Consuela muestra la sentencia del Supremo en el comedor de su casa.
No tengo nada en contra de Cataluña, lo único que he hecho es reclamar un derecho constitucional, y eso me ha supuesto, por ahora, seis años de intensa lucha».
Consuelo Santos Neyra, una de las madres que hay detrás de las tres sentencias lingüísticas que dictó el pasado diciembre el Tribunal Supremo (TS), que obligan a la Generalitat a devolver al castellano el papel de lengua vehicular en la enseñanza, nunca se ha sentido extraña en Cataluña, pese, según dice, «al empeño de muchos ciudadanos para que así sea».
En una entrevista concedida a ABC, esta madrileña de 42 años, afincada en Sabadell (Barcelona) desde hace doce años, relata su particular «via crucis», que empezó cuando denunció a la Generalitat por impedir una enseñanza bilingüe para su hija Lydia, en 2005, y concluyó en diciembre con el fallo del Supremo. Ahora, tras el espaldarazo del Alto Tribunal, ve el objetivo más cerca, aunque desconfía de la respuesta del Govern.
«Los fallos son irreplicables» «El gobierno catalán nunca ha acatado las sentencias, aunque ahora es diferente porque los fallos del Supremo son irreplicables», asegura la madre, quien está convencida de que si el Govern no desiste de su actitud «acabará en el banquillo».
Consuelo, casada con un barcelonés, llegó a Sabadell en 1999 y lo primero que hizo fue apuntarse a clases de catalán. «Me saqué el nivel A, el más básico, aunque no tuve ningún problema para relacionarme», explica a este diario.
Los problemas comenzaron, según explica, cuando su hija Lydia P. S., que entonces tenía sólo tres años, se matriculó en el primer ciclo de Educación Primaria en el centro concertado «Sant Josep de Calasanz» de Sabadell, un colegio de religiosas en el que sigue estudiando y para el que sólo tiene buenas palabras.
«Leí el folleto de preinscripción escolar y observé, para mi sorpresa, que no me daba la opción de elegir los primeros años de escolarización en castellano para mi pequeña, tal como me corresponde por ley», afirma. Era el año 2005. Desde entonces y hasta ahora, lo folletos sólo dan a los padres la opción de acceder a la atención individualizada. «Me pareció una ofensa porque eso es discriminatorio», denuncia la mujer, quien se puso en contacto con la dirección del centro, aunque se limitaron a decirle que cumplían instrucciones».
Consuelo, como otros muchos padres reniega de esta fórmula. «No creo que haya ningún padre que quiera que su hijo demuestre al resto de la clase que va rezagado en algo», denuncia.
Sin embargo, lo que le llevó realmente a decidirse fue una frase que pronunció su hija: «¡Mamá, si me dejaran estudiar en castellano sería más lista!». Fue entonces, cuando esta madrileña se armó por la causa bilingüe.
Lo primero que hizo fue contactar con Convivencia Cívica Catalana (CCC). «Les llamé porque entendí que podían ayudarme», declara la madre. Fue el primer paso de una larga peregrinación. Consuelo y su marido —en esta causa ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias en su trabajo—, junto a otros padres que se encontraban en su misma situación, pasaron a la acción y denunciaron primero la situación ante las autoridades educativas.
La consejería de Educación se limitó a proponerles atención individualizada para sus hijos, lo que les llevó a llamar a la puerta de la justicia. «Primero denunciamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y después pasamos al Tribunal Supremo (TS), que finalmente, nos ha amparado», relata la madre.
Mirando hacia atrás, Consuelo reflexiona: «Han sido casi seis años de intensa lucha para acceder a algo que nos corresponde por derecho. Sólo quiero que el bilingüismo de la calle se traslade a las aulas». El largo camino hacia esta celebrada sentencia ha sido, según relata, «duro» y con «momentos especialmente amargos». Recuerda, en este sentido, las amenazas recibidas de ciudadanos anónimos desde la Red a raíz de los fallos del Supremo.
Amenazas en «Facebook».
«En “Facebook” un ciudadano decía: “Si pudiera cortarles una pierna o un brazo con un hacha oxidada a los tres fascistas estos —refiriéndose a los tres padres de las sentencias— lo haría sin pestañear”», explica.
Cuestiones personales al margen, Consuelo Santos está convencida de que ella junto a las otras dos familias que están detrás de los fallos del TS, han «hecho historia» porque, según afirma, «lograremos una Cataluña bilingüe». Está convencida, sin embargo, de que la batalla no ha concluido y vienen duros meses de combate. Su última reflexión la reserva para los catalanohablantes: «Son las verdaderas víctimas de la inmersión».
Querella criminal y lluvia de demandas.
Tal como avanzó ayer ABC, la Generalitat ha vuelto a retar a la Justicia, esta vez al Tribunal Supremo (TS), al burlar la casilla lingüística, que permite a los padres elegir la lengua de escolarización de sus hijos en el folleto de preinscripción. Esta vez el incumpliento es más flagrante porque se trata de tres fallos contundentes que instan al Govern a cambiar el modelo de inmersión para garantizar el bilingüismo en las aulas. Convivencia Cívica Catalana (CCC) la asociación que ha dirigido la causa bilingüe, presentará —hoy tal como avanzó este diario— una querella criminal contra la directora general de Atención a la Familia, Meritxell Ruiz, y tiene previsto ampliarla a la consejera, Irene Rigau. También presentará un recurso ante el TSJC por «vulneración de derechos fundamentales». En paralelo a la batalla judicial, hay 200 padres dispuestos a pedir una enseñanza bilingüe para sus hijos. La consejera se limitó ayer a asegurar que cumplen la ley y mantendrán la inmersión.
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