOE-PSC, que data de 1977, como adelantó ayer ABC. En un desayuno de Europa Press, Rubalcaba explicó que su partido no se plantea una ruptura con los socialistas catalanes, a pesar de que buena parte del PSOE así lo demanda.
A la entrada del desayuno, el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, señaló que si los catorce diputados del PSC votan distinto del Grupo Socialista, «fue bonito mientras duró».

La discrepancia sobre la soberanía nacional y la unidad constitucional de España no se puede reconducir a un debate interno normal. Es una diferencia insalvable
LOS socialistas siguen sin asumir que cada vez que son abducidos por el nacionalismo pierden su identidad, entran en crisis y sufren el rechazo de sus electores.
La explicación debería resultarles sencilla, porque si hay una ideología antagónica a la socialista no es otra que la nacionalista, basada en la sublimación de las diferencias frente al presunto igualitarismo de la izquierda.
Galicia, País Vasco y Cataluña han situado a los socialistas fuera del poder por su travestismo filonacionalista, del que sólo han salido beneficiados los nacionalistas, pescadores en el río revuelto por un PSOE que ha confundido a sus electores: unos, hartos de su seguidismo a partidos separatistas; otros, traspasados directamente a las filas del nacionalismo.
Ayer, los diputados del PSC en el Congreso votaron a favor de la resolución de CiU, ERC e Iniciativa por Cataluña para la celebración de un referéndum «legal» y autorizado por el Gobierno. El apoyo del PSC a esta trampa nacionalista le ha salido caro al socialismo. Es la primera ruptura visible en el grupo socialista del Congreso, afianza las críticas de los dirigentes del PSOE que ven inviable la relación con el PSC y agrava las divisiones internas del socialismo catalán, representadas ayer por una Carme Chacón que -en tierra de nadie, decidida a nadar y guardar la ropa- escenificó sus contradicciones y complejos al no participar en la votación, lo que compromete seriamente sus posibilidades de liderar algún día, como pretende, un partido de ámbito nacional.


Esta crisis del socialismo es muy grave porque se refiere a una cuestión esencial en la definición de un partido, como el PSOE, que aspira a gobernar de nuevo España y a seguir siendo la otra cara del consenso constitucional, junto con el Partido Popular.
En estas condiciones, no puede ser una cosa ni otra. La discrepancia sobre la soberanía nacional y la unidad constitucional de España no se puede reconducir a un debate interno normal.
Es una diferencia insalvable, más aún cuando se exterioriza por el apoyo del PSC a una artimaña parlamentaria del frente nacionalista catalán, que buscaba precisamente este resultado con el caramelo envenenado de una resolución que pone condiciones imposibles -referéndum «legal», autorización del Gobierno- para una finalidad imposible -la autodeterminación de Cataluña-. Los socialistas catalanes han caído en esa trampa, víctimas de su absoluta pérdida de identidad política en Cataluña, por la que han quedado inermes ante la presión del nacionalismo.

Largaos de una vez (Risto Mejide)



Largaos, sí. Los que trincáis, los que habéis trincado, los que permitisteis que otros trincaran y los que todavía hoy no hacéis nada por que se deje de trincar. Todos. Sobráis, de verdad, dejadnos en paz de una puñetera vez.
Dais asco. Vuestra falta de vergüenza ha llevado la nuestra hasta límites que jamás deberíamos haber conocido. Y ahora os cubrís el culo los unos a los otros, un culo que tenéis tan sucio que hasta las pústulas de vuestra ignominia os han invadido el cerebro, y ya no es posible distinguir vuestras declaraciones rellenas de mierda de la peste que emana de un zurullo común.

Callaos. Callaos de una vez. Dejad de contaminar los medios, las noticias y nuestro estado de ánimo. Dejad de hacer comunicados y ruedas de prensa, disolved todos los chanchullos, deponed vuestros privilegios y salid con la cabeza bien baja y las manos en alto.

