Eduardo Suárez (corresponsal) Londres
Actualizado martes 21/04/2009 06:44 horas
Ocurrió frente a un retrato de Wellington, entre los muros del palacio de Westminster. Al responsable de Política Lingüística de la Generalitat, Bernat Joan i Marí (ERC), le preguntaba un diputado galés por el estatus jurídico del catalán y del castellano. "Permítanme la broma", dijo Joan con sorna, "pero a veces sería mejor no tener una Constitución". Sus señorías le rieron la gracia.
Joan hablaba como invitado de la Comisión para Asuntos Galeses de los Comunes, que estudia la conveniencia de dejar o no las competencias de política lingüística en manos de la asamblea regional de Cardiff. La frase venía a cuento de la distinción entre la oficialidad de las dos lenguas. "El catalán es oficial porque es el idioma oficial de Cataluña", dijo Joan, que añadió: "El español es oficial porque es el idioma oficial del Estado español. Nosotros intentamos asegurar que hay igualdad entre español y catalán, y eso supone corregir las desigualdades de la Historia. Si no corrigiéramos esas desigualdades, el catalán no sobreviviría".
Los miembros de la comisión se interesaron especialmente por el asunto de las multas a las empresas. El diputado laborista galés Alun Michael preguntó al responsable catalán de Política Lingüística por el proceso que sigue habitualmente la Generalitat cuando un negocio no rotula en la lengua vernácula. Joan aseguró: "Nosotros, primero, buscamos el consenso; ponemos multas a aquéllos que no actúan de acuerdo con la ley, pero siempre les damos facilidades. Nuestra primera medida no es multar, sino pedirles que mejoren y ofrecerles nuestros servicios: traductores automáticos, cursos de catalán por internet, correctores de estilo y asesoramiento. Son cosas que nos evitan llegar a las sanciones, que sólo hemos aplicado en menos de un 1% de los casos".
Según Joan, que acudió acompañado del embajador catalán, Xavier Solano, la Generalitat diferencia entre las empresas grandes y las pequeñas: "Ponemos el énfasis en las grandes. Contra las empresas pequeñas nunca ha habido sanciones sino medidas proactivas". Unas palabras que asombrarán, por ejemplo, a los responsables de Fincas Nebot y Horchatería La Valenciana, multadas con 400 y 600 euros, respectivamente, por incumplir la legislación.
"Si actuamos así", se defendió Joan, "es porque los ciudadanos tienen derecho a recibir un servicio en cualquiera de las dos lenguas. A la hora de multar no sólo miramos el número de trabajadores de una empresa, sino también la trascendencia social. No es lo mismo una escuela privada que un fondo de inversión. Las escuelas tienen un valor social especial".
'¿Porqué no hacer voluntario el catalán?'
"Y si las multas son tan poco comunes", preguntó otro diputado galés, "¿por qué no hacer del uso del catalán algo voluntario?". "Nuestra experiencia", proclamó Joan, "nos dice que no funcionaría. Si hubiera sido voluntario, el catalán se habría convertido en algo folclórico, atávico y colorista, pero no en una lengua de uso diario. Necesitábamos leyes que lo regularan".
Como prueba, exhibió su respaldo parlamentario: "En nuestra sociedad hay gran consenso sobre este asunto. Es el Parlamento catalán quien ejerce la competencia sobre política lingüística y el Gobierno [autonómico] toma sus decisiones de acuerdo con el principal partido de la oposición [CiU]. Hay menos de un 10% del arco parlamentario que no comparte nuestra política lingüística".
Siendo un sistema tan razonable, ¿recomienda el responsable de Política Lingüística un sistema de sanciones para Gales? Aquí Joan se arredró. Se sonrió, miró hacia abajo y dijo: "Cada lugar es cada lugar y cada gobierno es cada gobierno. Nosotros intentamos hacer lo mejor para Cataluña y ustedes son los mejores para decidir lo que les conviene".
Una frase que no aplacó el interés de los diputados, que querían saber si este asunto le ha traído alguna complicación a la Generalitat. "¡Qué va!", rechazó Joan, "la acogida ha sido siempre favorable. El uso del catalán se percibe más como una oportunidad que como cualquier otra cosa".
¿Y con los inmigrantes? "Tampoco. Hacemos un esfuerzo por integrarles. No les pedimos que usen el catalán como Ausias March, pero sí que alcancen un nivel de comunicación básico".
Acabada la sesión -en la que también habló el responsable de Telecomunicaciones, Jordi Bosch-, Joan se refirió al caso de Olav, el niño ibicenco que reclama examinarse en español: "Me ha dado bastante pena ver que un padre puede poner así a su hijo en el ojo del huracán. Yo estoy convencido de que, si no hay influencias externas que lo guíen por ese sitio, un chico de 11 años no tiene ningún tipo de trauma por hacer los exámenes en una lengua o en otra. Se está usando a un pobre muchacho y a su padre con fines estrictamente políticos".
