Una promesa más del presidente del Gobierno en materia laboral. Tras el farol del pleno empleo, según Zapatero, España registrará una creación de empleo "muy estimable" a partir de marzo y abril gracias al fondo estatal de inversión local.
18-12-2008
EFE.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha considerado este jueves que en marzo y abril se registrará en el país un ritmo "intenso" de obras públicas gracias al fondo estatal de inversión local y ha avanzado que será entonces cuando se generará un volumen "muy estimable" de empleo en el país.
18-12-2008
EFE.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha considerado este jueves que en marzo y abril se registrará en el país un ritmo "intenso" de obras públicas gracias al fondo estatal de inversión local y ha avanzado que será entonces cuando se generará un volumen "muy estimable" de empleo en el país.
Durante su comparecencia en el pleno del Congreso para presentar los resultados del último Consejo Europeo, Zapatero ha repasado las medidas diseñados para hacer frente a la crisis, que, según ha dicho, desplegarán sus efectos fundamentalmente a partir de enero.
Juristas consideran "vergonzosa" la afiliación de niños a la Seguridad Social
Los juristas consultados por LD por la afiliación de menores de 16 años a la Seguridad Social califican este hecho de “vergonzoso” y dicen que “la única conclusión lógica es que pretenden elevar de forma irreal e indebida el número de afiliados”.
LD (L. Ramírez/ L. F. Quintero) La afiliación de niños de 14 y 15 años a la Seguridad Social con la excusa de los seguros escolares –que publicó el pasado lunes en exclusiva LD- no es una práctica normal e, incluso, los juristas consideran que no existe una normativa en España que ampare este hecho.Firmas de abogados internacionales que operan en España consultadas por Libertad Digital -cuyo nombre prefieren ocultar por temor a represalias- consideran “vergonzoso que se afilie a menores de edad cuando la edad laboral la fija el Estatuto de los Trabajadores desde 1980 en 16 años”.A este respecto, recuerdan que “el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social exige la afiliación sólo a los que ejerzan una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena”, por lo que afiliar a menores de 16 años no tendría sentido. En España la edad mínima para trabajar es de 16 años, aunque con el permiso paterno los niños pueden desempeñar actividades laborales en casos muy particulares, por ejemplo si son actores o artistas musicales.
Los juristas consultados por LD por la afiliación de menores de 16 años a la Seguridad Social califican este hecho de “vergonzoso” y dicen que “la única conclusión lógica es que pretenden elevar de forma irreal e indebida el número de afiliados”.
LD (L. Ramírez/ L. F. Quintero) La afiliación de niños de 14 y 15 años a la Seguridad Social con la excusa de los seguros escolares –que publicó el pasado lunes en exclusiva LD- no es una práctica normal e, incluso, los juristas consideran que no existe una normativa en España que ampare este hecho.Firmas de abogados internacionales que operan en España consultadas por Libertad Digital -cuyo nombre prefieren ocultar por temor a represalias- consideran “vergonzoso que se afilie a menores de edad cuando la edad laboral la fija el Estatuto de los Trabajadores desde 1980 en 16 años”.A este respecto, recuerdan que “el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social exige la afiliación sólo a los que ejerzan una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena”, por lo que afiliar a menores de 16 años no tendría sentido. En España la edad mínima para trabajar es de 16 años, aunque con el permiso paterno los niños pueden desempeñar actividades laborales en casos muy particulares, por ejemplo si son actores o artistas musicales.
Los despachos de abogados recuerdan que el artículo 23 del Real Decreto 84/96 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas y Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social "establece que la afiliación podrá realizarse a instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores ( cuando el empresario no cumpla sus oblgaciones de afiliar a sus trabajadores) y de oficio por la Inspección de Trabajo cuando compruebe que algún empresario ha omitido la obligación básica de afiliar a algún trabajador".
Por ello, el hecho de que el Ministerio de Trabajo actúe de oficio a la hora de afiliar a menores no tiene respaldo legal en la normativa nacional. Ante esta circunstancia, las firmas consultadas explican que “el artículo 27 del referido reglamento establece el plazo para hacerlo señalando que las solicitudes de afiliación deberán formularse por los sujetos obligados con anterioridad a la iniciación de la prestación de servicios del trabajador por cuenta ajena o de la actividad del trabajador por cuenta propia, por lo que es evidente que vincula la afiliación con la previa prestación de servicios, prestación de servicios que no realizan lógicamente los estudiantes”.
Tras esta exposición legislativa, los despachos califican de “vergonzosa” la actuación de la Seguridad Social y constatan que “la única conclusión lógica es que se pretende aumentar de forma irreal e indebida el número de afiliados”.
