La revelación de los entresijos de la negociación política entre el Gobierno y ETA demuestra que Rodríguez Zapatero puso en quiebra moral y jurídica al Estado para facilitar un acuerdo con los terroristas.
Las actas de las reuniones con los etarras prueban que los representantes gubernamentales atacaron a los jueces que mantenían la lucha antiterrorista, exhibieron como muestra de colaboración los cambios en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ofrecieron cambiar la «doctrina Parot» en el Tribunal Constitucional, comprometieron beneficios penitenciarios para De Juana e incluso para delitos de sangre posteriores al atentado de la T-4, confirmaron que habían dado órdenes de no practicar detenciones y lamentaron no haber podido parar finalmente la operación del bar Faisán.
Estos «gestos» del Gobierno hacia ETA no eran otra cosa que una estrategia para bloquear la Justicia, y se corresponden con las decisiones tomadas en el curso de la negociación, como la excarcelación vergonzosa de De Juana Chaos, la manipulación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la retirada de acusación contra Otegui por enaltecimiento del terrorismo y el chivatazo a la red de extorsión etarra en el Faisán.
Y el Gobierno no solo torpedeó el Estado de Derecho, utilizando como propaganda aquellos inefables informes policiales de verificación del alto el fuego que presentaba Rubalcaba.
Además blindó el proceso con un método de engaño sistemático que le llevó, según las actas de las reuniones con ETA, a ocultar que sabía que los etarras habían robado 350 armas cortas en Vauvert (Francia), en octubre de 2006, y que las cartas de extorsión que seguían recibiendo los empresarios tras la declaración de tregua de 2006 eran auténticas.
Las actas revelan además la disposición del Gobierno a facilitar la financiación de ETA a través de organizaciones internacionales, tras el cese de la extorsión, lo que pone de actualidad las sospechas del ex director general de la Policía, Juan Cotino.
Hubo, sin duda, una negociación política a fondo, primero entre Jesús Eguiguren y el etarra Josu Ternera, y luego directamente entre el Gobierno y ETA, con la irresponsable decisión de utilizar a gobiernos extranjeros como mediadores en las reuniones, lo que dio a ETA legitimación internacional.
Ha habido cooperación con ETA, consumada o en grado de tentativa, mediante chivatazos policiales, el ofrecimiento de financiación e impunidad o la instrumentación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Actos de negociación que, como informó ABC en su portada de 24 de junio de 2007, continuaron después de los asesinatos de la T-4 de Barajas, pese a los desmentidos que realizó entonces el Gobierno.
Y este dato demuestra la falta de escrúpulos del Ejecutivo para retomar las negociaciones políticas con los que acababan de asesinar en Barajas a Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
Los apologistas del Gobierno dicen que este no cedió a los objetivos de ETA y por eso se rompió el «proceso de paz».
No es cierto. La negociación se rompió porque el Gobierno se encontró con la oposición efectiva del PP , la fortaleza moral de las víctimas y la independencia de determinados jueces de la Audiencia Nacional.
Para ejecutar el acuerdo con ETA, el Gobierno necesitaba la deslegitimación del PP, a lo que se aplicó desde el comienzo de la legislatura, responsabilizándolo políticamente de los atentados del 11 de marzo de 2004, recuperando la «memoria histórica» antifranquista contra la derecha y creando a su alrededor un «cordón sanitario» antidemocrático.
A las víctimas de ETA quiso neutralizarlas promoviendo arteramente la división con las víctimas del 11-M y acallando a los grupos cívicos que habían contribuido a la lucha ideológica contra la banda. Y endosó a los pocos jueces de la Audiencia Nacional que mantenían la lucha contra ETA el estigma de colaboradores del PP.
No hubo mérito alguno en negar a ETA la autodeterminación del País Vasco o la integración de Navarra en él, porque ambos objetivos estaban fuera del alcance del Gobierno. La claudicación de Rodríguez Zapatero ante ETA hay que medirla en función de lo que estaba en su mano dar a los terroristas y realmente les dio. Tan grande es la degradación que revelan estas actas que la responsabilidad del Gobierno no puede saldarse con tres minutos de arenga en una sesión rutinaria de control parlamentario. La memoria de las víctimas no permite dejar pasar este episodio de corrupción institucional como una etapa caduca. No hay precedentes en el mundo democrático de un Gobierno capaz de ofrecer la rendición del Estado a una banda de asesinos. Lo ocurrido coloca al Ejecutivo de Zapatero en el filo mismo del abismo. (Editorial de ABC)
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