Borrell defendió los trasvases frente a las desaladoras cuando era ministro de Obras Públicas
El empeño de Cristina Narbona por derogar el Plan Hidrológico del anterior gobierno y su sustitución por desaladoras choca frontalmente con lo que opinaba Josep Borrell cuando dirigía el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente en el último Ejecutivo de Felipe González.
En 1995, el después Expresidente de la Eurocámara, remitió una carta de seis folios al entonces Ministro de Industria, defendiendo las ventajas de los trasvases frente a la desalación que sólo elevaba el precio del agua.
La carta era todo un manifiesto antidesaladoras que contradice la posterior derogación del Plan Hidrológico Nacional, diseñado por el posterior Ejecutivo de Aznar, y que realizó el Gobierno de Zapatero.
Era pública la alegría de José Bono, cuando ejercía de presidente de Castilla La Mancha y después ministro de Defensa del Gobierno derogador, por el plan de trasvases que llevaría agua a su Comunidad Autónoma.
Borrell, el 9 de marzo de 1995, le decía entonces al entonces titular de Industria y Energía, Juan Manuel Eguiagaray, la no conveniencia de instalar desaladoras en el Mediterráneo porque “no tienen mucho sentido, disponiendo, como se dispone, de flujos de agua mucho más cercanos, cuyo coste suministrado a través de infraestructuras de transporte sería muchísimo menor”.
Su formulación era casi idéntica a los argumentos del PP (cuando formuló el Plan Hidrológico luego derogado): si hay un río cerca, por qué dejar que el agua se pierda en el mar.
Señalaba que el precio del metro cúbico de agua desalada calculado por Industria no era correcto: “Si se trata de 65 ptas/m3 de costes variables, a los que hay que añadir los costes de inversión de la planta desaladora, entonces estamos en una horquilla entre 125 y 140 ptas/m3”.
Así, el agua de las desaladoras no podría utilizarse, ni siquiera al optimista precio que calculó el gabinete Eguiegaray, para el riego: “no hay actividad agrícola rentable en España que pueda aceptar un precio de agua superior a 40 ptas/m3, salvo quizás algunos cultivos de invernadero”.
En apoyo a su argumento decía: el agua del trasvase Tajo-Segura “se suministra a los agricultores a 14 ptas/m3”.
Otro ventaja de aprovechar el agua de los ríos frente a la cara desalación quedaba evidenciado con un ejemplo: el trasvase Guadiaro-Majaceite que con una inversión de 8.000 millones de pesetas transportaba 100 hm3/año para Cádiz con un coste de entre 5 y 10 pesetas por metro cúbico de agua trasvasada.
La conclusión de Borrell: “Obtener ese volumen de agua por desalación –dual u ósmosis– exigiría una inversión de 50.000 ó 60.000 millones y unos costes anuales de explotación de 6.000 ó 7.0000 millones, es decir casi tan altos cada año y todos los años –explicaba Borrell a Eguiagaray– como la inversión en el trasvase”.
Sus argumentos eran demoledores para el plan de instalar desaladoras.
Las conclusiones del ministro socialista eran idénticas a las del PP: desaladoras como último recurso.
Decía además Borrell que debería tenerse en cuenta “el fuerte impacto ambiental de la desalación por su elevado consumo energético”.
Las razones de Borrell, a favor de los trasvases, chocan frontalmente con la actual estrategia de la ministra Narbona, en su día secretaria de Estado y número dos de Borrell.
Para Borrell las desaladoras para el suministro de agua de consumo humano en la Comunidad Valenciana o Cataluña “no tienen sentido, disponiendo, como se dispone, de flujos de agua mucho más cercanos, cuyo coste de suministro a través de infraestructuras de transporte sería muchísimo menor”, en aparente referencia al Ebro.
El precio del metro cúbico del agua desalada que había previsto el Ministerio de Industria sería al final muy superior (hasta el doble) y que “conviene subrayar esto para tener clara conciencia de lo que estamos hablando y no levantar expectativas que pueden resultar totalmente infundadas.
