lunes, 29 de abril de 2013

RAJOY-RUBALCABA: CADA VEZ MÁS NECESARIO EL ACUERDO PP-PSOE



Tras las elecciones generales, Mariano Rajoy debió acordar con Alfredo Pérez Rubalcaba las bases de la reforma laboral y presentar el proyecto de forma conjunta ante la opinión pública en enero del año 2012. Nos hubiéramos ahorrado la explosión sindical, la caravana de las huelgas y la crispación nacional. Eufórico tras su victoria por mayoría absoluta, Rajoy prefirió encerrarse en su madriguera monclovita y caminar solo. Gregorio Marañón advirtió en un lúcido artículo, publicado antes de las elecciones, que cualquiera que fuera el vencedor, incluso por mayoría absoluta, debería pactar con su rival ante la gravedad de la crisis.
Rajoy no lo hizo y ha pagado severamente su política de desdén. Ahora, cuando la recuperación económica se retrasa, comienzan a surgir voces en el Partido Popular, también en el PSOE, para que se retome una idea imprescindible si se quiere hacer más fácil la recuperación de España.

PP y PSOE tienen la obligación moral de llegar a un acuerdo que comprometa a los sindicatos para hacer frente a la escalofriante realidad de los 6.000.000 largos de desempleados. Estamos ante una emergencia nacional. O se le hace frente a través de una acción común de los dos grandes partidos, o el sistema puede reventar. La situación española es ya prerrevolucionaria. La política de no tomar medidas de eficacia real, la política de permanecer quietos a verlas venir, puede conducir a un estallido social. Es necesario recordar a los dirigentes de los dos grandes partidos la responsabilidad que tienen. Ni el uno ni el otro pueden resolver las cosas solos. Necesitan colaborar y esa colaboración es urgente.
Luis María ANSON

20.000 ASESORES DE MIERDA nombrados a dedo por los políticos de la España autonómica de los 6.202.700 parados.



lunes, 29 de abril de 2013
GONZALO SUÁREZ
 28/04/2013 CRONICA
 Cuestan 1.000 millones al año. El Defensor del Pueblo vasco tiene 32, incluido su CHÓFER
La zozobra del paro apenas inquietó a Roberto Sanz Pinacho durante tres semanas. A las 9:00 de la mañana del 9 de mayo, había presentado su dimisión como director general de Deportes al alcalde de Madrid. Tres días antes le habían cazado conduciendo borracho. Así que, en cuanto su caso saltó a los titulares de prensa, no lo dudó: le tocaba renunciar.

Pero su ostracismo político expiró a los 21 días. El 1 de junio, estampaba su abigarrada firma en un contrato de dos folios con el Club de Campo: una empresa dependiente de su anterior patrono, el Ayuntamiento de la capital. Y las condiciones del acuerdo, lejos de infligirle un castigo por su temeridad al volante, eran un prodigio de generosidad:

«La empresa mixta Club de Campo de Madrid S.A. abonará a Don Roberto Sanz Pinacho la cantidad de cincuenta y cinco mil euros + IVA...», rezaba el contrato, rubricado en 2006. «El señor Roberto Sanz Pinacho no estará sujeto a horario, realizando su trabajo en el tiempo y forma en que estime conveniente...».
 Es el sueño de cualquier currito: una jugosa remuneración con absoluta libertad horaria. Pero, en la España de los 6.202.700 parados, estas bicocas no están al alcance de todos. Antes hay que superar un riguroso examen digital: ser el beneficiario del dedazo de un político. El mismo que mantuvo a Sanz Pinacho en su cargo de asesor urbanístico hasta esta misma semana, cuando EL MUNDO reveló su lucrativo acuerdo con el Club de Campo.
Contactado por Crónica, el asesor se resguardó tras un obcecado silencio. No quiso explicar cómo un cargo municipal encuentra trabajo en una empresa participada al 51% por el mismo Ayuntamiento del que había dimitido por conducir ebrio. ¿Fueron méritos propios? ¿O trato de favor entre compinches de la casta política? «Eso es algo que no me compete a mí juzgar, es cosa de la opinión pública», ha dicho.
Rajoy debe meter la motosierra y rediseñar una Administración autonómica sostenibleLA «DEDOCRACIA»
La opinión pública, desde luego, lo tiene claro. Cada día aumenta la perplejidad ante el escándalo que no cesa: la proliferación de asesores en todas las capas de la administración. España es una dedocracia en la que miles de burócratas son ungidos sin más criterio que la confianza de sus jefes. Ellos nunca sufren recortes. Son los intocables. El ejemplo más sangrante de la mamandurria que popularizó Esperanza Aguirre: «Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente», reza el Diccionario de la RAE.

