Una Ley de Memoria Histórica Selectiva ("no todas las víctimas son iguales").

El Juez Militar responsable del caso de la Fosa común, hallada en Alcalá de Henares, pretende solicitar ayuda de las Asociaciones dedicadas a la exhumación de víctimas de la Guerra Civil. Su iniciativa pone al descubierto, otra vez, las contradicciones de la Ley de Memoria Histórica propiciada por el PSOE.

La Ley aprobada por el Gobierno socialista sólo reconoce la existencia de la represión franquista y, en consecuencia, sólo permite subvencionar a las asociaciones dedicadas a las víctimas de esta represión.
Cuando se debatió esta Ley en el Congreso, el 17 de octubre de 2007, el diputado socialista Juan Antonio Barrio de Penagos respondía así a las críticas de que la ley sólo solo permitiría subvencionar la exhumación de las víctimas de un bando: «Los que están desaparecidos todavía son unas víctimas, son víctimas del franquismo, qué se le va a hacer, ese es el caso».

Ante este prejuicio sobre la Guerra Civil, la Fosa hallada en Alcalá pone de relieve que son muchos los españoles que también desconocen el paradero de familiares que fueron víctimas de la represión republicana (encontrándose entre estas víctimas miles de personas, pertenecientes a las propias filas republicanas, incluidos brigadistas internacionales, asesinadas por sus correligionarios).
La ley no deja apenas margen para que unos y otros españoles, víctimas de la barbarie fratricida, tengan el mismo reconocimiento en una ley dictada en democracia.
La Ley de Memoria Histórica (a pesar de su nombre) tiene la misma visión maniquea al establecer víctimas «buenas» y «malas» (según quiénes fueran sus verdugos). Así, en su artículo 11, establece la posibilidad de que puedan recibir subvenciones las asociaciones dedicadas a «la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior»; pero restringe la subvención solo a las asociaciones creadas antes del 1 de junio de 2004.
Estas son la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), situada en la órbita del PSOE, y el Foro por la Memoria, de Izquierda Unida (creadas durante las legislaturas del Partido Popular, en el año 2000 la primera y en el 2002 la segunda).

Desde el año 1977, incluido el periodo de gobierno socialista entre 1982 y 1996, ninguna ley democrática prohibió en España la localización y exhumación de restos de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. Estas Asociaciones justifican su tardía preocupación por las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura con argumentos insólitos: «tuvimos que esperar hasta el año 2000, a que las Naciones Unidas condenaran todos los regímenes totalitarios y dictaduras, entre ellas la franquista».
La izquierda desatendió en sus catorce años de gobierno lo que ahora demanda; el PSOE e IU, establecieron un instrumento para utilizar la Guerra Civil como arma arrojadiza en su oposición contra el PP, rompiendo uno de los consensos básicos de la Transición.
La utilización política de la Guerra Civil queda en evidencia al ver que, en la última legislatura, el PSOE ha tenido muy mala memoria acerca de las reclamaciones que realizaba en la oposición, cuando se decía portavoz de unas víctimas «olvidadas».
Jesús Caldera presentó en julio de 2003 una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de Aznar anulara todos los juicios sumarios del franquismo, haciéndose eco de una reclamación de muchas víctimas, petición que el PSOE ha desoído al llegar al poder. Por otro lado, la enmienda que Amparo Valcarce presentó en 2002 para que el Gobierno del PP incluyera en los Presupuestos Generales del Estado una partida de un millón de euros para las exhumaciones de fosas comunes, una vez en el Gobierno los socialistas prefirieron no tenerla en cuenta.
Fuentes parlamentarias recuerdan que en la tramitación de la Ley de Memoria Histórica, el PSOE y sus socios se negaron a incrementar las indemnizaciones para los que habían sufrido cárcel bajo el franquismo por motivos políticos. La razón de esta negativa era muy simple: tal incremento lo solicitaba el PP, a quien ellos tachaban de franquista.
Así, el «cordón sanitario» contra el PP acabó por estrangular una merecida compensación a los viejos izquierdistas que penaron por sus ideas en las cárceles de Franco.

Se olvidaba, entonces, y se olvida ahora que la Resolución de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que obtuvo el voto unánime de todos los grupos parlamentarios (de 20 de noviembre de 2002) afirmó:
"Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".
Asimismo, en ella se establecía el deber de nuestra sociedad democrática de "proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión franquista".
Añadiendo también: "Cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, deberá evitar que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la guerra civil".