Dejad de desanimar a la gente. Dejad de decirnos que todo fue por nuestra culpa. Dejad de tomarnos por gilipollas. Ah, y no os atreváis a volver a decir que sois reflejo de la sociedad en la que vivís. Que si robasteis fue porque os lo pusieron delante. Que sois víctimas de un vacío legal, un entorno corrupto y una dudosa moral. Que sois reflejo de la gente, representantes elegidos por el pueblo. Vosotros no sois pueblo, vosotros sois escoria.

Devolvedlo. Devolvedlo todo. El dinero, las propiedades, los cargos, las dietas, los sobresueldos, las comisiones, la dignidad que os quede y la honorabilidad que algún día se os supuso. Y cuando hayáis acabado, devolved la nacionalidad que se os dio por error. Porque no merecéis formar parte ni de este ni de ningún país. No hagáis ni las maletas, saltad por la borda, como las ratas, salid nadando. Y quien no sepa, que se joda, francamente nos da igual.

Pedid perdón. Disculpaos. Ante todo aquel que votó. Ante todo aquel que piensa seguir votando. Porque ellos han creído en un sistema democrático que vosotros habéis violado, sodomizado y puesto del revés. No, yo no os concedo la presunción de inocencia. Porque cuando uno deja que ciertas cosas ocurran, acaba siendo cómplice aunque solo sea por ignorancia, por desidia u omisión.

Y por último, largaos, sí, pero sin dejar rastro. Ni se os ocurra nombrar sucesores, ni gestores, ni primos segundos que calienten vuestra silla. No tengáis la cara dura de intentar dejar un legado. Vuestro único legado será la vergüenza. Y tampoco os atreváis a interponeros nunca más entre la gente de bien y sus lícitos objetivos. Porque en este país aún quedan ciudadanos, empresas e incluso algún político honrado que construyen, que siguen luchando y que ahora ya solo tienen una misión: que no les jodáis la vida, que les dejéis hacer.

Pero sobre todo y ante todo, por lo que más queráis, seguid ignorando estas órdenes, exigencias demagógicas de un publicista que de vez en cuando hace el capullo en televisión.

Seguid creyendo que no pasará nada. Porque así quedará menos para que pase.

domingo, 24 de febrero de 2013

sábado, 23 de febrero de 2013

Adolfo Suárez. Cambio16, 16-01-1991

Adolfo Suárez. Cambio16, 16-01-1991
Resumir, con la brevedad que requiere un artículo periodístico, la transición española constituye para mí no sólo dar cuenta de un proyecto político que, bajo el impulso de la corona, hube de conducir, sino también relatar mi propia experiencia política como presidente del Gobierno desde julio de 1976 a enero de 1981.

El periodo que se conoce como transición política está integrado por tres años que cambiaron políticamente a España: 1976, 1977 y 1978. El primero fue el año de la Reforma Política; el segundo, el de las primeras elecciones generales libres después de 40 años; el tercero, el año de la Constitución.

El proyecto de cambio de un sistema autoritario a una democracia plena, su articulación y desarrollo, constituyó una operación política de gran calado, arriesgada y difícil.

Era necesario, en primer lugar, plantear rotundamente el protagonismo político de la sociedad civil. En el anterior régimen las Fuerzas Armadas, consideradas vencedoras de la guerra civil de 1936, asumían el papel de vigilante de la actividad pública y garante de los llamados Principios Fundamentales del Movimiento. Era preciso reinstaurar el carácter civil de la política, al mismo tiempo que iniciar una modernización de los ejércitos, que les situara en la posición que tienen los ejércitos en cualquier país democrático, y los convirtiera en instrumentos aptos para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y respetar la libre expresión de la voluntad popular.

Había que conectar, con la moderna sociedad española, formada sin los prejuicios y dogmatismos que habían llevado a las generaciones anteriores a un sangriento conflicto civil, y lograr que, como pueblo, expresase su voluntad política con absoluta libertad. Después había que respetar esa voluntad y articularla institucionalmente.