Para inflamar la indignación popular, el caso de Sanz Pinacho reventó el mismo día en que la UE nos coronó como líderes europeos del derroche. En 2012, acumulamos un 10,64% de déficit: gastamos 111.641 millones más de lo que ingresamos, incluido el rescate bancario. De poco sirvieron las subidas de impuestos, los recortes sociales o la congelación de las pensiones... Los extenuantes esfuerzos de la ciudadanía se disuelven ante la reticencia de la casta política a ponerse a dieta.
Los intocables despliegan una prodigiosa habilidad para reubicarse en un país con el 27,16% de paro. Es el caso de José Cudeiro, ex gerente de la ruinosa empresa pública Urbaourense. En 2008, el caciquil presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, le colocó en el cargo con un sueldo de 75.000 euros.

El problema surgió cuando su hijo, Manuel Baltar, quien le sucedió en la presidencia, trató de disolver Urbaourense por su «quiebra contable». Al analizar las cuentas, se topó con que Cudeiro gozaba de un blindaje de 200.000 euros. ¿Cómo ahorrarse tan escandalosa indemnización? A dedazo limpio: hace semanas, le nombró asesor técnico de la presidencia, con un coste para los orensanos de 80.000 euros anuales, seguridad social incluida.

—Señor Cudeiro, Baltar hijo ha dicho que su salario en Urbaourense, superior al de Rajoy, era «absolutamente descabellado»...

—Mi sueldo estaba pactado. Es lo que cobran muchos gerentes de empresas públicas. Además, yo no le pregunto a usted lo que gana...

—Yo trabajo para una empresa privada, pero usted es empleado de una institución pública...
—Yo ni pedí ese dinero ni dejé de pedirlo. Y venía de una empresa en la que ganaba más...
—Ya, pero en un país con tantísimo paro, llama la atención su habilidad para recolocarse en cuestión de semanas...

—No soy ningún privilegiado. Lamento que haya seis millones de parados, pero la Diputación tenía unas necesidades técnicas y yo era la persona más adecuada para cubrirlas.
Nadie sabe con certeza hasta donde se extiende esta plaga de intocables. Cada institución contrata «personal eventual» —el eufemismo que se emplea para los cargos de confianza— sin rendir cuentas a nadie. De ahí que no exista un registro unificado de los asesores que trabajan para el gobierno central, las 17 autonomías, las 38 diputaciones o los 8.116 ayuntamientos, además de los consells, los cabildos, las mancomunidades... Y eso sin contar la maraña de empresas, fundaciones y entes públicos que brotaron al calor del ladrillazo: más de 4.000 en las diversas capas del Estado.
Hace un año, este suplemento publicó la primera estimación sólida sobre la proliferación de cargos a dedo. Para ello, diseccionó las cuentas de un muestreo de más de 100 organismos públicos [ver Crónica 876]. El resultado del análisis cuadraba con los cálculos del sindicato de funcionarios CSI-F, que denunciaba que entre 15.000 y 17.000 asesores pueblan los despachos de las distintas capas de la administración.

—Desde aquel informe, ¿qué ha pasado con los asesores en España?
—Ni se ha reducido su número ni han bajado sus salarios—, denuncia Miguel Borra, presidente de CSI-F.
—Entonces, ¿sigue habiendo 17.000 asesores en España?
—O más. Desde entonces, hemos recibido información más detallada de los asesores de otras instituciones. Ahora, colocaríamos la horquilla entre los 18.000 y los 20.000.
—Muchos políticos se comprometieron a recortar esta partida. ¿No lo han hecho?

—En algunas instituciones han quitado tres o cuatro asesores, pero de forma casi testimonial. Sigue habiendo demasiados. Y todavía no sabemos quiénes son, cuánto cobran, qué función cumplen... La opacidad sigue siendo absoluta. Lo único claro es que se les elige a dedo.
A 50.000 euros de media por cabeza, este pelotón de intocables nos costaría unos 1.000 millones al año. Con estos fondos, podríamos pagar la ayuda de los 420 euros a 396.825 parados durante un semestre. También evitaríamos el despido de 25.000 profesores durante un curso. O, ya puestos, reduciríamos el déficit público en una de esas décimas que mendigamos por los pasillos de Bruselas a cambio de más ajustes.

El protagonista de aquel informe de Crónica fue Ignacio Prendes, el único diputado de UPyD en la Junta General del Principado Asturiano. Mientras su partido clamaba contra los privilegios de la casta, Prendes disponía de seis asistentes para él solo: una asesora, un auxiliar, un asistente, una jefa de prensa, más dos secretarios por su cargo de secretario en la mesa de la Cámara. «Es el mínimo que necesito para desempeñar mi labor... Este sistema de trabajo roza el esclavismo... ¡No soy supermán!», proclamaba entonces.
Un año después, el equipo de asesores de Prendes se mantiene incólume. Pese a la oleada de recortes, el diputado no se ha planteado prescindir de ninguno de ellos... Todo lo contrario: ha reclutado a un séptimo cargo de confianza, Rubén Pérez, secretario de grupo a media jornada, con un sueldo de 27.150 euros anuales. «Somos los que somos y tenemos trabajo a destajo», dicen desde su equipo, ya que, en esta ocasión, Prendes se negó a atender la llamada de este suplemento.

