Daniel Ponce, subdirector de Mercasevilla a los empresarios de La Raza: «Vamos a ver una cuestión que es la más espinosa, la colaboración con la Junta. No sé a los niveles que estáis con la Junta pero la Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple: yo colaboro con quien colabora. (...) Ellos estiman que siempre, dentro de la colaboración mutua que tenemos que hacer las dos entidades, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo suplementario en este caso. Nos movemos en una cifra de 300.000 euros, con lo cual estaríamos hablando de que tendríais que afrontar la ampliación de la potencia (150.000 euros) y la colaboración con la Junta. (...) Nosotros sí sabemos cómo funciona la administración. De todos los proyectos, en todos los ámbitos, en todas las administraciones donde la Administración pone dinero, ellos lo tienen muy fácil. Tú pides el cien por cien y ellos te dan lo que te tienen que dar».
La grabación que en 2009 desveló el cobro de comisiones ha conducido al «fondo de reptiles», que pone en jaque la política de subvenciones andaluza.
Algunas de las frases pronunciadas ante el micrófono oculto eran premonitorias de lo que dos años después hemos conocido gracias a la investigación realizada por la Policía a instancias del Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla.
Hoy, el caso Mercasevilla está dividido en cinco ramas bajo el denominador común de la corrupción en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía por el cobro de favores y comisiones a cambio de ayudas públicas. Hasta el momento, la juez Mercedes Alaya ha imputado a catorce personas, entre las que hay cargos públicos socialistas y técnicos de la Administración, pero las últimas investigaciones han desvelado una trama de fraude masivo y millonario en las ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que convierte el caso en una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno andaluz. Un gobierno, que durante dos años se negó a investigar a fondo la trama a pesar de estar implicado desde el primer momento. La trascendencia del caso supone un escándalo político que el Partido Popular relaciona con la financiación ilegal del PSOE.
COMISIONES ILEGALES: «La Junta colabora con los que colaboran».
La investigación del caso que actualmente sigue la pista al fraude generalizado en las subvenciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía centró inicialmente en un petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla, empresa gestionada por la sociedad estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla, a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza como contrapartida por una subvención de 900.0000 euros concedida por la Junta de Andalucía a la Fundación Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela de hostelería que gestionaría La Raza. La conversación fue grabada el 26 de enero de 2009 por los empresarios, José Ignacio Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, actual presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. A ambos Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y subdirector de Mercasevilla, respectivamente, les pidieron 300.000 euros de «colaboración» —más 150.000 «para enganchar la luz»— con el pretexto de que «la Junta colabora con quienes colaboran». Posiblemente esa sea la frase más destacada de la grabación pues supone un indicio para sospechar de la existencia de un cobro sistemático de comisiones desde la administración andaluza, presidida entonces por Manuel Chaves, a partir de las subvenciones que concedía, en este caso en materia de Empleo.
La cinta fue entregada el 27 de enero por uno de los empresarios a un asesor de la Consejería de Presidencia, ocupada entonces por Gaspar Zarrias. El propio asesor se lo transmite a sus superiores, a los servicios jurídicos de la Junta al viceconsejero de Empleo y al propio alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como máximo responsable de los directivos «pillados» en la grabación, Mellet y Ponce, ambos personal de su confianza y militantes de la Agrupación Socialista Macarena de Sevilla.
La Junta no traslada hasta el día 17 de febrero la cinta a la Justicia, si bien no decide hacerlo al juzgado de guardia sino que la pone en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla conscientes de que los empresarios tendrían una copia de la misma.
Nada trascendió a la opinión pública hasta el 31 de marzo cuando ABC informa de la investigación que al respecto había abierto la Fiscalía. Hasta entonces, y a pesar del conocimiento de los hechos que tenían tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía no se habían tomado públicamente medidas disciplinarias contra los implicados. El director de Mercasevilla, Fernando Mellet dimitió el 17 de febrero «por motivos personales» a pesar de que el alcalde sostiene que cinco días antes había ordenado por fax su cese. Sin embargo, Mellet dimite recibiendo una efusiva felicitación del vicepresidente ejecutivo de la empresa pública, el teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, socio de gobierno municipal. El subdirector imputado, Daniel Ponce, sigue trabajando hoy en Mercasevilla, donde pretende prejubilarse. Mellet y Ponce fueron expulsados del PSOE en junio, tres meses después de que ABC destapara el escándalo.
Ante la aparente pasividad de la Fiscalía de Sevilla en la investigación, limitada prácticamente a la transcripción policial de la cinta y a la toma de declaraciones, el PP, a través de su portavoz municipal, Juan Ignacio Zoido, interpuso en mayo de 2009 una querella que aceptó a trámite el juzgado de instrucción número seis. La investigación judicial derivó en la imputación de Mellet y Ponce, de la secretaria de dirección de Mercasevilla Regla Pereira y del delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, el primer alto cargo socialista de la Junta implicado en el caso que, sin embargo, no dimitió hasta el 20 de abril de 2010, amparado por el ferviente apoyo que le daba su partido y la cúpula política del Gobierno andaluz. La Junta hasta ese momento había restado importancia al escándalo, que entendía de competencia municipal, pero en el origen de todo está en una frase fundamental para reconocer la trascendencia del asunto: «la Junta colabora con quienes colaboran» y Rivas no iba a ser el único cargo de la administración pública implicado. ABC.
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