SEIS PARADOS al minuto, 400 por cada hora y casi 9.000 al día.
A ese ritmo ha aumentado el desempleo en España en el primer trimestre de este año. Son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que hizo pública ayer la Encuesta de Población Activa.
El paro alcanzó a finales de marzo la impresionante cifra de 4.010.700 personas, lo que supone el 17,3% de la masa laboral, el porcentaje más elevado desde 1998. La estadística es demoledora: más de 800.000 ciudadanos se han incorporado a las filas del desempleo en los tres primeros meses del ejercicio en curso, un récord sin precedentes en la economía española.
Hasta ahora era el sector de la construcción el que venía perdiendo más puestos de trabajo. De enero a marzo, ha sido sobrepasado ampliamente por el sector servicios, en el que el paro ha aumentado en 454.000 personas, más del doble que en la construcción. Ello significa que la crisis ha penetrado en el tejido del pequeño comercio y las empresas familiares, las más afectadas por la caída del consumo.
Según el INE, hay ya en España más de un millón de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja. De esa cifra total, hay 470.000 familias que no disponen de ningún tipo de renta, pensión o subsidio, es decir, que se encuentran en la indigencia más absoluta.
Se podía presumir que el Gobierno iba a reaccionar esta vez ante datos tan alarmantes, pero Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía, compareció ante los medios para decir que el paro era «peor» de lo esperado y que mejorará en abril. Salgado descartó adoptar medidas inmediatas y subrayó que es partidaria del consenso entre los agentes sociales, en cuyo seno existe un profundo desacuerdo al respecto.
La ministra estuvo muy desafortunada al comentar que, a la vista del aumento de los 800.000 desempleados, «no parece que se pueda decir que el despido es caro o que hay dificultades para despedir a la gente». Sus palabras reflejan un grave desconocimiento de la realidad social de este país porque muchos de estos parados se han quedado sin trabajo porque han cerrado sus empresas y apenas han recibido indemnización, máxime si tenían contratos temporales.
Da la sensación de que el Gobierno está reaccionando ante la crisis con recetas estereotipadas y condicionadas por un sectarismo ideológico que impide adoptar acciones efectivas. Anteayer, Elena Salgado aseguraba que hay «más margen» para elevar el gasto público y Zapatero ha insistido una y otra vez que no se van a tocar las prestaciones sociales.
Veremos hasta dónde el Ejecutivo puede ser fiel a sus promesas porque, al ritmo que está creciendo el paro, es perfectamente posible alcanzar la cifra de cinco millones de desempleados antes de acabar este año. Nadie sabe dónde está el límite y cuándo se puede detener esta espiral de destrucción de puestos de trabajo.
No resulta exagerado decir que existe un considerable riesgo de estallido social que pondría en peligro la viabilidad del sistema y el progreso alcanzado en las últimas décadas. Ello es razón suficiente para que el Rey tome la iniciativa de convocar a Zapatero y Rajoy con el objetivo de fomentar un gran acuerdo para luchar contra la crisis, como ya hizo hace cuatro años cuando pidió a ambos líderes que sumaran fuerzas para oponerse al plan Ibarretxe y luchar contra el terrorismo. La situación es tan grave que requiere medidas que sólo podrían abordarse con el consenso del PSOE y el PP, lo que además tendría la virtualidad de generar una espiral de confianza entre los ciudadanos. (Editorial de El Mundo).
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