LA concesión de licencias de radio decidida por el Consejo Audiovisual Catalán constituye un lamentable episodio de arbitrariedad administrativa y atropello político, que no debe quedar impune por el mero paso del tiempo. Las explicaciones que ofreció el presidente del CAC en el Parlamento de Cataluña hicieron aún más justificadas todas las críticas que ha merecido su actuación, porque pretenden enmascarar en argumentos de leguleyo -la provisionalidad de las concesiones hechas hace cinco años por el último gobierno de Convergencia i Unió- lo que no es otra cosa que un acto de dominación sobre libertades públicas y derechos fundamentales.
Ningún medio de comunicación es propietario a perpetuidad de las licencias de emisión, pero la alteración de situaciones jurídicas consolidadas debe basarse en un cambio de circunstancias, constatado de manera objetiva y motivada. Cuando esa alteración carece de fundamento, realmente estamos ante un abuso y una desviación de poder. La referencia del poder político en la gestión de sus ingentes potestades han de ser el interés público y los derechos de los ciudadanos. La legítima discrepancia con las líneas editoriales de unos u otros medios no debe contaminar el ejercicio neutral de las funciones administrativas, como ordena la Constitución. Sin embargo, el CAC se ha comportado con un sentido medieval de su poder, premiando y castigando con cargo a recursos públicos -las licencias- que no están al servicio de la política, sino de la sociedad. Por muy «provisionales» que fueran las concesiones hechas por el último gobierno convergente, pasados cinco años un órgano administrativo no puede poner a cero el valor de las audiencias acumuladas por los medios de comunicación represaliados, ni su papel en la promoción de la pluralidad informativa y en la formación de la opinión pública, que es el factor clave del sistema democrático. El presidente del CAC, José María Carbonell, se ha hecho un mal favor a sí mismo y a la institución que representa escudándose en explicaciones que no sanean la arbitrariedad de la decisión, ni corrigen la falta de transparencia en el procedimiento administrativo previo. Queda también por explicar cómo es posible que hayan resultado adjudicatarias de licencias empresas registradas oficialmente después de que finalizara el plazo de presentación de ofertas. La deslegitimación de Carbonell como cargo público es evidente.
Además, se trata de una represalia. Aunque se insista en que el CAC es un órgano ajeno al Gobierno de la Generalidad presidido por Montilla, hay una clara correlación entre la identidad de los medios más denunciantes de las políticas de segregación lingüística llevadas a cabo en Cataluña y del despilfarro de fondos públicos -como el cometido con el coche oficial de Ernest Benach, presidente del Parlamento- y la de aquellos que, como Punto Radio, emisora del grupo Vocento, han sido castigados en el nuevo reparto de licencias.
Además, la desmedida reacción del representante del PP en el CAC, Fernando Rodríguez Madero, amplía el repertorio de vicios legales y políticos que concurre en la decisión de este organismo. Vista la fobia personal de Rodríguez Madero contra las emisoras Punto Radio y COPE, originada en los tiempos en que trabajó en estos medios, lo correcto hubiera sido su abstención en la votación sobre la concesión de licencias. Al no abstenerse en su momento y luego exhibir una animadversión personal contra esos medios, la decisión administrativa del CAC sería impugnable ante los tribunales de Justicia por esta evidente falta de imparcialidad.
En definitiva, el CAC es un agujero negro en la democracia española y toda una enmienda a la totalidad del discurso de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las cotas inéditas de pluralidad informativa que se iban a alcanzar bajo su mandato. Aquella promesa del presidente del Gobiernono choca de bruces con los modos y maneras del Consejo Audiovidual Catalán.
Ningún medio de comunicación es propietario a perpetuidad de las licencias de emisión, pero la alteración de situaciones jurídicas consolidadas debe basarse en un cambio de circunstancias, constatado de manera objetiva y motivada. Cuando esa alteración carece de fundamento, realmente estamos ante un abuso y una desviación de poder. La referencia del poder político en la gestión de sus ingentes potestades han de ser el interés público y los derechos de los ciudadanos. La legítima discrepancia con las líneas editoriales de unos u otros medios no debe contaminar el ejercicio neutral de las funciones administrativas, como ordena la Constitución. Sin embargo, el CAC se ha comportado con un sentido medieval de su poder, premiando y castigando con cargo a recursos públicos -las licencias- que no están al servicio de la política, sino de la sociedad. Por muy «provisionales» que fueran las concesiones hechas por el último gobierno convergente, pasados cinco años un órgano administrativo no puede poner a cero el valor de las audiencias acumuladas por los medios de comunicación represaliados, ni su papel en la promoción de la pluralidad informativa y en la formación de la opinión pública, que es el factor clave del sistema democrático. El presidente del CAC, José María Carbonell, se ha hecho un mal favor a sí mismo y a la institución que representa escudándose en explicaciones que no sanean la arbitrariedad de la decisión, ni corrigen la falta de transparencia en el procedimiento administrativo previo. Queda también por explicar cómo es posible que hayan resultado adjudicatarias de licencias empresas registradas oficialmente después de que finalizara el plazo de presentación de ofertas. La deslegitimación de Carbonell como cargo público es evidente.
