La familia de Federico García Lorca baraja la posibilidad de emprender acciones legales para evitar que se produzca a exhumación de la fosa donde supuestamente se encuentran sus restos, después de que el juez Garzón lo haya autorizado.
El sobrino del poeta granadino Federico García Lorca, Manuel Fernández-Montesinos, informó hoy de que su familia baraja la posibilidad de emprender acciones legales para evitar que se produzca la exhumación de la fosa donde supuestamente se encuentran sus restos, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo haya autorizado a través de un acto hecho público ayer que también permitirá abrir otras 18 fosas más distribuidas por distintos puntos de España.
El sobrino del poeta granadino Federico García Lorca, Manuel Fernández-Montesinos, informó hoy de que su familia baraja la posibilidad de emprender acciones legales para evitar que se produzca la exhumación de la fosa donde supuestamente se encuentran sus restos, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lo haya autorizado a través de un acto hecho público ayer que también permitirá abrir otras 18 fosas más distribuidas por distintos puntos de España.
En declaraciones a la Ser, Montesinos consideró que la apertura de la fosa de su tío "sería una profanación", ya que "allí se ha creado un lugar sagrado" --y "no en el sentido religioso", añadió-- "donde va gente porque el personaje, su obra, su vida o su tragedia les conmueven y allí se sientan y lo piensan o recitan". En este sentido, el también portavoz de la comunidad de herederos del poeta, señaló que a la familia no le "parece necesario exhumar" la fosa "para poder saber que los generales levantiscos eran unos criminales", después de que el magistrado se haya declarado además competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Del mismo modo insistió en que a los familiares no les "tiene que convencer el juez Garzón de que Franco y todos sus congéneres eran unos asesinos que han tenido un régimen que han hecho de este país el culo del mundo durante 40 años" y consideró que "hay documentos suficientes para probar eso y llevarlo a cualquier tribunal".
En cuanto a que la negativa de los Lorca a la exhumación pudiera entorpecer el deseo de los familiares de los otros enterrados junto al poeta, como a la del maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo y de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, Fernández- Montesinos sólo dijo al respecto que "ahí hay un filo de navaja" y que en ese extremo, "habría que hablarlo y estudiarlo". Por su parte, los nietos de Galadí y Galindo se mostraron ayer "muy satisfechos" y "emocionados" por la autorización de Baltasar Garzón para la exhumación de los restos de sus familiares.
El tiempo juega desde ayer a favor del juez Baltasar Garzón en su empeño por exhumar los cadáveres de centenares de víctimas de la Guerra Civil, entre ellos el del poeta Federico García Lorca.
Horas después de que la Fiscalía anunciase su intención de recurrir ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del magistrado de declararse competente para investigar lo que califica de crímenes contra la Humanidad, el magistrado contraatacaba.
Convirtiendo en sumario las diligencias previas que han amparado hasta ahora la instrucción del caso, Garzón obliga a la Fiscalía a recurrir ante él en reforma el polémico auto antes de solicitar el pronunciamiento de la Sala de lo Penal.
La intención del Ministerio Público era presentar su recurso ante la Sala el próximo martes, obviando solicitar a Garzón que reconsidera su decisión, algo que la ley permite cuando las diligencias previas no han sido aún transformadas en sumario. Pero Garzón se ha apresurado a desinflar esa posibilidad al dar ese paso. Ahora, la Fiscalía tendrá que recurrir ante el magistrado, esperar su respuesta y si ésta, como parece, es negativa, acudir entonces a la Sala.
El tiempo que podría demorarse ese trámite es una incógnita pero parece claro que está en manos de Garzón que el recurso llegue a manos de los jueces de la Sala. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 no esconde su intención de que se practiquen las diligencias acordadas, entre ellas la exhumación de los cadáveres de diecinueve fosas comunes repartidas por media España. Por lo tanto, no sería de extrañar que, de demorarse el recurso ante la Sala, los jueces tuviesen que decidir sobre el particular con los trabajos de exhumación ya en marcha.
Garzón justifica la conversión de las diligencias en sumario por la «gravedad» de los hechos y de los delitos presuntamente cometidos y al tratarse de unas infracciones (delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la Humanidad) «cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional» al superar las penas los nueve años de cárcel.
La Fiscalía no arroja la toalla
No obstante, fuentes fiscales dudaban de que la decisión del magistrado impida su recurso directo a la instancia superior. «El auto está dictado en el marco de las diligencias previas y el recurso que interpondrá la Fiscalía será contra un auto de diligencias previas», argumentan.
La intención de la Fiscalía es que sea el Pleno (integrado por todos los magistrados de la Sala), y no un tribunal, quien se pronuncie al respecto, una posibilidad sobre la que deberá decidir el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez.
Pese al tira y afloja entre la Fiscalía y Garzón, fuentes jurídicas apuntan que, aun en el caso de que el Ministerio Público pudiese recurrir directamente ante la Sala, sería el propio juez el encargado de enviarlo a la Sala cuando lo considerase oportuno.
