Supervivientes

Mucho predicar austeridad a efectos retóricos, pero el Gobierno no tiene intención de adoptar medidas concretas. Así se puso de manifiesto ayer en el Senado, con la derrota de una iniciativa del PP que pretendía —entre otras cosas— reducir drásticamente el personal eventual de las administraciones públicas, facilitar la privatización de televisiones autonómicas o establecer límites de gasto a nivel regional y local. Mientras la oposición ofrece propuestas razonables, el Ejecutivo habla mucho pero no hace nada. El interés general sale perjudicado, porque sin reducción del gasto no hay salida de la crisis.


Bandazos con el déficit público

Zapatero vive al día, y lo mismo se abraza a la política de restricciones que impone Merkel que retorna al gasto público incontrolado.
Si en algún momento Rodríguez Zapatero se pregunta por qué los ciudadanos ya no se fían de él y los mercados y gobiernos europeos tienen a España por un factor amenazante para la recuperación económica, puede buscar la respuesta en las reacciones que ha provocado su decisión de premiar al Ejecutivo nacionalista de Cataluña con una singular autorización para refinanciar su enorme deuda pública. Como era previsible, en pocas horas tras el anuncio del acuerdo entre Zapatero y Artur Mas, otros gobiernos autonómicos, y hasta el alcalde de Madrid, demostraron que la situación no está para más hechos diferenciales ni tratamientos privilegiados. Ante la marea de críticas que se le venía encima, Zapatero ha optado por ahorrarse problemas internos y autorizar de manera general la refinanciación de las Comunidades Autónomas. El Gobierno socialista elimina de un plumazo una de las medidas principales con las que quería demostrar su compromiso con la austeridad y el control del gasto público. La prohibición de nuevos endeudamientos estaba asfixiando las economías autonómicas y locales, pero al menos tenía un objetivo concreto y coherente con la gravedad de la situación. De pronto, Zapatero antepone la necesidad de contar con el apoyo de CiU al mantenimiento de una política económica de crisis en materia de gasto público. Es decir, vuelve a dar prioridad a su estabilidad política frente a la responsabilidad que le incumbe como gobernante.


El resultado de esta improvisada rectificación es el de siempre: aumenta el descrédito de España ante los socios europeos y agrava los efectos más perniciosos de la organización autonómica del Estado. Ahora, el Gobierno tiene que abordar la segunda parte de este craso error y debe decir qué repercusión va a tener su enésima prueba de ineptitud gestora en el déficit. De hecho, la estructura de gasto de estas administraciones sigue, salvo excepciones, intacta, amarrada a empresas públicas, personal designado a dedo, representaciones inefables en el exterior y medios públicos de comunicación perfectamente reducibles. Pero Zapatero ha decidido vivir al día y lo mismo se abraza a la política de restricciones que le impone Merkel que vuelve por los fueros del gasto público incontrolado para asegurarse los apoyos políticos necesarios. Siempre tendrá a mano un pensionista, un funcionario o un trabajador que acabe pagando sus facturas.