Víctimas de la imposición lingüística ponen cara y voz al «problema inexistente»
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC
La tesis oficial es que no hay «ningún problema». Lo de que el «uso social del castellano está garantizado» se reduce (aunque no se diga) a que una de las lenguas de cultura más importantes del mundo será la que se oiga hoy (abrumadoramente) en las barras de bar de toda España a la hora de la final de la Eurocopa. Otra cosa es el ámbito institucional.
Como si la negación de lo evidente anulara la propia existencia de los hechos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aferra en esta cuestión (igual que en la crisis económica) a las evasivas como fórmula mágica para amoldar las percepciones de la opinión pública a la realidad virtual de sus intereses y, en consecuencia, desmiente la represión que está sufriendo la lengua común de los españoles en los centros educativos y en los espacios públicos de Galicia, Cataluña, el País Vasco, Baleares e incluso en algunos ámbitos de la Comunidad Valenciana. Ya lo dijo Carlos Martínez Gorriarán con motivo de la presentación del Manifiesto por la Lengua Común que tantas ampollas está levantando en los nacionalismos más miopes: la imposición de las lenguas autonómicas afecta, potencialmente, a 16 millones de ciudadanos, a más de un tercio de los españoles, y el Ejecutivo mira hacia otro lado. De modo que las «víctimas inexistentes» han hablado con ABC de lo que están viviendo (y sufriendo) en el día a día, por mucho que el Gobierno se empeñe en que nada de eso está ocurriendo.
País Vasco
«He matriculado a mis hijos en Francia»
La situación ha llegado a un extremo en el que reivindicar un derecho como el de escolarizar a los hijos en la lengua común se convierte en estigma. Por eso Marta (nombre figurado) prefiere evitar que su verdadera identidad aparezca en este reportaje: «Mi marido se dedica a una profesión liberal y significarse puede llegar a suponernos la ruina». Vive en San Sebastián desde hace siete años y, ante la inminente llegada de la apisonadora del euskera (por decreto) se ha visto abocada a una decisión casi traumática: la de matricular a sus hijos en Francia, en un colegio privado católico de Hendaya: «No estoy feliz con esa salida. Es, simplemente, la única que me han dejado después de la liquidación de los tres modelos que ha habido hasta ahora y que nos permitían optar por la educación en euskera, mixta o en castellano».
Denuncia que los tentáculos de la dictadura lingüística son implacables y atenazan a los ciudadanos sin previo aviso, para desactivar su capacidad de reacción: «El año pasado nos llamó la directora del colegio para comunicarnos que se iban a aumentar las horas de euskera. En plan «medida preventiva», de aplicar la ley incluso antes de que estuviera aprobada. Por anticipado, y a pesar de que se trataba de un centro privado. Los padres quedamos relegados a último eslabón y padecemos la opacidad, la imposición y la incomprensión si nos quejamos». Como Marta tiene tres hijos aún muy pequeños (de siete, cinco y dos años) «la imposición nos toca de lleno, porque pretenden que el euskera sea la única lengua vehicular para 2010». Y someterse es, en su opinión, arriesgar el futuro de sus hijos: «Por motivos de trabajo, familiares u otros nunca sabes dónde vas a terminar. Y educar a los hijos en una lengua con 600.000 hablantes me parece limitarlos de forma inaceptable». Admite que «quizá no es coherente estar reivindicando poder educar a mis hijos en castellano y, finalmente, llevármelos a estudiar en francés. Pero al menos se trata de una lengua romance con difusión internacional». «Lo triste -añade- es que en esta tierra tan hermosa me estén abocando a la convicción de que algún día me tendré que ir. ¿Cómo van a estudiar mis hijos la carrera universitaria en euskera, aunque lo dominen? Porque, no nos engañemos, esa lengua, aquí y tal y como están planteadas las cosas, conlleva un ambiente de adoctrinamiento». Lo argumenta recordando lo que se recoge en el Decreto 175/2007 del Gobierno vasco, el que impone el euskera como lengua vehicular: «Ya en su preámbulo dice que el objetivo es ayudar a los escolares a «comprender y vivir» lo vasco, con las siete provincias del imaginario nacionalista y una visión amputada de la realidad».
