El secretario general de UGT, Cándido Méndez, escogió el día en el que se conocían unas cifras alarmantes sobre la destrucción de empleo en España para ocuparse de manera preferencial de la memoria histórica e invertir casi una hora de su tiempo en hablar con el juez Baltasar Garzón de las fosas del franquismo.
Mientras, fuera del despacho del magistrado se conocía el dato de que el número de parados alcanza ya la cifra de 2,6 millones.
Méndez se presentó en la Audiencia Nacional con una carpetita roja en la mano para anunciar a Garzón su voluntad de presentar a UGT como acusación particular en su investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil (en sólo uno de los bandos contendientes) y el franquismo.
Méndez se presentó en la Audiencia Nacional con una carpetita roja en la mano para anunciar a Garzón su voluntad de presentar a UGT como acusación particular en su investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil (en sólo uno de los bandos contendientes) y el franquismo.
Méndez solicitó su personación en la causa sin aportar un solo dato de los militantes de UGT que fueron «represaliados». Reafirmó el contenido meramente mediático de su visita de ayer el que el líder sindical reconociese ante los periodistas que «en las próximas semanas» remitirá al magistrado esos «datos concretos» de aquellas fechas.
Méndez aprovechó la ocasión para opinar de los recursos presentados por la Fiscalía contra el auto en el que Garzón decide investigar las desapariciones de la Guerra Civil (en sólo uno de los bandos) setenta años después. Esta causa «no la va a poder parar ni un fiscal ni nadie», dijo Méndez ninguneando la decisión que tiene que tomar en las próximas semanas la Sala Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia de esta investigación.
El representante sindical, que sólo dedicó un pequeño discursito a la mala cifra del paro, justificó su solicitud de personación en que UGT es «parte afectada y perjudicada» por «los miles de militantes» que por estar afiliados a este sindicato «fueron perseguidos y asesinados por el franquismo». «Tenemos toda la legitimidad del mundo», señaló.
En este sentido, recordó que «hay ya tres generaciones de familias españolas a cuestas con el dolor de no saber dónde están sus seres queridos y no poder recuperar sus restos», y aseguró que «ha llegado el momento de que a esas familias españolas se les dé consuelo y una reparación moral».
En este sentido, recordó que «hay ya tres generaciones de familias españolas a cuestas con el dolor de no saber dónde están sus seres queridos y no poder recuperar sus restos», y aseguró que «ha llegado el momento de que a esas familias españolas se les dé consuelo y una reparación moral».
El líder ugetista defendió las tesis de Garzón y aseguró que «los fusilamientos y desapariciones del franquismo son delitos permanentes que no prescriben»El líder ugetista defendió las tesis de Garzón y aseguró, frente a la argumentación del fiscal, asociaciones judiciales y prestigiosos juristas, que «los fusilamientos y desapariciones del franquismo son delitos permanentes que no prescriben» por tratarse de «crímenes contra la humanidad» que la Ley de Amnistía «en ningún caso pudo lavar». Aseguró que la causa va «en la dirección correcta», y confió en que, a pesar del recurso de Javier Zaragoza, el proceso «va a seguir adelante». «Las expectativas son tan fuertes que no se pueden frustrar; confío en que salga adelante, el proceso tiene fundamentos jurídicos sólidos y hay una oleada emocional irresistible», dijo.
Réditos de la memoria
PSOE y UGT son organizaciones hermanas desde los tiempos de Pablo Iglesias. Sus relaciones se estrecharon aún más desde que José Luis Rodríguez Zapatero se puso al frente del partido en 2001 y alcanzaron el grado de simbiosis en 2004, en cuanto el dirigente socialista llegó a La Moncloa.
PSOE y UGT son organizaciones hermanas desde los tiempos de Pablo Iglesias. Sus relaciones se estrecharon aún más desde que José Luis Rodríguez Zapatero se puso al frente del partido en 2001 y alcanzaron el grado de simbiosis en 2004, en cuanto el dirigente socialista llegó a La Moncloa.
La Unión General de Trabajadores es el principal beneficiario de la operación «memoria histórica» en su faceta contante y sonante: fondos públicos. En 151 millones de euros (2.511 millones de pesetas) se cifra la generosidad con que Zapatero compensó, vía decreto ley, al sindicato hermano por presuntas incautaciones de patrimonio sufridas en la Guerra Civil y el franquismo.
