Incumple su promesa de alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas antes de finalizar el año
Claves del nuevo modelo
Más autonomía financiera: Las comunidades tendrán el 50% de lo recaudado por IRPF e IVA y el 58% de los Impuestos Especiales.
Los tributos cedidos aportarán el 90% de la financiación y el 10% serán transferencias estatales.
Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales: Este fondo garantizará la igualdad de financiación por habitante en los servicios esenciales: sanidad, educación y servicios sociales.
El fondo se revisa anualmente y se distribuye según la población.
Fondo de Suficiencia Global: Sirve para financiar el resto de las competencias transferidas: servicios públicos no fundamentales y competencias no homogéneas. Se financia con recursos que aporta el Estado.
Fondo de Convergencia autonómica: Este fondo es de nueva creación y alberga, a su vez, otros dos fondos: de competitividad y de cooperación. Este fondo contará con recursos adicionales que aporta el Estado.
Criterios de reparto del dinero: Se seguirá utilizando el de población, pero con carácter dinámico, así como la dispersión, la insularidad y el envejecimiento de la población, entre otros.
No se contempla la inmigración. PALOMA CERVILLA MADRID
Al final, sólo se trataba de contentar a Cataluña y diseñar un modelo de financiación autonómica que no molestara un Estatuto catalán, que tanto réditos electorales le ha dado a José Luis Rodríguez Zapatero. Y así será, si puede pactarlo con el resto de las comunidades, que está por ver. El presidente no se lo ha pensado mucho y el nuevo sistema de financiación no es más que la aplicación del modelo diseñado en el Estatuto catalán al resto del Estado. Los beneficiados serán las Comunidades más ricas: Cataluña, Madrid y Baleares.
Dos años negociando un nuevo sistema de financiación -desde que en 2006 se aprobara el Estatuto de Cataluña- y Rodríguez Zapatero llega al último día del plazo fijado para llegar a un acuerdo -el 31 de diciembre-, sin poder cumplirlo. No ha sido posible, como así lo reconoció ayer el propio Solbes. Además, tampoco hay dinero encima de la mesa y, cuando lo haya en el futuro, será con cargo al déficit, o sea, más deuda para el Estado: «Algo se perderá en el camino», sentenció el ministro de Economía. Esta es la situación real en la que se encuentra la promesa ya incumplida del presidente del Gobierno.
Fotos del presidente
¿Qué es lo que hay a día de hoy? Unas fotos del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de Cataluña, Andalucía, Galicia, Madrid y Valencia, en un intento de escenificar a última hora que se está negociando, y un segundo documento, el presentado ayer por el vicepresidente económico, Pedro Solbes. Pero es un texto que no está consensuado y cuya negociación, según palabras del propio Solbes, «se retomará con fuerza a partir del 7 u 8 de enero. El presidente del Gobierno mantendrá nuevos contactos con los presidentes autonómicos y se celebrarán reuniones bilaterales para que, antes de finales de enero, se pueda celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el sistema se apruebe cuanto antes».
Solbes se vio obligado ayer a salir a escena y, con la promesa ya incumplida, avanzar los aspectos fundamentales de lo que será el nuevo sistema. Se curó en salud y afirmó que «el documento no está cerrado» y que han intentado incluir el máximo de lo que han pedido las Comunidades autónomas. Adelantó que aporta novedades, respecto al sistema actualmente vigente, pactado en 2001, como que «la población tiene un carácter dinámico, mayor transferencia de recursos, mayor capacidad normativa y más corresponsabilidad fiscal». Se trata de garantizar que cualquier ciudadano recibirá los mismos servicios fundamentales, independientemente del territorio donde resida y de que todas las competencias transferidas reciban financiación suficiente.
Uno de los aspectos fundamentales de este nuevo sistema es que las comunidades tendrán una mayor autonomía financiera, podrán recaudar más dinero. Ello será así porque pasarán a gestionar el 50 por ciento del IRPF y del IVA y el 58 por ciento de los Impuestos Especiales. Lo mismo que dice el Estatuto de Cataluña. En el primer documento para la negociación, sólo se hablaba de un 50 por ciento en los tres conceptos. Al permitir una mayor cesión de impuestos, el Gobierno reducirá las transferencias del Estado, por lo que las Autonomías reducirán su dependencia de un 30 por ciento actual a un diez por ciento.
Dentro de esta capítulo fiscal, hay que destacar que las Comunidades tendrán competencias en los impuestos. En el caso del IRPF pueden modificar los mínimos personales y familiares e imponer deducciones de la cuota, como la adquisición y alquiler de viviendas. Esta capacidad normativa se extiende también al IVA y los impuestos especiales, siempre que la UE lo permita, lo que en este momento no ocurre.
El nuevo modelo incluye tres fondos, que son una garantía para poder cubrir todas sus necesidades de gastos, y que se sumará al dinero obtenido por la recaudación fiscal. El primero es el Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales, que garantiza la igualdad de financiación por habitante. Los servicios fundamentales serán los de sanidad, educación y servicios sociales. Este fondo se financiará con «más de dos tercios» del total de recursos obtenidos por los impuestos cedidos. El segundo fondo es el de suficiencia financiera y servirá para financiar el resto de servicios y competencias transferidas. Se financia con los ingresos del Estado e incorpora recursos adicionales de éste.