En España la Corona constituyó el punto de apoyo imprescindible para llevar a cabo el cambio político. Para ello utilizamos los poderes que las Leyes Fundamentales del Régimen atribuían al Rey para, renunciando a ellos, establecer una monarquía parlamentaria y moderna que se convirtiera en referencia común de todos los españoles. Bajo la Corona había que introducir, como principio legitimador básico, el principio democrático de la soberanía nacional.

El proyecto político de la transición tuvo como meta ese gran objetivo que, en julio de 1976, describí como «la devolución de la soberanía al pueblo español», de modo que los gobiernos del futuro fueran el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles.

Ese objetivo pasaba necesariamente por la implantación de las libertades de expresión e información, la regulación democrática de los derechos de asociación y reunión, la legalización de todos los partidos políticos, la amnistía de todos los llamados delitos políticos o de opinión, la celebración de unas elecciones generales libres -las primeras después de 40 años- y la regularización y aplicación de un sistema electoral que permitiera, en el Parlamento así elegido, la presencia de todas las fuerzas políticas que tuvieran apoyo significativo en el electorado a fin de que con todas ellas se pudiera elaborar una Constitución válida para todos.

La realización de este proyecto implicaba una dificultad formal importante, ya que debía hacerse a partir de la legalidad vigente y para cambiar esa misma legalidad. La prudencia política y hasta las exigencias éticas requerían que el conjunto de decisiones políticas que instauraban la democracia fueran aprobadas por las Cortes Orgánicas, informadas por el Consejo Nacional del Movimiento, que reunía a la elite del régimen, y ratificadas por el pueblo en referéndum nacional. Era previsible que Cortes y Consejo reaccionaran ante un proyecto de ley que implicaba su propia disolución.

La apuesta política era muy arriesgada y se producía en momentos de serias dificultades interiores: desórdenes, pretensiones involucionistas, secuestros de personalidades políticas como don Antonio María de Oriol y el general Villaescusa, asesinatos como el de los abogados laboralistas de la calle de Atocha que pertenecían al PCE, etc. Había que hacer frente al acoso terrorista sin dejar de progresar en la reforma política.

Esta exigía dos tácticas distintas: una para convencer a los grupos que pretendían la continuidad del régimen de la necesidad de la reforma; otra, para las fuerzas políticas de la entonces llamada oposición para convencerles también de que la reforma abriría los caminos de la libertad que ellos demandaban. Ambas debían converger en la aprobación de una Constitución elaborada entre todos y que para todos sirviera.

La primera suponía la aceptación, por los grupos del régimen, de tres órdenes de decisiones: la amnistía más completa que permitiera la reconciliación de todos los españoles; la legalización de todos los partidos políticos y todos los sindicatos, y la celebración de unas elecciones generales libres, único medio para que el pueblo español recobrase su soberanía y expresara su voluntad.

La amnistía se articuló a través de tres textos legales de similar rango normativo: el Real Decreto-Ley de 30 de julio de 1976, el Real Decreto-Ley de 14 de marzo de 1977, y — aprobada ya por las nuevas Cortes Generales la Ley de 15 de octubre de 1977. Todos los exiliados políticos pudieron volver a España.

La legalización de todos los Partidos políticos —considerados por el anterior régimen como «intrínsecamente perversos»—se llevó a cabo a través de la ley reguladora del derecho de asociación política —que yo mismo defendí ante las Cortes Orgánicas, como ministro del primer Gobierno de la monarquía- y por el Real Decreto de 8 de febrero de 1977, y por otras normas posteriores siendo yo presidente del Gobierno.

La devolución al pueblo español de su soberanía se consiguió con la aprobación por las Cortes Orgánicas, el 18 de noviembre de 1976, del Proyecto de Ley para la Reforma Política. En su breve articulado se establecía que, en el Estado español, la democracia se basaba en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo, y se consagraban los derechos fundamentales de la persona como inviolables y vinculantes para todos los órganos del Estado; se creaba un Congreso y un Senado, elegidos por sufragio universal, directo y secreto y se atribuía al Congreso la iniciativa para la reforma constitucional.