Baleares
«Llevamos años con este lastre a cuestas»
Desde Mallorca, Sergio Rodríguez aporta una amplia perspectiva del problema «porque tengo un hijo de veinte años y una niña de meses. Y sé que esto no viene de ahora y que también ha tenido mucha culpa de ello el Partido Popular cuando ha gobernado en Baleares». «Yo soy de Palma, castellanohablante, y mi mujer es vasca. Pero si nadie lo remedia, a la niña no tendremos más remedio que escolarizarla sólo en catalán. Mi hijo mayor ya sufrió el decreto de mínimos que obligaba a impartir un 60 por ciento de las horas lectivas en catalán». «Aquí -explica- los políticos de todos los colores niegan la existencia del problema cuando una directiva obliga a los profesores a no hablar castellano con los padres delante de los niños. De lo que se trata es de que los críos no tengan constancia de que pueden dirigirse al profesor en su lengua materna».
Rodríguez, que trabaja en el sector inmobiliario, explica que «en Baleares la legislación que ha llevado a esta situación procede de las etapas de Gobierno del PP con mayoría absoluta. Aunque es verdad que ahora se han radicalizado las posturas con el último decreto aprobado por el actual gobierno de coalición de los socialistas y los nacionalistas, desde hace años la única opción para educar a tu hijo en castellano han sido colegios privados de 500 ó 600 euros al mes, más transporte. ¡Más caro que lo que me cuesta tener ahora a mi hijo mayor en la Universidad de Navarra! ¿Quién se puede permitir eso?». Este padre indignado evoca su propia etapa de estudiante en Palma de Mallorca «cuando la actual consejera de Educación, Bárbara Galmés, era mi profesora de Lengua y Literatura Castellana en el instituto Juan Alcover». «Lo peor -insiste- es que esto afecta a la gente sin recursos económicos, porque en Baleares la enseñanza pública está controlada por STEI, un sindicato nacionalista que es una especie de LAB de aquí y que ejerce de comisariado político en materia lingüística».
Galicia
«Estamos sometidos al «facer país»»
En su casa de Santa María de Oya, en la provincia de Pontevedra, Chiti Trapero advierte, en su doble condición de madre y de profesora de Educación Infantil, de que la situación no sólo no es mejor en Galicia, sino que se deteriora por momentos: «Soy madre de tres niños de cinco años, tres años y ocho meses -relata-. Vivimos en un pueblo precioso, tenemos el colegio en el que yo trabajo sólo a un kilómetro de casa y en principio la situación es envidiable. Pero como trabajo, quiero llevar a mi hijo a una guardería y en donde vivo sólo existe una Galescola (pagada con los impuestos de todos) en la que atienden a los niños en gallego. De manera que el principio pedagógico de que la escuela gira en torno al niño queda sometido a la directriz política de "facer país". Mi hijo tiene derecho a ser educado en su lengua madre y la administración gallega se lo niega».
Con los mayores también se topa con dificultades: «Mis otros hijos en el colegio aprenderán a leer y a escribir en lengua gallega independientemente de su lengua materna (y lo peor es que yo misma tendré qe enseñarles a leer y a escribir en gallego), y en primaria recibirán en castellano sólo las clases de educacion física y la de alternativa a la religión, además de lengua y literatura castellana, que es la única obligatoria en esta lengua. Pero lo más impresionante es que se legisla alegremente, nos obligan a impartir las clases en gallego pero no hay un seguimiento de la competencia lingüística del profesorado».
Por eso se pregunta: «¿Alguien se imagina que se legislase que las matemáticas y el conocimiento del medio se diesen en inglés y no se supiese si los profesores están realmente capacitados para ello? Yo he cursado gallego desde sexto de primaria hasta la carrera y he realizado el primer ciclo de la escuela de idiomas. Según la administración, tengo una capacitación bastante alta para impartir las clases, ya que hay profesores que han hecho un cursillo de unos meses, simplemente. Pero yo sé que mi capacitación en castellano es muchísimo mejor y, al utilizar otra lengua, mi trabajo pierde calidad ¿Le importa a alguien?».
«Aquí -concluye- estamos padeciendo pretensiones como las de Anxo Quintana, que quería poner a los críos el himno gallego al entrar en clase, o que yo tenga que aceptar ahora que a mi bebé le pongan un mandilón en el que lleva una casita con la bandera gallega, y la mochila igual. Así que, señor Quintana, ya le aviso: la «tunearemos» para que le quede claro que la casita con la bandera gallega está dentro de otra mas grande que se llama España».