Zapatero se marca un farol: España logrará pleno empleo en 2012 pese a la crisis
El presidente del Gobierno prometió este lunes alcanzar el pleno empleo en la próxima legislatura. Eso implicaría pasar de 2,3 millones de parados a 1,1 en apenas cuatro años, hasta reducir la tasa de paro al 5 por ciento. Sin embargo, los indicadores del Gobierno reflejan la tendencia contraria: La destrucción de empleo en España avanza ya a un ritmo de 50.000 puestos al mes.
04-03-2008.- Zapatero se comprometió ayer a alcanzar el pleno empleo durante la próxima legislatura en caso de que resulte victorioso en las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Durante el cara a cara televisivo con el líder popular, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno se mostró tajante en este ámbito: “Prometo crear dos millones de nuevos empleos”.
Zapatero se marca un farol: España logrará pleno empleo en 2012 pese a la crisis
El presidente del Gobierno prometió este lunes alcanzar el pleno empleo en la próxima legislatura. Eso implicaría pasar de 2,3 millones de parados a 1,1 en apenas cuatro años, hasta reducir la tasa de paro al 5 por ciento. Sin embargo, los indicadores del Gobierno reflejan la tendencia contraria: La destrucción de empleo en España avanza ya a un ritmo de 50.000 puestos al mes.
04-03-2008.- Zapatero se comprometió ayer a alcanzar el pleno empleo durante la próxima legislatura en caso de que resulte victorioso en las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Durante el cara a cara televisivo con el líder popular, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno se mostró tajante en este ámbito: “Prometo crear dos millones de nuevos empleos”.
Las primaveras de Zapatero
Viernes, 19-12-08
EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece no haber aprendido la lección impartida a través de todas las predicciones económicas hechas por su Ejecutivo y que han resultado un fracaso tras otro desde hace año y medio. Ayer, en el Congreso de los Diputados, Zapatero anunció que a partir de marzo o abril de 2009 se producirá una «creación de empleo muy estimable». Hasta ahora, la información oficial procedente de los ministros de Economía, Pedro Solbes, y de Trabajo, Celestino Corbacho, es exactamente la contraria, y sitúan hasta mediados de 2009 un crecimiento imparable del desempleo. Quizá Zapatero haya jugado la baza de la ambigüedad, porque crear empleo no significa reducir el paro, pero esta sutileza no es compatible con el afán propagandístico que domina la acción de Gobierno. Nuevamente, Zapatero emplaza a la sociedad española a la próxima primavera, como hizo en 2007, cuando anunció que la economía y el empleo mejorarían a partir de marzo de este año. Y así están. Una explicación plausible, pero decepcionante, de esta proclama «buenista» podría ser que por entonces empezará la temporada de elecciones convocadas para 2009, como las autonómicas de Galicia y País Vasco y las europeas. El Gobierno quiere evitar que el desgaste de su mala gestión en esta crisis le pase una factura electoral demasiado cara y, a falta de resultados, recupera el método del ilusionismo. No estando en juego el Gobierno nacional, muchos ciudadanos pueden optar por el voto de castigo o la abstención. Claro está que el problema de Rodríguez Zapatero y de su equipo económico para que su táctica sea rentable es la falta de crédito, la insolvencia de sus pronósticos y la incapacidad para frenar la caída de la economía. Esta iba a ser, no se olvide, la legislatura del pleno empleo. Se dijo igualmente que la crisis financiera tampoco iba a llegar a España, y hablar de recesión era una exageración propia de antipatriotas.
Además, la confianza voluntarista de Rodríguez Zapatero se basa en un truco del plan de financiación de obras públicas a través de los ayuntamientos, porque espera que la obligación de dar empleo a trabajadores en paro alivie las listas del INEM. Pero esto supone que las empresas adjudicatarias de estas obras, aunque tengan sus propios trabajadores en plantilla, se vean forzadas a contratar desempleados. En la encrucijada de perder contratos por no cumplir esta condición o despedir a sus propios trabajadores para luego volver a contratarlos, no sería extraño que las empresas se plantearan seriamente esta segunda opción. En todo caso, estas obras serán de carácter limitado y local, no crearán condiciones estables y duraderas para impulsar la actividad productiva, no afectarán a grandes infraestructuras, que son las importantes, y tampoco impedirán la destrucción de empleo en otros sectores económicos distintos de la construcción, como la industria y los servicios.
