La otra corrupción o el "no es mismo".

El 'caso Mercasevilla' revela presuntas prácticas fraudulentas que salpican a la Junta andaluza Editorial de El País.
La Junta de Andalucía se ha visto salpicada por un caso de corrupción que la policía empezó a investigar en Mercasevilla y que ha revelado la concesión de jubilaciones anticipadas irregulares. El mecanismo consistía en incluir como trabajadores de empresas en dificultades a personas sin relación con ellas, de modo que pudieran beneficiarse de un fondo público creado para contribuir a la financiación de los expedientes de regulación de empleo. Hasta el momento, la operación se ha saldado con una docena de detenidos, relacionados con 39 prejubilaciones fraudulentas.
El Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar con la justicia.

El exresponsable de política local de Baeza, en Jaén, es el único dirigente socialista detenido y hay indicios contra el antiguo director general de Empleo de la Junta, Javier Guerrero.
Todavía podrían aparecer otros implicados, vinculados o no a la Administración andaluza o al partido socialista. Sea cual sea la dimensión del caso, la justicia debe depurar hasta las últimas responsabilidades. Pero ni el estadio actual de la investigación ni el peso de los dirigentes bajo sospecha legitiman la estrategia que ha adoptado el Partido Popular.
Como fuerza mayoritaria de la oposición en Andalucía, corresponde al PP ejercer el control del Ejecutivo regional.
En lugar de ello, ha trasladado el asunto al Congreso para utilizarlo como pantalla frente a los avances judiciales del caso Gürtel.
El principal imputado en esta trama no es un cuadro local, sino el presidente de la Generalitat y máximo dirigente del PP en Valencia.
Tampoco la cuantía de lo defraudado es comparable, además de que un presunto delito se refiere a enriquecimientos personales y otro se encamina hacia la financiación ilegal del PP.
Al oponer el caso de Andalucía al que les afecta en Valencia, los populares están haciendo, en el fondo, un implícito reconocimiento de culpabilidad. Sobre todo porque, a diferencia de la Junta, han decidido cargar contra la justicia en lugar de comprometerse a colaborar con ella. El mensaje que los populares están transmitiendo es que se sienten cómodos ante un panorama en el que todos los partidos, y no solo el suyo, tengan ilegalidades de las que responder.

Es un mensaje peligroso, no solo porque da a entender que la fuerza política que se configura como alternativa es condescendiente con su propia corrupción e implacable con la ajena, sino también porque desprestigia la actividad política.
El peso de la Justicia



El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo ayer que «si alguien ha cometido un delito», «ha metido la mano» o ha cometido «una irregularidad» en la tramitación de los ERE presuntamente fraudulentos de Andalucía, entonces «que el peso de la Justicia recaiga» sobre esa persona. Para Chaves los ERE «tienen unos fondos que han estado presupuestados, que son legales y han sido autorizados por el Parlamento» andaluz.


El Parlamento andaluz rechaza crear una comisión para investigar los ERE La mayoría absoluta del PSOE ha impedido por tercera vez en diez meses que se constituya. La mayoría absoluta del PSOE ha impedido por tercera vez en diez meses que se constituya en el Parlamento de Andalucía una comisión que investigue el caso Mercasevilla, el origen de las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo de la Junta Andalucía.


La comisión de investigación fue demandada por el PP y contó con el apoyo de IU, pero los socialistas la rechazaron esgrimiendo que después del "oportuno análisis" era "innecesaria e inconveniente" porque pretende convertir el Parlamento en un "circo" y el caso en "mercancía" electoral. El diputado sevillano del PP Juan Ignacio Zoido justificó el tercer intento de su grupo en la necesidad de "depurar" responsabilidades políticas en una "trama de corrupción" que investiga la Justicia "gracias" a la querella de su partido. "Mercasevilla es la ventana desde la que se ve la trama de corrupción de los ERE irregulares que señala a todo un Gobierno", ha sentenciado Zoido.
La investigación se centró inicialmente en una petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla, empresa gestionada por la sociedad estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla, a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza como contrapartida por una subvención de 900.0000 euros concedida por la Junta de Andalucía a la Fundación Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela de hostelería. Zoido ha denunciado que han transcurrido dos años y tres causas abiertas por el caso y que el PSOE "ni se ha personado en el delito societario origen de los eres irregulares".
El socialista José Muñoz ha acusado al PP de basarse en la "propaganda y el engaño" para montar en el Parlamento un "juicio paralelo", y ha sostenido que los hechos denunciados se deben a la "diligencia" de la Consejería de Empleo. "La comisión no ofrecería ninguna novedad sobre un asunto que ya se ha debatido y cuando la Junta quiere que se investigue caiga quien caiga. Lo que el PP pretende es generar ruido y entorpecer la labor de la Justicia", ha denunciado. El portavoz de IU, Diego Valderas, ha considerado necesaria la investigación política ante el "escándalo" de Mercasevilla, aunque ha apostado por una investigación más amplia que aborde la "trama" de los ERE irregulares y la "sombra de sospecha" en la Consejería de Empleo.