Un superior del jefe del equipo que investigó el "chivatazo" a ETA en el "bar Faisán" de Irún (Guipúzcoa) ha declarado ante el juez Pablo Ruz que el máximo responsable de este operativo, Carlos G.,intentó borrar la conversación en la que el dueño del establecimiento, Joseba Elosúa, le reconocía a su cuñado, Carmelo Luquin, que había recibido un soplo de la policía, según informaron fuentes de la defensa y de la acusación personadas en la causa.
Así lo ha indicado el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, José C., que ha ratificado ante el instructor el informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión etarra "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".
En la conversación, que se produjo el 4 de mayo de 2006, día del chivatazo, Elosúa indicaba a su cuñado que una persona que había entrado en su bar sin identificarse le había advertido que le seguían y que sabían que el día anterior había mantenido una reunión en una sidrería de Oiartzun. Según Elosúa, el autor del "chivatazo" le dijo que la policía era consciente de que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del impuesto revolucionario, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se iba a producir la detención del enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur.
Declararán cinco mandos policiales.
José C., que ha declarado durante más de una hora y media, ha apuntado que, además de intentar destruir esta prueba, el jefe del equipo conjunto de investigación le aseguró que, si se producían las detenciones, él y sus hombres -cuatro o cinco de los cuales se encontraban en las inmediaciones del "bar Faisán" iban a ser "crucificados". También ha asegurado que Carlos G. y su equipo -y no los miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián-controlaron en todo momento tanto la baliza que se había colocado en el coche de Elosúa para registrar sus llamadas como la cámara que grabó los movimientos que se registraron en la puerta del establecimiento, y que registra varios cortes, según fuentes de la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, que se encuentra imputado en la causa junto al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y un inspector de Alava.
El día anterior al «chivatazo».
También han comparecido el comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García, y el subdirector del diario "La Razón" y experto en Interior, Jesús María Zuloaga, que han escuchado la reproducción de la conversación que éste último mantuvo con el jefe superior de Polícia del País Vasco, uno de los tres imputados en la causa. En ella, el mando policial contaba a su interlocutor que Amo García le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según indicaba, "los de Madrid iban a tirar, que será lo del "Faisán".
Amo García, que ha ratificado esta conversación, ha mostrado su convencimiento de que el jefe superior no conocía la operación el día antes del chivatazo e incluso especularon con que pudiera tratarse de una operación contra la extranjería.
Zuloaga, por su parte, ha señalado que se encontraba en la playa y que su conversación con el responsable policial fue de carácter personal. Además, han declarado por segunda vez en la causa el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, que también aparece en las actuaciones como jefe del Grupo VIII, y la responsable de la Sección de Análisis de este departamento para tratar de aclarar las contradicciones que existen entre sus testimonios.
El primero ha mantenido que ambos estuvieron el 3 de mayo de 2006 en una reunión con uno de sus superiores en la que se trató el contenido de una conversación registrada en la sidrería Eguiluce Mendikaa de Oiartzun tras una reunión entre Elosúa, el dirigente del PNV Gorka Aguirre y el presunto miembro del aparato de extorsión etarra Ramón Sagarzuzu. Sin embargo, la jefa de la Sección de Análisis ha vuelto a negar esta versión y ha dicho que no estuvo presente en esta reunión ni facilitó su contenido al jefe superior de Policía del País Vasco.
Preguntas del juez.
Ruz, que ha realizado numerosas preguntas durante los interrogatorios, según las citadas fuentes, ordenó estas diligencias en dos autos dictados los días 24 de enero y 1 de febrero con los que ha reactivado la investigación y ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa por falta de autor conocido. En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Alava.
El magistrado quiere saber los cortes de la cinta que grabó la puerta del barEl magistrado, además, ha solicitado al equipo de investigación que le detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se grabaron los movimientos registrados en la puerta del "bar Faisán", así como una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y la identificación de "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.
Ruz también ordenó la identificación de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, uno de los cuales pertenecía al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que desde la noche anterior a la delación hasta septiembre de 2006 intercambiaron llamadas con García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco. Sin embargo, el pasado viernes el juez dictó un auto en el que decidía no llamar a declarar a Camacho, "número dos" del Ministerio del Interior, al considerar que su testimonio "no es determinante" para el esclarecimiento de los hechos. Fundamenta esta afirmación en "la irrelevancia del tráfico de llamadas" investigado, que se puede achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantiene con sus interlocutores.
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