La Abogacía del Estado respalda la gestión del Gobierno de Aznar en el accidente del Prestige.
Una campaña de desprestigio y acosos a los dirigentes del PP.
El hundimiento del «Prestige» aquel fatídico noviembre de 2002 y su posterior vertido de miles de toneladas de fuel a la costa se convirtieron en munición para PSOE y BNG, que hicieron de ello un arma social y política de enormes dimensiones contra el gobierno de Manuel Fraga. Primero, se censuró la ausencia del presidente gallego en un primer momento, aun cuando correspondía a Fomento y no a la Xunta la gestión de la crisis. Seguidamente, se zarandeó al Ejecutivo con la presentación de sendas mociones de censura que no prosperaron. Y por último, se ganó la calle. Para ello se tejió desde los sectores más próximos al nacionalismo la plataforma «Nunca Máis», en la que inicialmente llegó a estar el PSOE, pero que quedó convertido en un reducto de afines al BNG. Este movimiento y su brazo artístico, «Burla Negra», llevaron por las calles de ciudades y pueblos de Galicia su mensaje de agitación contra el gobierno autonómico, basado en que el barco nunca debió alejarse sino resguardarse en el seno de Corcubión y que la gestión de la crisis fue opaca e improvisada. Seis años después de la catástrofe, con las playas recuperadas y la actividad pesquera y marisquera en situación similar a antes del accidente, «Nunca Máis» y «Burla Negra» han desaparecido de la sociedad.
Una campaña de desprestigio y acosos a los dirigentes del PP.
El hundimiento del «Prestige» aquel fatídico noviembre de 2002 y su posterior vertido de miles de toneladas de fuel a la costa se convirtieron en munición para PSOE y BNG, que hicieron de ello un arma social y política de enormes dimensiones contra el gobierno de Manuel Fraga. Primero, se censuró la ausencia del presidente gallego en un primer momento, aun cuando correspondía a Fomento y no a la Xunta la gestión de la crisis. Seguidamente, se zarandeó al Ejecutivo con la presentación de sendas mociones de censura que no prosperaron. Y por último, se ganó la calle. Para ello se tejió desde los sectores más próximos al nacionalismo la plataforma «Nunca Máis», en la que inicialmente llegó a estar el PSOE, pero que quedó convertido en un reducto de afines al BNG. Este movimiento y su brazo artístico, «Burla Negra», llevaron por las calles de ciudades y pueblos de Galicia su mensaje de agitación contra el gobierno autonómico, basado en que el barco nunca debió alejarse sino resguardarse en el seno de Corcubión y que la gestión de la crisis fue opaca e improvisada. Seis años después de la catástrofe, con las playas recuperadas y la actividad pesquera y marisquera en situación similar a antes del accidente, «Nunca Máis» y «Burla Negra» han desaparecido de la sociedad.
JOSE LUIS JIMÉNEZ SANTIAGO.- ABC
«Se desmonta la gran mentira del Prestige». Así de contundente se mostró ayer el ex consejero de Pesca de la Xunta durante la catástrofe, el popular Enrique López Veiga, tras conocerse que la Abogacía del Estado defiende la gestión que del accidente del petrolero hizo el Gobierno de Aznar, y responsabiliza de lo ocurrido al capitán Apostolos Mangouras y a dos de sus técnicos.
En el informe aportado a la investigación judicial que lleva a cabo el Juzgado de Corcubión, el Abogado del Estado no solo respalda la criticada decisión de alejar el barco de las costas gallegas tras conocerse que tenía problemas en su estructura y podía verter las 72.000 toneladas de fuel que transportaba, sino que además solicita el sobreseimiento de la causa abierta contra el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Entiende el Estado que López Sors no tomó la decisión de alejar el petrolero de forma arbitraria e improvisada, sino sustentada en diversos parámetros y variables «la riqueza económica y medioambiental de la ría, el grave daño estructural del buque, el voluminoso y continuo derrame de fuel, la valoración técnica de otras alternativas, la legalidad vigente, los protocolos establecidos, los precedentes de otros siniestros, las estrategias de lucha contra la contaminación y la ausencia de objeciones o propuestas de los sujetos afectados», según informó ayer el diario coruñés «La voz de Galicia».
A la luz de estos datos, el Partido Popular se apresuró ayer a pedir explicaciones a los entonces dirigentes de la oposición y ahora responsables del gobierno bipartito, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, instigadores y cómplices de la campaña de acoso emprendida desde distintos sectores de la sociedad civil contra el Gobierno de la Xunta que entonces presidía Manuel Fraga.
A través de un comunicado, el PP reclamó a la bicefalia bipartita «un posicionamiento claro» ante el informe de la Abogacía del Estado que respalda la gestión del accidente. «Si no existe una rectificación inmediata, se demostrará que socialistas y nacionalistas no tienen visión de país», señaló el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas.
Según el diputado popular, «Touriño deberá explicar a los gallegos cómo presentó una moción de censura al gobierno de Fraga cuando los técnicos concluyen que la gestión de los gobiernos populares se hizo con «rapidez y eficacia». Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por este periódico restaron matiz político al informe, y aseveraron que procesos como éste «que llevan meses y años de investigación y preparación» siguen «un perfil más técnico».
