FERNANDO FERNÁNDEZLA justicia española tiene un serio problema; los partidos políticos, otro.
El de la justicia se llama politización; el de los partidos, financiación.
Cuando se mezclan, pierden las instituciones y la calidad democrática de España.
La politización de la justicia, el sometimiento a los intereses de los partidos políticos, empezó con la captura de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados por los partidos, que los han convertido en máquinas de poder, de distribución de cargos y hacedoras de carreras.
Se premian la lealtad, la disposición a contestar el teléfono, la sensibilidad a los intereses del jefe. El poder se ejerce más fácilmente cuando hay una población dispuesta a sacrificar su libertad por un buen premio, cuando se renuncia a tener criterio propio por miedo a las consecuencias, cuando los medios de comunicación no ejercen su función de contrapoder y se ponen al servicio de una causa concreta y personal. Son demasiados años de franquismo; la derecha sigue debatiendo dolorosamente cómo quitarse el estigma mientras que la izquierda, sin pudor alguno, aplica las mismas técnicas totalitarias de control ideológico de la sociedad.
No cuidan ni las formas, ¿qué hay más franquista que una Escopeta Nacional en la que se mezclan justicia, política y negocios?
El ministro Bermejo debería haber dimitido por pudor.
En Alemania lo hizo una ministra porque su marido había utilizado una vez el coche oficial para llevar a los niños al colegio. Aquí se elogiaría como un acto de igualdad y conciliación.
En puridad, Bermejo nunca debería haber sido nombrado. Su programa consiste, él mismo lo ha declarado, en hacer la revolución ideológica pendiente en la justicia.
No es casual sino causal que se apoye siempre en los mismos jueces.
Lo más triste, lo que refleja el deterioro del clima social y la fibra moral de este país, es que haya tanta gente que acepta que el fin, condenar al PP, justifica los medios. Y otra tanta que lo haría al revés si pudiera. De hecho se lo están haciendo entre ellos.
Los partidos harían mal en negar el problema de fondo.
Los partidos harían mal en negar el problema de fondo.
No es otro que su financiación. Lo que está latente en este episodio es que puede haberse descubierto un nuevo Filesa.
Sólo eso justificaría la intervención de la Audiencia Nacional. Si se trata de un caso más de corrupción urbanística, nadie puede dar lecciones morales, y convendría que todos estos presuntos delitos tuvieran el mismo tratamiento judicial, sin sospechas de utilización política, lo que evidentemente no es el caso.
Tampoco parece necesario en una democracia avanzada detener a la gente el viernes por la noche para que el fin de semana entre rejas les ablande las ideas. Y desde luego no es muy propio de un campeón universal de los derechos humanos que aspira al premio Nobel.
No vale todo, tampoco para acabar con la corrupción. Si la sociedad española quisiera acabar con ella, y no utilizarla selectivamente para ganar elecciones, tenemos suficientes evidencias para saber qué hacer.
La financiación de los ayuntamientos no puede depender de la recalificación discrecional de terrenos que multiplican su valor por un acto gracioso del alcalde de turno. Y los partidos no pueden gastar sin control, aquí nadie escucha al Tribunal de Cuentas cuando, con demasiado retraso, emite un sesudo informe cuyas recomendaciones son ignoradas por consenso. En el primer caso se trataría de liberalizar todo el suelo salvo el especialmente protegido por razones ambientales.
En el segundo, transparencia al máximo, listas públicas de donantes y créditos en condiciones de mercado que se ejecutan sin miedo. Y prohibición explícita de ningún tipo de financiación de las Cajas de Ahorro.
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