La Ley para la Reforma Política fue ratificada por el pueblo español en el referéndum nacional del 15 de diciembre de 1976. Desde su convocatoria hasta su celebración, los partidos y grupos de la oposición pudieron llevar a cabo, libremente, su campaña a favor del NO o de la abstención.

Aprobada la Reforma Política era preciso desarrollar un diálogo constructivo con las fuerzas políticas que emergían de una clandestinidad de casi 40 años. En todo momento me esforcé en comprender los puntos de vista de sus líderes, aunque éstos interrumpieran las conversaciones o plantearan posiciones maximalistas.

La clave de la credibilidad interna y externa del proceso político de cambio era el reconocimiento del Partido Comunista. La propaganda anticomunista de los 40 años había conseguido que amplios sectores del régimen y, desde luego, las Fuerzas Armadas, vieran con enorme recelo su legalización. No es éste el lugar apropiado para dar cuenta de todas las conversaciones y gestiones que hube de llevar a cabo. El resultado fue que, ante la inhibición de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, decidí asumir la responsabilidad del reconocimiento del Partido Comunista que quedó legalizado el 9 de abril de 1977.

Reconocidos todos los grupos políticos, el Gobierno, recogiendo las garantías y aspiraciones de la oposición, promulgó el Decreto Ley de 18 de mayo de 1977, que establece las bases del régimen electoral, y convocó las primeras elecciones generales libres después de 40 años, para el 15 de junio de 1977.

El año 1977 constituyó, sin duda, el ecuador de la transición. El 1 de abril de ese mismo año se promulgó la ley que decretaba la libertad de sindicación de empresarios y trabajadores, complementada después por el Decreto Ley de 2 de junio que dejaba sin efecto la sindicación obligatoria. También el 1 de abril de 1977 se decretaba la supresión de la Secretaría General del Movimiento, pasando al Estado su patrimonio y sus funcionarios. El 30 de abril y el 11 de mayo de 1977 se ratifican los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los de derechos económicos y sociales, el de la libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el de aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

El 15 de junio de 1977 los españoles pudieron expresar libremente sus preferencias políticas. A estas elecciones concurrí con la creación de una oferta política de Centro -la UCD—que, en mi opinión, respondía a las necesidades de la moderna sociedad española y constituía una firme garantía para el establecimiento de nuestra joven democracia. En las elecciones generales UCD consiguió el 34 por ciento de los votos, lo que significó el respaldo de seis millones de votantes y el resultado de 165 escaños en el Congreso de los Diputados. Más tarde UCD revalidó estos resultados en las elecciones generales de 1979.

La constitución de las Cortes democráticas vertebró la vida pública española a través de los partidos políticos y normalizó las relaciones Gobierno-oposición en el marco de una nueva legalidad. La misión fundamental de las nuevas Cortes consistía en la elaboración de una Constitución desde el mayor acuerdo posible entre todos los partidos que habían alcanzado representación parlamentaria. No era la dialéctica del enfrentamiento político, sino la práctica del consenso, del común acuerdo en las cuestiones fundamentales de Estado, lo que, en mi opinión, podía asentar con firmeza las bases de una democracia moderna y, por tanto, la elaboración de nuestra norma fundamental.

El año 1977 es de una fecundidad política extraordinaria. Es en este año cuando se dan los primeros pasos hacia el Estado de las autonomías. En este campo se adoptan, con carácter provisional, dos decisiones de gran magnitud: la restauración de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa y el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña. En este año se inicia el sistema de las preautonomías para toda España que, en la Constitución, daría lugar al Estado de las autonomías como fórmula de autogobierno para todas las nacionalidades y regiones.

También 1977 es el año de los Pactos de La Moncloa que extendieron el consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria a las medidas de ajuste que debían adoptarse para hacer frente a la crisis económica que padecíamos. Los efectos de los Pactos no se hicieron esperar. La tendencia de la inflación se rompió y al iniciarse 1978 se consiguieron tasas que reducían a menos de la mitad la inflación vigente en los meses centrales de 1977. El déficit previsto en la balanza de pagos para 1977 se redujo a la mitad. Con todo ello se evitó el caos económico y los actores sociales demostraron sentido de la responsabilidad ante el proceso económico.