“Desalar agua de forma masiva no es un procedimiento que se pueda considerar viable para el sector productivo agrario, ni siquiera en las zonas de mayor rentabilidad del Mediterráneo”.
“A pesar de esta desproporción de costes, si no se pueden hacer trasvases por razones políticas o ambientales la desalación es una opción que debe considerarse como alternativa”.
El agua producida por el método de la desalación “no es viable económicamente para ser utilizada como agua de riesgo sino sólo para abastecimiento humano”.
Además no se debía obviar el “fuerte impacto ambiental” de la alternativa de la desalación “por su elevado consumo energético”.
Cinco meses después de exponer al ministro de Industria sus argumentos, Borrell fue todavía más claro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: "No es posible una solución al problema del agua en España que excluya los trasvases" y responsabilizó a las comunidades autónomas de no efectuar sus respectivos planes hidrológicos.
El Consejero de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, después de la derogación del Plan Hidrológico, acusó al Ministerio de Medio Ambiente de mentir y manipular “con el objetivo de seguir desprestigiando a la Región, cuando somos unos de los territorios punteros en la gestión del agua”.
La “falsa interpretación” de Narbona se debía, según explicaba Cerdá, “a la desaparición de los tramos del trasvase del Ebro que ya se habían iniciado para traer agua a la cuenca del Segura, y al volumen de obras que incluía el anexo II de la Ley del Plan Hidrológico Nacional para la Región”. En este sentido, Cerdá exigía al Ministerio de Medio Ambiente que acelerase las obras del Plan Hidrológico, y que “no siguiera marginando y condenando el futuro de la Región de Murcia”. Consideraba que “el Gobierno de Zapatero no sólo era insolidario con los murcianos, sino que arrojaba la piedra y escondía la mano ante la necesidad de agua que sufre la cuenca del Segura", acusando a la ministra Narbona de “paralizar la inversión hidráulica en Murcia con la derogación del trasvase del Ebro”. Algo injusto con la región “porque no contemplaban el enorme esfuerzo en modernización de regadíos, en depuración y en reutilización de agua que está haciendo el Gobierno regional”.
Según Narbona, el plan alternativo al trasvase del Ebro proporcionará 1.063 hectómetros cúbicos frente a 620 del trasvase, suponía un inversión de 3.798 millones de euros, 400 millones menos que el PHN, con los que prometía abastecer de agua a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Hasta aquí todo bien salvo porque hay varias cuestiones que no están claras: el abastecimiento pleno de las necesidades de agua es una de ellas, los costes económicos y ecológicos es otra.
De entrada aparecen serias contradicciones al Plan del Agua desalada: los expertos dicen que no a la alternativa de las desaladoras para llenar las necesidades de agua del Levante. Entre los peligros que suponen su puesta en funcionamiento está el que los vertidos contaminantes producidos por las desaladoras dañarían las plantas marinas que recubren el fondo del litoral, afectando el conjunto del equilibrio ecológico.
ONG´s y organizaciones ecologistas advierten que colocar las desaladoras en el litoral y no en el interior, para evitar la sobreexplotación de acuíferos y los vertidos de los causes, dañaría las praderas de posidonía más numerosas. Pero en caso de poner las desaladoras en el interior, se causaría un grave perjuicio a los humedales y las aguas subterraneas esenciales para el consumo en esta región.
Por otra parte, los estudios indican frente a las optimistas previsiones del gobierno que para obtener los 150 hectómetros cúbicos de agua desalada anunciados en la primera fase por el Ministerio del Medio Ambiente es necesario extraer 300 hectómetros, justamente el caudal que necesitan los humedales de la Comunidad Valenciana para mantenerse en buen estado.
El presidente de la comunidad de Murcia Ramón Luis Valcárcel señalaba que los 450 hm3 que necesita su comunidad estaban garantizados con el PHN pero no con la alternativa de las desaladoras.
Los inconvenientes de las Plantas desaladoras.
Valorando el conjunto de costes y perjuicios los expertos advierten que la desalación, es una buena alternativa donde no hay ninguna otra. Como en Lanzarote y Fuerte ventura, donde la desalación es la principal fuente de recursos hídricos (100%), el 80% del agua que se consume en el núcleo urbano de Las Palmas es desalada. Pero no es ni la mejor ni la única alternativa para las necesidades de agua de la península.
