La Resolución de la Comisión Constitucional del Congreso que obtuvo el voto unánime de todos los grupos parlamentarios (20 de noviembre de 2002) afirma:"Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática".
Asimismo, en ella se habla del deber de nuestra sociedad democrática de "proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión franquista".
Añade: "Cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, deberá evitar que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la guerra civil".
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