Editorial de El Mundo:
LA REUNION a puerta cerrada celebrada ayer en Barcelona entre el presidente de la Generalitat y el vicepresidente de Política Territorial del Gobierno para abordar la reforma del modelo de financiación fue un disparate en sí misma. En primer lugar, porque este asunto es competencia del Ministerio de Economía y no es serio que tome las riendas de la negociación quien no tiene la autoridad para llevarla. Esta incoherencia explica, seguramente, por qué Zapatero sustituyó a Pedro Solbes -contrario a satisfacer las exigencias de la Generalitat en la actual coyuntura- por la más sumisa Elena Salgado.
Fue un error, también, por cuanto el modelo de financiación interesa a todas las comunidades, y no debería negociarse a hurtadillas y por separado con uno de los afectados. Lo suyo es que se debatiese, con luz y taquígrafos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano encargado para coordinar las decisiones en esta materia.La forma en la que se representó el encuentro -con dos atriles como los que en la Casa Blanca o La Moncloa escenifican las ruedas de prensa con los visitantes extranjeros- para dar tintes de bilateralidad a la relación entre el Gobierno y la Generalitat, hace aún más grave la equivocación. Peor aún, Chaves admitió que su idea es llegar a un pacto a solas con Cataluña y sólo después llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La reunión de ayer refleja además una frívola imprudencia, por cuanto ante la recesión todos los esfuerzos del Gobierno deberían ir orientados a recuperar la actividad económica. Proceder en estos momentos a diseñar un nuevo reparto de los recursos no sólo detrae la atención de lo fundamental, sino que puede enconar las posiciones y hacer más difícil la búsqueda del consenso.Así, el anuncio de Chaves de que el Estado aportará más dinero a Cataluña funcionó como un resorte en otras comunidades, algunos de cuyos presidentes reclamaron automáticamente una revisión al alza de sus ingresos.
El propio Felipe González animó no hace mucho a atender «las necesidades inmediatas de los ciudadanos» y dejar «para un momento posterior -y más favorable- la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica». Gran parte del Grupo Parlamentario Socialista piensa lo mismo.
La reunión de ayer fue un desatino, en definitiva, porque los criterios de financiación que abandera la Generalitat son los que recoge su Estatuto de Autonomía, pendiente -increíblemente casi tres años después- de la sentencia del Tribunal Constitucional.Dar por buenos esos criterios sería un despropósito, ya que ahora mismo está en duda su propia legalidad. Pero es que Chaves fue incluso ayer más allá, al hablar de traspasos de competencias vinculados al desarrollo del nuevo Estatuto, como el de la gestión en materia de aeropuertos.
Puesto que está tan claro que es un dislate tratar de cerrar un nuevo modelo de financiación en estas circunstancias, ¿qué impulsa al presidente Zapatero a remar a contracorriente y exponerse a ser diana fácil de las críticas? Lo único que explica tal actitud es su debilidad parlamentaria. José Montilla -rehén por su parte de sus socios en el tripartito- ya ha advertido que si no ve satisfechas sus reivindicaciones de financiación autonómica peligra la estabilidad del Gobierno, es decir, que los 25 diputados socialistas catalanes están dispuestos a retirar su apoyo al Ejecutivo. Resulta patético que, ante este desafío interno que hace que se tambalee el propio modelo de Estado, el Gobierno de Zapatero trate de presentar el papelón de Chaves de ayer como un acto de justicia hacia Cataluña -que sin duda tiene derecho a reivindicar un modelo mejor para sus intereses- y como la prueba de su sensibilidad autonómica.
Fue un error, también, por cuanto el modelo de financiación interesa a todas las comunidades, y no debería negociarse a hurtadillas y por separado con uno de los afectados. Lo suyo es que se debatiese, con luz y taquígrafos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano encargado para coordinar las decisiones en esta materia.La forma en la que se representó el encuentro -con dos atriles como los que en la Casa Blanca o La Moncloa escenifican las ruedas de prensa con los visitantes extranjeros- para dar tintes de bilateralidad a la relación entre el Gobierno y la Generalitat, hace aún más grave la equivocación. Peor aún, Chaves admitió que su idea es llegar a un pacto a solas con Cataluña y sólo después llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La reunión de ayer refleja además una frívola imprudencia, por cuanto ante la recesión todos los esfuerzos del Gobierno deberían ir orientados a recuperar la actividad económica. Proceder en estos momentos a diseñar un nuevo reparto de los recursos no sólo detrae la atención de lo fundamental, sino que puede enconar las posiciones y hacer más difícil la búsqueda del consenso.Así, el anuncio de Chaves de que el Estado aportará más dinero a Cataluña funcionó como un resorte en otras comunidades, algunos de cuyos presidentes reclamaron automáticamente una revisión al alza de sus ingresos.
El propio Felipe González animó no hace mucho a atender «las necesidades inmediatas de los ciudadanos» y dejar «para un momento posterior -y más favorable- la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica». Gran parte del Grupo Parlamentario Socialista piensa lo mismo.
La reunión de ayer fue un desatino, en definitiva, porque los criterios de financiación que abandera la Generalitat son los que recoge su Estatuto de Autonomía, pendiente -increíblemente casi tres años después- de la sentencia del Tribunal Constitucional.Dar por buenos esos criterios sería un despropósito, ya que ahora mismo está en duda su propia legalidad. Pero es que Chaves fue incluso ayer más allá, al hablar de traspasos de competencias vinculados al desarrollo del nuevo Estatuto, como el de la gestión en materia de aeropuertos.
Puesto que está tan claro que es un dislate tratar de cerrar un nuevo modelo de financiación en estas circunstancias, ¿qué impulsa al presidente Zapatero a remar a contracorriente y exponerse a ser diana fácil de las críticas? Lo único que explica tal actitud es su debilidad parlamentaria. José Montilla -rehén por su parte de sus socios en el tripartito- ya ha advertido que si no ve satisfechas sus reivindicaciones de financiación autonómica peligra la estabilidad del Gobierno, es decir, que los 25 diputados socialistas catalanes están dispuestos a retirar su apoyo al Ejecutivo. Resulta patético que, ante este desafío interno que hace que se tambalee el propio modelo de Estado, el Gobierno de Zapatero trate de presentar el papelón de Chaves de ayer como un acto de justicia hacia Cataluña -que sin duda tiene derecho a reivindicar un modelo mejor para sus intereses- y como la prueba de su sensibilidad autonómica.
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