En 1977, en el campo internacional, España concluyó su apertura al exterior e inició su incorporación a los organismos e instituciones que agrupan a los países democráticos. En febrero se establecen relaciones diplomáticas plenas con todos los países del Este (Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, Yugoslavia y Bulgaria). Un mes más tarde se reanudan las relaciones diplomáticas con México, y en el mes de noviembre España se convierte en miembro de pleno derecho del Consejo de Europa. Es también en este año cuando el Gobierno solicita de la Comunidad Europea—y ésta acepta—que se inicien las negociaciones que, más tarde, habrán de desembocar en la plena integración de España en la CEE.

El siguiente año, 1978, es, ante todo, el año de nuestra Constitución. En ella los representantes del pueblo, libremente elegidos, encauzaron las grandes cuestiones nacionales, algunas tradicionalmente irresueltas, entre ellas:

La organización de la convivencia española en un moderno Estado social y democrático de Derecho.
La forma de Estado.
El carácter no confesional del Estado.
El autogobierno de las nacionalidades y regiones que integran España.

Pronto va a cumplir nuestra Constitución 12 años de vigencia, periodo suficiente para comprobar su eficacia como norma fundamental de nuestra convivencia. Pese a las ambigüedades e imperfecciones que se han imputado a su texto, puede afirmarse que ha cumplido satisfactoriamente su función y sigue representando el compromiso público de todos los españoles para ordenar la convivencia nacional desde los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.

Nuestra convulsa historia constitucional nos había dado numerosos ejemplos de constituciones que representaban la imposición de unos españoles sobre otros, como consecuencia de una revolución, una guerra civil o un pronunciamiento militar. Esta vez no podía suceder lo mismo. La democracia era el resultado de un entendimiento común y la Constitución que la consagraba debía ser el resultado de un consenso generalizado. El acuerdo final con los partidos nacionalistas que se articuló en los Estatutos de Sau y Guernica, en 1979, y la aceptación de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado fueron, entre otros, frutos de ese consenso.

A partir de la Constitución era necesario sustituir un Estado centralista por el Estado de las autonomías; pasar de una economía fuertemente intervenida a una etapa de liberalización como complemento de nuestra integración en el mundo libre; modificar el sistema de relaciones sociales, organizar un poder judicial independiente, más rápido y eficaz; modernizar las fuerzas armadas, estructurar un nuevo sistema educativo y, en definitiva, conseguir que toda la sociedad española hiciera de la libertad, igualdad y solidaridad los valores humanos y políticos más transcendentes.

Los gobiernos que presidí, los del señor Calvo Sotelo y, a partir de 1982, los gobiernos socialistas de Felipe González, tuvieron que afrontar muchos de estos retos. Hoy España es un país con una democracia consolidada que tiene un lugar destacado en la Europa Comunitaria y que se ha proyectado plenamente al exterior, de manera especial en sus relaciones de vecindad y hacia Latinoamérica.

lunes, 18 de febrero de 2013

¿España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico?.



Traducción de un artículo publicado en varios periódicos económicos alemanes, por Stefanie Claudia Müller(*), su corresponsal en España.
En Alemania crece la critica contra la supuesta "mentalidad de fiesta" de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel.
Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas.
Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público ―234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011―, excluyendo la Seguridad Social ―23.000 millones―, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables.
Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos ―un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes―, pensiones demasiado altas ―la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15― o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania.
A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio.
En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados.
En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000 millones, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras.
Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa.
Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar.
Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos  multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas.
Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas.
El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania.
Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia.
Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.
 *Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista.



