«Parece que tenga que pedir perdón por hablar en castellano»

Un concejal nacido en Asturias hace 61 años ha presentado un recurso contencioso-Administrativo contra un reglamento del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, presidido por CiU, donde se reconoce el catalán como lengua única del Consistorio. Su decisión le ha valido el rechazo de CiU, ERC, ICV e incluso del partido al que él pertenece, Junts per Sant Pol, quienes le acusan de «acosar y denunciar» la lengua catalana.
-¿Qué le ha impulsado a presentar el recurso?
-Hubo un debate interno en el Ayuntamiento para aprobar el ROM (Reglamento Orgánico Municipal) y en muchos aspectos fue un puro copiar y pegar de otros, sobre todo del reglamento de Mataró. Hay un grupo que, a espaldas de la mesa de negociación, introdujo un artículo que yo entiendo que no procede en un ROM, que es el tema de la lengua. Dice textualmente: «La lengua propia del Ayuntamiento de Sant Pol es el catalán. Toda la documentación municipal será redactada en catalán». Fuimos al pleno y por mayoría se aprobó el ROM, haciendo valer una ilegalidad, pues es contrario a la Constitución.
-A raíz de presentar el recurso contencioso-administrativo usted vive una situación de acoso.
-Viene de antes. Durante el pleno siguiente a la aprobación del ROM, yo pedí el uso de la palabra y uno de los concejales de Junts per Sant Pol me cortó y dijo textualmente: «¿Es necesario que tengamos que escuchar en castellano?»
-Porque usted siempre se expresa en ese idioma...
-Desde que tomé posesión como concejal en 2007. Dije en tono de broma que no importa que el gato sea verde o marrón, sino que cace ratones. Tenía en mi currículum haber militado durante seis años en ERC porque yo pensaba que era un partido de izquierda y republicano. Pero no es así.
-¿Y cómo lo define ahora?
-Prefiero no decirlo. He sido delegado sindical durante muchos años y he dirigido foros por orden de la ejecutiva de ERC. Les conozco bien. Pero la gota que colmó el vaso fue la aprobación de un plan urbanístico en Sant Pol que para mí era una aberración. Por eso salí de ERC. Cuando hablo en castellano en los plenos, oigo murmullos, risitas e incluso aplausos cuando alguien me corrije. Eso forma parte del juego democrático. Pero ese concejal llegó a insultarme, me llamó payaso y pedí amparo al alcalde, quien hizo caso omiso. Hay otro concejal de CDC que también me insulta, me dice que me vaya de Sant Pol.
-¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Cataluña?
-Unos 44 años. Llegué muy joven, en una época en la que el tema de la lengua no se tocaba. El mundo sindical y el mundo de la industria, al que yo pertenezco, se expresa en castellano. A mí me ha tocado correr delante de los grises por defender el Estatuto de Cataluña, pero llega un momento en el que me dicen que tengo que hablar en catalán. Y no me gustan las imposiciones.
-Y se ve obligado a dar explicaciones por hablar en castellano.
-Exactamente, parece que tenga que pedir perdón por hablar en castellano. Con determinadas personas, no se puede hablar de este asunto, no atienden a tus razones. Se cierran en banda y no quieren entenderte. Hay una actitud xenófoba, las cosas hay que llamarlas por su nombre.
-La justicia es muy lenta, ¿vale la pena embarcarse en un proceso judicial?
-Se calcula que dos años. Me asesoré y comprobé que si yo hubiera votado a favor del ROM, quizá no podría hablar en castellano en los plenos. Realmente, no compensan los quebraderos de cabeza, pero por encima de las presiones está la ética de uno mismo, hay que luchar por lo que uno cree.
-¿Ha sufrido algún tipo de amenaza hasta ahora?
-Alguna que otra pintada en la fachada de mi casa y en el párking. alusiva al águila preconstitucional. Supongo que habrá nuevas pintadas, pero ya no las voy a permitir. Hay gente intolerante que cae en lo mismo que criticaban durante la dictadura de Franco. Yo he renunciado al diálogo.