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC
La tesis oficial es que no hay «ningún problema». Lo de que el «uso social del castellano está garantizado» se reduce (aunque no se diga) a que una de las lenguas de cultura más importantes del mundo será la que se oiga hoy (abrumadoramente) en las barras de bar de toda España a la hora de la final de la Eurocopa. Otra cosa es el ámbito institucional.
Como si la negación de lo evidente anulara la propia existencia de los hechos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aferra en esta cuestión (igual que en la crisis económica) a las evasivas como fórmula mágica para amoldar las percepciones de la opinión pública a la realidad virtual de sus intereses y, en consecuencia, desmiente la represión que está sufriendo la lengua común de los españoles en los centros educativos y en los espacios públicos de Galicia, Cataluña, el País Vasco, Baleares e incluso en algunos ámbitos de la Comunidad Valenciana. Ya lo dijo Carlos Martínez Gorriarán con motivo de la presentación del Manifiesto por la Lengua Común que tantas ampollas está levantando en los nacionalismos más miopes: la imposición de las lenguas autonómicas afecta, potencialmente, a 16 millones de ciudadanos, a más de un tercio de los españoles, y el Ejecutivo mira hacia otro lado. De modo que las «víctimas inexistentes» han hablado con ABC de lo que están viviendo (y sufriendo) en el día a día, por mucho que el Gobierno se empeñe en que nada de eso está ocurriendo.
País Vasco
«He matriculado a mis hijos en Francia»
La situación ha llegado a un extremo en el que reivindicar un derecho como el de escolarizar a los hijos en la lengua común se convierte en estigma. Por eso Marta (nombre figurado) prefiere evitar que su verdadera identidad aparezca en este reportaje: «Mi marido se dedica a una profesión liberal y significarse puede llegar a suponernos la ruina». Vive en San Sebastián desde hace siete años y, ante la inminente llegada de la apisonadora del euskera (por decreto) se ha visto abocada a una decisión casi traumática: la de matricular a sus hijos en Francia, en un colegio privado católico de Hendaya: «No estoy feliz con esa salida. Es, simplemente, la única que me han dejado después de la liquidación de los tres modelos que ha habido hasta ahora y que nos permitían optar por la educación en euskera, mixta o en castellano».
Denuncia que los tentáculos de la dictadura lingüística son implacables y atenazan a los ciudadanos sin previo aviso, para desactivar su capacidad de reacción: «El año pasado nos llamó la directora del colegio para comunicarnos que se iban a aumentar las horas de euskera. En plan «medida preventiva», de aplicar la ley incluso antes de que estuviera aprobada. Por anticipado, y a pesar de que se trataba de un centro privado. Los padres quedamos relegados a último eslabón y padecemos la opacidad, la imposición y la incomprensión si nos quejamos». Como Marta tiene tres hijos aún muy pequeños (de siete, cinco y dos años) «la imposición nos toca de lleno, porque pretenden que el euskera sea la única lengua vehicular para 2010». Y someterse es, en su opinión, arriesgar el futuro de sus hijos: «Por motivos de trabajo, familiares u otros nunca sabes dónde vas a terminar. Y educar a los hijos en una lengua con 600.000 hablantes me parece limitarlos de forma inaceptable». Admite que «quizá no es coherente estar reivindicando poder educar a mis hijos en castellano y, finalmente, llevármelos a estudiar en francés. Pero al menos se trata de una lengua romance con difusión internacional». «Lo triste -añade- es que en esta tierra tan hermosa me estén abocando a la convicción de que algún día me tendré que ir. ¿Cómo van a estudiar mis hijos la carrera universitaria en euskera, aunque lo dominen? Porque, no nos engañemos, esa lengua, aquí y tal y como están planteadas las cosas, conlleva un ambiente de adoctrinamiento». Lo argumenta recordando lo que se recoge en el Decreto 175/2007 del Gobierno vasco, el que impone el euskera como lengua vehicular: «Ya en su preámbulo dice que el objetivo es ayudar a los escolares a «comprender y vivir» lo vasco, con las siete provincias del imaginario nacionalista y una visión amputada de la realidad».