MÁS QUE UN MINISTERIO
Rajoy debe meter la motosierra y rediseñar una Administración autonómica sostenibleLos despachos enmoquetados son un terreno propicio para que broten los asesores. Así, una institución de limitada influencia como el Defensor del Pueblo del País Vasco cuenta con más cargos a dedo que la mayoría de ministerios. El llamado ararteko, Íñigo Lamarca, trabaja rodeado de 32 cargos de confianza —chófer incluido—, dos más que el ministerio de Economía. «Contar con tanto persona eventual es un procedimiento habitual en todas las defensorías del pueblo, incluida la española», se justifica Lamarca.
—El año pasado, usted cobró 80.730 euros, más que Mariano Rajoy [72.600,36]. ¿Es razonable?
—A mí el sueldo me lo ha puesto el Parlamento Vasco. No sé si es mucho ni poco... Pero cuando Rajoy era jefe de la oposición, cobraba tres veces más que yo...
—¿Y cómo explica que la mitad de sus asesores cobren más que los ministros [64.053,79 euros]?
—Tampoco voy a valorarlo. Su sueldo lo marca el Parlamento. Todos cumplen los criterios de mérito y capacidad. No son asesores políticos, sino juristas de prestigio.
La semana pasada, la presentación del presupuesto del Defensor para 2013 detonó una intensa polémica. En plena oleada de austeridad, al ararteko sólo se le recortaba un 3,79% menos que a Sanidad (4,2%) o Educación (10,1%). Hubo que esperar a que se destapara el caso para que aceptara un tajo mayor: el 4,2%. Eso sí, mantuvo en la poltrona a sus 33 cargos de confianza.
—¿No podía prescindir de ninguno de ellos?
—Son todos necesarios. No son políticos, sino trabajadores . Y en tiempos de crisis, resultan imprescindibles. Necesitaríamos más...
«En España, los asesores parecen intocables», denuncia Víctor Lapuente, profesor del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). «El partido que controla un gobierno puede contratar infinidad de asesores con plena discreción. No hay incentivos para emprender una verdadera reforma de la administración. A los partidos les resulta más rentable electoralmente dar trabajo a personas fieles al aparato. Me parece sangrante en tiempos de crisis».
Tan despendolado está el presupuesto que el Gobierno se ha visto forzado a intervenir. Así, la nueva Ley de Administración Local pretende ahorrar 145,8 millones de euros en asesores. Para ello establece, por primera vez, topes al personal elegido a dedo en ayuntamientos y diputaciones. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargado de redactar el plan, quiere erradicar la costumbre de que cada institución contrate asesores a su aire.
Cuando se apruebe la ley —quizá a finales de año— los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes tendrán que despedir a todos sus asesores. Los de menos de 10.000 se quedarán con sólo uno. Poco a poco, el cupo aumentará hasta llegar a los municipios de más de medio millón, donde los cargos de confianza equivaldrán, como máximo, al 0,7% de la plantilla. Mientras, las diputaciones sólo podrán disponer de la mitad de asesores que diputados. Al final del proceso, los fichados a dedo no rebasarán los 6.489 en toda la administración local.
Pero, en realidad, este tijeretazo de 145,8 millones no es más que una estimación bienintencionada. El propio ministerio admite que no tiene «ni idea» de cuántos cargos de confianza hay en España. Lo más parecido a un inventario es el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, donde figura una casilla (personal eventual) que recoge a quienes realizan «funciones de confianza o asesoramiento especial». Sin embargo no se ofrecen datos desglosados de esta categoría, sino que se agrupa con otros trabajadores como los interinos, así que la estadística se vuelve inservible.
Estos días, el Gobierno está tratando de iluminar este apagón estadístico. En octubre, una orden ministerial conminó a todas las instituciones a enviarles los datos sobre sus asesores: persona, función y sueldo. La información empezó a aterrizar en enero y, desde entonces, tratan de sistematizarla en un megalistado de cargos de confianza a escala nacional. «Queremos tener una fotografía exacta del tema», dicen desde Administraciones Públicas. «Existe la sospecha de que el gasto en asesores se ha despendolado, pero no tenemos constancia definitiva».
Así, el asesorazo supondrá recortes sustanciales en las zonas más dedocráticas de España, como la Comunidad Valenciana. La Diputación de Alicante, por ejemplo, pasará de 38 a 15 asesores; la de Valencia, de 37 a 15; la de Castellón, de 27 a 14... Sólo con estos tajos se ahorrarían unos 2,9 millones de euros al año.