Enrique López Veiga no se mostró especialmente sorprendido ante la noticia, ya que «incluso cuando cambió el gobierno central en 2004, el Estado seguía defendiendo la misma postura que el PP, y es que la decisión acertada era alejar el barco de la costa». Para los que entonces «manipularon a la sociedad» contra el gobierno de la Xunta, el ex consejero sólo dice tener «desprecio».
«No han sido honestos, y seguirán sin serlo, porque todavía pondrán excusas a este informe», valoró López Veiga. «Entonces y ahora yo hablé alto y claro, mientras que muchos otros que no querían el barco» en ningún puerto «guardaron un silencio cobarde».
Por último, López Veiga expresó a ABC su satisfacción por la petición de exculpación de López Sors, contra, quien a su juicio, se emprendió «una carnicería». «Por fin se hace justicia, hace que uno crea en las instituciones», añadió.
«Se desmonta la gran mentira del Prestige». Así de contundente se mostró ayer el ex consejero de Pesca de la Xunta durante la catástrofe, el popular Enrique López Veiga, tras conocerse que la Abogacía del Estado defiende la gestión que del accidente del petrolero hizo el Gobierno de Aznar, y responsabiliza de lo ocurrido al capitán Apostolos Mangouras y a dos de sus técnicos.
En el informe aportado a la investigación judicial que lleva a cabo el Juzgado de Corcubión, el Abogado del Estado no solo respalda la criticada decisión de alejar el barco de las costas gallegas tras conocerse que tenía problemas en su estructura y podía verter las 72.000 toneladas de fuel que transportaba, sino que además solicita el sobreseimiento de la causa abierta contra el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Entiende el Estado que López Sors no tomó la decisión de alejar el petrolero de forma arbitraria e improvisada, sino sustentada en diversos parámetros y variables «la riqueza económica y medioambiental de la ría, el grave daño estructural del buque, el voluminoso y continuo derrame de fuel, la valoración técnica de otras alternativas, la legalidad vigente, los protocolos establecidos, los precedentes de otros siniestros, las estrategias de lucha contra la contaminación y la ausencia de objeciones o propuestas de los sujetos afectados», según informó ayer el diario coruñés «La voz de Galicia».
A la luz de estos datos, el Partido Popular se apresuró ayer a pedir explicaciones a los entonces dirigentes de la oposición y ahora responsables del gobierno bipartito, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, instigadores y cómplices de la campaña de acoso emprendida desde distintos sectores de la sociedad civil contra el Gobierno de la Xunta que entonces presidía Manuel Fraga.
A través de un comunicado, el PP reclamó a la bicefalia bipartita «un posicionamiento claro» ante el informe de la Abogacía del Estado que respalda la gestión del accidente. «Si no existe una rectificación inmediata, se demostrará que socialistas y nacionalistas no tienen visión de país», señaló el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas.
Según el diputado popular, «Touriño deberá explicar a los gallegos cómo presentó una moción de censura al gobierno de Fraga cuando los técnicos concluyen que la gestión de los gobiernos populares se hizo con «rapidez y eficacia». Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por este periódico restaron matiz político al informe, y aseveraron que procesos como éste «que llevan meses y años de investigación y preparación» siguen «un perfil más técnico».
Enrique López Veiga no se mostró especialmente sorprendido ante la noticia, ya que «incluso cuando cambió el gobierno central en 2004, el Estado seguía defendiendo la misma postura que el PP, y es que la decisión acertada era alejar el barco de la costa». Para los que entonces «manipularon a la sociedad» contra el gobierno de la Xunta, el ex consejero sólo dice tener «desprecio».
«No han sido honestos, y seguirán sin serlo, porque todavía pondrán excusas a este informe», valoró López Veiga. «Entonces y ahora yo hablé alto y claro, mientras que muchos otros que no querían el barco» en ningún puerto «guardaron un silencio cobarde».
Por último, López Veiga expresó a ABC su satisfacción por la petición de exculpación de López Sors, contra, quien a su juicio, se emprendió «una carnicería». «Por fin se hace justicia, hace que uno crea en las instituciones», añadió.