-Pero en esta legislatura se ha logrado hablar normalmente en castellano.
-Pero son ámbitos distintos. La sala polivalente donde se hacen los plenos municipales tiene capacidad para 200 personas y acude gente del pueblo que, aunque esté de acuerdo conmigo, no se atreve a decirlo porque esto no es Barcelona.
En el Parlament hay cámaras.

El Consejo de Europa daba hace unos días un varapalo a la política lingüística de nuestra país, porque no se cumplen del todo los compromisos que España adquirió al firmar en 1992, y ratificar en 2001, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El informe del denominado comité de expertos, se alineaba, curiosamente, con las tesis nacionalistas y se pronunciaba a favor de la «inmersión total» en las autonomías con lengua cooficial, como Cataluña, País Vasco y Galicia, y recomendaba protecciones peculiares como la promoción del catalán en Aragón, el portugués en la ciudad extremeña de Olivenza o el bereber y el árabe en Ceuta y Melilla. El informe se olvida, sin embargo, de que en algunas de estas comunidades bilingües son los propios gobiernos autonómicos los que incumplen flagrantemente la Carta Europea de las Lenguas Regionales. El informe, que parece hecho a la «carta» para los nacionalistas, ignora que los intereses de éstos van mucho más allá de la preservación cultural del patrimonio lingüístico europeo que preconiza el texto comunitario. Por ejemplo, ignora que en España los partidos nacionalistas han convertido las lenguas regionales en meros instrumentos políticos para sus intereses identitarios con fines soberanistas. Unos fines que contravienen claramente el propio espíritu de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
El bilingüismo no vale
El denominado comité de expertos del Consejo de Europa propone que las comunidades autónomas españolas con lenguas cooficiales desarrollen un modelo de enseñanza de «inmersión total». Reconoce que en la mayoría de esas autonomías la enseñanza de estas lenguas se basa en un modelo bilingüe, que no se corresponde con los compromisos firmados por España en la mencionada Carta Europea. Sin embargo, felicita a España por su «cooperación« y por «el alto grado de reconocimiento y protección del que se benefician, en el plano de los principios, las lenguas regionales o minoritarias». A veces, a determinados expertos no hay quien les entienda, porque al mismo tiempo critican que en España la utilización de las lenguas cooficiales en los servicios públicos está en «retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas». O considera insuficientes las medidas estatales para «garantizar que toda parte que lo demande tenga verdaderamente la posibilidad de utilizar una lengua cooficial durante un procedimiento judicial o en sus relaciones con la administración».
Apoyo al «Estatut»
Los denominados expertos europeos entran, además, en arenas movedizas de carácter político, que poco tienen que ver con el idílico espíritu de preservación del «patrimonio cultural europeo» que plantea la Carta. Abogan por la «puesta en marcha de la Ley Orgánica sobre la reforma del Estatuto de Cataluña», precisamente uno de los puntos más polémicos del texto estatutario, recurrido ante el Tribunal Constitucional por su propuesta de convertir en obligatorio el conocimiento del catalán para -dicen expertos españoles- equipararlo al castellano y «desterrar» definitivamente la lengua del Estado de todo el ámbito publico catalán, pese a que el castellano es y ha sido la lengua materna de miles y miles de catalanes desde hace más de cinco siglos.