Réplica al diagnóstico de Stefanie Claudia Müller sobre España
José Gómez Blanco / Analista Financiero (Miembro del I.E.A.F.)
 Me ha llegado el artículo de Stefanie --con la que tengo intercambiado algunos correos durante meses atrás, por su interés en conocer mi opinión sobre nuestra crisis financiera, ahora económica-- a través de algunos amigos a los que nos preocupa la deriva política y económica de nuestro país. Lo he leído con detenimiento y, aun reconociendo que su diagnóstico es certero, me va a permitir su autora que haga una serie de consideraciones, que no pasan de ser una opinión personal sobre la situación de España en estos momentos --abocada a un rescate por parte de la Unión Europea-- y el comportamiento de algunas autoridades políticas y económicas de su país.

Primero decir, es una obviedad, que la situación se deriva de la desastrosa gestión de los Gobiernos socialistas (2004-2011), y a la irresponsabilidad del Presidente Zapatero y sus colaboradores en el Gobierno. En el periodo 2004-2008 no tomó ninguna medida económica para reconducir la "burbuja inmobiliaria" que ya era una realidad manejable al comienzo de su mandato, como advirtió el Banco de España en sus Memorias de Supervisión Bancaria (2003-2004), y después los Inspectores del Banco de España mediante una carta dirigida en el año 2006 al Vicepresidente Económico, Sr. Solbes, que negó la crisis más veces que las del Apóstol del mismo nombre. El Gobernador del Banco de España hasta ese año, D. Jaime Caruana, no hizo nada por frenar la creciente financiación al sector constructor/inmobiliario y, por ende, la financiación residencial. Su sucesor en Julio/2006, el Sr. Fernández Ordóñez --antes Secretario de Estado de Hacienda-- político socialista antes que técnico, se sometió a los deseos de su Gobierno --silenciando previamente a los inspectores de nuestro Banco Central, que por ello no los deja exentos culpa, al igual que a su Director General, el Sr. Arístegui, después Subgobernador-- dejando que la burbuja inmobiliaria alcanzara un volumen insoportable, que estalló con la crisis de las "hipotecas subprime" en EE.UU., pero con ella o sin ella nuestra crisis era imparable.