DERROCHE EN MADRID
Pero la normativa es más laxa de lo que aparenta. Así lo prueba el Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con 213 cargos de confianza, el séxtuple que París. Un amplio porcentaje son familiares de cargos del PP o jóvenes militantes como Ángel Carromero —condenado en Cuba por el accidente en el que murió Oswaldo Payá— que cobra 50.474 euros pese a que no ha acabado la carrera. Sin embargo el consistorio madrileño apenas tendrá que recortar: el 0,7% de su plantilla de 29.153 empleados les otorgará un cupo de 203 asesores, sólo 10 menos que hasta ahora.
Además, la norma no afectará a las Comunidades Autónomas, una capa de la administración que, según los cálculos de Crónica, aporta otros 2.000 asistentes al monto global. Sólo el gobierno de La Rioja, con 321.489 habitantes, cuenta con 46 asesores. Si fuera un ayuntamiento, tendría que despedir a 17, pero su estatuto autonómico le blinda de los recortes. «Desde el Estado no podemos invadir sus competencias», explican en Administraciones Públicas.
Además, tampoco puede decirse que el Estado central destaque por su diligencia en la poda de asesores. En las cuentas de 2013, el apartado de cargos de confianza sólo ha caído un escuálido 1,2%: de 853 a 842. De ellos, un tercio le corresponden a Rajoy, que mantiene los mismos cargos de confianza que el año pasado: 245, de los que 68 ni siquiera tienen el graduado escolar.
Además, los presupuestos desvelan que el ministerio más derrochón en este aspecto es el mismo que impulsa el cacareado recorte de asesores. En Hacienda y Administraciones Públicas tienen 163 cargos eventuales, dos más que en 2012... Si los señores de la tijera se resisten a aplicársela, ¿alguien se extraña de que los asesores sean los intocables de la España de los 6.202.700 parados?

YA NO SON 6 ASESORES... ...sino siete. Ignacio Prendes protagonizó la primera denuncia de «Crónica» sobre el exceso de cargos «a dedo». Único diputado de UPyD en el parlamento asturiano, contaba con seis asistentes para él solo: cuatro de su grupo parlamentario y dos por su cargo en la mesa de la Cámara. Pese a la oleada de recortes, los seis man-tienen su puesto. Es más,
el diputado ha contratado un séptimo asesor, que no aparece en la foto: un secretario de grupo a media jornada. En total, su equipo cobra 237.264 euros al año./ JORGE PETEIRO

Castellano «senzillo»



 ANDRÉS OVIEDO.- ABC

Este fin de semana he utilizado las máquinas de venta automática de billetes de los Ferrocarriles de la Generalitat catalana y me he encontrado con una avalancha de faltas ortográficas en su versión en español:
*.- los billetes son «senzillos» en vez de sencillos;
*.- las tarjetas son «targetas»;
*.- preposiciones y acentos catalanizados y la «i» en vez de la «y».
Si este es el nivel de castellano de un organismo oficial, no es difícil imaginar el de un niño educado bajo la inmersión.
El Gobierno catalán afirma que sus pruebas de lengua española, de un elevado nivel de dificultad, como es sabido, demuestran un excelente nivel de castellano de los niños catalanes, superior, incluso, al de los de Valladolid.
Debe de ser que los vallisoletanos utilizan la conjunción «i» en vez de la «y», ponen la tilde según las reglas del catalán y escriben en un castellano muy «senzillo».

IMPRESCINDIBLE EL ACUERDO RAJOY-MAS



La imágen es independiente del texto
Artículo de Luis María Anson publicado en el diario El Mundo:

“Irritado por el desdén de Mariano Rajoy que hace poco más de un año marginó las necesidades económicas de Cataluña, Arturo Mas puso en marcha un plan secesionista, como estrategia de chantaje.
Pero la maniobra se le fue de las manos como el monstruo de Frankestein.
La ebullición de la Diada en septiembre pasado contribuyó a encabritar al líder convergente.
Albriciado por el griterío popular, convocó unas elecciones autonómicas en las que pensaba alzarse con una mayoría excepcional, en la frontera de los 80 escaños. Se equivocó.
En lugar de dimitir y retirarse a su casa con el rabo entre el arco del fracaso electoral, forzó la alianza contra natura de su coalición de derechas y los ultras de la izquierda. Desde entonces se tambalea enloquecido por la agonía económica y la palabra pánica. En las madrigueras de Moncloa se cree que todo es una finta y que la cosa no pasará a mayores. Se equivocan los optimistas y los voluntaristas. Esta vez el desafío va en serio.
Por eso resulta imprescindible el acuerdo Rajoy-Mas. La sociedad catalana, entre el secesionismo de la extrema izquierda y el pacto con el Gobierno central, se inclinará por este último.
La política es el arte de lo posible y exige tragarse un sapo cada día. No resultará agradable para Rajoy entenderse con el fracasado Arturo Mas. Pero es imprescindible negociar hasta la extenuación para llegar a una fórmula en la que el presidente catalán salve la cara, avance en la fiscalidad, enjugue al menos en parte la deuda que le abruma y se prorrogue el equilibrio actual. Los Estados Unidos de Europa llaman a la puerta y en cuestión de pocos años dispondremos de una Constitución que supere la actual Unión Europea. Hay que saber esperar.
Si Mariano Rajoy persiste en su política de no hacer nada se encontrará en poco tiempo con hechos consumados porque, a diferencia de los viejos amagos de Pujol, Arturo Mas no va de farol. Y entonces al presidente del Gobierno no le quedará otro remedio que o bien ceder cargando con el ludibrio histórico que le abrumaría a él y al Rey Juan Carlos o bien suspender la Autonomía de Cataluña conforme al artículo 155 de la Constitución. Eso lo hizo el Gobierno británico por dos veces en Irlanda del Norte sin excesivos problemas. Mucho me temo que en Cataluña no ocurriría lo mismo.
La ponzoña de la situación actual se originó en un despropósito zapatético. Según la macroencuesta del año 2003, ni el 5% de los catalanes estaba interesado en la reforma del Estatuto. José Luis Rodríguez Zapatero, líder de la oposición, prometió que respaldaría esa reforma si se alzaba con mayoría suficiente en el Parlamento catalán. Ganó el candidato socialista las elecciones generales y los dirigentes catalanes tomaron al presidente dadivoso no la mano sino el brazo entero y los dos pulmones. Y aunque los barones socialistas re-chazaron en el Congreso algunas aristas del Estatuto y también lo hizo con retraso el Tri-bunal Constitucional, aquellos polvos desquiciados han generado los lodos que ahora nos asfixian. Porque lo peor de la herencia de Zapatero no es la gravísima crisis económica; lo peor de esa herencia es la crisis política catalana, con el País Vasco, además, al acecho”.
Luis María ANSON.