Además, se trata de una represalia. Aunque se insista en que el CAC es un órgano ajeno al Gobierno de la Generalidad presidido por Montilla, hay una clara correlación entre la identidad de los medios más denunciantes de las políticas de segregación lingüística llevadas a cabo en Cataluña y del despilfarro de fondos públicos -como el cometido con el coche oficial de Ernest Benach, presidente del Parlamento- y la de aquellos que, como Punto Radio, emisora del grupo Vocento, han sido castigados en el nuevo reparto de licencias.
Además, la desmedida reacción del representante del PP en el CAC, Fernando Rodríguez Madero, amplía el repertorio de vicios legales y políticos que concurre en la decisión de este organismo. Vista la fobia personal de Rodríguez Madero contra las emisoras Punto Radio y COPE, originada en los tiempos en que trabajó en estos medios, lo correcto hubiera sido su abstención en la votación sobre la concesión de licencias. Al no abstenerse en su momento y luego exhibir una animadversión personal contra esos medios, la decisión administrativa del CAC sería impugnable ante los tribunales de Justicia por esta evidente falta de imparcialidad.
En definitiva, el CAC es un agujero negro en la democracia española y toda una enmienda a la totalidad del discurso de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las cotas inéditas de pluralidad informativa que se iban a alcanzar bajo su mandato. Aquella promesa del presidente del Gobiernono choca de bruces con los modos y maneras del Consejo Audiovidual Catalán.
Editorial de ABC.
Ciutadans acusa a Montilla de estar detrás de la adjudicación de las licencias
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha respondido a las preguntas de los internautas en el videochat de ABC.es. Mañana, Ciutadans se concentrará frente a la sede del CAC para protestar contra la arbitrariedad en la adjudicación de licencias a medios de comunicación por parte del organismo público catalán y "Por la libertad de expresión".
El CAC, "un órgano que cuesta 10 millones de euros al año, donde se jubilan algunos políticos para hacer el trabajo sucio del gobierno de la Generalitat", ha excluido al grupo Vocento en el reparto de licencias.
Albert Rivera ha confesado que se metió en política para que, si algún día tiene hijos, estos puedan aprender catalán, castellano e inglés a la perfección.
"Si los hijos de Montilla pueden estudiar esas tres lenguas en una escuela privada, yo quiro lo mismo para todos los alumnos de la enseñanza pública y concertada en mi comunidad autónoma", ha dicho Rivera.
También ha hablado sobre la imposición del uso del catalán en su tierra. "La mejor receta para cargarse una lengua es haciéndola obligatoria", ha dicho Rivera. No le gusta que el gobierno de Montilla promueva que en las escuelas catalanas los niños aprendan mapas de Els Països Catalans. "Ver a un socialista, nacido en Córdoba, asumir y defender con mayor virulencia que Pujol las tesis nacionalistas es algo que no me esperaba", ha dicho Rivera. El CAC es «un órgano que cuesta 10 millones de euros al año, donde se jubilan algunos políticos, para que hagan el trabajo sucio del gobierno de la Generalitat»,
Frente al nacionalismo excluyente que sigue alimentando la mentira de que España es franquista, Ciutadans quiere demostrar "que una España plural, pero cohesionada, es mejor para nuestro bienestar que 17 tribus identitarias".
El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha respondido a las preguntas de los internautas en el videochat de ABC.es. Mañana, Ciutadans se concentrará frente a la sede del CAC para protestar contra la arbitrariedad en la adjudicación de licencias a medios de comunicación por parte del organismo público catalán y "Por la libertad de expresión".
El CAC, "un órgano que cuesta 10 millones de euros al año, donde se jubilan algunos políticos para hacer el trabajo sucio del gobierno de la Generalitat", ha excluido al grupo Vocento en el reparto de licencias.
Albert Rivera ha confesado que se metió en política para que, si algún día tiene hijos, estos puedan aprender catalán, castellano e inglés a la perfección.
"Si los hijos de Montilla pueden estudiar esas tres lenguas en una escuela privada, yo quiro lo mismo para todos los alumnos de la enseñanza pública y concertada en mi comunidad autónoma", ha dicho Rivera.
También ha hablado sobre la imposición del uso del catalán en su tierra. "La mejor receta para cargarse una lengua es haciéndola obligatoria", ha dicho Rivera. No le gusta que el gobierno de Montilla promueva que en las escuelas catalanas los niños aprendan mapas de Els Països Catalans. "Ver a un socialista, nacido en Córdoba, asumir y defender con mayor virulencia que Pujol las tesis nacionalistas es algo que no me esperaba", ha dicho Rivera. El CAC es «un órgano que cuesta 10 millones de euros al año, donde se jubilan algunos políticos, para que hagan el trabajo sucio del gobierno de la Generalitat»,
Frente al nacionalismo excluyente que sigue alimentando la mentira de que España es franquista, Ciutadans quiere demostrar "que una España plural, pero cohesionada, es mejor para nuestro bienestar que 17 tribus identitarias".
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