ZAPATERO Y RAJOY tuvieron un duro enfrentamiento dialéctico el miércoles en el Congreso sobre las cajas.
El presidente del Gobierno ha pasado de las palabras a los hechos: el Consejo de Ministros aprobó ayer un recurso contra la modificación de la ley de Cajas por parte de la Comunidad de Madrid, aprobada en diciembre de 2008. La impugnación suspende por cinco meses la entrada en vigor de la norma, conforme establece el artículo 161.2 de la Constitución, invocado también por el Gobierno para paralizar el plan Ibarretxe.Ello implica el aplazamiento del proceso electoral en Caja Madrid, que tendrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
El Gobierno, según explicó ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega, considera que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid vulnera «la proporcionalidad» del «sistema de representación de las corporaciones locales y los impositores en las asambleas», establecido en la Ley de Organos Rectores de las Cajas.
Pedro Solbes reconoció ayer que la cuestión es «discutible».Lo es desde el punto de vista jurídico porque la Ley no establece porcentajes concretos de representación de los ayuntamientos.Solamente dice que las entidades de derecho público no podrán sobrepasar el 50% del derecho de voto en las asambleas.
La Ley de Organos Rectores de las Cajas deja un amplio margen de discrecionalidad a las comunidades para regular la composición de las asambleas, que eligen a los consejos y supervisan la gestión.La prueba es que cada comunidad ha elaborado sus normas con unos criterios distintos: el Ayuntamiento de Barcelona tiene por ley el 8% del total de los representantes municipales en la Asamblea de La Caixa, el de Zaragoza, un 6% en Ibercaja y el de Vigo, un 15% en Caixanova.
La norma aprobada por la Comunidad de Madrid concede al Ayuntamiento de la capital un 30% sobre el conjunto de los municipios de Madrid, por lo que resulta muy difícil sostener que este porcentaje incumple la norma a la luz de los anteriores ejemplos.
Ello pone de relieve que estamos ante un recurso planteado por razones políticas, que pesan mucho más que las cuestiones técnicas que invoca el Gobierno. Si hay «desproporción», reside en la propia presentación de esta impugnación, algo muy inusual y solamente justificable por una gravedad que no se da en este asunto.
Lo que Zapatero pretende, en primer lugar, es debilitar a Esperanza Aguirre de cara a la contienda electoral de 2011. Ya viene castigándola desde hace años con un trato discriminatorio a Madrid en los Presupuestos y ahora cree que la Comunidad puede volver a manos del PSOE sacando partido de la frialdad de Génova hacia ella.Pero el tiro le puede salir por la culata porque puede tener los efectos contrarios: fortalecer a la presidenta a la vista de esta maniobra tan descarada.
De paso, la impugnación del Gobierno paraliza la renovación de los órganos de gobierno de la caja, dando un nuevo margen a Miguel Blesa, discutido gestor que se aferra al cargo tras 12 años de permanencia sin más mérito conocido que su amistad con Aznar.A ello se suma una interinidad que fomentará la pugna interna entre la presidenta y el alcalde, que Mariano Rajoy no ha sabido atajar.
Todo le viene bien al PSOE con esta estrategia. Ahora se entiende por qué Tomás Gómez, líder del socialismo madrileño, rompió hace semanas su pacto con Aguirre, auspiciado por el propio José Blanco.El PSOE ha aprovechado la oportunidad de hacer sangre con la presidenta y de asestarle un duro golpe en su intento de renovar la dirección de Caja Madrid. Veremos cómo acaba esta batalla jurídica y política en la que Zapatero no ha dudado en utilizar al Gobierno como institución para golpear a quien percibe como un difícil rival electoral.
El Gobierno, según explicó ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega, considera que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid vulnera «la proporcionalidad» del «sistema de representación de las corporaciones locales y los impositores en las asambleas», establecido en la Ley de Organos Rectores de las Cajas.
Pedro Solbes reconoció ayer que la cuestión es «discutible».Lo es desde el punto de vista jurídico porque la Ley no establece porcentajes concretos de representación de los ayuntamientos.Solamente dice que las entidades de derecho público no podrán sobrepasar el 50% del derecho de voto en las asambleas.
La Ley de Organos Rectores de las Cajas deja un amplio margen de discrecionalidad a las comunidades para regular la composición de las asambleas, que eligen a los consejos y supervisan la gestión.La prueba es que cada comunidad ha elaborado sus normas con unos criterios distintos: el Ayuntamiento de Barcelona tiene por ley el 8% del total de los representantes municipales en la Asamblea de La Caixa, el de Zaragoza, un 6% en Ibercaja y el de Vigo, un 15% en Caixanova.
La norma aprobada por la Comunidad de Madrid concede al Ayuntamiento de la capital un 30% sobre el conjunto de los municipios de Madrid, por lo que resulta muy difícil sostener que este porcentaje incumple la norma a la luz de los anteriores ejemplos.
Ello pone de relieve que estamos ante un recurso planteado por razones políticas, que pesan mucho más que las cuestiones técnicas que invoca el Gobierno. Si hay «desproporción», reside en la propia presentación de esta impugnación, algo muy inusual y solamente justificable por una gravedad que no se da en este asunto.
Lo que Zapatero pretende, en primer lugar, es debilitar a Esperanza Aguirre de cara a la contienda electoral de 2011. Ya viene castigándola desde hace años con un trato discriminatorio a Madrid en los Presupuestos y ahora cree que la Comunidad puede volver a manos del PSOE sacando partido de la frialdad de Génova hacia ella.Pero el tiro le puede salir por la culata porque puede tener los efectos contrarios: fortalecer a la presidenta a la vista de esta maniobra tan descarada.
De paso, la impugnación del Gobierno paraliza la renovación de los órganos de gobierno de la caja, dando un nuevo margen a Miguel Blesa, discutido gestor que se aferra al cargo tras 12 años de permanencia sin más mérito conocido que su amistad con Aznar.A ello se suma una interinidad que fomentará la pugna interna entre la presidenta y el alcalde, que Mariano Rajoy no ha sabido atajar.
Todo le viene bien al PSOE con esta estrategia. Ahora se entiende por qué Tomás Gómez, líder del socialismo madrileño, rompió hace semanas su pacto con Aguirre, auspiciado por el propio José Blanco.El PSOE ha aprovechado la oportunidad de hacer sangre con la presidenta y de asestarle un duro golpe en su intento de renovar la dirección de Caja Madrid. Veremos cómo acaba esta batalla jurídica y política en la que Zapatero no ha dudado en utilizar al Gobierno como institución para golpear a quien percibe como un difícil rival electoral.
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