Un órgano asesor del Gobierno lanza un plan para potenciar la lengua cooficial y el "marco simbólico propio"
Medicamentos con envases y prospectos en catalán, al igual que las leyendas de los billetes y monedas, la lotería, los sellos o los cheques. Las máquinas expendedoras en ámbitos oficiales deberán articular automáticamente la lengua cooficial de Baleares.
Medicamentos con envases y prospectos en catalán, al igual que las leyendas de los billetes y monedas, la lotería, los sellos o los cheques. Las máquinas expendedoras en ámbitos oficiales deberán articular automáticamente la lengua cooficial de Baleares.
El catalán deberá ser "lengua habitual" en el deporte y en la megafonía de los geriátricos. Éstas son algunas de casi 1.000 ideas y objetivos de la propuesta del Consejo Social de la Lengua Catalana para reforzar la presencia del catalán en la sociedad y la Administración.
El consejo es un organismo asesor del Gobierno de Baleares.
El Plan de Normalización Lingüística no es una norma oficial, es un manual para el "fomento e impulso" del catalán desde las instituciones a las empresas, con acento especial en la educación y los medios de comunicación.
60 representantes institucionales y de colectivos sociales avalaron el miércoles el exhaustivo "programa de máximos e ideal", con la oposición del PP. El proyecto puede tardar años en traducirse en acciones prácticas.
El Plan de Normalización Lingüística no es una norma oficial, es un manual para el "fomento e impulso" del catalán desde las instituciones a las empresas, con acento especial en la educación y los medios de comunicación.
60 representantes institucionales y de colectivos sociales avalaron el miércoles el exhaustivo "programa de máximos e ideal", con la oposición del PP. El proyecto puede tardar años en traducirse en acciones prácticas.
"Es un plan abierto, sin medidas coercitivas, impositivas", dijeron la consejera de Educación, Bàrbara Galmés, del PSOE, y la directora de Política Lingüística, Margalida Tous, nacionalista del Bloc. "No tiene plazos", agregaron.
Simón Gornés, diputado popular, enmendó a la totalidad la propuesta porque su partido "no quiere que se elimine el castellano, que sea demonizado" y porque el plan es "intrusivo, coercitivo y excluyente". El PP asegura estar a favor de la normalización del catalán en una sociedad bilingüe.
En la educación, será "un derecho y garantía" que el catalán sea "la lengua propia del sistema educativo, tanto como lengua vehicular habitual en la docencia como en las actividades no docentes, extraescolares y complementarias", así como de acogida para inmigrantes. La enseñanza se efectuará "en un contexto educativo arraigado en el país (Baleares)".
Cualquier docente "debería poder usar la lengua catalana en cualquier instancia y nivel educativo". Para la universidad pide que "el conocimiento de la lengua catalana figure entre los requisitos lingüísticos del profesorado". Y reclama que "la alfabetización de adultos sea en catalán". La megafonía de los geriátricos debe ser en catalán. Entre los objetivos marcados está "aumentar el uso del catalán y de los referentes simbólicos propios en todos los medios de comunicación" y "concretar mecanismos de control entre los medios patrocinados" por las instituciones.
El plan tiene visos de catecismo y lenguaje doctrinario porque busca que las agencias de los llamados países catalanes "interpreten la realidad a partir del marco referencial simbólico propio". Se "establecerán los criterios editoriales" para los medios públicos que deberán funcionar con un "marco de información autocentrado que tenga en cuenta el conjunto de la comunidad lingüística". Se habla igualmente de la "asesoría y sensibilización" a los periodistas para que "contribuyan a transmitir una idea de nuestra comunidad lingüística positiva y ajustada a sus dimensiones y vitalidad reales".
Los expertos y analistas que opinen en los medios serán objeto de "concienciación y estímulo" para que usen el catalán. Una de las propuestas contempladas es contactar con articulistas y periodistas de prestigio que sean cómplices de la normalización en el ámbito español. Se velará por "la corrección lingüística, la profesionalidad y la sensibilidad cultural de los programas" de los medios. Publicar y emitir en catalán será un requisito para recibir subvenciones públicas y, en general, las ayudas institucionales -desde el deporte a las entidades sociales- quedarán condicionadas por el uso de la lengua en las relaciones, actos y ediciones de medios.
El consejero de Presidencia, Albert Moragues, del PSOE, afirmó que el plan que estudiará el Gobierno no establece plazos para el conocimiento del catalán y que es un camino que se debe transitar.