Pedro Solbes reconoce que no sabe el dinero que aportará el Estado y que obligará a aumentar la deuda pública
La novedad está en el tercer fondo, el de convergencia autonómica, que albergará, a su vez,dos fondos. El de competitividad, para reducir las diferencias de financiación per cápita entre comunidades, y se distribuirá entre aquellas que estén por debajo de la media o por debajo de su capacidad fiscal. El segundo es el de cooperación, que trata de mejorar la convergencia en los niveles de vida y se distribuirá entre aquellas con menor riqueza.
Ajustes de población
El criterio fundamental del reparto del dinero será el de la población, con ajustes como el territorio, la dispersión, la insularidad y el envejecimiento de la población. Todavía no se contempla el criterio de inmigración, según lo reconocido por Solbes.
Las reacciones de las autonomías no se han hecho esperar. La más virulenta llegó desde Castilla y León, que se jactó de decir que el texto «suena a sardana» y que es un «fiel reflejo» del Estatuto catalán, según señaló la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Además, lo calificó como «vago, incompleto e impreciso». Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, considera que el documento quiebra «el principio de debate» entre Gobierno y Comunidades. En el otro lado, el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, afirmó que responde a las «expectativas».
ERC afirma que la propuesta «dinamita» el Estatuto porque no recoge la bilateralidad Estado-Generalitat
El consejero de Economía de Cataluña. Antoni Castells, analizó ayer la propuestab de Solbes EFE
A Vara no le gusta que se compense a autonomías ricas
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, advirtió ayer que no le gusta «nada» que el Gobierno haya cedido a las presiones de Cataluña para reconocer el esfuerzo fiscal de una comunidad. En una nota, Vara señaló que «se han introducido términos que pueden llevar a confusión» en referencia al fondo de competitividad para compensar a aquellas autonomías que más recauden y en la liquidación tengan menos inversión por habitante. A su juicio, el esfuerzo fiscal es «exactamente el mismo en toda España» y los impuestos son pagados por ciudadanos, no por territorios, para sufragar solidariamente los servicios estén donde estén.
IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA «Los avances son sustanciales, pero aún insuficientes», afirmó anoche el presidente de la Generalitat, José Montilla, tras conocerse la propuesta de financiación autonómica del Gobierno. Una tesis mucho más modulada que la expresada por sus socios de Esquerra, e incluso más optimista que la postura avanzada horas antes por el consejero de Economía.
Antoni Castells dejó claro que el «sudoku» de la financiación autonómica no sólo se resolverá a costa de una aportación extra de fondos por parte del Estado. El Gobierno autonómico catalán quiere ver recogido en el nuevo modelo el «principio de ordinalidad», ese que debe garantizar que la aportación a la solidaridad interterritorial de las comunidades que hacen más esfuerzo fiscal no suponga perder puestos en el ranking de inversión per cápita. Y el texto presentado ayer por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no lo garantiza, a juicio de Castells.
El consejero destacó que la propuesta no explica qué pasará con el porcentaje de los recursos que no se incluya en el sistema de nivelación de ingresos -ese que ya parece asumido que se limitará a educación, sanidad y servicios sociales- que para la Generalitat es la clave para garantizar el principio de ordinalidad. Por ello, Castells advirtió de que con este documento «no hay acuerdo, en primer lugar, porque no hay ninguna cifra», pero sobre todo, porque no garantiza la visión catalana de la solidaridad interterritorial: «hay que acortar distancias entre comunidades pero no que se inviertan».
Eso sí, Castells dejó claro que esta propuesta sí permite «trabajar» para cerrar un acuerdo que «respete» lo consignado en el Estatuto catalán.
ERC lo ve inaceptable
La buena predisposición que, pese a todo, mostró Castells contrasta con el rechazo rotundo de ERC a la propuesta del Gobierno. Los republicanos consideraron el documento «inaceptable» porque no da cifras y advirtieron de que esa propuesta «dinamita» el Estatuto catalán porque destruye los «últimos vestigios de bilateralidad» que establece el texto estatutario, una crítica que comparte CiU.
Castells se reunirá el viernes con los responsables de ERC e ICV en este ámbito para «pactar» la respuesta de la Generalitat a la propuesta de Solbes, por lo que ésta podría ser más dura de lo avanzado ayer.
Castilla y León advierte que el nuevo modelo «suena a sardana» y es un «fiel reflejo» del Estatuto catalán
El secretario general de ERC, Joan Ridao, advirtió de que éste no es el camino a seguir para conseguir un buen modelo para Cataluña y aseguró que la propuesta está «llena de minas». Señaló que la propuesta no garantiza más recursos para Cataluña, puesto que el Estado «seguirá controlando discrecionalmente el fondo de suficiencia» y lamentó que tenga en cuenta factores de corrección que no benefician a Cataluña mientras ignora otros criterios como el de inmigración que «sí contiene el Estatut». Ridao insistió en que su formación prefiere «un no acuerdo a un mal acuerdo como el presentado ayer» y señaló que esas será la postura que defenderá ERC dentro del tripartito.
El diputado de CiU Antoni Castellà consideró que el presidente de la Generalitat se ha dejado humillar e instó al PSC a rectificar y a pedir disculpas a los catalanes. «Lo más grave es que el presidente Zapatero humilla al presidente Montilla, y lo que es peor, el presidente Montilla da la sensación de que se deja humillar».
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