Cuando las previsiones de los expertos, de los reguladores nacionales e internacionales y de las organizaciones empresariales avisan de que el desempleo en 2009 puede superar el 15 por ciento, las palabras de Rodríguez Zapatero no suenan a predicción, sino a temeridad irresponsable. Y aun cuando realmente se crease «intensamente empleo» -lo que es posible, porque para eso tendrán 8.000 millones de euros los ayuntamientos-, el presidente del Gobierno debería haber observado la mínima prudencia que le aconsejan sus propios antecedentes. Los impagos aumentan a diario, como las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de vivienda por falta de pago. Las familias están cercadas por una crisis que recorta sus mínimos de subsistencia. No verlo así es despreciar la angustia de cientos de miles, si no millones, de ciudadanos, que tienen derecho a que el Gobierno deje ya de especular con su futuro vistiéndolo con esperanzas que luego, si no se cumplen, se cargan a cuenta de Estados Unidos o del contexto internacional. En definitiva, a quienes el ciudadano español no puede pedir cuentas. Y estas cuentas debe empezar por rendirlas quien gobierna España.
Viernes, 19-12-08
EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, parece no haber aprendido la lección impartida a través de todas las predicciones económicas hechas por su Ejecutivo y que han resultado un fracaso tras otro desde hace año y medio. Ayer, en el Congreso de los Diputados, Zapatero anunció que a partir de marzo o abril de 2009 se producirá una «creación de empleo muy estimable». Hasta ahora, la información oficial procedente de los ministros de Economía, Pedro Solbes, y de Trabajo, Celestino Corbacho, es exactamente la contraria, y sitúan hasta mediados de 2009 un crecimiento imparable del desempleo. Quizá Zapatero haya jugado la baza de la ambigüedad, porque crear empleo no significa reducir el paro, pero esta sutileza no es compatible con el afán propagandístico que domina la acción de Gobierno. Nuevamente, Zapatero emplaza a la sociedad española a la próxima primavera, como hizo en 2007, cuando anunció que la economía y el empleo mejorarían a partir de marzo de este año. Y así están. Una explicación plausible, pero decepcionante, de esta proclama «buenista» podría ser que por entonces empezará la temporada de elecciones convocadas para 2009, como las autonómicas de Galicia y País Vasco y las europeas. El Gobierno quiere evitar que el desgaste de su mala gestión en esta crisis le pase una factura electoral demasiado cara y, a falta de resultados, recupera el método del ilusionismo. No estando en juego el Gobierno nacional, muchos ciudadanos pueden optar por el voto de castigo o la abstención. Claro está que el problema de Rodríguez Zapatero y de su equipo económico para que su táctica sea rentable es la falta de crédito, la insolvencia de sus pronósticos y la incapacidad para frenar la caída de la economía. Esta iba a ser, no se olvide, la legislatura del pleno empleo. Se dijo igualmente que la crisis financiera tampoco iba a llegar a España, y hablar de recesión era una exageración propia de antipatriotas.
Además, la confianza voluntarista de Rodríguez Zapatero se basa en un truco del plan de financiación de obras públicas a través de los ayuntamientos, porque espera que la obligación de dar empleo a trabajadores en paro alivie las listas del INEM. Pero esto supone que las empresas adjudicatarias de estas obras, aunque tengan sus propios trabajadores en plantilla, se vean forzadas a contratar desempleados. En la encrucijada de perder contratos por no cumplir esta condición o despedir a sus propios trabajadores para luego volver a contratarlos, no sería extraño que las empresas se plantearan seriamente esta segunda opción. En todo caso, estas obras serán de carácter limitado y local, no crearán condiciones estables y duraderas para impulsar la actividad productiva, no afectarán a grandes infraestructuras, que son las importantes, y tampoco impedirán la destrucción de empleo en otros sectores económicos distintos de la construcción, como la industria y los servicios.
Cuando las previsiones de los expertos, de los reguladores nacionales e internacionales y de las organizaciones empresariales avisan de que el desempleo en 2009 puede superar el 15 por ciento, las palabras de Rodríguez Zapatero no suenan a predicción, sino a temeridad irresponsable. Y aun cuando realmente se crease «intensamente empleo» -lo que es posible, porque para eso tendrán 8.000 millones de euros los ayuntamientos-, el presidente del Gobierno debería haber observado la mínima prudencia que le aconsejan sus propios antecedentes. Los impagos aumentan a diario, como las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de vivienda por falta de pago. Las familias están cercadas por una crisis que recorta sus mínimos de subsistencia. No verlo así es despreciar la angustia de cientos de miles, si no millones, de ciudadanos, que tienen derecho a que el Gobierno deje ya de especular con su futuro vistiéndolo con esperanzas que luego, si no se cumplen, se cargan a cuenta de Estados Unidos o del contexto internacional. En definitiva, a quienes el ciudadano español no puede pedir cuentas. Y estas cuentas debe empezar por rendirlas quien gobierna España.
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