Cuando ya no hay nada que decir lo mejor es decir la verdad.



España, un país más que pobre, empobrecido, no tiene respuesta para los que hacen tan poco ruido a pesar de estar tan cerca.
El mismo día en que sabemos que tenemos más de seis millones de parados Merkel pide subir los tipos de interés.
Ya vale. Quizás es la hora del conflicto y plantarse: quien evita los problemas los pierde, eso seguro.
La política que nos imponen terminará con nosotros, que ya hemos pagado por el pecado de creernos ricos sin serlo.
Robert Kennedy le dijo una vez a su hermano John, a propósito de la crisis de los misiles, que cuando ya no hay nada que decir lo mejor es decir la verdad.
Eso y no otra cosa espero de quienes gobiernan.
Digan la verdad, por favor. Aunque esa verdad no tenga remedio y el poeta siga preguntándose: ¿Cómo evitar el simulacro/ cómo vivir sin desvivirnos?

Una deuda pública disparada



abc. 29/04/2013
A pesar del elevado ritmo de apalancamiento público, nuestro país aún está por debajo de la media europea o de países como Italia y Francia
Una deuda pública disparada
 Los tres años que ha tardado el Tesoro en recuperar los niveles de interés de la deuda que pagaba en 2010 han salido caros.
Desde entonces, el endeudamiento de las finanzas públicas ha pasado de suponer el 61,5% del Producto Interior Bruto en 2011 al 86,9% en el que cerró el pasado mes de febrero. Es decir, el pasado año el apalancamiento público aumentó en 147.405 millones de euros, el mayor incremento recogido durante doce meses en España, entre los que se incluye la ayuda europea a la banca.
Nuestro país aún tiene recorrido para corregir la tendencia.
Su ratio de deuda pública sobre PIB es menor que el de la media europea (90,6%) o el de países como Francia (90,2%) o Italia (127%). Este recorrido se traslada al interés desde los inversores extranjeros. Desde agosto hasta febrero, la deuda del Estado ha aumentado en 60.919 millones, de los cuales el 80% (48.546 millones) ha sido financiado por no residentes.
 La tendencia continúa.
Así, para 2013, el Estado pretende colocar entre 215.000 y 230.000 millones en deuda, de los que ya ha conseguido 92.900 millones: entre el 40,4% y el 43,2% del total.
En cuanto a necesidades financieras, en 2013 el Estado requiere 120.213 millones para cubrir el déficit y pagar vencimientos de bonos y obligaciones.
A ello habría que añadir los 32.958 millones previstos para el Fondo de Liquidez Autonómico y 3.809 millones de aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Junto a otros conceptos, estas partidas elevan las necesidades totales en 153.171 millones.

El rápido incremento de la deuda es un problema enorme.
Este año acabará con entre un 91% y un 92% de deuda sobre el PIB y en 2014 se elevará por encima del 95%. Poco a poco, la carga de pago efectivo de intereses va a subir, porque la base de deuda total se va incrementando», alerta García Pascual, que avisa que nuestro país necesita un plan a largo plazo para volver a tener superávit primario, es decir, que los ingresos del Estado sean superiores a sus gastos sin contar el pago con los intereses de la deuda y el impacto del ciclo económico. En 2012, el déficit estructural primario de España fue del 3,5%.

