Acepta un año de prisión la mujer que amenazó a la profesora de su hijo con "volarle la cabeza".

Una mujer de 28 años ha aceptado un año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad cometido al irrumpir en la clase de su hijo y amenazar a una profesora con "volarle la cabeza" por haber excluido al niño de una actividad extraescolar.
La madre, tras pedir explicaciones a la docente, la amenazó de muerte al tiempo que le dijo que sabía dónde vivía. La profesora pidió a la madre que se marchara, ante lo cual ésta le propinó un empujón contra la puerta del aula, lo que le produjo una lumbociatalgia que le impidió desarrollar su actividad profesional durante cinco días.
La docente ha dicho que no quiere que la madre vaya a la cárcel, que el único objetivo de llevar el caso hasta los tribunales era "restituir la autoridad de los profesores".

La madre asumió así los hechos descritos por el Ministerio Fiscal en su calificación provisional, en la que explicaba que el suceso tuvo lugar el 22 de noviembre de 2005, cuando la acusada irrumpió "bruscamente" en el aula de cuarto curso de Primaria de un colegio público de Córdoba. Una vez en el interior del aula, la madre, tras pedirle explicaciones a la docente, la amenazó de muerte al tiempo que le dijo que sabía dónde vivía.

La profesora pidió a la madre que se marchara, ante lo cual ésta le propinó un empujón contra la puerta del aula, lo que le produjo una lumbociatalgia que le impidió desarrollar su actividad profesional durante cinco días.
En la vista oral del caso, celebrada este jueves, la mujer ha aceptado la pena mínima por este delito, un año de cárcel, si bien al no contar con antecedentes penales no tendrá que ingresar en prisión salvo que cometa algún otro delito en un plazo de dos años. Asimismo, a E.G.M. le queda prohibido acercarse y comunicarse con la profesora durante el mismo periodo de tiempo.

Con la imputación por un delito de atentado, los fiscales mantienen el criterio acordado en su día por la Junta de Fiscales de Córdoba de agravar la petición de penas que soliciten para los agresores de médicos o profesores, ya que a la acusación por un delito o falta de lesiones suman, como criterio general, la imputación de un delito de atentado contra funcionario público.

Esta decisión se adoptó ante la alarma social que existe por este tipo de conductas y con la intención de incrementar la pena para los agresores. La víctima explicó a los periodistas tras concluir la vista que no quería que la madre entrara en prisión ni que le pagara una indemnización, ya que el único objetivo de llevar el caso hasta los tribunales era "defender a todos mis compañeros y restituir la autoridad de los profesores".

Reconoció que ha precisado tratamiento psicológico tras los hechos y que estuvo 10 meses de baja por esta cuestión. Aseguró asimismo que después de 30 años de profesión "no ha tenido un problema con nadie", e instó a los padres a "razonar antes de pedir explicaciones al profesor sobre los castigos que reciben los niños".