La última encuesta del Centro de Estudios y Opinión (CEO) de la Generalitat, dada a conocer anteayer, tenía por objetivo examinar a fondo la percepción sobre la inmigración de los catalanes. Entre otras cosas, se planteó a los encuestados el siguiente interrogante:
«Según usted, ¿cuáles son los tres grupos mayoritarios de inmigrantes en Cataluña según el lugar de procedencia?».
Tras recoger las respuestas, el CEO situó a los ciudadanos procedentes del «resto del Estado» como el sexto colectivo mayoritario, precedido de los chinos y seguido de los paquistaníes.
Tras comprobar este planteamiento del CEO, el presidente de Ciutadans (C’s), Albert Rivera, anunció que piensa exigir la comparecencia en el Parlament del director del CEO, Jordi Argelaguet, «por tratar como inmigrantes a los ciudadanos españoles».
«No podemos tolerar que un centro de estudios público, que tiene que servir a todos los ciudadanos, considere inmigrantes a los ciudadanos que viven en Cataluña pero que han nacido en otras comunidades autónomas», añadió Rivera.
La citada encuesta del CEO desveló que la mitad de los catalanes considera que hay demasiados inmigrantes y que su situación se regulariza con excesiva manga ancha.
El sondeo fue ayer objeto de debate durante la reunión del Ejecutivo de Artur Mas y su reacción no se hará esperar. A partir de ahora, el gobierno catalán piensa exigir el conocimiento de la lengua catalana como criterio «determinante» a los extranjeros que aspiran a tener papeles.
El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, se amparó en la Ley catalana de Acogida y en la Ley española de Extranjería para comunicar las iniciativas que va a doptar la administración autonómica. «A la Generalitat le corresponde la certificación del esfuerzo de integración de las personas inmigradas respecto a los expedientes de arraigo, de renovación de residencia y de reagrupación familiar. Y cuando lo haga, el criterio principal de la Generalitat –o uno de los criterios principales– será la cuestión lingüística. La lengua propia de Cataluña es el catalán y para nosotros es fundamental», afirmó Homs.
Lo que se propone el Gobierno de CiU, en suma, es «dejar atrás el discurso buenista que incluso había predominado en la Generalitat» y aplicar a rajatabla las previsiones de la Ley de Acogida, que, según Homs, «no se ha podido o no se ha querido aplicar en su momento». «Para hablar de plena integración debe haber, entre otras cuestión conocimiento de la lengua propia del país. Nos parece tan elemental que se debe hacer», insistió.
Aunque tripartito y CiU aprobaron de la mano la Ley de Acogida, los convergentes creen que, hasta ahora, no ha habido un proyecto claro en inmigración, una circunstancia que se proponen cambiar poniendo el acento en los derechos y deberes de los extranjeros. «Y subrayo deberes», sentenció Homs.
La Ley de Acogida fue aprobada en abril de 2010 y consagró el catalán como «la lengua común» de Cataluña. El PP criticó este «peaje» lingüístico.
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