Actualizado martes 21/04/2009 06:44 horas
Ocurrió frente a un retrato de Wellington, entre los muros del palacio de Westminster. Al responsable de Política Lingüística de la Generalitat, Bernat Joan i Marí (ERC), le preguntaba un diputado galés por el estatus jurídico del catalán y del castellano. "Permítanme la broma", dijo Joan con sorna, "pero a veces sería mejor no tener una Constitución". Sus señorías le rieron la gracia.
Joan hablaba como invitado de la Comisión para Asuntos Galeses de los Comunes, que estudia la conveniencia de dejar o no las competencias de política lingüística en manos de la asamblea regional de Cardiff. La frase venía a cuento de la distinción entre la oficialidad de las dos lenguas. "El catalán es oficial porque es el idioma oficial de Cataluña", dijo Joan, que añadió: "El español es oficial porque es el idioma oficial del Estado español. Nosotros intentamos asegurar que hay igualdad entre español y catalán, y eso supone corregir las desigualdades de la Historia. Si no corrigiéramos esas desigualdades, el catalán no sobreviviría".
Los miembros de la comisión se interesaron especialmente por el asunto de las multas a las empresas. El diputado laborista galés Alun Michael preguntó al responsable catalán de Política Lingüística por el proceso que sigue habitualmente la Generalitat cuando un negocio no rotula en la lengua vernácula. Joan aseguró: "Nosotros, primero, buscamos el consenso; ponemos multas a aquéllos que no actúan de acuerdo con la ley, pero siempre les damos facilidades. Nuestra primera medida no es multar, sino pedirles que mejoren y ofrecerles nuestros servicios: traductores automáticos, cursos de catalán por internet, correctores de estilo y asesoramiento. Son cosas que nos evitan llegar a las sanciones, que sólo hemos aplicado en menos de un 1% de los casos".
Según Joan, que acudió acompañado del embajador catalán, Xavier Solano, la Generalitat diferencia entre las empresas grandes y las pequeñas: "Ponemos el énfasis en las grandes. Contra las empresas pequeñas nunca ha habido sanciones sino medidas proactivas". Unas palabras que asombrarán, por ejemplo, a los responsables de Fincas Nebot y Horchatería La Valenciana, multadas con 400 y 600 euros, respectivamente, por incumplir la legislación.
"Si actuamos así", se defendió Joan, "es porque los ciudadanos tienen derecho a recibir un servicio en cualquiera de las dos lenguas. A la hora de multar no sólo miramos el número de trabajadores de una empresa, sino también la trascendencia social. No es lo mismo una escuela privada que un fondo de inversión. Las escuelas tienen un valor social especial".
'¿Porqué no hacer voluntario el catalán?'
"Y si las multas son tan poco comunes", preguntó otro diputado galés, "¿por qué no hacer del uso del catalán algo voluntario?". "Nuestra experiencia", proclamó Joan, "nos dice que no funcionaría. Si hubiera sido voluntario, el catalán se habría convertido en algo folclórico, atávico y colorista, pero no en una lengua de uso diario. Necesitábamos leyes que lo regularan".
Como prueba, exhibió su respaldo parlamentario: "En nuestra sociedad hay gran consenso sobre este asunto. Es el Parlamento catalán quien ejerce la competencia sobre política lingüística y el Gobierno [autonómico] toma sus decisiones de acuerdo con el principal partido de la oposición [CiU]. Hay menos de un 10% del arco parlamentario que no comparte nuestra política lingüística".
Siendo un sistema tan razonable, ¿recomienda el responsable de Política Lingüística un sistema de sanciones para Gales? Aquí Joan se arredró. Se sonrió, miró hacia abajo y dijo: "Cada lugar es cada lugar y cada gobierno es cada gobierno. Nosotros intentamos hacer lo mejor para Cataluña y ustedes son los mejores para decidir lo que les conviene".
Una frase que no aplacó el interés de los diputados, que querían saber si este asunto le ha traído alguna complicación a la Generalitat. "¡Qué va!", rechazó Joan, "la acogida ha sido siempre favorable. El uso del catalán se percibe más como una oportunidad que como cualquier otra cosa".
¿Y con los inmigrantes? "Tampoco. Hacemos un esfuerzo por integrarles. No les pedimos que usen el catalán como Ausias March, pero sí que alcancen un nivel de comunicación básico".
Acabada la sesión -en la que también habló el responsable de Telecomunicaciones, Jordi Bosch-, Joan se refirió al caso de Olav, el niño ibicenco que reclama examinarse en español: "Me ha dado bastante pena ver que un padre puede poner así a su hijo en el ojo del huracán. Yo estoy convencido de que, si no hay influencias externas que lo guíen por ese sitio, un chico de 11 años no tiene ningún tipo de trauma por hacer los exámenes en una lengua o en otra. Se está usando a un pobre muchacho y a su padre con fines estrictamente políticos".
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