Aquél 22 de octubre de 1931 se debatía en las Cortes Constituyentes el artículo 48 de la Constitución de la II República. El diputado socialista vasco Enrique de Francisco subió a la tribuna de oradores para defender una enmienda de su grupo, que decía: «Es obligatoria la enseñanza en castellano en todos los centros docentes de España, sin perjuicio de la utilización de las lenguas regionales para la mayor eficacia de aquella. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza con arreglo a las facultades que el Estado les reconozca en sus respectivos Estatutos».
Enrique de Francisco -que, al contrario de quien iba a liderar su partido 70 años después, tenía claras las ideas sobre lo que era la nación y sobre la soberanía nacional- manifestó que «siendo el Estado soberano, debe cuidar que su soberanía no se disminuya en parte alguna de su territorio y, por lo tanto, que no se disminuya en orden al problema de la enseñanza, aunque haya otorgado a la región facultades autonómicas». Y añadía: «Queremos que la enseñanza sea para el alumno y no el alumno víctima de la enseñanza...Hemos apreciado ya los gravísimos inconvenientes que tiene el que a los alumnos no se les dé una instrucción completa en castellano».La enmienda del PSOE fue rechazada por 149 votos en contra y 91 a favor.
Subió a continuación a la tribuna el diputado de Acción Republicana -el partido de Azaña- Claudio Sánchez Albornoz para defender una enmienda firmada por 15 diputados, entre ellos Lluis Companys y otros cinco nacionalistas catalanes, que proponía el texto siguiente: «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción de primer y segundo grado de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo».
Claudio Sánchez Albornoz dijo en su intervención: «Esta enmienda no responde exactamente al pensamiento de ninguno de los firmantes.Con la mira puesta en el porvenir de la República y de España hemos cedido cada uno porque se trata de algo trascendental para la vida de España Si nos equivocamos al resolver este problema, habremos hecho un grave daño a la República y a España».
Considerando «el interés supremo de mantener el conocimiento integral de la lengua castellana en toda España», el diputado republicano defendía su empleo «como instrumento de enseñanza, para que puedan las gentes que habitan las distintas regiones conocer debidamente la lengua que es trabazón del Estado español».La enmienda fue aceptada por la Comisión y se incorporó a la Constitución de la II República.
Las dos enmiendas defendían el uso del castellano como instrumento de enseñanza en todos los centros docentes de España y la facultad de las regiones autónomas de organizar enseñanzas en sus lenguas propias. Algo muy razonable y que en aquellos momentos fue apoyado por la práctica totalidad de los partidos en el Parlamento de la II República: desde la derecha republicana hasta el socialismo, y desde la izquierda burguesa hasta el nacionalismo catalán.Este sentido común no estuvo ausente ni en el Estatuto Catalán de 1932 ni en el proyecto de Estatuto Vasco aprobado en Estella en 1931 por la asamblea de municipios vascos y navarros, y cuyo artículo 17 establecía que «en las escuelas de zonas de lengua castellana se dará la enseñanza en este idioma, cursándose el euskera como asignatura en todos los grados».
Hasta aquí la Memoria Histórica, que tal vez sorprenda a algunos de los que ahora quieren deformarla. Han pasado casi 80 años desde aquellos debates parlamentarios y es triste constatar que aquel enfoque casi unánime, tan razonable, se ha perdido.
En el País Vasco se ha reducido drásticamente la posibilidad de escolarizar a los alumnos en castellano, con la puesta en marcha de un modelo de inmersión lingüística en euskera, en contra de la voluntad de muchos padres.
Una sentencia del Supremo va a obligar a la Generalitat a aplicar lo que exige la propia Ley de Política Lingüística catalana de 1998: el derecho de los niños a recibir la educación infantil y el primer ciclo de educación primaria en su lengua habitual, sea ésta el catalán o el castellano, así como la obligación de la Administración a garantizar este derecho. Pero esto no se cumple desde el curso 1998-1999, al suprimirse la posibilidad de que los padres manifiesten en qué lengua quieren que sean educados sus hijos. La medida supuso un paso decisivo en una política de inmersión lingüística que ha impuesto de facto el catalán como única lengua de enseñanza. Se ha llegado incluso a manifestaciones tan grotescas como las de Artur Mas, líder de Convergència, comparando el castellano con el japonés a la hora de crear centros que lo usen como lengua de enseñanza.
Ciertos nacionalistas catalanes no se parecen a los de la II República y tampoco los socialistas de hoy, que permiten desde el Gobierno catalán la postergación de los alumnos de lengua castellana, se parecen a los de 1931.
Sobre este asunto, los españoles sí tienen las ideas mucho más claras. Según una encuesta publicada por EL MUNDO en enero, el 86% de los votantes del PSOE, el 93 % de los del PP, el 83% de los de IU y el 85 % de los de otros partidos consideran que debe garantizarse por Ley que se pueda estudiar en castellano en todas las comunidades autónomas.
