En uno de los encuentros de mayo de 2007, después del atentado de Barajas en el que fueron asesinadas dos personas, el Gobierno ofreció seguir negociando con la condición de que el proceso fuese "absolutamente secreto".
Propuso "manejar los tiempos" en los procedimientos penales y "medidas procesales-penitenciarias para un régimen de libertad o similares" en el caso de terroristas sin delitos de sangre. "Con delitos de sangre sólo acceden a libertad tras el desarme de ETA", recoge el documento. Los representantes del Ejecutivo también garantizaron "indultos al final del proceso" y medidas de gracia, asimismo, para "delitos cometidos tras el alto el fuego", aunque éstos irían en "un paquete de negociación aparte".
A la banda le pareció poco: sin "acuerdo político", interpretó esos ofrecimientos como una "declaración de guerra" y, tras otro intento fallido, rompe la tregua el 5 de junio, días después de las municipales.
El Instituto Armado destaca una carta incautada a Thierry en la que se detalla un intento del Gobierno de retomar la negociación muchos meses después para cerrar un pacto en vísperas de las elecciones generales de 2008: en noviembre de 2007, "dos policías con carné y membrete de Presidencia del Gobierno se dirigen a Santiago Orué (amigo y chófer de Otegi) para darle un mensaje de 'necesidad de hablar' y 'llegar a un acuerdo antes de enero'". "La impresión que tiene Santi es que tras esto están tanto Soto como Pastor", señala el texto.
El documento confirma las reuniones preparatorias entre Josu Ternera y Jesús Eguiguren en junio de 2005 en Ginebra y en noviembre de ese año en Oslo en las que el presidente del PSE habría garantizado "reducir la presencia policial en controles", "no detenciones" y "aceptar a Batasuna en la vida política".
Ya en el proceso, en la reunión del 23 de junio de 2006 el Ejecutivo aceptó conceder la libertad condicional a José Ignacio de Juana Chaos, manteniéndola "en secreto", y a dejar "sin efecto" la doctrina Parot.
El resumen de la Guardia Civil acredita que el 27 de octubre de 2006, el Gobierno reconoció su responsabilidad directa en el chivatazo. El Ejecutivo "dice que por dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE", como ya publicó EL MUNDO en diciembre de 2009 atribuyendo ese entrecomillado al vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez.
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