Pero la culpa no es solamente de los que demandaron financiación cuando el ahorro interno estaba agotado, sino también de los actores que nos facilitaron esa financiación --instituciones francesas y alemanas, bancos y cajas de ahorro-- que lo hicieron de forma irresponsable desde el punto de análisis del riesgo. Y aquí gastamos, gastamos, de forma irresponsable, y todo ello aderezado de la corrupción que dejó infectado el país. Los banqueros, inoculados de un virus que anuló el sentido del riesgo, propiciaron una inversión irresponsable a los sectores indicados anteriormente. Y dentro de esta locura de gasto, se fue ampliando la corrupción que ya existía: gastamos lo que no teníamos, realizamos obras innecesarias, se hicieron y presumimos de gastos fastuosos, etc. etc. Y así estamos. Sobre lo que habría que hacer, publiqué en este mismo medio "Anatomía bancaria y crisis económica", lo cual me evita extenderme sobre ello en este nuevo artículo. Stefanie C. Müller, describe perfectamente la situación de nuestro país, como ya dije anteriormente, sin embargo quiero hacer unas consideraciones propias de un generalista bancario, de un observador y sufridor de las crisis económicas del siglo pasado y las del presente.
Los males de este país vienen de lejos. Entramos en el Mercado Común en condiciones desfavorables, que perjudicaron nuestros sectores económicos. Después, en 1999, entramos en el "Euro", en peores condiciones, que, para mí, fue la "gran estafa", seguramente por haber sido minusvalorada nuestra "peseta", lo que nos llevó a un alza de precios muy importante, mientras los salarios se mantuvieron nominales, es decir, no sufrieron variación, sino una traducción estricta a la nueva moneda. Esto se puede comprobar comparando el valor de determinados objetos u accesorios, el coste de un café, la reparación de un electrodoméstico, el precio de los alimentos, etc., un año antes de la adopción del euro y los precios actuales. En esa época podríamos comprar el PIB alemán, a poco más de 85 pesetas/marco.
Creo que Alemania no está siendo leal ahora mismo con España e Italia. Por lo que respecta a nuestro país, las reticencias de la Canciller Merkel, las declaraciones extemporáneas con respecto a España del Presidente del Bundesbank y su desautorización a los planes del Presidente del BCE, no hacen más que "calentar" el mercado de los tipos de interés de nuestra Deuda Pública, situando los tipos de interés de los distintos plazos en niveles insoportables para nuestra debilitada y maltrecha economía, mientras su país se financia a tipos por debajo del 1,00%, incluso a tipos negativos. Mientras, el domesticado Presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, alimenta con sus declaraciones sobre la "duras condiciones" rescate a España, la subida de los tipos de interés. ¿Por qué Alemania flagela a los "pigs"? Creo que las razones están en su objetivo de rebajar lo máximo posible la posición de deuda de estos países financiada por los Bancos y Cajas de Ahorro alemanas, por eso todo este proceso se está dilatando en el tiempo, impidiendo que el BCE tome medidas urgentes para bajar los tipos de interés efectivos y la especulación en torno a la deuda de estos países. Así la política de la señora Merkel, lejos de contribuir a rebajar los déficits públicos de España e Italia, empeora su situación. Me llamó mucho la atención hace meses una frase de Niall Ferguson, Catedrático de Historia Económica en Harvard, que en una entrevista publicada en "ElPaís", el 27.02.2011, afirmaba: "El problema de Europa no son las Cajas, sino la Banca alemana", razonando su diagnóstico económico.
Esta falta de lealtad es injustificable si se tiene en cuenta el comportamiento de los países del Eurogrupo cuando Alemania, juntamente con Francia, incumplían en los años 2002 y 2003, los límites del déficit público, superando el 3,00%, sin haber recibido sanciones. Por otra parte, las consecuencias económicas negativas de la reunificación alemana, con un elevado paro que llegó en 1998 al 12,6%, y el 21,6% en la antigua Alemania Oriental, contaron con la comprensión de los países que iban a integrarse en el "Euro" -- y posteriormente, con la expansión monetaria del BCE-- pero claro, en aquellas fechas el Canciller era Helmut Kohl, un europeísta convencido.
En unas recientes declaraciones del especulador y filántropo, George Soros, en las que habla de los problemas de Europa, afirma que sería mejor tener un euro liderado por Alemania, pero añade que un euro sin Alemania podría funcionar. Al referirse a la división entre los países europeos --"Merkel como buena política sabe como dividirlos" (textual)-- dice que provocarán el auge de Gobiernos nacionalistas extremistas en buena parte de Europa con graves consecuencias para la unidad europea. En España ya lo estamos padeciendo con las reivindicaciones independentistas de Cataluña, que, si no se le pone freno, romperán España. Y eso está sucediendo, a modo de traición, en uno de los momentos de gran debilidad económica y financiera de nuestro país, cuando era necesario que todas las Autonomías formaran una piña en torno al Gobierno de nuestra nación, España.

Pero todo lo anterior no niega el certero diagnóstico de la periodista alemana. De nuestros problemas, los de España, somos nosotros los únicos responsables, y no hay que buscar culpables fuera de nuestras fronteras, pero para resolverlos no encontramos la comprensión ni la ayuda de algunos de nuestros socios europeos. Y tampoco ayuda, sino todo lo contrario, el Sr. Almunia, que seguramente aspira a presidir un gobierno de técnicos. También es muy llamativo que uno de los hacedores de nuestra crisis, el que fue Secretario de Estado de Economía con el Vicepresidente Sr. Solbes, D. David Vegara, sea nombrado número dos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), que decidirá las condiciones de un posible rescate de España.
 Mientras los españoles vivimos de sobresalto día a día, esperando noticias peores, en nuestro país se está desarrollando una estrategia de subversión para dificultar la gestión del Gobierno, con el objetivo de derrocarlo. En esta situación, creo que es conveniente recordar aquí la Oda del poeta Bernardo López García, escrita en otros momentos cruciales para nuestra Patria, cuyas décimas comenzaban: "Oigo, patria, tu aflicción,/ y escucho el triste concierto/ que forman, tocando a muerto,/ la campana y el cañón..."
 Quizá lo que necesitaríamos en estos momentos son dos estadistas, uno en España y otro en Portugal, que decidieran ponerse a la difícil tarea de unificar los dos países en una sola nación, en igualdad de condiciones, poniendo fin a las rivalidades y recelos de otras épocas. Haríamos una Iberia grande