A partir de ahora, la Fiscalía y las asociaciones de memoria histórica y familiares de víctimas personados en la causa tienen tres días para recurrir en reforma la asunción de competencia acordada por Garzón. La primera ya ha dejado claro que la investigación del magistrado está vacía de contenido porque los posibles delitos han prescrito por la Ley de Amnistía de 1977. Además, cuestiona que las medidas que impulsa Garzón (exhumación de los cadáveres) ya están contempladas en la Ley de Memoria Histórica, por lo que un proceso penal es innecesario. Del mismo modo, mantiene que los hechos no pueden perseguirse como crímenes contra la Humanidad dado que este delito no existía antes del Juicio de Nuremberg de 1945 contra los dirigentes del régimen nazi. Por si fuera poco, la Fiscalía reprocha al juez que haya abierto una causa general que la ley no permite.
Del mismo modo insistió en que a los familiares no les "tiene que convencer el juez Garzón de que Franco y todos sus congéneres eran unos asesinos que han tenido un régimen que han hecho de este país el culo del mundo durante 40 años" y consideró que "hay documentos suficientes para probar eso y llevarlo a cualquier tribunal".
En cuanto a que la negativa de los Lorca a la exhumación pudiera entorpecer el deseo de los familiares de los otros enterrados junto al poeta, como a la del maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo y de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, Fernández- Montesinos sólo dijo al respecto que "ahí hay un filo de navaja" y que en ese extremo, "habría que hablarlo y estudiarlo". Por su parte, los nietos de Galadí y Galindo se mostraron ayer "muy satisfechos" y "emocionados" por la autorización de Baltasar Garzón para la exhumación de los restos de sus familiares.
El tiempo juega desde ayer a favor del juez Baltasar Garzón en su empeño por exhumar los cadáveres de centenares de víctimas de la Guerra Civil, entre ellos el del poeta Federico García Lorca.
Horas después de que la Fiscalía anunciase su intención de recurrir ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del magistrado de declararse competente para investigar lo que califica de crímenes contra la Humanidad, el magistrado contraatacaba.
Convirtiendo en sumario las diligencias previas que han amparado hasta ahora la instrucción del caso, Garzón obliga a la Fiscalía a recurrir ante él en reforma el polémico auto antes de solicitar el pronunciamiento de la Sala de lo Penal.
La intención del Ministerio Público era presentar su recurso ante la Sala el próximo martes, obviando solicitar a Garzón que reconsidera su decisión, algo que la ley permite cuando las diligencias previas no han sido aún transformadas en sumario. Pero Garzón se ha apresurado a desinflar esa posibilidad al dar ese paso. Ahora, la Fiscalía tendrá que recurrir ante el magistrado, esperar su respuesta y si ésta, como parece, es negativa, acudir entonces a la Sala.
El tiempo que podría demorarse ese trámite es una incógnita pero parece claro que está en manos de Garzón que el recurso llegue a manos de los jueces de la Sala. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 no esconde su intención de que se practiquen las diligencias acordadas, entre ellas la exhumación de los cadáveres de diecinueve fosas comunes repartidas por media España. Por lo tanto, no sería de extrañar que, de demorarse el recurso ante la Sala, los jueces tuviesen que decidir sobre el particular con los trabajos de exhumación ya en marcha.
Garzón justifica la conversión de las diligencias en sumario por la «gravedad» de los hechos y de los delitos presuntamente cometidos y al tratarse de unas infracciones (delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la Humanidad) «cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional» al superar las penas los nueve años de cárcel.
La Fiscalía no arroja la toalla
No obstante, fuentes fiscales dudaban de que la decisión del magistrado impida su recurso directo a la instancia superior. «El auto está dictado en el marco de las diligencias previas y el recurso que interpondrá la Fiscalía será contra un auto de diligencias previas», argumentan.
La intención de la Fiscalía es que sea el Pleno (integrado por todos los magistrados de la Sala), y no un tribunal, quien se pronuncie al respecto, una posibilidad sobre la que deberá decidir el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez.
Pese al tira y afloja entre la Fiscalía y Garzón, fuentes jurídicas apuntan que, aun en el caso de que el Ministerio Público pudiese recurrir directamente ante la Sala, sería el propio juez el encargado de enviarlo a la Sala cuando lo considerase oportuno.
A partir de ahora, la Fiscalía y las asociaciones de memoria histórica y familiares de víctimas personados en la causa tienen tres días para recurrir en reforma la asunción de competencia acordada por Garzón. La primera ya ha dejado claro que la investigación del magistrado está vacía de contenido porque los posibles delitos han prescrito por la Ley de Amnistía de 1977. Además, cuestiona que las medidas que impulsa Garzón (exhumación de los cadáveres) ya están contempladas en la Ley de Memoria Histórica, por lo que un proceso penal es innecesario. Del mismo modo, mantiene que los hechos no pueden perseguirse como crímenes contra la Humanidad dado que este delito no existía antes del Juicio de Nuremberg de 1945 contra los dirigentes del régimen nazi. Por si fuera poco, la Fiscalía reprocha al juez que haya abierto una causa general que la ley no permite.
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