Andalucía, finca socialista

El «caso Mercasevilla» es sólo un síntoma de lo que puede haber oculto en el historialdel PSOE al frente del Gobierno andaluz
La malversación de fondos destinados a financiar expedientes de regulación de empleo en Andalucía amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de una administración pública. Las circunstancias que agravan el juicio que merece este fraude son las propias características del régimen hegemónico implantado por el socialismo andaluz durante décadas y sostenido en buen medida gracias a la red de clientelismo y servidumbres trenzada para asegurarse el voto de amplios sectores sociales.
Esta es una de las consecuencias más propias de la perpetuación en el poder, que favorece la descomposición de los sistemas de control político y económico, el debilitamiento del sentido crítico social y el ejercicio arrogante y autoritario del gobierno, que tiene como una de sus manifestaciones más graves el sentimiento de impunidad asegurada.
Todos estos efectos perversos del régimen socialista andaluz concurren en estado puro y máxima intensidad en la utilización de dinero público para pagar expedientes de regulación de empleo en los que se colaban amigos y paniaguados del PSOE, fondos públicos que superaban ampliamente los 600 millones de euros, a libre disposición del manejo arbitrario que quisieran darle los cargos competentes de la Junta de Andalucía.
El «caso Mercasevilla» es sólo un síntoma de lo que puede haber oculto en el historial del PSOE al frente del Gobierno andaluz; y cuando se abre una brecha en el muro del silencio y la prebenda, las consecuencias son imprevisibles.
Tan grave es la situación que la estrategia del PSOE es ponerse —o hacer que se pone— al frente de la manifestación y anunciar su máxima colaboración con los tribunales. Bien está que se diga esto, pero es que a los socialistas andaluces no les cabe otra opción.

El problema del PSOE es que se le está viniendo abajo el régimen andaluz, y con él, su reserva principal de votos, junto Cataluña, que hasta ahora inclinaba la balanza electoral a su favor.
Esto no ha hecho más que empezar y tan abrumadores resultan los hechos conocidos y los indicios de lo que se puede conocer que es un sarcasmo que José Blanco augure la derrota electoral del PP por que, a su juicio, es un partido incompatible con la democracia. Las incompatibilidades democráticas se resumen perfectamente en la forma como el PSOE ha gobernado Andalucía.
En los casi treinta años que llevan gobernando Andalucía los socialistas han capeado innumerables episodios relacionados con corruptelas —el último el pasado octubre, cuando el vicesecretario general, Rafael Velasco, dimitió de todos sus cargos tras desvelarse que la academia de su mujer había recibido 730.000 euros de subvenciones de la Junta—, pero cualquier escándalo anterior parece un pecadillo banal en comparación con los 648 millones de euros que el ex director general de Empleo asegura haber gestionado al margen de los pertinentes controles administrativos.
Y en estas tres décadas el PSOE andaluz ha pasado por coyunturas políticas delicadas, pero jamás ha estado diez puntos por debajo de PP, la distancia que reflejan las encuestas a un año de las elecciones autonómicas. A los socialistas, en definitiva, se les junta un hambre insólita con unas ganas de comer sin precedentes.
Esta fatal coincidencia no es sólo una cuestión doméstica, ya que la crisis del socialismo andaluz excede el ámbito regional y coloca al PSOE federal en un escenario demoscópico infernal.
Los analistas de Ferraz saben que la victoria de Rodríguez Zapatero en 2008 se basó en los votos de Cataluña y Andalucía; derrumbado el pilar catalán tras el terremoto del tripartito, cualquier opción de mantener un inquilino socialista en la Moncloa pasa por salvaguardar el tradicionalmente fiel granero electoral andaluz.
La capital importancia estratégica de Andalucía ya motivó que en la Semana Santa de 2009 Zapatero impusiera el relevo de Manuel Chaves ante los síntomas de agotamiento del mandato del hoy vicepresidente tercero del Gobierno.
Las encuestas habían encendido la luz de alarma: la ventaja de diez puntos obtenida por el PSOE en las urnas se había dilapidado en diez meses, ya que los sondeos daban aquella Semana Santa un empate virtual con el PP de Javier Arenas. Y Zapatero sabía que necesitaba indeclinablemente sacar distancia a Rajoy en las urnas andaluzas.
Se forzó el relevo, pero la jugada salió fatal. Casi dos años después, las encuestas dan una ventaja de diez puntos a un PP que roza por primera vez en su historia la mayoría absoluta en Andalucía. La esperanza del PSOE reside en el elevado número de indecisos que recogen lo sondeos —sobre un 20 por ciento—, un colectivo que identifica con votantes socialistas enfadados pero recuperables para las elecciones.
En esta tesitura, el escándalo del fraude de los fondos de empleo complica extraordinariamente las opciones del PSOE de recuperar terreno en las encuestas.

Más allá de la gravedad del asunto, el «ERE gate» es extraordinariamente inoportuno por diversas razones. En primer lugar, el escándalo aleja a los votantes y dificulta el objetivo vital de que ese 20 por ciento de indecisos que siguen reflejando las encuestas confíe en el PSOE para seguir gobernando.
En el PSOE temen particularmente el efecto que esta apropiación indebida de fondos públicos de empleo tenga entre los parados, un colectivo que en Andalucía supera el millón de personas.
Al PSOE ya se le volvieron en contra los funcionarios —unos 300.000 en Andalucía— por sus planes de reforma de la administración pública, y ahora podría perder apoyos entre el ejército de parados. Paradójicamente, dos colectivos que cobran mensualmente de la Junta de Andalucía que gestionan los socialistas.
En segundo lugar, el escándalo ofrece al PP un cortafuegos para frenar las acusaciones del «caso Gürtel», una de las escasas armas que le restan al PSOE para la batalla electoral. El importe de los fondos manejados para los ERE cuestionados triplica las estimaciones más generosas del dinero que llegó a la trama valenciana.
Por último, el escándalo reabre el enfrentamiento entre Chaves y Griñán, dos antiguos amigos que se han distanciados progresivamente desde que el segundo sustituyó al primero. En el entorno de Chaves no ha gustado que la Junta admitiese las irregularidades ante los medios de comunicación, y se ha echado en falta una defensa más rotunda de la gestión de los consejeros de Trabajo de los gobiernos anteriores. El equipo de Griñán, por su parte, intenta desmarcarse de un tsunami que ya ha provocado dimisiones en UGT, expulsiones en el PSOE y cuyas aguas turbias terminarán anegando algunos despachos de la Junta de Andalucía. Y nadie quiere perecer ahogado.