El comité advierte también de otras deficiencias, sobre todo en el sistema educativo, en las Comunidades Valenciana, Gallega y Balear. Dicen que son pocos los alumnos que siguen la enseñanza en gallego y pocos, también, los que lo hacen en catalán en la comunidad balear. En la valenciana, afirman «falta desarrollar un modelo de enseñanza esencialmente en valenciano, en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio». A este respecto conviene aclarar que más de la mitad del territorio valenciano es y ha sido siempre castellanoparlante. También ve deficiencias, por ejemplo en que la «Administración general no asegura los servicios en euskera en Pamplona», aunque parece ignorar que, según el Estudio sociolingüístico en Pamplona y su Comarca, de 2006, sumados quienes dicen hablar igual castellano que vascuence, quienes dicen hablar más vascuence y quienes dicen hablar sólo vascuence, alcanzan a duras penas el 6,2 por ciento de la población. Un índice que se reduce al uno por ciento cuando se trata de quienes dicen servirse más del vascuence que del castellano. Otras deficiencias que resalta el informe europeo son los obstáculos en la promoción del asturiano o del gallego en Asturias y en Castilla y León, o del aragonés o del catalán en Aragón. Y para terminar animan a «precisar el estatus» y adoptar medidas de protección y promoción del bereber en Melilla y del árabe en Ceuta.
El histórico bereber europeo
Como es bien sabido, los impulsores, incluso de la cooficialidad del bereber y el árabe en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, fueron los independentistas catalanes de ERC y los nacionalistas vascos, entre otros. Como ambas ciudades autónomas dudaban de las buenas intenciones de los promotores, la respuesta fue inmediata: adujeron, por ejemplo, que el número de magrebíes que vive en Cataluña es muy superior al que habita en Ceuta y Melilla y que, por lo tanto, predicaran con el ejemplo e hicieran cooficial el bereber en Cataluña. Al margen de la polémica, la Carta europea se refiere en su preámbulo a la protección de las lenguas regionales históricas de Europa y en su artículo 1.A.II sobre los fines de la Carta advierte que quedan excluidos los dialectos y las lenguas de los inmigrantes. De modo que aquí se plantea la duda de si el árabe o el bereber forman parte de «las lenguas regionales históricas europeas» o si son lenguas de emigrantes. De momento, parece que los «expertos» europeos no lo aclaran.
El preámbulo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias aclara que entre sus principales objetivos están conseguir la «unión más estrecha» entre los miembros de la UE para salvaguardar su patrimonio común. Por eso considera necesaria «la protección de las lenguas regionales o minoritarias históricas de Europa, de las que algunas corren el riesgo de desaparecer con el tiempo». Aboga por el derecho a utilizarlas en la vida pública y privada. Subraya el «valor de lo intercultural y del plurilingüísmo» y que todo ello «representa una contribución importante a la construcción de una Europa basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural, en el ámbito de la soberanía nacional y de la integridad territorial». Y en este aspecto fundamental de la integridad territorial vuelve a incidir el texto de la Carta en su artículo 5, al indicar que «nada... podrá ser interpretado en el sentido de que lleve consigo el derecho de emprender cualquier actividad o de realizar cualquier acción que contradigan los fines de la Carta de las Naciones Unidas u otras obligaciones del Derecho Internacional, incluido el principio de soberanía y de integridad territorial de los Estados». Algo que tanto los expertos europeos como los nacionalistas parecen pasar por alto, cuando cargan las tintas sobre los derechos de las lenguas regionales.
«En absoluto obligatoria»
En cuanto a la enseñanza, el denominado comité de expertos europeos se alinea totalmente con las tesis de los nacionalistas más radicales en el apoyo a la «inmersión total», es decir que se estudien todas las materias en la lengua regional, aunque advierten, eso sí, tal y como recoge la Carta, que la enseñanza en la lengua cooficial no debe ser «en absoluto obligatoria para todos los alumnos», sino accesible para los que la soliciten. Efectivamente, el artículo 8.1 advierte que todas las medidas que se adopten para la enseñanza en lenguas regionales cooficiales se harán «sin perjuicio de la enseñanza de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado». En este punto, el informe de los expertos europeos resulta un tanto ignorante de la realidad de las lenguas regionales en España o, lo que es peor, bastante hipócrita, al no hacer mención, por ejemplo, a la situación de la enseñanza en castellano en Cataluña y las innumerables denuncias de padres que ven mermados sus derechos por no poder escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado en esa comunidad, contraviniendo flagrantemente la Carta Europea de las Lenguas Regionales que tanto encandila a los nacionalistas.