Solo que vale apenas 0,4 euro (en Europa no tiene validez, osea, que no vale nada)



Atención !!! VAN A CIRCULAR !!!
Desde el 1 de Enero, en Turquía tienen una nueva moneda, la "nueva lira turca" (Yeni Turk Lirasi ), que sustituye a la lira antigua, bastante desvalorizada. La nueva lira es bastante parecida a la moneda de 2 euros.
Si comparas  las 2 monedas, comprobarás que aparentemente son iguales (una parte de cobre central rodeado por una parte de níquel), teniendo también el mismo tamaño. Una cara de la moneda tiene, como muchos euros, 1 cabeza sellada (en este caso se trata de Ataturk). La única diferencia es que, en lugar de  "2 euro", tiene un  "1". Esta lira turca es una imitación de la moneda de 2 euros.
 Solo que vale apenas 0,4 euro (en Europa no tiene validez, osea, que no vale nada) 
 Por lo tanto comprueba   bien que  las monedas de 2 euros  que recibas  no son liras turcas, porque ya  han comenzado a circular.


Se jubila a los 51 años con una pensión de 10.000 euros/mes durante 4 años, y después de 7.000 euros/mes hasta que muera.



YA ES OFICIAL LA JUBILACIÓN DE ERNEST BENACH, DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA (ERC).

El barrendero Ernest Benach, que tiene 51años y ha ejercido el cargo de Presidente del Parlamento catalán desde el 5 de diciembre de 2003, cobrará 104.008,95 euros brutos al año, durante los próximos cuatro años, así como una pensión vitalicia de 78.006,71 euros cuando cumpla los 65 años, según publica el *Diari de Girona*.

De acuerdo con la normativa vigente, Benach tiene derecho a percibir, como el resto de los ex presidentes, “por un período equivalente a la mitad del tiempo que ha estado en el cargo, y como mínimo durante una legislatura”, a una asignación mensual 80% al de la retribución mensual que corresponde al presidente parlamentario.
Después de la rebaja del 15% aplicada este año, el sueldo anual bruto para presidente del “Parlament” es de 130.011,189 euros brutos, a pesar de no tener ninguna formación universitaria.
Mientras tanto, nuestros investigadores en campos de medicina, bioquímica y ciencia deben salir al extranjero para dejar de ser milieuristas en nuestro país



Currículum Vitae
Es un político español de ideología independentista catalana militante de ERC. Después de iniciar sus estudios de medicina que no acabaría, entró como funcionario en la Generalitat de Cataluña el 1979. Está casado en segundas nupcias y tiene tres hijos. Se inició en la política con Nacionalistes d’’Esquerra en el año 1980 y después pasó a Esquerra Republicana de Catalunya en 1987, de la cual es miembro de la Ejecutiva Nacional. Fue representante de ERC por Reus a las elecciones municipales de 1987, saliendo elegido. Fue reelegido en 1991, 1995 y 1999. Ocupó los cargos de primer teniente de alcalde y varias concejalías, antes de pasar como alcaldable a Empar Pont i Albert. Al frente del IMAC (Instituto Municipal de Acción Cultural de Reus) que él mismo fundó, hizo una labor destacable y muy positiva. Aseguró la mayoría al gobierno municipal socialista de Josep Abelló Padró y formó coalición con socialistas y comunistas. Los años 1992, 1996 y 1999 resultó elegido diputado en el Parlamento de Cataluña y reelegido también en el 2003. Fue elegido secretario segundo de la Mesa y en el año 2003 Presidente del Parlamento catalán (reelegido en 2006)