Aborto

El informe que el Instituto de Política Familiar (IPF) presentó ayer ante la subcomisión parlamentaria encargada de estudiar la ley del aborto -adelantado por ABC- provocó un sonado alboroto.
El presidente de esta asociación, Eduardo Hertfelder, desmontó con sus datos las bases argumentales de las tesis socialistas, que defienden que el aborto carece de consecuencias físicas o psíquicas para las madres y que sostiene que la futura ley del aborto debe ser de plazos -aborto libre hasta las 16 ó 18 semanas- «para -aseguran- converger de esta forma con la inmensa mayoría de las legislaciones europeas».
Sin embargo, el estudio del IPF demuestra el incesante crecimiento del aborto en España y las graves consecuencias del mismo al convertirse en la más frecuente y habitual forma de violencia contra la mujer.
Pero lo que hizo perder los papeles a Soledad Cabezón, que ejercía de portavoz del grupo socialista, fue la presentación del mapa legislativo europeo en materia de aborto.

El coladero de la ley
Según éste, España es el único país de la Unión Europea (UE-27), junto con Grecia, que no marca ninguna límite de tiempo para el supuesto despenalizador de peligro psíquico para la madre, «el gran coladero de la ley», según Hertfelder.
En su exposición comparativa entre las distintas normas continentales se comprobó que en dos de cada tres países de la UE se necesitan siempre, en todos los casos, causas o supuestos despenalizadores para abortar.
Incluso destacó que en todas las legislaciones y situaciones el aborto se considera ilegal, pero despenalizado «en determinadas circunstancias».
Esta parte de la intervención del presidente del IPF fue la que desencadenó el disgusto socialista y las acusaciones de «manipulación de datos».
Fue un espectáculo calificado de «bochornoso» por quienes lo presenciaron y que Sandra Moneo, portavoz del PP, explicó: «Ha saltado la sorpresa. El PSOE ha perdido total y absolutamente los nervios ante lo que ha tenido que oír por parte de Hertfelder. Es la primera vez que en esta subcomisión, donde en ocasiones se discrepa, se cuestionan los datos de un experto. Se trató con una falta de educación impropia en sede parlamentaria a uno de los comparecientes y se puso en duda el trabajo de alguien con el prestigio de IPF, perfectamente acreditado por sus informes basados en datos del Ministerio de Sanidad y de la Unión Europea».
«Está claro -prosiguió Moneo- que el PSOE ha impulsado esta subcomisión para escuchar lo que quiere y que se niega a prestar atención a opiniones que sean contrarias a sus postulados. Cada vez que alguien discrepa pierden los papeles y mucho más cuando se le desmonta uno de sus pilares fundamentales. Nunca se puede perder el respeto hacia los comparecientes».
Hertfelder, tras su intervención, aseguró que «me dio la impresión de que los diputados socialistas estaban muy nervioso. Con su actitud queda demostrado que el PSOE no quiere un debate. Está instalado en el sectarismo ideológico y sólo le interesa oír a los que apoyan sus tesis. La impresión que he sacado es que el PSOE está siguiendo las directrices de las clínicas abortistas, pero eso les deja sin argumentos porque liberar el aborto no tiene nada que ver con converger con Europa. Es justo lo contrario».
Con anterioridad había intervenido, a petición del PSOE, Marie-Rose Claeys, directora general de la Federación Internacional de Planificación Familiar, que defendió una ley de plazos de 14 semanas porque «hay que situar el derecho de la mujer a abortar por encima del no nacido».