En la Transición la naciente democracia decidió repartir el patrimonio sindical acumulado durante cuatro décadas entre los sindicatos, nuevos y antiguos, con implantación o sólo con historia, siempre con escaso criterio objetivo. Después, con el PSOE de Felipe González en el poder, los fondos públicos y los locales fueron con preferencia para Comisiones Obreras y UGT.
Al llegar el PP al poder en 1996, Aznar tuvo que ceder a la exigencia del PNV de favorecer por la vía legal las las compensaciones a partidos y organizaciones sindicales cuyos bienes fueron incautados en la Guerra Civil. Con una nueva ley, todos los titulares de siglas con historia que tenían pruebas documentales de la expropiaciones -títulos de propiedad, contratos de alquiler, recibos o actas de cualquier tipo- recibieron del Estado cientos de millones. Desde el PNV o UGT, hasta Izquierda Republicana, que se quedó con más fondos públicos que militantes.
En la última legislatura del PSOE en el poder saltó el escándalo de la PSV, la promotora de viviendas vinculada a la UGT que nació y quebró en la única etapa de enfrentamiento entre el sindicato y el partido hermano. Cándido Méndez sustituyó a Nicolás Redondo al frente de la central. El Instituto de Crédito Oficial se había hecho cargo del agujero que amenazaba la supervivencia del sindicato: unos 76 millones de euros.
En la Transición la naciente democracia decidió repartir el patrimonio sindical acumulado durante cuatro décadas entre los sindicatos, nuevos y antiguos, con implantación o sólo con historia, siempre con escaso criterio objetivo. Después, con el PSOE de Felipe González en el poder, los fondos públicos y los locales fueron con preferencia para Comisiones Obreras y UGT.
Al llegar el PP al poder en 1996, Aznar tuvo que ceder a la exigencia del PNV de favorecer por la vía legal las las compensaciones a partidos y organizaciones sindicales cuyos bienes fueron incautados en la Guerra Civil. Con una nueva ley, todos los titulares de siglas con historia que tenían pruebas documentales de la expropiaciones -títulos de propiedad, contratos de alquiler, recibos o actas de cualquier tipo- recibieron del Estado cientos de millones. Desde el PNV o UGT, hasta Izquierda Republicana, que se quedó con más fondos públicos que militantes.
En la última legislatura del PSOE en el poder saltó el escándalo de la PSV, la promotora de viviendas vinculada a la UGT que nació y quebró en la única etapa de enfrentamiento entre el sindicato y el partido hermano. Cándido Méndez sustituyó a Nicolás Redondo al frente de la central. El Instituto de Crédito Oficial se había hecho cargo del agujero que amenazaba la supervivencia del sindicato: unos 76 millones de euros.
Nada más llegar a La Moncloa, Zapatero puso en marcha su teoría sobre «memoria histórica» y anuló las exigencias documentales para que sindicatos y partidos siguieran reclamando dinero por patrimonio incautado. Bastaban fotos para recibir dinero y a UGT le tocó el gordo: otros 151 millones. Y dio la casualidad de que recibió los fondos días antes de que le tocara hacer frente al conjunto de sus deudas con el ICO y que éstas ascendieran justo a la cifra recibida del Estado. Problema arreglado a cuenta de la «memoria».
CC. OO. protestó, pidió que interviniera el Defensor del Pueblo y el PP presentó un recurso ante el TC ante el descaro de la maniobra o regalo. El Constitucional estudia el caso desde principios de 2006. Casi como el estatuto catalán.
CC. OO. protestó, pidió que interviniera el Defensor del Pueblo y el PP presentó un recurso ante el TC ante el descaro de la maniobra o regalo. El Constitucional estudia el caso desde principios de 2006. Casi como el estatuto catalán.
La fosa de Lorca
Entretanto, y sin esperar a lo que diga la Sala, Garzón acelera el proceso de apertura de fosas. Una de las primeras será la de García Lorca. A tal efecto, el magistrado ha enviado un exhorto al Decanato de Granada para que comience a excavarse la fosa de Víznar donde está enterrado el poeta. Parte de la familia Lorca considera la extracción de los restos de su pariente una profanación.
Entretanto, y sin esperar a lo que diga la Sala, Garzón acelera el proceso de apertura de fosas. Una de las primeras será la de García Lorca. A tal efecto, el magistrado ha enviado un exhorto al Decanato de Granada para que comience a excavarse la fosa de Víznar donde está enterrado el poeta. Parte de la familia Lorca considera la extracción de los restos de su pariente una profanación.
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