Desde Washington también se acumulan los avisos: un informe de los economistas del FMI, Luc Eyraud y Anke Weber, alerta de que los procesos de consolidación fiscal conllevan el aumento a corto plazo de la deuda pública de los estados. Como fuere, para España el margen de corrección cada vez es más estrecho

¿Donde se esconde el dinero?



La gran evasión
susana alcelay/mª jesús pérez
ABC, 22/04/2013 - 09.49h
Son casi medio centenar, pagan pocos impuestos y mueven un botín de más de 175.000 milllones de euros procedentes de España
El oro se llama ahora divisas y no está bajo tierra o en una cueva recóndita, está fuertemente protegido en cámaras acorazadas en los bancos.
Sus propietarios ya no huyen de puerto en puerto, ahora se dedican al negocio del ladrillo, al blanqueo de capitales, al cobro de comisiones, a la financiación de grupos terroristas...
Aunque no siempre es ilegal depositar un tesoro en un paraíso fiscal... todo depende de si el tesoro se declara o no.

Luis Bárcenas, Iñaki Urdangarín, Oriol Pujol Ferrusola, Jérôme Cahuzac... Todos tienen algo en común, su nombre está asociado a paraísos fiscales, de nuevo de plena actualidad por las triquiñuelas de aquellos que manejan grandes capitales y no están dispuestos a declarar ni un solo euro en el país. Pero ¿qué es un paraíso fiscal? ¿De qué ventajas disfrutan los evasores? ¿Cuánto dinero de evasores españoles se mueve en estos destinos?

Son casi medio centenar, están exentos o prácticamente exentos de impuestos y según la OCDE, custodian en torno al 25% del PIB mundial, doce puntos más que hace solo cuatro años.
Y... ¿cuáles son los centros «offshore» guarecidos bajo el paraguas europeo?
La lista negra de 48 paraísos fiscales aprobada por real decreto del Gobierno español en 1991 incluye 18 paraísos europeos.

Entre ellos hay tres socios de la Unión Europea con los que España comparte moneda:
*.- Luxemburgo,
*.- Chipre y
*.- Malta.

Cuatro microestados:
*.- Andorra,
*.- Mónaco,
*.- San Marino y
*.- Liechtenstein.

Nueve satélites de la City londinense:
Las islas del Canal de la Mancha -Guernsey y otros islotes menores-, la isla de Man, Gibraltar y los seis territorios británicos de ultramar, es decir, el archipiélago de las Bermudas y las islas del Caribe (Caimán, Vírgenes Británicas, Anguila, Montserrat, Turcas y Caicos). Y dos refugios caribeños donde ondea la bandera de los Países Bajos: Aruba y las Antillas Holandesas.

Las grandes evasiones de impuestos suponen un quebradero de cabeza para las maltrechas finanzas de algunos países, especialmente, en momentos de crisis.
En España el 91% de las compañías que cotizan en el Ibex tenían sedes abiertas en paraísos fiscales en 2011, un año antes el 86%, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Estimaciones de los técnicos de Hacienda (Gestha) situaron en más de 175.000 millones el dinero que los españoles tenían depositados en paraísos fiscales en 2010.

Una reciente investigación divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que 130.000 políticos y empresarios de todo el mundo utilizan paraísos fiscales para hacer sus negocios y esconder su dinero, entre ellos figuraban personajes de la talla de la baronesa Carmen Cervera.
«Si bien hasta 2009 se venía apreciando una caída de la inversión española en esos territorios, la acentuación de la crisis, el mayor riesgo-país de España y el aumento de la presión fiscal tanto para empresas como para particulares con altas rentas trajo consigo un nuevo repunte en la deslocalización de capitales españoles», apunta Jorge Sánchez del despacho Montero/Aramburu.

Añade que «todo parece indicar que el ímpetu en la lucha contra el fraude fiscal, unido a la amnistía fiscal, y a la nueva obligación de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero está generando ahora una fuerte reducción de la inversión no declarada en los países de baja tributación o con secreto bancario, se encuentren o no incluidos en el listado español de paraísos fiscales».

La amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para sanear la cuentas públicas ofreció un impuesto único y lineal del 10% a las personas físicas y jurídicas que afloraran el dinero negro por el que no habían abonado impuestos. ¿Que ocurrió? Gestha estima que el patrimonio declarado por esos evasores acogiéndose a la amnistía apenas supuso el 6% del dinero negro oculto. Sus datos apuntan a que el 71% de la evasión fiscal es obra de grandes fortunas y empresas; en tanto que la fuga impositiva global de los trabajadores autónomos apenas representa el 8% y la de las pymes, el 12%.