Esta justa demanda de muchas familias no tiene nada que ver con el respeto, el fomento, la difusión y el uso de las demás lenguas españolas. Por cierto, que el autor de este artículo -cuya familia proviene de Castilla y del País Vasco- ha estudiado el idioma catalán y lee, sin mayores problemas, libros y periódicos en esa lengua maravillosa que admira sinceramente. Se trata simplemente de recuperar en este asunto decisivo el sentido común que existía hace 80 años y que hoy parece perdido. LUIS PERAL
Enrique de Francisco -que, al contrario de quien iba a liderar su partido 70 años después, tenía claras las ideas sobre lo que era la nación y sobre la soberanía nacional- manifestó que «siendo el Estado soberano, debe cuidar que su soberanía no se disminuya en parte alguna de su territorio y, por lo tanto, que no se disminuya en orden al problema de la enseñanza, aunque haya otorgado a la región facultades autonómicas». Y añadía: «Queremos que la enseñanza sea para el alumno y no el alumno víctima de la enseñanza...Hemos apreciado ya los gravísimos inconvenientes que tiene el que a los alumnos no se les dé una instrucción completa en castellano».La enmienda del PSOE fue rechazada por 149 votos en contra y 91 a favor.
Subió a continuación a la tribuna el diputado de Acción Republicana -el partido de Azaña- Claudio Sánchez Albornoz para defender una enmienda firmada por 15 diputados, entre ellos Lluis Companys y otros cinco nacionalistas catalanes, que proponía el texto siguiente: «Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción de primer y segundo grado de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo».
Claudio Sánchez Albornoz dijo en su intervención: «Esta enmienda no responde exactamente al pensamiento de ninguno de los firmantes.Con la mira puesta en el porvenir de la República y de España hemos cedido cada uno porque se trata de algo trascendental para la vida de España Si nos equivocamos al resolver este problema, habremos hecho un grave daño a la República y a España».
Considerando «el interés supremo de mantener el conocimiento integral de la lengua castellana en toda España», el diputado republicano defendía su empleo «como instrumento de enseñanza, para que puedan las gentes que habitan las distintas regiones conocer debidamente la lengua que es trabazón del Estado español».La enmienda fue aceptada por la Comisión y se incorporó a la Constitución de la II República.
Las dos enmiendas defendían el uso del castellano como instrumento de enseñanza en todos los centros docentes de España y la facultad de las regiones autónomas de organizar enseñanzas en sus lenguas propias. Algo muy razonable y que en aquellos momentos fue apoyado por la práctica totalidad de los partidos en el Parlamento de la II República: desde la derecha republicana hasta el socialismo, y desde la izquierda burguesa hasta el nacionalismo catalán.Este sentido común no estuvo ausente ni en el Estatuto Catalán de 1932 ni en el proyecto de Estatuto Vasco aprobado en Estella en 1931 por la asamblea de municipios vascos y navarros, y cuyo artículo 17 establecía que «en las escuelas de zonas de lengua castellana se dará la enseñanza en este idioma, cursándose el euskera como asignatura en todos los grados».
Hasta aquí la Memoria Histórica, que tal vez sorprenda a algunos de los que ahora quieren deformarla. Han pasado casi 80 años desde aquellos debates parlamentarios y es triste constatar que aquel enfoque casi unánime, tan razonable, se ha perdido.
En el País Vasco se ha reducido drásticamente la posibilidad de escolarizar a los alumnos en castellano, con la puesta en marcha de un modelo de inmersión lingüística en euskera, en contra de la voluntad de muchos padres.
Una sentencia del Supremo va a obligar a la Generalitat a aplicar lo que exige la propia Ley de Política Lingüística catalana de 1998: el derecho de los niños a recibir la educación infantil y el primer ciclo de educación primaria en su lengua habitual, sea ésta el catalán o el castellano, así como la obligación de la Administración a garantizar este derecho. Pero esto no se cumple desde el curso 1998-1999, al suprimirse la posibilidad de que los padres manifiesten en qué lengua quieren que sean educados sus hijos. La medida supuso un paso decisivo en una política de inmersión lingüística que ha impuesto de facto el catalán como única lengua de enseñanza. Se ha llegado incluso a manifestaciones tan grotescas como las de Artur Mas, líder de Convergència, comparando el castellano con el japonés a la hora de crear centros que lo usen como lengua de enseñanza.
Ciertos nacionalistas catalanes no se parecen a los de la II República y tampoco los socialistas de hoy, que permiten desde el Gobierno catalán la postergación de los alumnos de lengua castellana, se parecen a los de 1931.
Sobre este asunto, los españoles sí tienen las ideas mucho más claras. Según una encuesta publicada por EL MUNDO en enero, el 86% de los votantes del PSOE, el 93 % de los del PP, el 83% de los de IU y el 85 % de los de otros partidos consideran que debe garantizarse por Ley que se pueda estudiar en castellano en todas las comunidades autónomas.
Esta justa demanda de muchas familias no tiene nada que ver con el respeto, el fomento, la difusión y el uso de las demás lenguas españolas. Por cierto, que el autor de este artículo -cuya familia proviene de Castilla y del País Vasco- ha estudiado el idioma catalán y lee, sin mayores problemas, libros y periódicos en esa lengua maravillosa que admira sinceramente. Se trata simplemente de recuperar en este asunto decisivo el sentido común que existía hace 80 años y que hoy parece perdido. LUIS PERAL
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