La Iglesia católica celebra mañana la Jornada por la vida. Y denuncia, por todos los medios a su alcance, que el aborto es «un crimen» y «una violación del derecho fundamental del niño a la vida». Y señala a sus máximos culpables: madres, médicos y Estado.
«Esta violación del derecho fundamental del niño a la vida está revestida de un especial dramatismo ante el hecho de que los que atentan contra el ser más indefenso e inocente, o lo dejan desamparado son precisamente aquéllos que tienen el encargo sagrado de su protección: la madre, el médico y el Estado», dice la nota de la Subcomisión episcopal para la Familia.
Algunos obispos, a título individual, van más allá. Los prelados de Bilbao, monseñor Blázquez y monseñor Iceta, sitúan el aborto dentro de la «cultura de la muerte», junto al terrorismo, la guerra, la esclavitud o la violencia machista, que se ha desarrollado en la «civilización occidental». Por su parte, el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Sebastián, acusa a los políticos de «injerencia en las instituciones religiosas» por calificar de politización la toma de postura antiabortista de cofradías y hermandades.Y añade: «Es natural, porque han apostado por el aborto como una forma de progreso, cuando es barbarie».
De ahí que el administrador apostólico de Córdoba y arzobispo-coadjutor de Sevilla, Juan José Asenjo, se felicite por la implicación de los cofrades: «Si a veces nos hemos quejado de cierta pasividad en los laicos, la determinación de ahora es coherente».
«Esta violación del derecho fundamental del niño a la vida está revestida de un especial dramatismo ante el hecho de que los que atentan contra el ser más indefenso e inocente, o lo dejan desamparado son precisamente aquéllos que tienen el encargo sagrado de su protección: la madre, el médico y el Estado», dice la nota de la Subcomisión episcopal para la Familia.
Algunos obispos, a título individual, van más allá. Los prelados de Bilbao, monseñor Blázquez y monseñor Iceta, sitúan el aborto dentro de la «cultura de la muerte», junto al terrorismo, la guerra, la esclavitud o la violencia machista, que se ha desarrollado en la «civilización occidental». Por su parte, el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Sebastián, acusa a los políticos de «injerencia en las instituciones religiosas» por calificar de politización la toma de postura antiabortista de cofradías y hermandades.Y añade: «Es natural, porque han apostado por el aborto como una forma de progreso, cuando es barbarie».
De ahí que el administrador apostólico de Córdoba y arzobispo-coadjutor de Sevilla, Juan José Asenjo, se felicite por la implicación de los cofrades: «Si a veces nos hemos quejado de cierta pasividad en los laicos, la determinación de ahora es coherente».
nte el aluvión de críticas, Aído dice ahora que ve "discriminatoria" la alusión a la "tara" del feto y la excluirá de la ley.
Si el embrión es viable a partir de 22 semanas, abortar será ilegal «haya o no anomalías»
rebajó ayer las previsiones de temporal antiabortista para la Jornada de la Vida que celebra hoy la Iglesia católica hablando de «proteger al feto» y deshaciendo dudas sobre la malformación fetal como concepto para la interrupción del embarazo en un plazo determinado. Para Bibiana Aído, la expresión del Código Penal «graves taras físicas y psíquicas» [en el feto] que, aún hoy, justifica el aborto es «discriminatoria», «inaceptable» y será «suprimida» en la nueva ley que prepara el Gobierno.
Lo opinó y lo anunció ayer nada más reunirse con el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), la primera de una serie de entrevistas que la ministra mantendrá con colectivos sociales antes de enviar al Parlamento un proyecto que retoca una despenalización que dura ya 24 años. Hoy se reunirá con el Consejo de la Juventud, pero el 2 de abril recibirá al grupo que más combate el aborto: la Federación de Asociaciones Provida, que irá acompañada de una representación de los científicos que firmaron la semana pasada el Manifiesto de Madrid contra la interrupción voluntaria del embarazo.
Con el runrún de las quejas de los portavoces de los discapacitados sobre una posible discriminación en la regulación del aborto, Aído fue muy clara: «Se suprimirán las referencias discriminatorias que tiene la ley actual que se recogen en el Código Penal, donde se hace referencia a las graves taras físicas o psíquicas. Coincidimos en que son términos inaceptables y por eso vamos a suprimirlos en la propuesta de ley».
El «coincidimos» tiene que ver con el lamento de algunas discapacitados, que han pedido que la ley no incluya «ninguna forma de discriminación por razón de discapacidad», como contó a EL MUNDO el domingo Ana Peláez, Comisionada de Género del Cermi. Tras su reunión de ayer en Igualdad, el presidente del Comité, Luis Cayo, llegó a asegurar que su grupo va a «participar en la redacción» del proyecto de ley.
