Laicidad

El PSOE comienza a crear un clima para «reformular» los acuerdos entre Estado e Iglesia

El «debate sereno y pausado» sobre el que ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para llevar a buen término su anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa parece no incluir a los propios miembros del Partido Socialista.

En el marco del seminario «Laicidad y Democracia», organizado por la Fundación Pablo Iglesias en colaboración con el PSOE, el secretario federal de Libertades Públicas de los socialistas, Álvaro Cuesta, acusó a la jerarquía de la Iglesia católica de mantener una actitud de «extrema agresión contra el Gobierno legítimo de España», de tener menos sentido de «la convivencia en libertad que los propios cristianos», y de impulsar una campaña a favor de la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía que es una «auténtica barbaridad».
Cuesta planteó varios campos de conflicto que impiden actualmente el avance hacia la laicidad del Estado.

La «ofensiva confesional», que están liderando «algunos representantes de la Iglesia» sobre Ciudadanía y que está «acorralando a los poderes públicos». «La libertad de conciencia y la laicidad pueden quedar heridas de muerte si el Gobierno y las autoridades públicas no defienden con intensidad» la nueva asignatura, advirtió. «La pugna entre el Estado confesional o laico se está jugando en el tablero de la educación pública y de Educación para la Ciudadanía».

Retribución de culto y clero
El nuevo modelo de financiación de la Iglesia, pese a ser «un avance importante», también supone un obstáculo a la neutralidad del Estado desde el punto de vista del socialista. Sobre todo, teniendo en cuenta que con el «0,7 por ciento no se paga obra social de la Iglesia sino salarios de la Conferencia Episcopal».

«Yo respeto mucho y admiro las obras sociales de la Iglesia, pero les aseguro que la caridad y la obra social no están en la agenda de Rouco Varela», sentenció.

Además, precisó que la terminología con la que se designa el modelo de cooperación del Estado con la Iglesia en los Presupuestos Generales -«aportación del Estado para el sostenimiento de la Iglesia»- es «incorrecta y retrotrae a la vieja retribución de culto y clero preconstitucional». «Un Estado que aporte para el sostenimiento de una confesión con ese concepto y esa calificación lo convierte en confesional», incidió.
El acto por la familia cristiana organizado por el Arzobispado de Madrid en diciembre del año pasado, tampoco fue pasado por alto por el socialista, al acusar a los «ultras del Episcopado» de mantener «una actitud y unos conceptos» que «no representan a la inmensa mayoría de los católicos». «Las leyes de un Parlamento democrático no disuelven la democracia ni retroceden en los Derechos Humanos. Los intereses religiosos no pueden ser el baremo de justicia de los poderes públicos», alertó.
Pese a su discurso poco conciliador, Cuesta sí se alineó con el Gobierno a la hora de referirse a la política de igualdad que éste pretende trasladar al campo de las confesiones religiosas, a través de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. «En una sociedad cada vez más plural, los poderes públicos deben proteger y amparar en la misma medida las distintas creencias y convicciones», señaló el socialista, quien, advirtió de que «sin el valor de la laicidad el valor de la igualdad queda mutilado. La igualdad es indisociable de la laicidad».
En pro de este objetivo, el socialista también se mostró abiertamente en contra de la presencia de capellanes en los comité de ética de los hospitales y a su participación en la decisiones médicas y en los cuidados paliativos, pese a que la Iglesia ha aclarado una y otra vez que sus ministros no toman parte en estas decisiones.
Como solución a los conflictos, Cuesta propuso «ganar más espacios de laicidad teniendo claro que tarde o temprano hay que reformular la relación con la Santa Sede y los propios convenios».

Resumiendo:

*.- «Ganar más espacios en laicidad» pero «teniendo claro que, tarde o temprano, hay que reformular la relación con la Santa Sede y los propios convenios».

*.- La Iglesia Católica agrede al Gobierno de España y a la acción legislativa del Parlamento. «Las leyes de un parlamento democrático ni disuelven la democracia ni retroceden en los derechos humanos».

*.- Reformar la Ley de Libertad Religiosa tiene la finalidad de «adaptar a legislación vigente a la realidad social del momento». Se pretende «reforzar la laicidad» y adecuar la legislación «a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso».

*.- No hay «posiciones cerradas», sino «debates abiertos». Sobre la financiación de la Iglesia Católica, reconoció «avances», pero se mostró en descuerdo con la terminología que se maneja en la normativa -Aportación del Estado al Sostenimiento de la Iglesia Católica- por considerarla «preconstitucional» y añadió que ese concepto y esa calificación «convierten al estado en confesional».

*.- «El modelo confesional conspira contra la mujer y contra la igualdad entre hombres y mujeres». En este sentido, manifestó que sin laicidad, «el objetivo de la igualdad queda mutilado».