De tener una parte de verdad algunas de estas críticas, sería de envergadura el perjuicio ecológico y social de las desaladoras para comunidades que en este momento más necesitan agua y en las que se instalarán mayoritariamente las potentes plantas desaladoras ¿Por qué no se estudian y analizan estos posibles problemas y se buscan alternativas?
Impacto ambiental de las desaladoras
-El agua extraída para la desalación equivale al agua que necesitan los humedales.
-Afecta las aguas subterraneas, que en comunidades como la valenciana son esenciales para el consumo humano.
-Las desaladoras tendrá un impacto importante sobre acuíferos cuyas aguas se destinan al regadío y la industria.
-Producción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero entre 1,5 y 2 millones de toneladas anuales.
-Las salmueras producidas por las desaladoras contienen ácido sulfúrico y afectarían a la conservación de la posidonía oceánica, fundamental para el equilibrio ecológico.
-Cada planta ocuparía como mínimo 400.000 metros cuadrados, ocupación del suelo insostenible en el litoral.
-En Valencia el plan de las desaladoras tendrá las mismas consecuencias que si se aumentara el consumo eléctrico un 50%, con el consiguiente riesgo de apagones y colapso en la red.
Un Informe preocupante:
Un informe incide en que el desorbitado gasto energético que precisan las desaladoras puede provocar la saturación de la red eléctrica del área mediterránea
Luego cuando hayan cortes de luz, que era imprevisible.
Un informe técnico acredita que el consumo energético necesario para la desalación duplica el que precisaría el trasvase del Ebro si éste no hubiera sido derogado.
El documento, titulado «La «experiencia» de Almería» y elaborado por la Generalitat Valenciana a partir de datos recabados por los propios técnicos de la Junta de Andalucía, concluye que, en el supuesto de que las plantas de desalación muestren una eficiencia alta, su consumo «es de 4kw/hm3, mientras que el consumo del trasvase es de 2kw/hm3».
El estudio analiza de forma exhaustiva el rendimiento de las desaladoras instaladas en la provincia de Almería, «una de las de España donde más plantas de estas características están en marcha», basándose en conclusiones de la Junta andaluza. El diagnóstico no puede ser más descorazonador, dado que éste incluye referencias a rendimientos mínimos, a frecuentes averías, al oneroso precio del metro cúbico que han de afrontar los regantes e incluso a alarmantes índices de vertidos de salmuera al mar que han valido la imposición de varias sanciones por parte del Gobierno de Manuel Chaves.
Sobre la planta de desalación más grande de Europa, la de Carboneras, se indica que, «concluida hace dos años, ha funcionado al 8 por ciento con tan sólo uno de los doce módulos disponibles». También respecto a esta desaladora, el informe apunta la circunstancia de que «está anexa a la central térmica de Carboneras», por lo que «vierte al mar la salmuera mezclada con el agua que la térmica usa para su refrigeración». La Junta de Andalucía abrió expediente sancionador a la planta y ordenó la suspensión del vertido con fecha de pasado 18 de febrero por «infracción muy grave».
Otras desaladoras de la provincia, como la de Palomares, también han recibido multas por el vertido incontralado de salmuera al Mediterráneo. La mala situación llega a niveles extremos en el caso de la planta de Cabo de Gata, cuya agua desalada fue declarada «con fecha de 17 de mayo por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como no apta para el consumo tras la decisión de la Unión Europea de reducir los niveles de boro permisibles» en el agua destinada a uso humano.
El informe subraya también el dispendio energético que va ligado al desarollo de la desalación como alternativa hídrica al trasvase. Así, y singularmente en lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, los autores advierten de la posibilidad de que se produzcan frecuentes saturaciones de energía cuando se haga necesaria la conducción hasta el litoral de la potencia precisa para hacer funcionar las desaladoras. «Por lo tanto, esto significa que la desalación llevará implícito el planteamiento de la construcción de importantes líneas eléctricas y subestaciones de alta tensión» que provocarán un relevante «impacto ambiental».
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