Como se contravienen sistemáticamente por la presión de los nacionalistas los apartados «e» y «f» del artículo 10.2, referidos al empleo por las colectividades regionales y locales de «las lenguas regionales o minoritarias en los debates de sus asambleas, sin excluir, no obstante, el uso de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado». También parecen desconocer los denominados expertos europeos la realidad al respecto, al silenciar la falta del «respeto, comprensión y tolerancia», que preconiza la Carta, en multitud de ayuntamientos y en varios parlamentos regionales dominados por los nacionalistas en los que prácticamente se ha desterrado la lengua del Estado.
Estados imaginarios
Finalmente, la Carta en su artículo 8. apartado «g» insta a «tomar medida para asegurar la enseñanza de la historia y la cultura de las que es expresión la lengua regional o minoritaria». De este punto si tendría que tomar nota la denominada comisión de expertos europeos y hacer un estudio pormenorizado para denunciar también las manipulaciones históricas y culturales que han hecho los partidos nacionalistas a lo largo de su historia. Desde inventarse Estados o reinos ancestrales, sin documentación alguna que lo acredite, como el paraíso Vasco que se sacó de la manga Sabino Arana y que perpetúan sus acólitos nacionalistas, hasta atribuirse y tratar de imponer «paísos» imaginarios utilizando la lengua regional como instrumento político con fines no sólo secesionistas, sino además expansionistas en un «delirium» de grandeza con tintes imperialistas de la «señorita Pepis», como es el caso de los nacionalistas catalanes.
A estas alturas, la denominada comisión de expertos europeos debería ser consciente de que las lenguas regionales en España se han convertido en banderas políticas con fines identitarios y excluyentes por intereses de los partidos nacionalistas independentistas, que, además, vulneran el espíritu del preámbulo de la Carta, en tanto en cuanto su afán es socabar la «soberanía nacional y la integridad territorial» del Estado, adjudicándose además la mayor parte de tarta posible en el reparto. Es de suponer que el denominado comité de expertos no ignora los afanes expansionistas de, por ejemplo, los nacionalistas vascos con sus pretensiones de anexionarse Navarra, el condado burgalés de Treviño y una buena porción del mapa de Francia, dependiendo de la época y las apetencias históricas del ideólogo de turno. O los «paisos» que se atribuyen lo nacionalistas catalanes invadiendo territorio valenciano y balear. O el malestar de Asturias o Extremadura con las injerencias de los nacionalistas gallegos del BNG en las zonas donde se habla la lengua de Rosalía o similares. O los intentos de convertir en «lengua» meros dialectos, acentos o jergas, para tener «un hecho diferencial» que llevarse al imaginario para no ser menos nacionalistas que los vecinos. Todos ellos con la instrumentación de la lengua como elemento diferenciador y separador y no como via de comunicación o patrimonio cultural, plural y común de todos los españoles.
La lengua compartida
Debería ser consciente, también, la denominada comisión de expertos de que el castellano o español ha sido, desde su nacimiento, una lengua franca que se ha hablado en todos los rincones de la geografía nacional, incluidas Galicia, País Vasco y Cataluña, siempre bilingües. Y que, por eso, se ha forjado con aportaciones del latín, compartido con el gallego y el catalán, del árabe, de las lenguas germánicas, del vascuence y, más recientemente, del francés y del inglés. Otra cosa es que a los nacionalistas periféricos no les interese reconocerla como lengua propia, al menos en la parte alícuota en que han contribuido a su creación y desarrollo.
Parece pues que la comisión también debería advertir de los incumplimientos de la Carta por parte de determinados gobiernos autonómicos y determinados partidos nacionalistas, y velar por su cumplimientos en esas comunidades. A estas alturas la comisión debería ser consciente de que en España las lenguas las carga el diablo, salvo en los casos y época en el que algunas se han considerado «divinas».