Jorge Sánchez recuerda que la amnistía fiscal permitió aflorar 40.000 millones no declarados hasta ese momento. Y puntualiza que ese capital regularizado generará ingresos tributarios de forma recurrente en IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio en los próximos años, pero no se integra necesariamente en el circuito económico español, dado que regularización no supone repatriación del capital a España. «Frente a lo que ocurrió en procesos de regularización anterior, en esta ocasión no se exigía traer de vuelta a España el dinero regularización. Y mientras el contexto económico nacional no mejore, y continúen existiendo dudas sobre nuestro sistema bancario, España seguirá perdiendo inversiones de capital, nacional y extranjero, y los contribuyentes aministiados seguirán manteniendo los fondos en el extranjero».

Un estudio realizado por el grupo Tax Justice Network revela que existen entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado 230.000 millones en concepto de recaudación por impuestos a las arcas de los países de todo el mundo. Este grupo, dirigido por el antiguo economista principal de la consultora McKinsey, James Henry, estima que estas cantidades están concentradas en «jurisdicciones enormemente proteccionistas», como Suiza o las islas Caimán, con la ayuda de bancos privados que tienen el objetivo de atraer a los llamados «individuos de alto valor neto». La riqueza de estas élites económicas, según Henry, está «protegida por un grupo de profesionales, muy bien pagado y disciplinado, que se aprovechan de una economía global cada vez más transfronteriza y con menos fricciones».

De acuerdo con el estudio, los estados ricos en petróleo son especialmente propensos a depositar su riqueza en estas cuentas, en lugar de invertir en su propio país. Países como Rusia, por ejemplo, solo potenciaron su inversión nacional una vez que recibe los intereses de los casi 640.000 millones de euros depositados en el paraísos fiscales desde principios de los 90.

Es un negocio rentable al que medio mundo vuelve a decir basta como, por otro lado, lo ha venido haciendo, desde hace 40 años. Ahora es Europa y muy intensamente algunos de sus socios, como François Hollande, el que la pasada semana declaraba la guerra a los paraísos fiscales, a la alta delincuencia financiera y a los defraudadores franceses y europeos. Hollande respondía de esta forma tras la revelación de que su exministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, mantuvo durante 20 años cuentas secretas en el extranjero.

Tras un reciente escándalo sobre fraude fiscal publicado recientemente, era la Unión Europea en bloque la que anunciado que pondrá bajo la lupa los distinguidos refugios de las fortunas mundiales. Luxemburgo ha sido el primero en coger el testigo y relajará su secreto bancario. Pretende unirse a partir del 1 de enero de 2015 a los otros 25 Estados miembros que ya utilizan este método. Austria, que hasta 2002 tenía un secreto bancario que estaba acompañado por el anonimato completo de las cuentas, está dispuesta a negociar con sus socios el intercambio de datos sobre extranjeros en el país para luchar contra la evasión fiscal.

Y Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España ya han dado el primer paso y han abierto el debate para reforzar el sistema de intercambio de información automática, con un acuerdo para la puesta en marcha de un «instrumento piloto de intercambio multilateral» de información.

Mientras esto sucede algunos «refugios» han dado un primer paso. Liechtenstein está entre los destinos «offshore» que más preocupaa la UE y también ha reconocido que tendrá que ceder terreno para calmar las críticas a su opaco sistema bancario, aunque Suiza ya ha advertido de que en ningún caso aceptará el intercambio automático de informaciones.

Pero... ¿por qué ahora las iniciativas internacionales supondrán algún cambio? Hasta ahora todas se han quedado en mera declaración de intenciones. En 2001, tras el 11-S, se demostró que se habían utilizado paraísos fiscales con fines terroristas, ese fue el primer punto de inflexión. El siguiente paso vino con la crisis financiera, el G-20 de Londres en 2009 se conjuró contra lo ilícito, pero nada de nada. Los frutos de 2013 aún se esperan.

España antes y después de la Crisis



Deterioro del sector laboral,
Aaumento del déficit y la morosidad bancaria,
Retroceso del PIB...
El declive económico ha traído un vendaval de malos datos que han arrasado con las saneadas cifras económicas de las que España presumía allá por 2007.
El porcentaje de la actividad económica resume todo lo perdido: de un 3,5% de crecimiento en 2007 a los números rojos del -1,4% del año pasado.

El sector más perjudicado por la crisis en España: el del empleo.
La tasa de paro ha pasado en cinco años de un 8,6% a un 26,02% con 5.965.400 personas desempleadas (al cierre de 2012).
De la España dorada para los inmigrantes de la burbuja inmobiliaria y la creación de puestos de trabajo poco cualificados hemos pasado al extremo contrario: sequía laboral y emigración de jóvenes españoles al exterior.
El problema, a corto plazo, no tiene visos de solución.
La última EPA del primer trimestre de este año ha arrojado datos de más de seis millones de parados en España con una tasa del 27,16%, que según las últimas previsiones del Gobierno ya ha tocado techo.
Las razones de un ritmo tan elevado de destrucción de empleo frente a otros países europeos radica en factores como la rigidez laboral y en hábitos culturales como la falta de movilidad interna, según explica el profesor de Economía de ESADE, Pere Puig.
Marcel Jansen, profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, avisa de que la vuelta al crecimiento no resuelve todos los problemas.
Más de la mitad de los parados tiene como máximo el grado escolar o lleva más de un año en paro. Para garantizar que estos trabajadores van a ser capaces de encontrar trabajo en la recuperación es fundamental ejecutar una gran reforma en políticas activas que cree puestos de trabajo para los desempleados poco cualificados y que proceden del sector de la construcción.

