España es el país con mayor dependencia energética de Europa —casi 80 por 100 de importación— y el que más ha subido el recibo de la luz en los últimos cinco años.
Resulta imposible no establecer entre un dato y otro una relación siquiera parcial de causa-efecto. Nuestra electricidad es cara, entre otras cosas y sobre todo, porque la tenemos que comprar fuera, en especial a países que tienen menos remilgos con la producción nuclear.
El déficit energético, crudos incluidos, representa alrededor del 40 por ciento del déficit comercial total; en un sector tan esencial para el desarrollo tenemos una estructura de abastecimiento subalterna, impropia de un país con aspiraciones de modernidad y dinamismo.
La tarifa eléctrica ha disparado el IPC, ha acorralado las economías domésticas y se ha convertido en un lastre industrial en un momento crítico. El consumidor paga, junto a la energía, una serie de conceptos casi ininteligibles entre los que aparte de un montón de impuestos específicos se encuentran numerosos recargos de moratorias, deudas y subvenciones que los distintos gobiernos han ido concediendo por cuenta ajena. Dicho de otra manera, estamos pagando una política improvisada y caótica, pasada, presente y, lo que es peor, futura. El poder trapichea con nuestras facturas y las utiliza para tapar los agujeros de sus chapuzas. Hace años que en España no se toman decisiones estratégicas a largo plazo porque es más fácil cargar sobre la gente el coste de los prejuicios políticos. En épocas de prosperidad se nota menos el abuso pero en tiempos de estrechez constituye un angustioso sobrepeso en las espaldas de los ciudadanos.
Forzado por las evidencias el Gobierno ha empezado a reconsiderar su caprichoso infantilismo antinuclear con una tímida revisión de la vida útil de las centrales activas y una genérica ponderación del sector atómico en el llamado mix energético. Podría valer como principio simbólico de un cierto baño de realismo, pero en términos de eficacia apenas supone más que la conformidad con un statu quo claramente exiguo.
Quedarnos como estamos es quedarnos muy cortos; tarde o temprano habrá que plantearse el incremento de la porción nuclear en la cesta de generación eléctrica para abaratar costes y reducir el nivel de dependencia.
Los socialistas prefieren que lo proponga el PP para poder posicionarse en contra, agitando fantasmas fáciles de manejar ante la opinión pública. He ahí un asunto primordial en la agenda de recuperación económica de Rajoy cuando llegue al poder, si llega. Y va a hacer falta mucha pedagogía para combatir las tentaciones demagógicas.
Vincular la cuestión nuclear a un recibo de luz desbocado puede parecer a algunos un ejercicio de ventajismo oportunista. Alguna vez, sin embargo, habrá que aprovechar la oportunidad de debatir sobre las bases del futuro. Ignacio Camacho, ABC.
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