Entre las 1.000 ideas y objetivos está lograr que todo el personal de la Administración que trabaje cara al público "tenga el conocimiento suficiente de las dos lenguas y use normalmente el catalán como lengua de trabajo". El manual no estipula sanciones pero habla del "seguimiento y evaluación del cumplimento de la normativa de normalización lingüística en los centros públicos, concertados y privados (de enseñanza), y adopción de las medidas pertinentes para enmendar las deficiencias".
El pleno del debate de las 1.000 ideas coincidió con la aprobación de un decreto autonómico que fija, como requisito, para todos los nuevos funcionarios del sector sanitario un conocimiento elemental oral y escrito de la lengua catalana, el nivel B. De inmediato se dictó una moratoria de hasta tres años para quienes obtengan alguna de las 4.000 plazas futuras. Dos sindicatos de médicos y enfermeros convocaron el miércoles manifestaciones de protesta, a las que acudieron 1.500 personas.
Simón Gornés, diputado popular, enmendó a la totalidad la propuesta porque su partido "no quiere que se elimine el castellano, que sea demonizado" y porque el plan es "intrusivo, coercitivo y excluyente". El PP asegura estar a favor de la normalización del catalán en una sociedad bilingüe.
En la educación, será "un derecho y garantía" que el catalán sea "la lengua propia del sistema educativo, tanto como lengua vehicular habitual en la docencia como en las actividades no docentes, extraescolares y complementarias", así como de acogida para inmigrantes. La enseñanza se efectuará "en un contexto educativo arraigado en el país (Baleares)".
Cualquier docente "debería poder usar la lengua catalana en cualquier instancia y nivel educativo". Para la universidad pide que "el conocimiento de la lengua catalana figure entre los requisitos lingüísticos del profesorado". Y reclama que "la alfabetización de adultos sea en catalán". La megafonía de los geriátricos debe ser en catalán. Entre los objetivos marcados está "aumentar el uso del catalán y de los referentes simbólicos propios en todos los medios de comunicación" y "concretar mecanismos de control entre los medios patrocinados" por las instituciones.
El plan tiene visos de catecismo y lenguaje doctrinario porque busca que las agencias de los llamados países catalanes "interpreten la realidad a partir del marco referencial simbólico propio". Se "establecerán los criterios editoriales" para los medios públicos que deberán funcionar con un "marco de información autocentrado que tenga en cuenta el conjunto de la comunidad lingüística". Se habla igualmente de la "asesoría y sensibilización" a los periodistas para que "contribuyan a transmitir una idea de nuestra comunidad lingüística positiva y ajustada a sus dimensiones y vitalidad reales".
Los expertos y analistas que opinen en los medios serán objeto de "concienciación y estímulo" para que usen el catalán. Una de las propuestas contempladas es contactar con articulistas y periodistas de prestigio que sean cómplices de la normalización en el ámbito español. Se velará por "la corrección lingüística, la profesionalidad y la sensibilidad cultural de los programas" de los medios. Publicar y emitir en catalán será un requisito para recibir subvenciones públicas y, en general, las ayudas institucionales -desde el deporte a las entidades sociales- quedarán condicionadas por el uso de la lengua en las relaciones, actos y ediciones de medios.
El consejero de Presidencia, Albert Moragues, del PSOE, afirmó que el plan que estudiará el Gobierno no establece plazos para el conocimiento del catalán y que es un camino que se debe transitar.
Entre las 1.000 ideas y objetivos está lograr que todo el personal de la Administración que trabaje cara al público "tenga el conocimiento suficiente de las dos lenguas y use normalmente el catalán como lengua de trabajo". El manual no estipula sanciones pero habla del "seguimiento y evaluación del cumplimento de la normativa de normalización lingüística en los centros públicos, concertados y privados (de enseñanza), y adopción de las medidas pertinentes para enmendar las deficiencias".
El pleno del debate de las 1.000 ideas coincidió con la aprobación de un decreto autonómico que fija, como requisito, para todos los nuevos funcionarios del sector sanitario un conocimiento elemental oral y escrito de la lengua catalana, el nivel B. De inmediato se dictó una moratoria de hasta tres años para quienes obtengan alguna de las 4.000 plazas futuras. Dos sindicatos de médicos y enfermeros convocaron el miércoles manifestaciones de protesta, a las que acudieron 1.500 personas.
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