Mientras el paro avanza, aumentan las prestaciones a pagar y se reducen los cotizantes, las arcas públicas se vacían de forma progresiva.
Si en 2007 contaban con un saldo positivo de 14.000 millones, al final del año pasado entraban en números rojos con un desfalco de más de 10.000 millones.
Una situación que llevó al Gobierno de Rajoy a pagar las pensiones en dos ocasiones en 2012 con recursos del Fondo de Reserva, que terminó en diciembre con una hucha de 63.400 millones.
Sobre las dificultades del Gobierno para pagar prestaciones y pensiones, el profesor Puig cree que hay que revisar con mucha «dureza» las condiciones de esos préstamos y que acortar el paro será una medida irremediable a corto plazo.

El equilibrio de las cuentas públicas es una condición indispensable para cosechar la confianza de las autoridades europeas y los mercados, según recuerdan los economistas consultados por ABC.
Para el Gobierno español, es la gran asignatura pendiente.
Si en 2007, nuestro país registró un superávit público de 23.368 millones de euros, equivalente a un 2,23% del Producto PIB, en 2012 cerró con un déficit del 6,98% que al tener en cuenta las ayudas a la banca, asciende al 10,6%.
Para finales de este año, España ha situado el objetivo de déficit en el 6,3% frente al 4,5% que Bruselas marcó en un principio.

En la misma línea, la deuda pública, que aún se mantiene por debajo de la media de la zona euro (90,6%), alcanzó a finales del año pasado una tasa del 84,2% del PIB frente al 36,30% de 2007.
El profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutente, José Ignacio Conde-Ruiz, pone de manifiesto que para conseguir la consolidación fiscal se necesitan «una reforma impositiva radical que elimine las ineficiencias actuales y las reformas estructurales necesarias para el crecimiento».

Quienes también han pagado la crisis con creces son los medianos y pequeños empresarios.
La falta de crédito y la creciente caída del consumo auspiciada por el desempleo y los recortes llevaron a 391.270 pymes a echar el cierre durante el año 2012 y a otras 376.945 en 2011. En total, casi 1.900.000 pequeñas y medianas empresas han desaparecido en cinco años y medio, según datos aportados por Cepyme.

La caída del flujo monetario por el paro y el estancamiento del consumo han empujado a muchos empresarios a cerrar sus negocios. Todo ello unido a la caída del crédito bancario a compañías y hogares. Así, si en 2007, la tasa de financiación a sociedades no financieras y hogares era del 17,7% y del 12,5% respectivamente; en 2012 fueron negativas, del -6,2% y del -3,7%.

El problema bancario, atenuado con dos reformas financieras por De Guindos y el préstamo bancario europeo acordado en junio de 2012, no se solucionará hasta que no se tomen «medidas drásticas» como la liquidación de alguna entidad financiera, en opinión del profesor de Economía de ESADE, Pere Puig.

El profesor Marcel Jansen también considera que hacen falta más iniciativas para que los bancos vuelvan a dar crédito y pierdan el miedo a los impagos, entre ellos, señala los programas ingleses de financiación a pymes, que trasladados a nuestro país, requerirían el apoyo del BCE. Mientras, el sector bancario sigue enfrentándose a un panorama lleno de incertidumbres: «El desempleo aumentará los impagos y pueden abrirse nuevas grietas en las entidades financieras», apunta el profesor de Teoría Económica de la Autónoma.

Por último, observamos que el único sector que ha mejorado en España por el tirón a la baja de los precios y los salarios es el de la balanza de pagos y las exportaciones que, según las previsiones del Gobierno, acabará 2013 con superávit. Ya en 2012, España logró reducir el déficit comercial a 8.527 millones de euros frente a los 106.201 millones de 2007.

Para Jansen, tanto las exportaciones como la llegada de inversión extranjera serán claves de la recuperación ahora que que la demanda interna es débil. Por ello, la moderación de los salarios y nuevas reformas para potenciar la entrada de inversión foránea ayudarán a que España sea capaz de devolver la deuda y a frenar la fuga de cerebros al extranjero.

Por su parte, Conde-Ruiz pone de relieve que para mejorar la actividad económica es necesario tanto crear un entorno económico que haga que la inversión sea atractiva en nuestro país como la mejora del capital humano.

No obstante, este activo no será suficiente para salir de la crisis; los analistas preguntados coinciden en que tendría que aumentar el peso del sector de las exportaciones en la economía (un 30% del PIB, actualmente) para sacar a España del agujero en el que lleva inmersa alrededor de unos cinco años y medio.
(Fuente ABC)