En el otoño de 1977, nuestra situación económica era muy comprometida, en buena medida por los desajustes que se habían producido en los últimos años del franquismo, agravados por el alza de los precios del petróleo y por las incertidumbres políticas que abren los cambios de régimen. La inflación iba camino del 30% anual, el déficit exterior se agrandaba (aunque sin acercarse al 10% actual) y las cuentas públicas se adentraban por el camino del déficit.
La economía de entonces era muy distinta de la de ahora. Se trataba de una economía muy intervenida en la que el peso del Estado era desproporcionado. El sector público empresarial, representado esencialmente por el INI, había crecido a lo largo de los años, al principio con una orientación estratégica clara, basada en el sueño utópico de la autarquía, y luego al albur de decisiones políticas incoherentes como la que produjo la nacionalización de una empresa de porcelanas. Indirectamente, el Estado intervenía en casi todos los ámbitos de la vida económica: la Junta Superior de Precios, por ejemplo, fijaba los precios de decenas de artículos básicos mediante el examen de los célebres escandallos de costes.
Los Pactos de La Moncloa iniciaron el camino de las reformas que permitieron mejorar decisivamente el funcionamiento de nuestra economía. Pero además, las reformas fueron mucho más allá: entre otras cosas, se introdujo un impuesto progresivo sobre la renta, se sentaron las bases de la modernización del sistema financiero, se reformó una Seguridad Social entonces caótica y embrionaria (dispersa en innumerables montepíos, muchos de los cuales estaban al borde de la quiebra), se construyeron centenares de escuelas para que, por primera vez en nuestra historia, todos los niños españoles tuvieran acceso a la educación.
En el aspecto puramente coyuntural, se puso en marcha un programa, presupuestario y monetario, que permitió, en un año, rebajar a la mitad la tasa de inflación sin que por ello se produjeran pérdidas de poder adquisitivo para los asalariados, el déficit del sector exterior se transformó en excedente, pero, desgraciadamente, no pudo evitarse el aumento del paro. Ello fue así, en parte, porque cuando el programa comenzaba a dar sus frutos tuvo lugar un nuevo episodio de alza de los precios del petróleo que los llevó en muy poco tiempo a superar los 100 dólares (de ahora) por barril, lo cual, para una economía como la nuestra, muy dependiente del petróleo, fue una auténtica catástrofe. En parte también porque muchos de los emigrantes que habían salido de España volvieron en aquellos años iniciales de la democracia.
Hubo, como es lógico, discusiones sobre las medidas adoptadas. Hubo quienes querían un ajuste más gradual de la economía, con el riesgo de que no se hubiera ajustado nunca, y hubo también quienes defendían un ajuste mucho más duro que el entramado social no habría soportado. Se eligió una línea intermedia que permitió, con la participación de todos, partidos y agentes sociales, encontrar el camino de la modernización de España.
Las circunstancias actuales son muy diferentes. Los agentes sociales están plenamente consolidados, la economía está mucho más integrada en los mercados mundiales, la naturaleza misma de la crisis apenas tiene que ver con la de finales de los años setenta. Pero muchas de las lecciones de entonces siguen siendo válidas. Por ejemplo la que concierne al conocimiento. Un aspecto esencial de los Pactos de La Moncloa fue, como hemos visto, escolarizar a todos los niños. Y se hizo en un momento de crisis, sabiendo que los frutos se recogerían mucho más tarde. A lo mejor este ejemplo podría inspirar a nuestros políticos actuales para iniciar de verdad un proceso de reformas y evitar la conocida sentencia de que los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla, a menudo como farsa.
La economía de entonces era muy distinta de la de ahora. Se trataba de una economía muy intervenida en la que el peso del Estado era desproporcionado. El sector público empresarial, representado esencialmente por el INI, había crecido a lo largo de los años, al principio con una orientación estratégica clara, basada en el sueño utópico de la autarquía, y luego al albur de decisiones políticas incoherentes como la que produjo la nacionalización de una empresa de porcelanas. Indirectamente, el Estado intervenía en casi todos los ámbitos de la vida económica: la Junta Superior de Precios, por ejemplo, fijaba los precios de decenas de artículos básicos mediante el examen de los célebres escandallos de costes.
Los Pactos de La Moncloa iniciaron el camino de las reformas que permitieron mejorar decisivamente el funcionamiento de nuestra economía. Pero además, las reformas fueron mucho más allá: entre otras cosas, se introdujo un impuesto progresivo sobre la renta, se sentaron las bases de la modernización del sistema financiero, se reformó una Seguridad Social entonces caótica y embrionaria (dispersa en innumerables montepíos, muchos de los cuales estaban al borde de la quiebra), se construyeron centenares de escuelas para que, por primera vez en nuestra historia, todos los niños españoles tuvieran acceso a la educación.
En el aspecto puramente coyuntural, se puso en marcha un programa, presupuestario y monetario, que permitió, en un año, rebajar a la mitad la tasa de inflación sin que por ello se produjeran pérdidas de poder adquisitivo para los asalariados, el déficit del sector exterior se transformó en excedente, pero, desgraciadamente, no pudo evitarse el aumento del paro. Ello fue así, en parte, porque cuando el programa comenzaba a dar sus frutos tuvo lugar un nuevo episodio de alza de los precios del petróleo que los llevó en muy poco tiempo a superar los 100 dólares (de ahora) por barril, lo cual, para una economía como la nuestra, muy dependiente del petróleo, fue una auténtica catástrofe. En parte también porque muchos de los emigrantes que habían salido de España volvieron en aquellos años iniciales de la democracia.
Hubo, como es lógico, discusiones sobre las medidas adoptadas. Hubo quienes querían un ajuste más gradual de la economía, con el riesgo de que no se hubiera ajustado nunca, y hubo también quienes defendían un ajuste mucho más duro que el entramado social no habría soportado. Se eligió una línea intermedia que permitió, con la participación de todos, partidos y agentes sociales, encontrar el camino de la modernización de España.
Las circunstancias actuales son muy diferentes. Los agentes sociales están plenamente consolidados, la economía está mucho más integrada en los mercados mundiales, la naturaleza misma de la crisis apenas tiene que ver con la de finales de los años setenta. Pero muchas de las lecciones de entonces siguen siendo válidas. Por ejemplo la que concierne al conocimiento. Un aspecto esencial de los Pactos de La Moncloa fue, como hemos visto, escolarizar a todos los niños. Y se hizo en un momento de crisis, sabiendo que los frutos se recogerían mucho más tarde. A lo mejor este ejemplo podría inspirar a nuestros políticos actuales para iniciar de verdad un proceso de reformas y evitar la conocida sentencia de que los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla, a menudo como farsa.
JOSÉ LUIS LEAL 02/04/2009
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