El día de ayer fue agridulce para los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo ante la victoria parcial de sus reclamaciones. Después de varios años de lucha para tener acceso a información que confirmara si la documentación incautada a su abuelo (34 cajas de papeles), en Madrid en junio de 1939, se encontraba en el Archivo de Salamanca, así como que se declarase a su favor la titularidad de dichos documentos y su devolución, ayer se conoció el resultado de sus esfuerzos.
La Audiencia Nacional falla a su favor en el primer punto pero no así en el segundo, debido a la legislación aprobada por el Gobierno socialista, la ley 21/05 de 17 de noviembre de 2005, por la que se acuerda la devolución de los papeles de Salamanca a Cataluña, protegiendo a los ciudadanos particulares naturales de dicha Comunidad Autónoma, pero no así a otros particulares. Si bien la sentencia no se ha inclinado a favor de los herederos de Ossorio y Gallardo en la segunda petición sí suscribe una reclamación para que cambie la ley vigente relativa sólo a los particulares de Cataluña, abriendo camino a una revisión más democrática y no discriminatoria.
Artículo 14 de la Constitución
La sentencia dictada por los magistrados que componen la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso -José Luis López-Muñiz (presidente), Begoña Fernández Dozagarat, Jaime Alberto Santos, Ana Isabel Gómez y José Arturo Fernández- afirma que «documentos de la índole de los incautados constituyen la memoria de las personas a quienes pertenecieron y son elementos integradores de su dignidad; por ello, como patrimonio que son de su intimidad, si así lo desean los interesados o, si ya han fallecido, sus legítimos sucesores, debieran volver a ese ámbito íntimo del que fueron arrancados».
La Sala se lamenta de que en leyes posteriores a la de 2005, en particular la de la Memoria Histórica aprobada hace un año, porque no remedió la situación, ya que no habilitó la devolución ni reguló los requisitos y el procedimiento que debe seguirse a tal efecto y, además, confirmó que todos los «documentos sobrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura» constituyen parte del patrimonio del Estado.
En consecuencia, y he aquí el punto más importante de la sentencia, subraya que «sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la guerra civil de 1936 a 1939, y en aras de preservar ese derecho fundamental a la intimidad y el derecho, también fundamental, a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en similares circunstancias».
La herencia de Carmen Calvo
La lucha de los herederos de Ossorio y Gallardo por el derecho a ser informados y que le fueran devueltos los papeles comenzó en 2005, cuando dirigieron ambas peticiones al Ministerio de Cultura, entonces ocupado por Carmen Calvo. En aquel momento no recibieron respuesta alguna y el expediente incluso se extravió. Por ello, la familia, que vive actualmente en Buenos Aires, ciudad a la que se exilió Ángel Ossorio y Gallardo y donde falleció en 1946, decidió recurrir a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Abogacía del Estado intentó que la Sala se declarara incompetente argumentando que realmenta no era la ministra de Cultura quien debía responder a la familia y que, por tanto, el recurso de Ossorio tendría que resolverse en el Tribunal Superior de Justicia y no en la Audiencia Nacional. A pesar de esto, la Sala desestimó la petición del abogado del Estado y se declaró competente.
El Gobierno rectifica y todos los particulares podrán recuperar papeles de la Guerra Civil.- El Consejo de Ministros ha aprobado ayer un Real Decreto que desarrolla la ley del Archivo para los no catalanes
Un paso más en el desmantelamiento del Archivo de Salamanca
A la Junta de Castilla y León no le ha cogido de sorpresa la nueva orden del Ejecutivo central ya que, en palabras de su portavoz y consejero de la Presidencia, Jose Antonio de Santiago-Juárez «es un paso más en algo que ya denunciábamos que iba a pasar hace algunos años», pese a que el Gobierno negara en un principio que los papeles iban a ser entregados a particulares. Por ello De Santiago-Juárez insistió en que el Real Decreto aprobado sólo es «un paso más en el desmantelamiento del archivo», lo que demuestra, según el portavoz regional, «la falta de sensibilidad y compromiso» del Gobierno central con los castellanos y leoneses, pero sobre todo la falta de compromiso del Grupo Socialista de Castilla y León y de su portavoz, Óscar López, con los ciudadanos de esta Comunidad al permanecer callado en un asunto como éste y consentir que el Gobierno desmantele un archivo que no es un nacional.
S. GAVIÑA MADRID Actualizado Sábado, 27-12-08 a las 11:07
Tres días ha tardado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en rectificar la situación discriminatoria en la devolución de documentación incautada a particulares durante la guerra civil, a la que según la ley 21/2005 del 17 de noviembre de 2005 sólo tenían derecho los de Cataluña.