Baleares
«Llevamos años con este lastre a cuestas»
Desde Mallorca, Sergio Rodríguez aporta una amplia perspectiva del problema «porque tengo un hijo de veinte años y una niña de meses. Y sé que esto no viene de ahora y que también ha tenido mucha culpa de ello el Partido Popular cuando ha gobernado en Baleares». «Yo soy de Palma, castellanohablante, y mi mujer es vasca. Pero si nadie lo remedia, a la niña no tendremos más remedio que escolarizarla sólo en catalán. Mi hijo mayor ya sufrió el decreto de mínimos que obligaba a impartir un 60 por ciento de las horas lectivas en catalán». «Aquí -explica- los políticos de todos los colores niegan la existencia del problema cuando una directiva obliga a los profesores a no hablar castellano con los padres delante de los niños. De lo que se trata es de que los críos no tengan constancia de que pueden dirigirse al profesor en su lengua materna».
Rodríguez, que trabaja en el sector inmobiliario, explica que «en Baleares la legislación que ha llevado a esta situación procede de las etapas de Gobierno del PP con mayoría absoluta. Aunque es verdad que ahora se han radicalizado las posturas con el último decreto aprobado por el actual gobierno de coalición de los socialistas y los nacionalistas, desde hace años la única opción para educar a tu hijo en castellano han sido colegios privados de 500 ó 600 euros al mes, más transporte. ¡Más caro que lo que me cuesta tener ahora a mi hijo mayor en la Universidad de Navarra! ¿Quién se puede permitir eso?». Este padre indignado evoca su propia etapa de estudiante en Palma de Mallorca «cuando la actual consejera de Educación, Bárbara Galmés, era mi profesora de Lengua y Literatura Castellana en el instituto Juan Alcover». «Lo peor -insiste- es que esto afecta a la gente sin recursos económicos, porque en Baleares la enseñanza pública está controlada por STEI, un sindicato nacionalista que es una especie de LAB de aquí y que ejerce de comisariado político en materia lingüística».
Galicia
«Estamos sometidos al «facer país»»
En su casa de Santa María de Oya, en la provincia de Pontevedra, Chiti Trapero advierte, en su doble condición de madre y de profesora de Educación Infantil, de que la situación no sólo no es mejor en Galicia, sino que se deteriora por momentos: «Soy madre de tres niños de cinco años, tres años y ocho meses -relata-. Vivimos en un pueblo precioso, tenemos el colegio en el que yo trabajo sólo a un kilómetro de casa y en principio la situación es envidiable. Pero como trabajo, quiero llevar a mi hijo a una guardería y en donde vivo sólo existe una Galescola (pagada con los impuestos de todos) en la que atienden a los niños en gallego. De manera que el principio pedagógico de que la escuela gira en torno al niño queda sometido a la directriz política de "facer país". Mi hijo tiene derecho a ser educado en su lengua madre y la administración gallega se lo niega».
Con los mayores también se topa con dificultades: «Mis otros hijos en el colegio aprenderán a leer y a escribir en lengua gallega independientemente de su lengua materna (y lo peor es que yo misma tendré qe enseñarles a leer y a escribir en gallego), y en primaria recibirán en castellano sólo las clases de educacion física y la de alternativa a la religión, además de lengua y literatura castellana, que es la única obligatoria en esta lengua. Pero lo más impresionante es que se legisla alegremente, nos obligan a impartir las clases en gallego pero no hay un seguimiento de la competencia lingüística del profesorado».
Por eso se pregunta: «¿Alguien se imagina que se legislase que las matemáticas y el conocimiento del medio se diesen en inglés y no se supiese si los profesores están realmente capacitados para ello? Yo he cursado gallego desde sexto de primaria hasta la carrera y he realizado el primer ciclo de la escuela de idiomas. Según la administración, tengo una capacitación bastante alta para impartir las clases, ya que hay profesores que han hecho un cursillo de unos meses, simplemente. Pero yo sé que mi capacitación en castellano es muchísimo mejor y, al utilizar otra lengua, mi trabajo pierde calidad ¿Le importa a alguien?».
«Aquí -concluye- estamos padeciendo pretensiones como las de Anxo Quintana, que quería poner a los críos el himno gallego al entrar en clase, o que yo tenga que aceptar ahora que a mi bebé le pongan un mandilón en el que lleva una casita con la bandera gallega, y la mochila igual. Así que, señor Quintana, ya le aviso: la «tunearemos» para que le quede claro que la casita con la bandera gallega está dentro de otra mas grande que se llama España».
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