ABC.
Bibiana Aído El Tribunal de Cuentas ha puesto en uno de sus últimos informes la lupa en el extinto Ministerio de Igualdad, en concreto en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ahora integrada en el Ministerio de Sanidad. El Tribunal ha detectado múltipes «deficiencias» en los contratos del citado organismo durante 2008 y 2009, es decir, con Bibiana Aído al frente del Ministerio y Miguel Lorente como titular de la Delegación. El informe evidencia adjudicaciones directas no justificadas, exceso de contratos menores (posible fraccionamiento) para disminuir la cuantía de los mismos, incidencias en las subvenciones y los convenios de colaboración y paradójicamente desequilibrio en su personal masculino y femenino, en favor de las mujeres (se llegó a un porcentaje de 95% frente al cinco por ciento de hombres), informa Ep.
Falta de transparencia.
Queda de manifiesto que en 2008 los órganos de contratación de la Delegación del Gobierno «no utilizaron, como regla general, el procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación», pese a ser el que la Ley de Contratos fija como ordinario, «lo que podría haber afectado al cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia que deben regir todo el procedimiento de contratación pública». El informe señala dos expedientes por un importe de 5, 5 millones que fueron adjudicados de forma directa a la misma empresa alegando razones de urgencia que «no estaba debidamente justificada».
La «utilización reiterada» de ese trámite de urgencia continuó en 2009 y volvieron a repetirse casos en los que no estaba justificada, según se reconoce en el informe que acaba de remitirse al Parlamento. También cita tres expedientes de 2008 que siguieron un procedimiento negociado sin publicidad para premios a guiones cinematográficos en los que la cuantía prevista para premios superaba el máximo permitido.
No solo eso; se ha observado también una «excesiva acumulación de contratos menores (el 90, 12% del total), así como una reiterada adjudicación por su importe máximo permitido (12. 020, 14 o 20. 880 euros). En algunos de ellos, el gasto se aprobó después de emitir la factura y en cuatro se trataba de «contrataciones de personal encubiertas al margen de los procedimientos públicos de selección de personal». Las incidencias afectan también a los convenios de colaboración y las subvenciones.
El Tribunal cuestiona el papel del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer porque considera que el pleno del mismo no celebró el número de reuniones establecidas y no colabora con el resto de observatorios. El último varapalo se refiere a la distirbución por sexos.
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