Y es que Aído fue ayer más tajante que nunca a la hora de hablar de plazos, supervivencia y fetos. «Existe la obligación de proteger al feto desde el momento en que, desde el punto de vista científico, es viable con independencia de la mujer. Desde la viabilidad fetal, no cabe la interrupción del embarazo, haya o no haya anomalía».
La ministra entró de lleno en el enjambre de dudas que ha pululado en algunos ambientes acerca del aborto después de las 22 semanas de gestación: «A partir de la semana 22ª sólo se podría interrumpir el embarazo cuando los problemas sean de tal magnitud que se asegure la no supervivencia del feto y así conste en un dictamen emitido por un especialista diferente al que practique la intervención».
Esa no supervivencia fetal existe, pero es estadísticamente minúscula: ronda el 0,1% de los casos de aborto en España, unos 30 cada año.
El concepto de la no viabilidad fetal, o sea, la imposibilidad de que el nacido sobreviva a causa de sus malformaciones, ya estaba en el informe de expertos que asesoraron al Ministerio y que sirvió de base a Aído para anunciar, hace un par de semanas, su nueva apuesta legislativa.
Ese documento habla de que «en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida», el aborto se podrá llevar a cabo sin plazo; es decir, en cualquier momento.
rebajó ayer las previsiones de temporal antiabortista para la Jornada de la Vida que celebra hoy la Iglesia católica hablando de «proteger al feto» y deshaciendo dudas sobre la malformación fetal como concepto para la interrupción del embarazo en un plazo determinado. Para Bibiana Aído, la expresión del Código Penal «graves taras físicas y psíquicas» [en el feto] que, aún hoy, justifica el aborto es «discriminatoria», «inaceptable» y será «suprimida» en la nueva ley que prepara el Gobierno.
Lo opinó y lo anunció ayer nada más reunirse con el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), la primera de una serie de entrevistas que la ministra mantendrá con colectivos sociales antes de enviar al Parlamento un proyecto que retoca una despenalización que dura ya 24 años. Hoy se reunirá con el Consejo de la Juventud, pero el 2 de abril recibirá al grupo que más combate el aborto: la Federación de Asociaciones Provida, que irá acompañada de una representación de los científicos que firmaron la semana pasada el Manifiesto de Madrid contra la interrupción voluntaria del embarazo.
Con el runrún de las quejas de los portavoces de los discapacitados sobre una posible discriminación en la regulación del aborto, Aído fue muy clara: «Se suprimirán las referencias discriminatorias que tiene la ley actual que se recogen en el Código Penal, donde se hace referencia a las graves taras físicas o psíquicas. Coincidimos en que son términos inaceptables y por eso vamos a suprimirlos en la propuesta de ley».
El «coincidimos» tiene que ver con el lamento de algunas discapacitados, que han pedido que la ley no incluya «ninguna forma de discriminación por razón de discapacidad», como contó a EL MUNDO el domingo Ana Peláez, Comisionada de Género del Cermi. Tras su reunión de ayer en Igualdad, el presidente del Comité, Luis Cayo, llegó a asegurar que su grupo va a «participar en la redacción» del proyecto de ley.
Y es que Aído fue ayer más tajante que nunca a la hora de hablar de plazos, supervivencia y fetos. «Existe la obligación de proteger al feto desde el momento en que, desde el punto de vista científico, es viable con independencia de la mujer. Desde la viabilidad fetal, no cabe la interrupción del embarazo, haya o no haya anomalía».
La ministra entró de lleno en el enjambre de dudas que ha pululado en algunos ambientes acerca del aborto después de las 22 semanas de gestación: «A partir de la semana 22ª sólo se podría interrumpir el embarazo cuando los problemas sean de tal magnitud que se asegure la no supervivencia del feto y así conste en un dictamen emitido por un especialista diferente al que practique la intervención».
Esa no supervivencia fetal existe, pero es estadísticamente minúscula: ronda el 0,1% de los casos de aborto en España, unos 30 cada año.
El concepto de la no viabilidad fetal, o sea, la imposibilidad de que el nacido sobreviva a causa de sus malformaciones, ya estaba en el informe de expertos que asesoraron al Ministerio y que sirvió de base a Aído para anunciar, hace un par de semanas, su nueva apuesta legislativa.
Ese documento habla de que «en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida», el aborto se podrá llevar a cabo sin plazo; es decir, en cualquier momento.
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