Ahora, y gracias a un real decreto aprobado ayer —in extremis— en el último Consejo de Ministros del año, todos los particulares de España podrán optar a la devolución. Según un comunicado remitido ayer por el ministerio de Cultura, el mencionado Real Decreto regulará «el procedimiento a seguir por las Comunidades Autónomas (menos Cataluña), Ceuta y Melilla para la devolución a particulares de los documentos incautados durante la guerra civil».
Explica, además, que podrán solicitar la restitución de estos documentos «las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, a los que les fueron incautados documentos, fondos documentales y otros efectos siempre que acrediten la titularidad de los mismos en el momento de la incautación». Para la valoración de las solicitudes presentadas, indica que se constituirá «una Comisión Técnica formada por expertos en archivística y Derecho Administrativo. Una vez que se hayan resuelto las solicitudes, se procederá a la restitución material de los documentos a los interesados, quedando una copia autentificada de cada uno de ellos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Además, se regula la posibilidad de que el titular decida mantener los documentos depositados en este Centro».
Recriminación de la Audiencia
ta resolución se produce tres días después de que la Audiencia Nacional, tras rechazar la petición de los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo a devolverle la documentación incautada en Madrid en 1939, le hiciera una recriminación al Gobierno por la ley 21/2005, lamentándose de que en leyes posteriores a ella, en particular la de la Memoria Histórica aprobada hace un año, no hubiera remediado la situación, ya que no habilitó la devolución ni reguló los requisitos y el procedimiento que debe seguirse a tal efecto y, además, confirmó que «todos los documentos sobrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura» constituyen parte del patrimonio del Estado.
Asimismo, en dicha sentencia subrayaba un punto importantísimo que posiblemente haya hecho reflexionar al Gobierno. En ella afirmaba que «sería deseable que, a la mayor brevedad posible, el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la guerra civil de 1936 a 1939, y en aras de preservar ese derecho fundamental a la intimidad y el derecho, también fundamental, a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución, regulara igualmente la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en similares circunstancias».
Habrá una demanda escasa
En referencia a este Real Decreto, el director General de Libro, Rogelio Blanco, en declaraciones ayer a Europa Press, afirmó que no existe una cifra prevista de cuántos documentos se puede solicitar, pero aseguró que «no serán muchos», e indicó que en estos últimos cinco años las demandas de particulares han sido escasas «por eso intuyo que será una petición muy baja a tenor de lo que está sucediendo». Asimismo, señaló que muchos solicitantes sólo reclamarán un reconocimiento de su propiedad para después «dejarlos depositados en el Archivo».
El director general del Libro explicó que muchos de estos documentos volverán al Archivo de Salamanca porque desde el Ministerio se han establecido acuerdos con algunos grupos e instituciones para que una vez que los reciban, como fija la ley, los reciba la Generalitat y los traspase al particular, para después regresar al Archivo de Salamanca. Entre ellos, Rogelio Blanco citó el acuerdo con la Masonería.
S.G MADRID.-Miércoles, 24-12-08
«Cristiano, abogado y conservador», así se definía Ángel Ossorio y Gallardo. Nacido el 20 de junio de 1873 en Madrid, ejerció la abogacía durante 43 años, estuvo muy vinculado a la vida política. Durante más de 20 años ocupó el escaño de diputado a Corts por Caspe. Entre 1907 y 1909 fue gobernador civil de Barcelona, cargo del que dimitió tras oponerse a la declaración de guerra durante la semana trágica.
En 1913 fundó el partido maurista y en 1919 fue designado ministro de Fomento, bajo el reinado de Alfonso XIII. Durante la dictadura de Primo de Rivera ingresó en prisión por una carta que escribió a Maura y en 1930 pidió la abdicación del rey para poder sostener la Monarquía. Defendió la República desde 1931 hasta su muerte. Entre 1936 y 1939 fue embajador en Francia, Bélgica y Argentina. Murió en Buenos Aires en 1946.
A grandes rasgos esta es la biografía de Ossorio y Gallardo, un hombre que destacó como un convencido católico republicano que se enfrentó a la política anticlerical del régimen, llegando a afirmar: «La República ha mantendio una política religiosa equivocada, injusta, inútil y peligrosa».
Como abogado, llegó a ser bautizado como el «Papa de la juridicidad», siendo uno de los primeros juristas que luchó por reconocer los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico. En 1935 intentó crear la Asociación Auxiliar del Niño, con la instalación de bibliotecas y clubes juveniles para niños y muchachos.
Amigo personal de Manuel Azaña, fue el encargado de su defensa cuando ingresó en prisión en 1934 y el receptor de la última carta de su memoria política, escrita desde su exilio francés, que remitió a Buenos Aires, donde ya vivía Ossorio y Gallardo.
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