El tripartito catalán se prepara para un posible recorte del Estatuto y, sin esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, ha decidido sacar adelante su anteproyecto de Ley de Consultas. Este texto, que será aprobado mañana por el Gobierno catalán, permitirá convocar un referendo sobre autodeterminación, tal como ERC y CiU han defendido en reiteradas ocasiones ante una eventual rebaja estatutaria.
Mayorías exigibles
El borrador ha sido elaborado por la Consejería de Gobernación de la Generalitat, que dirige el republicano Jordi Ausàs. Este tipo de consultas podrán convocarse si lo pide el 3 por ciento de la población. También podrá convocar la consulta el Ejecutivo autonómico, a propuesta del presidente de la Generalitat, una quinta parte de los diputados del Parlamento catalán, dos grupos parlamentarios o el 10 por ciento de los municipios catalanes o que representen 500.000 ciudadanos.
Cualquier consulta deberá tener el apoyo de la Cámara autonómica por mayoría absoluta, además de la autorización del Gobierno español, que tendrá la última palabra. La Generalitat deberá explicar ante el Parlamento su postura sobre las cuestiones consultadas una vez se celebre la consulta. En cuanto a las consultas municipales, podrá convocarlo el alcalde, la mitad más uno de los concejales o un porcentaje determinado de vecinos.
Esta ley se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de ERC para esta legislatura, aunque desde el citado departamento siempre se ha precisado que este proyecto no puede compararse con el «plan Ibarretxe», pues se ciñe al texto estatutario. El artículo 122 del mismo atribuye a la Generalitat la «competencia exclusiva» para regular estas convocatorias. Asimismo, «con esta ley se pretende favorecer la democracia participativa y combatir la desafección política» que, en el último ciclo electoral, se ha traducido en un alto porcentaje de abstención en Cataluña.
Derecho a decidir
Sin embargo, el proyecto se aprobará en un momento en el que la falta de un acuerdo en la financiación catalana, así como la incertidumbre respecto a la citada sentencia del Constitucional ha provocado diversas movilizaciones en favor del derecho a decidir en cuestiones más materiales como la financiación o las infraestructuras catalanas, pero también sobre la posible constitución de un Estado catalán propio dentro de la UE. Estos actos han sido apoyados por ERC y por los sectores más soberanistas de CiU. El proyecto permite a los republicanos marcar perfil en el Gobierno tripartito, tal como exige su militancia, sin necesidad de abandonar un Ejecutivo en horas bajas debido al fracaso en las negociaciones del nuevo modelo de financiación. Precisamente ayer, el líder de ERC, Joan Puigcercós, advertía al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que será el «único responsable» de una resolución judicial contraria al Estatuto.
Mayorías exigibles
El borrador ha sido elaborado por la Consejería de Gobernación de la Generalitat, que dirige el republicano Jordi Ausàs. Este tipo de consultas podrán convocarse si lo pide el 3 por ciento de la población. También podrá convocar la consulta el Ejecutivo autonómico, a propuesta del presidente de la Generalitat, una quinta parte de los diputados del Parlamento catalán, dos grupos parlamentarios o el 10 por ciento de los municipios catalanes o que representen 500.000 ciudadanos.
Cualquier consulta deberá tener el apoyo de la Cámara autonómica por mayoría absoluta, además de la autorización del Gobierno español, que tendrá la última palabra. La Generalitat deberá explicar ante el Parlamento su postura sobre las cuestiones consultadas una vez se celebre la consulta. En cuanto a las consultas municipales, podrá convocarlo el alcalde, la mitad más uno de los concejales o un porcentaje determinado de vecinos.
Esta ley se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de ERC para esta legislatura, aunque desde el citado departamento siempre se ha precisado que este proyecto no puede compararse con el «plan Ibarretxe», pues se ciñe al texto estatutario. El artículo 122 del mismo atribuye a la Generalitat la «competencia exclusiva» para regular estas convocatorias. Asimismo, «con esta ley se pretende favorecer la democracia participativa y combatir la desafección política» que, en el último ciclo electoral, se ha traducido en un alto porcentaje de abstención en Cataluña.
Derecho a decidir
Sin embargo, el proyecto se aprobará en un momento en el que la falta de un acuerdo en la financiación catalana, así como la incertidumbre respecto a la citada sentencia del Constitucional ha provocado diversas movilizaciones en favor del derecho a decidir en cuestiones más materiales como la financiación o las infraestructuras catalanas, pero también sobre la posible constitución de un Estado catalán propio dentro de la UE. Estos actos han sido apoyados por ERC y por los sectores más soberanistas de CiU. El proyecto permite a los republicanos marcar perfil en el Gobierno tripartito, tal como exige su militancia, sin necesidad de abandonar un Ejecutivo en horas bajas debido al fracaso en las negociaciones del nuevo modelo de financiación. Precisamente ayer, el líder de ERC, Joan Puigcercós, advertía al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que será el «único responsable» de una resolución judicial contraria al Estatuto.
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