La política social Zolidaria:
Hay un recorte significativo y no declarado del gasto social del Gobierno en relación con las asignaciones aprobadas por el Parlamento.
Se trata de una cantidad que sobrepasa los 65 millones de euros -65.320.000 euros-, y que se suma a los 38,5 millones que el Ejecutivo socialista recortó de hecho entre el Presupuesto de 2008 y el de 2009. En total, un «tijeretazo» de 100 millones de euros a los programas sociales, según los datos recogidos en la última Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y en las cartas del Ministerio a las Consejerías de todas las Comunidades Autónomas.
Así lo denunció ayer el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, quien acusó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar llevando a cabo de forma «cobarde y por la puerta de atrás» el citado «tijeretazo».
Entre las partidas afectadas por el recorte de los 65 millones destacan las destinadas a personas con discapacidad (un 60% menos), a inmigrantes (30%), al pueblo gitano (65%) o a las familias con situaciones especiales. En este último caso, la partida social, simplemente, desaparece.
Ayllón calentó con estos datos una de las preguntas de la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar el próximo miércoles en el Pleno, y que formulará el diputado Rafael Hernando a la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera: «¿Está recortando el Gobierno el gasto social?».
Antes aun que pedir cuentas por el recorte, lo que pretenden los populares es evidenciar la contradicción entre la realidad y el principal discurso de Zapatero, que ha hecho del gasto social la seña de identidad de su Gobierno e incluso el hecho diferencial respecto de la oposición popular.
De ahí que tiren de archivo y destaquen las palabras de Zapatero en el Discurso de Investidura -«no habrá recortes en derechos sociales; al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales»- y en la comparecencia sobre la crisis económica, donde, en relación con el recorte del ajuste presupuestario de 1.500 millones, afirmó que «en ningún caso afectará a los programas de protección social».
El propio acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero especificaba, según recoge ahora el Grupo Popular, que el ajuste «no afecta a las prioridades de los Presupuestos, como son las partidas de gastos de personal, inversión productiva y de protección social».
La denuncia de los populares es que el Gobierno «desplaza» «el tijeretazo» a las Comunidades Autónomas, que se ven obligadas a reponer estos fondos asistenciales a través de sus propias arcas.
Se trata de una cantidad que sobrepasa los 65 millones de euros -65.320.000 euros-, y que se suma a los 38,5 millones que el Ejecutivo socialista recortó de hecho entre el Presupuesto de 2008 y el de 2009. En total, un «tijeretazo» de 100 millones de euros a los programas sociales, según los datos recogidos en la última Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y en las cartas del Ministerio a las Consejerías de todas las Comunidades Autónomas.
Así lo denunció ayer el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, quien acusó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar llevando a cabo de forma «cobarde y por la puerta de atrás» el citado «tijeretazo».
Entre las partidas afectadas por el recorte de los 65 millones destacan las destinadas a personas con discapacidad (un 60% menos), a inmigrantes (30%), al pueblo gitano (65%) o a las familias con situaciones especiales. En este último caso, la partida social, simplemente, desaparece.
Ayllón calentó con estos datos una de las preguntas de la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar el próximo miércoles en el Pleno, y que formulará el diputado Rafael Hernando a la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera: «¿Está recortando el Gobierno el gasto social?».
Antes aun que pedir cuentas por el recorte, lo que pretenden los populares es evidenciar la contradicción entre la realidad y el principal discurso de Zapatero, que ha hecho del gasto social la seña de identidad de su Gobierno e incluso el hecho diferencial respecto de la oposición popular.
De ahí que tiren de archivo y destaquen las palabras de Zapatero en el Discurso de Investidura -«no habrá recortes en derechos sociales; al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales»- y en la comparecencia sobre la crisis económica, donde, en relación con el recorte del ajuste presupuestario de 1.500 millones, afirmó que «en ningún caso afectará a los programas de protección social».
El propio acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero especificaba, según recoge ahora el Grupo Popular, que el ajuste «no afecta a las prioridades de los Presupuestos, como son las partidas de gastos de personal, inversión productiva y de protección social».
La denuncia de los populares es que el Gobierno «desplaza» «el tijeretazo» a las Comunidades Autónomas, que se ven obligadas a reponer estos fondos asistenciales a través de sus propias arcas.
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