La Junta de Andalucía insiste en que no es generalizado, pero hay 6.000 casos que se investigan
EFE.
La Junta de Andalucía, por boca de su consejera de Presidencia, Mar Moreno, sostenía ayer en rueda de prensa en Sevilla que no existe «ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas».
Se refería al caso destapado por ABC que afecta a la concesión de ayudas al empleo de la Unión Europea que eran gestionadas por el gobierno de esa comunidad.
Pues bien, según fuentes de la máxima solvencia, las investigaciones, que realiza la Guardia Civil y que son coordinadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, han podido comprobar la implicación en estos hechos de casi 800 empresas, si bien hay abiertos 6.000 expedientes en prácticamente las ocho provincias.
Hasta el momento, existe constancia documental de que el fraude cometido por esas casi 800 empresas asciende a tres millones de euros, pero todas las fuentes consultadas insisten en que estamos solo en la primera fase de la investigación.
De hecho, y a pesar de lo que declaró el viernes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmando las pesquisas y anunciando que «muy pronto» se judicializarían, hasta ayer la Fiscalía no había dado aún ese paso, aunque ya cuenta con un detallado informe elaborado por los investigadores. En ese informe se ha podido aportar toda la contabilidad examinada de forma exhaustiva durante meses.
Por el momento, el fraude detectado asciende a un 30 por ciento del total de las subvenciones concedidas, si bien hay fuentes que elevan ese porcentaje hasta el 40 e incluso a una cifra aún mayor en algunas provincias concretas.
Infracción administrativa.
La diferencia entre unos casos y otros reside, según los primeros datos que se manejan, en si existía intermediario o bien el implicado trataba directamente con el organismo de la Junta competente. Dado que las empresas que se investigan son 6.000 en números redondos, la cifra de lo defraudado podría llegar a los 25 millones de euros, tal como adelantó ABC el pasado sábado.
Hay que precisar que en algunos casos el monto de lo defraudado no alcanzaría a la cantidad necesaria para que el hecho sea considerado un delito, por lo que se trataría de una infracción administrativa, si bien se estudia si los que actuaban con ese «modus operandi» lo hicieron en más de una ocasión y, por tanto, se les puede acusar de fraude continuado.
El hecho de que la investigación no haya sido judicializada todavía impide que se haya comenzado a interrogar a los empresarios implicados en estas presuntas irregularidades, lo que deberá ser acordado en su momento por el instructor que nombre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por tanto, las pesquisas que se han hecho en estos meses están basadas solo en el análisis de la ingente cantidad de documentación con la que se trabaja.
La investigación realizada hasta ahora se retrotrae al menos hasta 2008; es decir, un periodo de tiempo en el que también ejerció como presidente de la Junta de Andalucía el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y en la que su mano derecha en ese ejecutivo era su actual secretario de Estado, Gaspar Zarrías, quien entonces estaba al frente de la Consejería de Presidencia. El hecho de que las pesquisas se remonten a hace tres años introduce la posibilidad de que algunas de las empresas investigadas hayan desaparecido o se hayan vendido, una vez que sus dueños, consiguieron beneficiarse de las ayudas europeas de forma fraudulenta.
Precisamente, una de las líneas de trabajo que quedan pendientes es determinar las posibles relaciones de los dueños y socios de las sociedades implicadas con determinados organismos de la Junta, terreno en el que se podrían producir «algunas sorpresas».
Negligencia.
«Quienes se han beneficiado de estos fraudes —sostienen las fuentes consultadas— sabían perfectamente cómo actuar, conocían muy bien los trámites que debían seguir, algo que no es muy común entre los empresarios». Esta circunstancia sugiere que había alguien que les daba información detallada de cuáles debían ser sus pasos. El no haber podido tomar declaración por ahora a los implicados, que podrían identificar a los intermediarios, hace que esas gestiones estén por ahora en punto muerto.
Como se sabe, el fraude investigado consistía en contratar a trabajadores para recibir las ayudas de la UE al empleo, que gestionaba la Junta de Andalucía. Una vez dados de alta en la Seguridad Social y cobrada la correspondiente subvención, el empresario despedía a sus nuevos empleados. Las autoridades andaluzas no cruzaban después sus datos con los de la Seguridad Social, de modo que para ellos esas personas seguían trabajando. «Por ahora no se puede hablar de una implicación delictiva de la Junta en los hechos, pero parece evidente que ha habido al menos un comportamiento negligente porque no se hacían las comprobaciones oportunas».
A pesar de todo estos datos sospechosos, ayer, tras la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, desmintió rotundamente la existencia de «ninguna clase de fraude generalizado en las bonificaciones a empresas» y rechazó las acusaciones de «falta de control» por parte de la Junta, informa Ep.
La Oficina Antifraude europea investiga el caso
La Oficina de Lucha Europea Antifraude (Olaf) también está investigando las presuntas irregularidades en las ayudas al empleo concedidas por la UE y gestionadas por la Junta de Andalucía, según ha podido saber ABC. La «Oficina», como se conoce a este organismo, ha puesto su ingente maquinaria y su personal a trabajar en el caso y ha decidido enviar a España a algunos de sus investigadores, que ya habrían hecho algunas visitas a nuestro país, según fuentes de las pesquisas.
Estos investigadores, como dispone el Reglamento que regula la Oficina Antifraude europea, están trabajando en colaboración con la Guardia Civil y con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque es un organismo de carácter independiente. La intervención se justifica en la procedencia de los fondos administrados, la propia UE, por una parte, y por otra, en el volumen económico presuntamente defraudado.
La misión de Olaf, que fue creada en 1999, es proteger los intereses de la UE, combatir el fraude, la corrupción y cualquier actividad irregular, incluidas las que se cometen en las instituciones europeas. En la actualidad trabajan para la «Oficina» 475 personas y tienen acuerdos con Europol y Eurojust para el seguimiento policial y judicial de los asuntos investigados.
Este organismo investiga en dos niveles: en las propias instituciones europeas que manejan fondos comunitarios y en los Estados miembros, cuando el delito implica el uso de dinero comunitario. En 2009, Olaf llevó a cabo en España 17 investigaciones de las 220 que se hicieron en toda la UE.
Facturas manipuladas para justificar el uso de ayudas europeas, contrabando en aduanas, falsificación de euros, documentos falsos para conceder o recibir fondos comunitarios son el el tipo de casos que suele investigar su personal. Cada país tiene que controlar el buen uso de los fondos estructurales, pero Olaf interviene si hay sospechas de fraude.
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