6 Enero 09 - P. Rodríguez.- La Razón.
Madrid- El informe final de la Abogacía del Estado defiende la gestión global del accidente que llevó a cabo el Gobierno de Aznar y considera que su prioridad desde el 13 de noviembre de 2002 fue el salvamento de la tripulación y la protección de la costa. Según publicó ayer «La Voz de Galicia», los 96 folios del informe constatan que «las primeras actuaciones que se llevaron a cabo ponen de manifiesto la rapidez y la eficacia ejemplares con las que reaccionó la Administración Española frente al siniestro». Asimismo, destaca que se consiguió evacuar a toda la tripulación, compuesta por 24 personas, en tan sólo dos horas. La Abogacía considera que la Administración española perdió «toda su capacidad de decisión respecto al destino del buque y, por consiguiente, en cuanto al rumbo a seguir», cuando se negoció un contrato privado con la compañía Smit Salvage y, el personal de esta empresa que se embarcó en el «Prestige». Evitar que zozobrara La tesis principal defendida por el informe -que solicita la retirada de la imputación del ex director de la Marina Marcante, José Luis López Sors, único ex alto cargo del gobierno popular incluido en el proceso- es que los días 13 y 14, los esfuerzos se centraron en evitar que el petrolero encallara en la costa. Es a mediodía del día 14 cuando se decide distanciarlo «al efecto de que, alejado el peligro inminente para nuestro territorio, los propietarios pudieran decidir lo que más les conviniese en defensa de sus intereses». La primera reacción al informe llegó desde el PP de G. Su portavoz en el Parlamento regional, Manuel Ruiz Rivas, pidió una «rectificación pública inmediata» a los socialistas gallegos y al BNG que, de no producirse, demostrará que «no tienen visión de país», dijo Ruiz Vivas. Además, instó a los líderes de PSdeG y BNG y actuales presidente y vicepresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana respectivamente, a «explicar su postura». Pérez Touriño «deberá explicar a los gallegos por qué presentó una moción de censura» al entonces Gobierno de la Xunta, dirigido por Manuel Fraga. Para Ruiz Rivas, «el único culpable fue el capitán del barco, Apóstolos Mangouras», y advirtió de que «a día de hoy, Galicia no está mejor preparada» que hace seis años para afrontar otro incidente de estas características.
Madrid- El informe final de la Abogacía del Estado defiende la gestión global del accidente que llevó a cabo el Gobierno de Aznar y considera que su prioridad desde el 13 de noviembre de 2002 fue el salvamento de la tripulación y la protección de la costa. Según publicó ayer «La Voz de Galicia», los 96 folios del informe constatan que «las primeras actuaciones que se llevaron a cabo ponen de manifiesto la rapidez y la eficacia ejemplares con las que reaccionó la Administración Española frente al siniestro». Asimismo, destaca que se consiguió evacuar a toda la tripulación, compuesta por 24 personas, en tan sólo dos horas. La Abogacía considera que la Administración española perdió «toda su capacidad de decisión respecto al destino del buque y, por consiguiente, en cuanto al rumbo a seguir», cuando se negoció un contrato privado con la compañía Smit Salvage y, el personal de esta empresa que se embarcó en el «Prestige». Evitar que zozobrara La tesis principal defendida por el informe -que solicita la retirada de la imputación del ex director de la Marina Marcante, José Luis López Sors, único ex alto cargo del gobierno popular incluido en el proceso- es que los días 13 y 14, los esfuerzos se centraron en evitar que el petrolero encallara en la costa. Es a mediodía del día 14 cuando se decide distanciarlo «al efecto de que, alejado el peligro inminente para nuestro territorio, los propietarios pudieran decidir lo que más les conviniese en defensa de sus intereses». La primera reacción al informe llegó desde el PP de G. Su portavoz en el Parlamento regional, Manuel Ruiz Rivas, pidió una «rectificación pública inmediata» a los socialistas gallegos y al BNG que, de no producirse, demostrará que «no tienen visión de país», dijo Ruiz Vivas. Además, instó a los líderes de PSdeG y BNG y actuales presidente y vicepresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana respectivamente, a «explicar su postura». Pérez Touriño «deberá explicar a los gallegos por qué presentó una moción de censura» al entonces Gobierno de la Xunta, dirigido por Manuel Fraga. Para Ruiz Rivas, «el único culpable fue el capitán del barco, Apóstolos Mangouras», y advirtió de que «a día de hoy, Galicia no está mejor preparada» que hace seis años para afrontar otro incidente de estas características.
La verdad del Prestige.- ABC.- Domingo, 11-01-09
El informe de la Abogacía del Estado sobre la actuación del Gobierno de Aznar en la crisis del «Prestige» ha caído como un jarro de agua fría sobre la izquierda y el nacionalismo gallegos al defender la decisión de alejar el buque de la costa gallega como la más acertada. Con esta valoración, la Abogacía del Estado no sólo justifica el sobreseimiento de la causa contra el único alto cargo imputado sino que, además, rehabilita la gestión técnica de la crisis. Es más, la inmediata respuesta de los Gobiernos del PP permitió a pescadores y mariscadores gallegos minimizar los costes de la marea negra y, a día de hoy, la recuperación medioambiental es casi un hecho. Los fallos de comunicación que cometiera entonces el Gobierno de Aznar -por criticables que resulten- no objetan el balance de su gestión, aunque las primeras reacciones de socialistas y nacionalistas contra el informe demuestran que no están dispuestos a reconocer que el tiempo y las pruebas judiciales les han privado del arma arrojadiza en la que convirtieron la marea negra que se produjo en noviembre de 2002, cuando el petrolero se partió en alta mar y vertió su carga. Puede que las ajustadas encuestas sobre el voto de las cercanas elecciones autonómicas no permitan a los grupos del Gobierno bipartito de Pérez Touriño desprenderse de sus tópicos habituales, aunque incurran en incoherencias flagrantes. Pero con el dictamen, la crisis del «Prestige» ya tiene su versión oficial.
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