El «Caso Faisán», «Caso Rubalcaba»

El Gobierno está a merced de acontecimientos que ya no controla en una investigación judicial dirigida por un juez independiente.
No cabe duda de que la suspensión del juez Baltasar Garzón trastocó las expectativas del Gobierno en relación con el «caso Faisán», que, lejos de quedar archivado y olvidado, se ha convertido en una losa para el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No es cuestión de prejuzgar, porque no hay pruebas concluyentes al respecto, que Pérez Rubalcaba estuviera al tanto de que se iba a producir el chivatazo a la red de extorsión etarra que operaba en el bar «Faisán».
Tampoco hacen falta esas pruebas para constatar que se está cerrando el círculo de responsabilidades penales y políticas por lo que fue un acto de traición al Estado y a las víctimas del terrorismo.
El instructor del caso, Pablo Ruz, ha recibido nuevas informaciones, incluidas grabaciones desconocidas, que permitirían identificar a quien entregó a Joseba Elosúa, recaudador de la red de extorsión, un móvil desde el que fue avisado de la operación que iba a desencadenarse de forma inmediata.
Tales informaciones apuntan a que un funcionario policial, José María Ballesteros, entró en el bar «Faisán» en los minutos en que Elosúa fue alertado.
Es evidente que el Gobierno se encuentra a merced de acontecimientos que ya no controla en una investigación judicial dirigida por un juez independiente, y con participación de acusaciones populares que podrán acusar y pedir y obtener la apertura de juicio oral al margen de lo que haga el Ministerio Fiscal.
El hilo de las pruebas tira hacia arriba, y el Gobierno tendrá que hacer frente a la versión más creíble de que el chivatazo fue una decisión política para favorecer la negociación del Ejecutivo con ETA.
Quién fue el más alto cargo que tomó esa decisión es algo que podrá o no saberse en el proceso penal, pero las responsabilidades políticas ya están definidas por el organigrama de Interior.
Si se repara brevemente en que este escándalo de colaboración policial con ETA no ha supuesto una sola dimisión de responsables de Interior, resulta sencillamente increíble.
Asumir responsabilidades sin esperar a los jueces no solo dignifica a los políticos, sino que amortigua la gravedad de los hechos y mantiene la confianza de los ciudadanos.

El Gobierno tiene dos opciones: dar el paso al frente, revelar lo que sabe y anunciar dimisiones o esperar a desayunarse todos los días una información que aumente el foco de las sospechas sobre el Ministerio del Interior.

El ex director general de la Policía, durante el Gobierno de José María Aznar, y actual vicepresidente de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, ha afirmado que "hay que hablar de quién llevaba el dinero" al bar Faisán y "de donde salía", en relación con el caso del presunto chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006.
"Si en ese bar se recaudaba dinero creo que, más que estar hablando del chivatazo, hay que hablar de quién llevaba el dinero allí y de dónde salía el dinero", ha manifestado Cotino este jueves, en una entrevista concedida a la Cadena COPE recogida por Europa Press.
Según ha indicado, "estamos centrando el tema en si un policía entró o salió del bar", algo, en su opinión, "muy grave pero tan grave como eso es quiénes son los que estaban aportando el dinero y de dónde salía". El dirigente 'popular' ha opinado que estas son "dos preguntas que no se están realizando" y que, desde su punto de vista, "la Fiscalía tenía que haber entrado en ellas desde el primer momento".
Así, ha señalado que él no tiene la respuesta pero sí "hipótesis". "Esa hipótesis es que no creo que un empresario esté pagando un impuesto revolucionario en un momento de tregua. Si resulta que allí había gente que estaba llevando dinero, vamos a ver si ese dinero era de una empresario, del señor al parecer relacionado con algún partido político del País Vasco que llevaba el dinero y si era de su bolsillo o se lo había dado alguien oficialmente", ha argumentado.
En este sentido, ha aseverado que "si tuviese pruebas las hubiese llevado al juzgado", al tiempo que ha reconocido que no sabe "lo que aportarán los abogados" del PP (personado en la causa) a la investigación. Además, ha recordado que España tiene una Policía "de las mejores del mundo" y que "suele funcionar" de tal forma que un policía no da un paso adelante sin que lo sepa su superior jerárquico.
Preguntado sobre dónde cree que debe terminar la responsabilidad política de este chivatazo, ha contestado que, en su opinión, "lo que tiene que hacerse es aclarar quién fue el que dio la orden política de hacer esa serie de cosas".
Finalmente, en relación con la ratificación como candidato a la Presidencia de Valencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por parte del comité electoral nacional, Cotino ha insistido en que "las cosas se tienen que hacer en el momento político en el que haya que hacerlas".
"La Comunidad valenciana y creo que todo el PP de España sabe que el mejor presidente que hemos tenido en la Comunidad valenciana es Francisco Camps y, por lo tanto, nosotros creemos que debe seguir siendo él", ha concluido.